Matteo Messina Denaro, el último “jefe de jefes” de la Cosa Nostra, la mafia siliciana, murió a los 61 años en el hospital de L'Aquila a causa de un cáncer de colon, según informó este lunes la agencia de noticias ANSA.

Messina Denaro, que durante los últimos 30 años fue el criminal más buscado de Italia hasta su detención el pasado 16 de enero de 2023, había entrado en fase de coma irreversible en las últimas horas. El mafioso había dejado un “testamento biológico” en el que pedía que no se alargase su vida con tratamientos o la asistencia de máquinas.

Tras ser detenido fue internado en la prisión de máxima seguridad de L'Aquila. Messina Denaro nunca colaboró con la Justicia ni se presentó a los procesos abiertos contra él. “No me arrepentiré nunca”, llegó a decirles a los investigadores.

El llamado “último padrino” había sido detenido en la clínica privada La Maddalena de Palermo, la capital siciliana, donde había acudido para un tratamiento médico con la prepotencia de saberse protegido por una red que le había permitido estar oculto al mundo durante 30 años en su Sicilia natal.

Messina Denaro, conocido como 'U siccu' (el delgado, en dialecto siciliano) o 'Diabolik', por su gusto por el conocido ladrón de los cómics, nació en la localidad siciliana de Castelvetrano. El capo fue ascendiendo puestos dentro de la Cosa Nostra y los investigadores consideran que se convirtió en “jefe de jefes” tras el arresto de Toto Riina, hace 30 años, y de Bernardo Provenzano, que estuvo en busca y captura durante 38 años.

El jefe de la mafia siciliana llevaba prófugo desde el verano de 1993, cuando en una carta escrita a su entonces novia, Ángela, tras las masacres mafiosas de Roma, Milán y Florencia, le anunciaba el comienzo de su vida como huido de la Justicia. “Oirás de mí (dando a entender que sabía que poco tiempo después su nombre sería asociado a un grave derramamiento de sangre) y me pintarán como un demonio, pero todo son falsedades”, escribía.

La última sentencia le considera el cerebro de los atentados que provocaron la muerte de los dos magistrados antimafia en 1992 Paolo Borsellino y Giovani Falcone, la esposa de éste, Francesca Morvillo, y ocho agentes de la escolta.

Además, acumulaba varias condenas perpetuas por decenas de asesinatos, entre ellos el del pequeño Giuseppe Di Matteo, el hijo del colaborador de la justicia estrangulado y disuelto en ácido tras casi dos años de cautiverio.

En la prisión de la L'Aquila, Messina Denaro estaba sometido a un férreo régimen de asilamiento penitenciario. Pero tras agravarse su estado de salud tuvo que ser trasladado a la unidad para presos del hospital de esa ciudad, en medio de fuertes medidas de seguridad.

El pasado 8 de agosto tuvo que ser intervenido por un una obstrucción intestinal pero, aunque la cirugía resultó exitosa, sus condiciones de salud entraron en fase de “continuo empeoramiento” por el cáncer.

El poder del considerado último jefe de Cosa Nostra, el último de los “corleoneses”, se demuestra no solo en su amplia red de contactos y testaferros que se ha procurado en estos años, sino que también se puede cuantificar en los más de 4.000 millones de euros que se ha confiscado a su entorno.

Según los investigadores, Messina Denaro continuó desde la clandestinidad impartiendo órdenes en Cosa Nostra, como prueban los “pizzini”, los trocitos de papel con los que se comunican sus miembros, interceptados por la Policía italiana en los últimos años.

Aunque su figura ha estado siempre rodeada de leyendas, los investigadores apuntaban a que el escurridizo “capo” de Costa Nostra era una personalidad muy diferente a la del resto de jefes mafiosos como Riina y Provenzano, de escasa inteligencia y escondidos durante años en medio del campo en pésimas condiciones.

La Cosa Nostra tiene más de 100 años de historia. El momento espacio temporal de mayor crecimiento para la organización mafiosa se dio cuando el mercado internacional de las drogas creció en Estados Unidos y Europa Occidental en los 60, y después el cierre de las refinerías de opio en manos de la mafia corsa en los 70.

La clase política siciliana y parte de la política nacional, además de incrementar su nivel de vida con el dinero que comenzó a recibir de la mafia tuvo en ella a una aliada política, inestable pero aliada al fin. La baja participación política siciliana debido a la poca confianza que los ciudadanos meridionales tuvieron -y tienen- respecto del Estado Nacional, convirtió a las redes de dependencia clientelar de la Cosa Nostra en una apetitosa porción de votantes para los partidos políticos en tiempos de elecciones. Pero el desequilibrado acuerdo entre la mafia y algunos sectores del Estado se rompió cuando un grupo de políticos, funcionarios judiciales, periodistas y policías honestos decidieron enfrentar a la Cosa Nostra.

En 1987, un grupo especial de jueces y fiscales -el famoso pool antimafia- logró después de una serie de investigaciones las condenas de casi trescientos mafiosos, incluidos los jefes de la organización. Con esa sentencia se puso en jaque el pacto entre la mafia y los funcionarios corruptos del Estado. Los niveles de violencia antes de ella eran altos pero tolerables para los criterios de la mafia, el sector corrupto del Estado y parte de la opinión pública. 

El acuerdo entre los funcionarios y la organización mafiosa preveía que los primeros se encargaban de evitar que cualquier institución del Estado interfiriera con las actividades criminales de la Cosa Nostra y la segunda aportaba el dinero, los votos y cualquier solución especial a problemas que los funcionarios necesitaban resolver por fuera del Estado de derecho. El acuerdo entre la mafia y los funcionarios era tácito. La mafia sabía que el poder de los funcionarios del Estado era superior y que las sugerencias que le realizaban debían ser aceptadas: por ejemplo, si podían o no cometer un asesinato, si podían o no participar en un licitación pública.

Pero el constante crecimiento participativo de la Cosa Nostra en el sector de la economía y la cultura de la sociedad siciliana llevó a los líderes de la organización criminal a atacar a los funcionarios que antaño fueron sus aliados. El objetivo fue castigarlos y fundamentalmente reemplazarlos por otros funcionarios que pudieran generar y sostener un nuevo pacto. 

Argentina y el mercado

Desde comienzos de siglo, el ingenio y la tecnología destruyeron conceptos históricamente arraigados sobre países productores y países consumidores. Las agencias de seguridad detectaron decenas de laboratorios montados para terminar de producir cocaína o para fabricar drogas totalmente sintéticas.

En el mercado internacional de las drogas, la Argentina sigue siendo preponderantemente un país de paso de la cocaína producida en Bolivia, Perú y Colombia hacia Europa y Asia. La debilidad administrativa y operativa de las instituciones gubernamentales, las extensas e interconectadas vías navegables que el país tiene con otros países de la región y que facilitan el traslado de la mercancía en tránsito, junto a una moneda nacional debilitada respecto al dólar norteamericano, transformaron a diversas regiones del país en importantes centros de trasbordo del mercado internacional de la cocaína. Sin embargo, la casi exclusiva función que las organizaciones criminales internacionales le asignan al país en ese gran mercado internacional no excluye la existencia de un mercado interno nacional.

Los mercados internos de las drogas en todo el mundo se encuentran sujetos al desarrollo económico general de cada uno de los países y de esos países con los otros. Como cualquier sector de la economía, los mercados particulares -legales o ilegales- se encuentran en gran parte atados al desarrollo o el retroceso de la economía en su conjunto. El mercado argentino es pequeño, el legal y el ilegal, por ese motivo el mercado criminal interior nunca fue apetitoso para las organizaciones criminales internacionales. 

El precio de las drogas en Latinoamérica se determina en dólares. Todas las transacciones en el mercado internacional de las drogas -desde los países en donde se fabrican hasta los vendedores mayoristas- se realizan en dólares, pero la venta al por menor se hace en la moneda de mayor circulación interna, en general, la moneda nacional. 

Al comparar el mercado de las drogas en Argentina con los mercados de Brasil y México se reconoce todavía más que el mercado nacional argentino es mucho más pequeño. No solo por la cantidad de consumidores reales y potenciales en cada uno de ellos, sino también respecto a la diferencia en los márgenes de ganancia que en cada uno de ellos se pudiera obtener.

La debilidad del peso argentino respecto al dólar norteamericano no solo tensiona los niveles de ganancia que las organizaciones pueden llegar a obtener, también las obliga a reducir la calidad del producto si es que buscan mantener los márgenes de ganancia previos. Situación sucedida en la llamada “tragedia de puerta ocho”, de febrero de 2022, cuando la cocaína se mezcló con un opiáceo sintético para reducir la calidad y aumentar el volumen disponible..

Pero que el mercado argentino sea pequeño y periódicamente se devalúe, no deja de ser atractivo para las organizaciones dedicadas a la venta de drogas al menudeo en los grandes centros urbanos del país. Durante mucho tiempo, la cocaína que ingresó al país lo hizo desde Bolivia hacía las provincias limítrofes. Pero con el crecimiento cualitativo y cuantitativo de las organizaciones dedicadas al narcotráfico de origen brasileño, uruguayo y paraguayo, el tránsito de la cocaína se trasladó hacia el este, comenzó a ocupar el río Paraná y lo transmutó en una larga, zigzagueante y serpenteante línea blanca con 28 puertos privados y estatales entre las ciudades de Santa Fe y Rosario.

Si tomamos como referencia a las investigaciones y sentencias judiciales, hasta comienzos del año 2013, las organizaciones dedicadas al narcotráfico minorista en el departamento de Rosario contaron con un acuerdo de coexistencia y desarrollo con parte de la policía provincial, la política y la justicia; también entre las diferentes organizaciones criminales del lugar. 

La policía santafesina actuó como órgano de contralor de ese pacto. La policía fue la encargada de mantener los niveles criminales en proporciones aceptables. Pero a diferencia de lo que sucedió en Italia, donde la criminalidad también opinaba, en Rosario solo lo hizo la clase política, judicial y empresarial vinculadas a la criminalidad. Pero todo eso cayó a partir de la detención del entonces jefe de la policía de Santa Fe; los acuerdos comenzaron a quebrarse. 

Ante los hechos judiciales, periodísticos y criminales que se desataron después la política respondió nombrando y desplazando en periodos muy cortos de tiempo a diferentes funcionarios en la cúpula de la policía santafesina y del Ministerio de Seguridad. El ir y venir de nombres, el despoder interno y externo que se generó, trajo aparejado problemas mayores: los ciudadanos y funcionarios honestos se encontraron desprotegidos y las organizaciones criminales comenzaron a actuar con mayor autonomía, atomizadas y desafiando al poder coludido del Estado que antaño fue su aliado.

Los subalternos de los subalternos del excomisario desplazado también eran corruptos y también terminaron desplazados. Cada una de las organizaciones dedicadas al narcotráfico se autopercibieron lo suficientemente capacitadas -económica y armamentisticamente- para barrer a sus competidores directos en un mercado que se amplió a cuentagotas pero que se devaluó como una represa fracturada. 

Actualmente, en Rosario, tal como sucedió en otras ciudades del país en 2013 -Cordoba y Tucuman-, las organizaciones buscan establecer un nuevo pacto sobre los condicionantes de la sangre, las balas y la intimidación pública, fundamentalmente sobre las instituciones del Estado. Las organizaciones criminales no tienen problemas para encontrar funcionarios corruptos, pero necesitan que estos tengan el poder suficiente para ordenar el fenómeno de la cabeza a los pies. 

La situación actual en el gran Rosario representa una verdadera oportunidad para articular una serie de medidas a corto, mediano y largo plazo para impedir cambios que podrían ser mucho más difíciles de revertir. 

Es necesario impedir que las organizaciones dedicadas al narcotráfico se conviertan en “organizaciones criminales complejas” con el poder suficiente de intervenir en una mayor cantidad de aspectos de la sociedad. La situación en Rosario y en muchas regiones citadinas del país es parecida, pero la ruptura del pacto establecido en la ciudad santafecina trae aparejada la posibilidad de impedir el restablecimiento de un acuerdo de coexistencia, control y desarrollo entre las organizaciones criminales y los funcionarios corruptos del Estado.

En Italia, la Cosa Nostra nunca se propuso ocupar el pleno rol del Estado y mucho menos destruirlo. Las organizaciones criminales son parasitarias, necesitan de un organismo vivo para poder sobrevivir. La mafia siciliana a través de la intimidación pública -asesinatos y amenazas- buscó nuevos y más desarrollados canales de diálogo con los sectores corrompidos y temerosos del Estado italiano. En Sicilia la lucha contra las organizaciones criminales se mantiene vigente. Reforzando el trabajo y la memoria con la que se sostuvo el compromiso y la voluntad de los funcionarios y ciudadanos organizados en esa lucha, trabajando en conjunto para estatuir leyes y mecanismos que le quitaran los bienes a las organizaciones criminales, legislando regímenes penitenciarios especiales para impedir que los mafiosos siguieran cometiendo delitos desde las cárceles y creando instituciones dedicadas exclusivamente a perseguir delitos vinculados a la criminalidad organizada. 

Quizás el trabajo, la lucha y la memoria al otro lado del Atlántico pueda llegar a servir de guía para hacer frente a un fenómeno social que en Argentina todavía se encuentra en estado embrionario.

* Representante de Libera Associazioni Nomi e Numeri Contro le Mafie en Argentina Coordinador del Proyecto Bien Restituido

LM/CC