Más petróleo, más talas, más pesticidas. Menos lobos, menos ONG ecologistas. Socavar las políticas ambientales está de moda. Tras años de atacar constantemente al movimiento feminista, la derecha y la ultraderecha están tirando ahora a casi todo lo verde que se mueve. Desde la desprotección de tierras para “perforar, baby, perforar” en EE.UU. a la demonización del Acuerdo Verde en España pasando por el ataque a las ONG ambientalistas en la Unión Europea.

La ultraderecha en Europa o EE.UU. “ha enfatizado los impactos negativos desigualmente distribuidos que podrían tener las políticas verdes” y los partidos de la derecha tradicional los han seguido a la caza de esos posibles votos. El resultado es un evidente retroceso en medidas ambientales, según analizan expertos de centros como el Instituto Jacques Delors o el Centro para el Progreso de EEUU.

“Los ataques de la internacional reaccionaria contra el ecologismo no son una mera casualidad”, afirma el ex eurodiputado, Florent Marcellesi. Como ocurre con lo violeta, “lo verde es uno de los principales campos de batalla cultural y política”. Alejado ahora de los partidos, el experto en políticas climáticas y transición justa insiste en que “la ecología es para Trump, Milei y sus socios europeos la antítesis de su modelo de sociedad porque propone más reglas de juego para proteger a las personas y el planeta y ellos buscan exactamente lo contrario: terminar con cualquier marco regulatorio ecosocial que vaya en contra de sus intereses”.

La ecología es para Trump, Milei y sus socios europeos la antítesis de su modelo de sociedad porque propone más reglas para proteger a las personas y el planeta y ellos buscan lo contrario: terminar con cualquier marco regulatorio ecosocial que vaya en contra de sus intereses

Florent Marcellesi — Experto en políticas climáticas y de transición justa

La ola invade casi cualquier parcela. No es solo levantar la salvaguarda a grandes superficies para buscar petróleo o gas en las aguas de EE.UU., es también firmar órdenes para “revigorizar la preciosa industria del carbón limpio” en ese país o decretar un “incremento inmediato de la producción nacional de madera” con autorizaciones más rápidas para que la Ley de Especies Protegidas no retrase proyectos forestales.

Miméticamente, en la Unión Europea, el Partido Popular Europeo propuso una “moratoria” en el desarrollo del Acuerdo Verde para, dijeron, acompasarlo mejor con el crecimiento económico. El presidente francés Emmanuel Macron se apuntó pidiendo un “receso regulatorio” sobre las normas ambientales de la Unión.

Hace un par de semanas, los grupos conservadores y ultraderechistas pusieron su mirada en las ONG ambientalistas a las que quieren retirar o dificultar la financiación europea que llega con el emblemático programa LIFE. Los acusan de hacer lobby a favor del Acuerdo Verde.

Instrumentalización de la agenda verde

El Instituto Jacques Delors ha analizado los desafíos del Acuerdo Verde Europeo a la luz del ascenso de la ultraderecha: “Las políticas energéticas y climáticas están comenzando a tener un impacto más directo en la vida diaria de los ciudadanos, por lo que una consideración insuficiente de los aspectos sociales de esta transición lleva a una instrumentalización sencilla de las políticas verdes por parte de estos partidos para ganar votos”. Esto ha ocurrido -prosigue- en Suecia, Italia o Alemania.

La ultraderecha ha presentado estas políticas como algo “en contra de la clase trabajadora” y los partidos de la derecha tradicional “han imitado” esta visión “como arma política”, según lo explica el investigador del Centro para el Progreso de EEUU, Robert Benson.

En este sentido, Marcellesi añade que “el antiecologismo se ha convertido en una seña de identidad para activar a un electorado resentido por su degradación social y económica”.

El PP, arrastrado por Vox

En España, “Vox ha desarrollado una narrativa medioambiental en la que retrata la vida rural como 'bajo amenaza' por las políticas progresistas”, explica esta investigación publicada en la revista Current History. Y el Partido Popular se acerca a posturas similares, no solo por estrategia electoral como indicaban los expertos, sino porque precisa el apoyo de los ultras, como en el caso de la aprobación de presupuestos en la Comunitat Valenciana.

Aquí, el ambiente antiverde en la Unión Europea sirvió para tumbar el Plan Nacional de Uso Sostenible de los Productos Fitosanitarios, que planeaba reducir el uso de pesticidas, porque la Comisión de Ursula von der Leyen había paralizado una normativa similar. El Green Deal europeo ya es llamado “ecologismo de salón” y se han paralizado programas de reintroducción del lince, convertido en un “peligro” para la producción agrícola.

El pasado 21 de marzo, el PP consiguió, con gran estruendo mediático, que se reinstaurara la caza de lobos mediante una enmienda en la ley contra el desperdicio alimentario. Pero, al mismo tiempo, tanto PP como Vox intentaron 'colar' una moción extra en la misma norma para ralentizar o entorpecer el desmantelamiento de azudes y barreras obsoletas en los ríos. Se trataba de una enmienda hija de la fake news expandida por los ultras sobre la (falsa) destrucción de presas y su (incierta) relación con la sequía llevada al Congreso. Se rechazó por solo cuatro votos.

“Aunque el Partido Popular no abraza completamente las posiciones de Vox, ambos partidos se han aliado para obstaculizar una transición verde sustantiva”, concluye este trabajo sobre la crisis del centro político y el negacionismo climático en España de los investigadores Camil Ungureanu, Marc Santjaume-Calvet y Balsa Lubarda. El análisis, publicado en el Consorcio Europeo de Investigación Política, explica que “el caso español muestra que el obstruccionismo climático no se circunscribe a la ultraderecha. Aunque no pueda aplicarse universalmente, los partidos de centro-derecha, desde EEUU a Austria, Reino Unido o India, están causando consecuencias terribles a las políticas climáticas”.

Florent Marcellesi remata que “el Green New Deal o la Agenda 2030 son chivos expiatorios perfectos para explicar los males de este mundo y desviar la atención de los problemas reales, como pueden ser la desigualdad o el cambio climático. Presentar la ecología como enemigo número uno forma parte de una estrategia consciente y coordinada y es uno de los motores claves de la agenda reaccionaria a nivel mundial, europeo y español”.

En Chile, la empresa estatal CODELCO, la mayor productora de cobre del mundo, anunció el año pasado el cierre de una planta de fundición, Ventanas, ubicada en una de las zonas más contaminadas del país: Quintero, en la región central de Valparaíso. La decisión se tomó luego de un nuevo episodio de contaminación del aire que afectó a cientos de personas y obligó a cerrar escuelas. El presidente Gabriel Boric dijo sentir “verguenza”.

El anuncio generó una reacción inmediata de los trabajadores de Ventanas, quienes convocaron a un paro por no haber sido consultados acerca del cierre, el cual aseguraron provocaría la pérdida de puestos de trabajo locales. Finalmente, luego de días de tensión, acordaron finalizar las protestas ante el compromiso del gobierno de medidas de apoyo para los trabajadores que pierdan sus empleos.

Lo ocurrido en Chile se repite en diferentes partes de América Latina. La transición hacia economías sostenibles y bajas en emisiones de gases de efecto invernadero está obligando a industrias contaminantes a transformarse. Pero la manera en la que se realice ese cambio es igual de importante que su velocidad, ya que sino se corre el riesgo de incrementar desigualdades, aseguran los expertos.

El concepto de transición justa es impulsado por sindicatos y organizaciones ambientales como una herramienta clave para garantizar que la transición hacia una economía baja en emisiones se produzca de forma justa para todos. Si bien existe hace décadas, el concepto cobró mayor fuerza en los últimos años ante los rápidos cambios que debe realizar la economía a partir de la crisis climática.

15 millones es la cantidad de empleos netos que podría generar la descarbonización de la economía de la región

“El concepto está entrando con fuerza”, sostiene Javiera Lecourt, coordinadora del proyecto Transición Justa en América Latina, quien analizó el significado del concepto en la región. “La transición no es el fin, es el cómo. Es cambiar culturas de trabajo y formas de desarrollo muy arraigadas. No va a pasar de un día para el otro. Hay gente que se desarrolló en actividades extractivas y no sabe hacer otra cosa”.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la transición justa significa “volver verde la economía de una manera que sea lo más justa e integradora posible para todos los interesados, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar a nadie atrás”. Aunque esto da una idea general, la definición varía entre países y sectores, cada uno incorporando su punto de vista.

Así, para la Confederación Sindical de las Américas (CSA), que reúne a 48 organizaciones de trabajadores en 21 países de la región, la transición justa significa cambiar el modelo de producción y consumo. “Tiene que haber una discusión de fondo de la que tienen que formar parte los trabajadores”, sostienen voceros de la organización. “La transición justa es una transición de modelo”.

El origen de la transición justa

Sindicatos de Estados Unidos introdujeron el concepto de transición justa en la década de 1980. Al principio, lo entendían solamente como un programa de apoyo a trabajadores que perdían su empleo por políticas de protección del ambiente. Pero con el tiempo pasó a significar algo mucho más amplio, una transición gradual hacia empleos y economías sostenibles con el objetivo de no dejar a nadie atrás.

A medida que aumentó la comprensión de la urgencia de la crisis climática, los sindicatos empezaron a vincular la transición justa específicamente a la acción contra el cambio climático. Fue así que empezaron a hacer campaña para incluir el concepto en los acuerdos internacionales de las Naciones Unidas, como con el Acuerdo de Paris del 2015, que busca limitar el calentamiento global.

Tuvieron algo de éxito. En su preámbulo, el acuerdo reconoce “los imperativos de una transición justa de la mano de obra y la creación de trabajo decente y empleos de calidad de conformidad con las prioridades de desarrollo definidas a nivel nacional”. Además, el concepto de transición justa está vinculado a 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un conjunto de metas adoptadas a nivel global en 2015.

No hay una receta de transición justa. Cada lugar necesita de enfoques específicos

En ese mismo año, la OIT también estableció una serie de lineamientos para la transición justa luego de una negociación entre gobiernos, sindicatos y empresas. Allí, se establece que la transición deberá contar con un consenso social sólido, respetando los derechos del trabajo y adecuando las políticas a la realidad de cada país y su economía, entre varios lineamientos.

Pero las organizaciones sociales y ambientales también establecieron sus propios lineamientos. Por ejemplo, para el proyecto Transición Justa en América Latina, se debe fomentar la reconversión de empleos, planificar la diversificación de la matriz energética, compensar a los afectados por la transición e impulsar un diálogo transversal en toda la sociedad acerca de la transición.

“No hay una receta de transición justa. Hay varios espacios que generaron su listado de principios pero es un concepto que tiene que ser ajustado a condiciones locales. Cada lugar necesita de enfoques específicos para su transición justa”, afirma Catalina Gonda, coordinadora de política climática en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina.

Abandonar los combustibles fósiles

De todos los sectores económicos en transición, es el energético el que se encuentra atravesando el mayor cambio. La energía representa cerca de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero de América Latina. El petróleo, gas y carbón son utilizados para la generación de electricidad, el transporte y las industrias, lo que trae un costo ambiental asociado.

La transición energética se refiere a gradualmente dejar de utilizar combustibles fósiles para la producción y consumo de energía y reemplazarlos por fuentes de energía renovable como la eólica y solar. Los expertos lo describen como un cambio enorme pero necesario para poder evitar una mayor suba de la temperatura a nivel global, que ya alcanzó 1.1 grados Celsius desde el comienzo de la Revolución Industrial.

Pero el cambio a las renovables no se puede dar de cualquier manera, coinciden organizaciones sociales y ambientales y sindicatos. Es por ello que piden por una “transición energética justa”. Esto significa no sólo lograr un sistema energético menos contaminante, sino también uno que sea más equitativo y democrático y tenga en cuenta los derechos de los trabajadores y las comunidades.

“El sector energético es uno de los principales responsables de los conflictos ambientales y de las violaciones de derechos de los pueblos y territorios”, sostienen desde Amigos de la Tierra y la Confederación Sindical de las Américas en un reporte de 2022. Para ello, piden que no se repitan los mismos errores con las energías renovables en su expansión en América Latina.

En México y en Brasil, el desarrollo de proyectos de energía eólica ha generado rechazo de las comunidades rurales en donde se instalaron los proyectos, que sostienen no haber sido consultadas previamente. En Ecuador, la demanda de madera balsa, el principal material para la construcción de las hélices de los molinos eólicos, ha aumentado la presión sobre los bosques en el Amazonas.

El empleo en la transición justa

Bien gestionadas, las transiciones hacia economías ambiental y socialmente sostenibles pueden impulsar la creación de puestos de trabajo, mejorar la calidad del empleo y reducir las desigualdades, sostiene la OIT. América Latina perdió 26 millones de empleos por la pandemia del Covid-19, agravado por problemas preexistentes como la informalidad laboral y la desigualdad.

La descarbonización de la economía de la región podría generar 15 millones de empleos netos, de acuerdo a un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la OIT. Si bien se perderían 7.5 millones de empleos, especialmente en el sector de los combustibles fósiles por el paso a renovables, se generarían 22.5 millones en energía solar y eólica, silvicultura y construcción, entre otros.

Muchos de los trabajadores que perderían sus empleos podrían hacer uso de sus habilidades en nuevas industrias, sostienen los autores del informe. Pero para ello las empresas y gobiernos deberán implementar mecanismos de reconversión laboral y desarrollo de competencias laborales para apoyar a los trabajadores en la transición, agregan.

Esto es especialmente importante para las ciudades y pueblos de América Latina cuyas economías dependen en gran parte de sectores económicos contaminantes como los combustibles fósiles, sostienen investigadores del Stockholm Environment Institute (SEI) en Colombia.

Se necesitarán de inversiones, asistencia técnica y un compromiso político que promueva la diversificación de la economía, sostienen.

En Argentina, la extracción de petróleo y gas en Vaca Muerta, la formación geológica del oeste de la provincia de Neuquén que alberga algunos de los mayores yacimientos de shale gas del mundo, ha generado una migración de miles de personas en búsqueda de empleo. La actividad económica de la provincia gira en torno a Vaca Muerta, tanto los empleos directos como los indirectos.

Jonatan Nuñez, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina, sostiene que la relación entre los empleos que se ganan y se pierden en la transición plantea problemas geográficos y sectoriales. “Las reconversiones de un sector al otro no son siempre posibles. Además, los lugares donde se crean y pierden empleos no son necesariamente los mismos”, dice. Para Nuñez, América Latina debe repensar su lugar en el mundo en la transición energética. La región posee destacadas reservas de minerales demandados en la transición, como el litio, utilizado para las baterías de los autos eléctricos. Pero si los minerales solo se extraen y exportan sin generar valor agregado, el potencial de crear nuevos empleos será muy limitado, agrega, en comparación a un escenario donde los minerales se utilizan en las industrias locales.

Un largo camino

El concepto de transición justa empieza gradualmente a aparecer en documentos de política pública de los gobiernos de América Latina, sostiene José Vega Araujo, investigador del SEI en Colombia. “Pero todavía falta mucho camino por recorrer. Cada país debe definir con claridad lo que entiende por transición e incorporarlo en paquetes de políticas concretas”, agrega.

Entre los 170 países de todo el mundo que ya actualizaron sus planes de acción ante el cambio climático a nivel global, 65 (38%) hacen referencia a la transición justa, de acuerdo a un análisis de Naciones Unidas publicado el año pasado. En América Latina, el listado incluye a Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, República Dominicana, Paraguay y Antigua y Barbuda.

En Chile, el gobierno de Gabriel Boric creó a fin del año pasado la Oficina de Transición Socioecológica Justa dentro del Ministerio de Ambiente. El objetivo es acercar a a las personas que habitan en comunidades con industrias contaminantes al sector privado y al Estado para así avanzar hacia una economía sostenible, sostuvo el ministerio en un comunicado. 

Para ello, se está trabajando en planes de transición para las llamadaszonas de sacrificio, ciudades o pueblos cuya calidad de vida y entorno ambiental han sido afectadas por la actividad industrial instalada. El término fue creado por la sociedad civil para hacer referencia a los impactos no solo de la industria del carbón, sino también del cobre, el cemento y los químicos, entre otros.

En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro anunció en la cumbre climática COP27 el pasado noviembre un proceso de diálogo para construir una hoja de ruta para la transición energética justa. Se buscará sustituir las fuentes de energía fósil por renovables en base a un criterio de “equidad, gradualidad y participación social vinculante”, se sostiene en el documento presentado.El carbón es el mineral más importante para la economía de Colombia. Es el segundo producto de exportación y genera más de 130.000 empleos. El gobierno le ha asegurado al sector que los empleos no están en riesgo ya que la transición será gradual, y que los empleos por el turismo y la agricultura serán mayores que los del carbón. Para Petro, a Colombia le queda una década de exportación de fósiles.

Los sindicatos y los movimientos sociales y ecologistas de América Latina reconocen que la transición ya se está produciendo en la mayoría de los países de la región. Sin embargo, creen que aún hay tiempo para dar forma a cómo se está llevando a cabo, pidiendo a los gobiernos y a las industrias que inicien un diálogo para encontrar puntos en común sobre el mejor camino a seguir de la forma más inclusiva posible.

“Limpiar las industrias contaminantes en pos de una transición energética no tiene por qué significar crear nuevas desigualdades o profundizar las ya existentes”, afirma Gonda. “Todo el mundo necesita sentarse a la mesa para debatir qué significa una transición justa, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada sector: desde las comunidades a las industrias, pasando por los gobiernos”.

Artículo publicado en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/