Envuelta en sábanas blancas, la psicóloga Milena Pozo, de 46 años, se desperezaba en su cama. Tenía que entrenar, pero su cuerpo cansado no despertaba con el nuevo día. El barrio Pinares, en el Valle de Calamuchita, provincia de Córdoba, todavía se mantenía en silencio.

Eran las 7 de la mañana del 9 de noviembre de 2017 cuando un ruido fuerte, contundente y demasiado cercano retumbó en la recámara. Abrió los ojos. Parecía una explosión. Se levantó, se puso la bata y salió de la habitación. Mientras bajaba por la escalera hacia el living comedor, vio policías con armas, cascos y filmadoras que se movían de un lado al otro. 

“Estamos acá por una denuncia de cannabis”, dijo uno de los agentes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y la dueña de casa contestó: “Acá tengo”.

Una valija con 10 goteros de aceite de cannabis estaba al costado de la puerta derribada. Aparte había otras botellas con medio litro de aceite en los antebaños. Pozo es corredora y el cannabis le alivia los dolores en las piernas. Su pareja es entrenador de corredores y maratonista, el cannabis baja su estrés. Sus dos hijas mayores de edad, que practican atletismo, lo usaban para relajarse y aliviar los dolores post entrenamiento.

Pero esa mañana nadie corrió. “Estuvimos durante horas sentados en un sillón los cuatro. También la beba de un año de una de mis hijas. Mientras tanto, tiraban todo abajo”, recordó la psicóloga. 

Ese mismo día habían allanado también sus dos consultorios de Río Tercero. Por la tarde, Pozo fue detenida. “Nunca me voy a olvidar la cara de la policía que dirigía el allanamiento cuando cortó el teléfono con el fiscal y dijo que debía llevarme. No estaba convencida, pero habían montado tremenda movida. Quedaba mal si no me detenían”, afirmó a casi siete años del allanamiento.

En 2016, Milena escuchó hablar del cannabis medicinal. En ese momento circulaban muchas noticias, leyó notas y escudriñó publicaciones sobre los beneficios del aceite que hacía Mario Juliano, el ahora difunto juez del Tribunal en lo Criminal número 1 de Necochea. Lo utilizaba para frenar los dolores de deportista. “Le escribí por las redes y me dijo que la pomada y el aceite eran muy buenos. Así me enteré de las propiedades de la planta”, contó la psicóloga. A través de un paciente que le comentó que usaba aceite pudo conectarse con cannabicultores que le vendieron para probar. La primera vez no pasó nada, recién tres semanas después empezó a sentir alivio y relajación.

Estuvimos durante horas sentados en un sillón los cuatro. También la beba de un año de una de mis hijas. Mientras tanto, tiraban todo abajo.

Detenida

“¡Mamá! ¡Mamá! ¿Estás bien?”, escuchó por la noche a una de sus hijas gritándole desde la calle. Se quebró. Ya había recibido una carta de ella y la comida que le había preparado. 

Pozo pasó la noche en la celda de una comisaría por primera y última vez. El espacio de tres metros por cuatro estaba pintado de gris: no tenía luz y la ventana era muy alta. Los bancos eran de mampostería. Leyó el primer capítulo del libro ¿Para qué sirve la filosofía?, de Darío Szeta, hasta que no pudo continuar por falta de iluminación y de los anteojos que no le dejaron ingresar. “Necesitaba pensar en los porqués. La filosofía abre esos caminos. Consideraba necesario hacerme preguntas”, dijo ahora Pozo.

Caminó en círculos en ese espacio diminuto. Hizo sentadillas. Y pensó en su futuro. “Si me detienen unos años voy a estudiar, a hacer talleres artísticos y a entrenar”, pensó. 

Estuvo sola en la celda hasta la madrugada, cuando ingresó una chica embarazada de 19 años. “Era la hija de una mechera (ladrona de tiendas) muy conocida, la engancharon en la calle mientras el novio vendía drogas, huyeron y la agarraron”, recordó. Pese a su corta edad, la joven era “muy experimentada” en detenciones. “Me decía: ‘Si te trasladan tratá de ir al penal de Bouwer, no a Villa María’”. 

Al día siguiente, cuando volvía de declarar en la fiscalía de lucha contra el narcotráfico, en los Tribunales de Río Tercero, desde el patrullero vio a otra de sus hijas por la calle, quien también identificó a su madre. Fue pura casualidad. “La angustia fue terrible. Afortunadamente cuando ingresamos a la celda, ya sin las manos esposadas, pude recibir el abrazo de mi compañera de encierro que se conmovió y me acompañó mientras me calmaba”.

Pozo se derrumbó al imaginar una vida alejada de sus cinco hijos y nietos. Estaba tomada por el dolor de estar lejos.

Puente para el dolor

Pozo había empezado a ser “puente” porque tenía una paciente con diagnóstico de fibromialgia, que había usado el aceite con muy buen resultado. 

Desde entonces, acompañaba a personas a morir en tratamientos paliativos con cannabis terapéutico. “Por lo general son pacientes oncológicos que utilizan gotas de cannabis”, contó. 

Una paciente de Pozo que también tenía fibromialgia, una enfermedad que produce dolores en el cuerpo, fatiga y problemas de sueño, la denunció ante la Justicia luego de descompensarse al ingerir dos tomas de aceite de cannabis, de 3 gotas cada una, de un aceite con alto porcentaje (80%) de CBD, según declaró.

“La médica que la atendió en la guardia le dijo que se sentía mal por el aceite. Pero no hubo tiempo a que el producto actuara. La sustancia debe provocar una sensibilización, pero eso no pudo suceder con tres gotas un martes a la noche y otras tres al día siguiente”, opinó la psicóloga. “Hice muchos cursos sobre cannabis. Sabía qué cepa servía para cada dolencia y conseguía el aceite, no cultivaba ni vendía”, explicó.  

Pozo defiende la calidad de la sustancia. “El aceite lo elaboraba uno de los cannabicultores que proveía a las ‘Clínicas del Cannabis’ en Córdoba. Era de los más probados en la provincia”, aseguró.

Sin embargo, la Justicia de Córdoba la imputó por comercialización agravada de estupefacientes en noviembre de 2017. También por ejercicio ilegal de la medicina y lesiones leves. Además, imputaron al (ahora) ex novio de Pozo por comercialización de sustancias estupefacientes agravada y a dos personas más por comercialización agravada, que en términos prácticos implica de 6 a 20 años más de pena. Los acusaron por vender aceite, cremas y tinturas de cannabis.

La sanción es durísima, se debe a un desconocimiento de quienes tienen el deber de juzgar.

La imputación dejó marcas en su vida personal y profesional. “La estigmatización que generó la causa en mi contra llevó a que me apartaran de mis tareas en el Equipo Profesional de Acompañamiento Educativo del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Aún hoy no pude volver, pese a que nunca se cuestionó mi labor”, relató Pozo.

Hubo algunos pacientes que no quisieron continuar la terapia. Tampoco pudo seguir trabajando como responsable del Centro de Atención Primaria de Salud de Villa Quillinzo porque en el allanamiento le sacaron el auto y no tenía cómo llegar al lugar. Hizo varias peticiones por su auto, pero siempre le contestaron que más adelante se resolvería la cuestión. Nunca se lo devolvieron. A su vez, la colega con quien compartía consultorio se rehusó a atender en el mismo espacio que ella. Y en el otro consultorio le impidieron seguir trabajando.

En mayo de 2022, la Cámara en lo Criminal y Correccional de Río Tercero la condenó a tres años de prisión en suspenso por comercialización de estupefacientes y ejercicio ilegal de la medicina. Fue absuelta por lesiones leves. 

“La sanción es durísima, se debe a un desconocimiento de quienes tienen el deber de juzgar”, explicó el abogado de Pozo, Tomás Aramayo. Para él “no existe nexo causal” entre la afección de la denunciante y la ingesta de las gotas de aceite. “El efecto no fue probado por los peritos”, aclaró. 

La estigmatización que generó la causa en mi contra llevó a que me apartaran de mis tareas en el Equipo Profesional de Acompañamiento Educativo del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Aún hoy no pude volver, pese a que nunca se cuestionó mi labor.

Uno de los expertos implicados en la causa, el médico Leandro Ángel Lamberti, sostuvo que “una intoxicación relevante a partir de la sustancia requeriría tomar seis o siete goteros”. Otro perito, el médico Federico Racca, que trabaja para Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), sostuvo que “no se recogieron las características médicas y clínicas suficientes para aducir una causalidad específica respecto a los efectos adversos que la paciente aduce con el cannabis medicinal”.

Además, Aramayo asegura que “no había fin de lucro”, ya que sólo acercaba el aceite que conseguía de un cannabicultor. “La ley de estupefacientes sanciona el tráfico ilícito de drogas y, por ende, no es aplicable en este caso”, detalló.

La condena sorprendió a la mujer. Confiaba en que la Justicia provincial fallara a su favor como lo había hecho la Justicia Federal de Córdoba en dos causas famosas de cannabis. Al productor de cannabis medicinal Daniel Landgren lo absolvieron en septiembre de 2021, y al médico Carlos Laje, a cargo de la “Clínica del Cannabis”, lo sobreseyeron en marzo de 2024.

Ambos procesos penales habían comenzado, como el de Pozo, luego de la sanción de la ley de cannabis con fines terapéuticos. Las causas de Laje y Landgren fueron resueltas por la Justicia Federal por “la gran cantidad de estupefacientes” en juego. Pero, por la pequeña cantidad de producto en su poder, la psicóloga había quedado en manos del Poder Judicial local que sigue sin resolver su situación. Sí, los que tenían más cannabis habían salido indemnes.

“Son años de muchos altibajos emocionales. El no saber qué sucedería ni cuándo ni cómo seguiría mi vida era una espada de Damocles. La incertidumbre y la amenaza de un posible futuro de encierro no me permitían proyectar”, contó sobre el tiempo que duró el proceso judicial desde el allanamiento hasta la condena.

El fallo fue apelado con un recurso de casación, que está pendiente de resolución por parte del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.

“Vivo con angustia la falta de resolución judicial. Al no resolverse (mi causa) no se qué va a pasar en mi vida personal, con mi matricula de psicóloga (al no haber condena firme no está suspendida) y si tendré que apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cual implicaría miles de dólares para pagar abogados y no tengo ese dinero. La incertidumbre de no saber qué va a suceder afecta mi salud mental día tras día”, afirmó Pozo. 

Aunque dejó de ser el “puente” entre pacientes y productores de cannabis, sigue pagando un alto precio familiar. Todavía siente vergüenza frente a sus hijos, aunque nunca recibió reclamos. Con su pareja hubo un quiebre. “Los reproches se hicieron presentes, más aún, cuando él también fue imputado al año siguiente. Nos separamos”, relató.

Hace siete años que Pozo espera. Se quedó sin pareja, sin auto, sin trabajo. Los tiempos de la Justicia no son los de Pozo. Dice que si la absuelven le hará juicio al Estado por daños y perjuicios. Su regreso al Ministerio donde prestaba servicios también depende de su absolución. Pozo ha hecho todo lo que estaba a su alcance. Ahora, como hace siete años, sigue esperando, pero en condiciones más desventajosas. Para ella la condena ya sucedió. Fue por seis gotas de aceite de cannabis. 

*Mara Resio elaboró este reportaje con el acompañamiento de la Red Federal de Periodismo Judicial. La pieza forma parte de la investigación “Mujeres y microtráfico de drogas, punto ciego de la Justicia argentina” (julio de 2024). Se trata de un proyecto de la Red apoyado por el Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas (FINND) de la Fundación Gabo y Open Society Foundations.

ED

El 26 de junio se conmemora el Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, también conocido como el Día Mundial contra las drogas, una fecha para tratar de reforzar la acción y la cooperación entre los países con el fin de alcanzar una sociedad libre de consumo de drogas y de tráfico ilegal.

Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas 2024

Cada año, la campaña de la ONU se centra en un tema concreto. En 2024, el lema es “La evidencia es clara: debemos invertir en prevención”. El problema mundial de las drogas afecta a millones de personas y comunidades, abarcando desde trastornos por consumo hasta el narcotráfico y la delincuencia organizada. Para enfrentar este desafío, es esencial un enfoque basado en pruebas científicas, priorizando la prevención y el tratamiento.

¿Cuál es el objetivo del Día Internacional contra las Drogas?

El consumo y la distribución de drogas ilegales es una problemática global, con graves repercusiones en la salud y bienestar de las personas. A nivel mundial la incursión de drogas ilegales ha logrado traspasar fronteras con niveles alarmantes, afectando la seguridad y el desarrollo sostenible de las naciones. La lucha contra este flagelo persiste, contando con el apoyo de Organizaciones, Fundaciones y Estados Miembros.

En virtud de ello la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en el año 1987 una resolución para conmemorar este día, para alcanzar una sociedad libre del abuso y tráfico ilícito de drogas, propiciar el fortalecimiento de la cooperación internacional y generar políticas que contrarresten la influencia del mercado ilegal de sustancias ilícitas.

Tipos de drogas

El consumo de drogas genera diferentes efectos en el sistema nervioso, alterando el rendimiento físico, la percepción, el estado anímico y la conducta, de acuerdo a esta clasificación:

Depresoras

Comprende aquellas sustancias que bloquean las funciones del cerebro, ocasionando desinhibición. Sensación de relajación, disminución de la ansiedad:

Perturbadoras

Sustancias que alteran el funcionamiento del cerebro, generando distorsiones perceptivas, alucinaciones y otras alteraciones de la conducta:

Estimulantes

Sustancias que activan el funcionamiento del cerebro, mediante sensaciones de excitación y furia, que pueden derivar en problemas de hiperactivación, ataques de ansiedad, taquicardia, entre otros:

Principales rutas del tráfico de drogas en el mundo

América Latina es considerada uno de los máximos productores de cocaína, marihuana y tabaco en el mundo. No obstante, estas son las principales rutas de la droga en todo el mundo:

Historia de la cooperación internacional contra las drogas

Desde principios del siglo XX se reconoció el tráfico de drogas como un problema a nivel mundial que requería una solución global.

En 1909 hubo una conferencia internacional sobre estupefacientes en Shanghai. A partir de ese momento se desarrolló un sistema multilateral para tratar de controlar la producción, el tráfico y el abuso de drogas, y se llevaron a cabo tres tratados bajo el paraguas de la ONU, en los años 1961, 1971 y 1988, con una adherencia casi universal por parte de todos los países. Pese a los grandes esfuerzos realizados el problema de la droga sigue poniendo en peligro la salud de las personas, sobre todo los niños y los jóvenes.

En 1946 el Consejo Económico y Social (ECOSOC) creó una Comisión de Estupefacientes (CND) para ayudar a supervisar la aplicación de los tratados internacionales.

En 2009 se publicó una “Declaración Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional hacia una Estrategia Integral y Equilibrada contra el Problema Mundial de las Drogas”, en el que se definieron las medidas a tomar y los objetivos a cumplir por los Estados Miembros para antes de 2019.

En abril de 2016 la Asamblea General mantuvo un periodo extraordinario de sesiones dedicado a las drogas y propuso recomendaciones para reducir la oferta y la demanda, así como para mejorar el acceso a medicamentos controlados y restringir su desvío al mercado ilegal.

Efectos y riesgos del consumo de drogas

Existen varios tipos de sustancias que producen efectos alucinógenos en el organismo, generando graves consecuencias en la salud de los consumidores habituales. Está catalogado como uno de los 20 factores de riesgo para la salud a nivel mundial, e incide en la proliferación de otras patologías, como el VIH-sida, hepatitis, tuberculosis y enfermedades cardiovasculares:

Impacto social de las drogas

A continuación, mencionamos las principales consecuencias del consumo indiscriminado de drogas ilegales, desde el punto de vista social:

La lucha contra las drogas no se detiene

Ante este terrible flagelo se requiere una respuesta efectiva a esta problemática internacional, en donde las naciones y gobiernos juegan un papel fundamental, debiendo ofrecer soluciones integrales mediante la aplicación y reforzamiento de medidas y políticas responsables y efectivas, debidamente respaldadas por los organismos y convenciones internacionales sobre control de drogas y derechos humanos, especialmente de niños y jóvenes que constituyen la población más vulnerable.

NB

Estuve en Rosario el 14 de febrero de este año porque presenté en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario mi “República de la Impunidad” y con los presentes conversamos sobre la relación entre el sistema judicial y la democracia. El encuentro se repitió al día siguiente en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, debido a una invitación del pleno del cuerpo promovida por los legisladores Agustina Donnet y Rubén Giustiniani. 

El tema de la seguridad estuvo presente todo el tiempo. En particular, los efectos violentos del tráfico de drogas ilegales. Hablamos mucho de lo que significa convivir con ese problema y discutimos largo y tendido sobre la relación entre las instituciones públicas y aquel fenómeno, desde el punto de vista jurídico y de la ciencia política. Ahora todo se agudizó porque, como cualquiera puede imaginar y también constatar, el ataque al comercio de la familia de Antonella Roccuzzo le asignó a la cuestión un alcance global. 

Sobre la base de esa experiencia, me interesa identificar a título hipotético algunas causas que ayuden a entender un fenómeno que no está acotado a la ciudad de Rosario.

Antes de hacerlo, debo decir que no soy un experto en seguridad y tampoco en la dinámica del narcotráfico. Por lo tanto, no voy a plantear una “receta” para terminar con el problema. Sobre esos aspectos, me parece interesante solamente compartir que, fruto de mi memoria institucional generada por el trabajo en el sistema penal, las recomendaciones de quienes se dedican a estudiar a las organizaciones que trafican ilegalmente drogas enfatizan ciertas cosas.

Más allá de la violencia

Si bien es importante la identificación y enjuiciamiento de quienes venden drogas en las calles, la cuestión nodal es diversa. Los que saben señalan que es central poner la lupa en el flujo de fondos. La venta de drogas ilegales es altamente remunerativa. Por ello los expertos aconsejan enfocar las energías en los grupos de profesionales que administran ese dinero ilegal para convertirlo en legal. Dicho esto, me concentro en algunas causas que ayuden a pensar el fenómeno.

Los hechos que percibimos a través de los medios de comunicación masiva y del contacto con los ciudadanos de Rosario nos afectan por su reiteración y por la violencia que los envuelve en ciertos momentos. Pero si logramos abstraernos lo máximo posible de la violencia y la repetición, rápidamente podemos concluir en que lo que sucede en Rosario ocurre en muchas partes de la Argentina. Es cierto que bajo otras formas e intensidades. Pero sucede, ya que el problema básico es la inefectividad en la aplicación de la ley.

Si logramos abstraernos lo máximo posible de la violencia y la repetición, rápidamente podemos concluir en que lo que sucede en Rosario ocurre en muchas partes de la Argentina

En efecto, en algunos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del conurbano de la provincia de Buenos Aires hay problemas análogos con el tráfico de drogas y con los crímenes conexos a esos comportamientos ilegales. El punto en común que tienen estos acontecimientos, más allá de las distancias geográficas, tiene que ver con que en algunos de los lugares de nuestro país la ley que produce el estado rige, pero no se cumple. Ello significa que la vida real de esos sitios se rige por pautas de organización social informales. Dichas pautas las producen quienes controlan el territorio que, por definición, no son leales a la Constitución Nacional. Pero ese problema no es exclusivo del narcotráfico.

Ello es así pues, en nuestro país, el Estado tiene muchos problemas para aplicar la ley de manera universal, homogénea y con la misma intensidad en todas partes y a las diferentes personas. Hay otros comportamientos menos visibles que el tráfico de estupefacientes, pero igual de graves que también se escapan de la perspectiva de la Constitución Nacional. Pienso en el lavado de dinero, en el contrabando, en la evasión tributaria y en los hechos de corrupción administrativa, por ejemplo. 

No estoy minimizando los acontecimientos que ocurren en la ciudad de Rosario. Al contrario. Creo que la cosa es más grave. Me parece que muchas actividades ilegales en nuestro país adolecen del mismo problema. No puedo detenerme en cada una de ellas. Pero la realidad revela con nitidez que la capacidad estatal de aplicar la ley en general se ve resentida.

En el país real hay grupos que logran eludir las leyes positivas y obligatorias que genera el país legal

En otras palabras, me refiero a que la fuerza de la ley que produce la república democrática no se impone de manera universal e igualitaria, tal como lo contempla la Constitución. Ello tiene varios efectos. En lo que aquí interesa, da lugar a lo que Guillermo O’Donnell llamó “zonas marrones” para definir determinados lugares en los que el gobierno de hecho queda en manos de actores informales. Ello quiere decir, lisa y llanamente, que la soberanía estatal está en tela de juicio. Supone que no manda la ley, sino que manda el que tiene fuerza para tomar decisiones y conseguir obediencia.

Desde este punto de vista, y más allá de la magnitud de los hechos que por estos días ocupan la cima de la agenda pública, creo que lo que ocurre en Rosario es básicamente un fenómeno que atraviesa a toda la Argentina y que tiene que ver con el hiato que separa al país real del país legal. Insisto. En el país real hay grupos que logran eludir las leyes positivas y obligatorias que genera el país legal. Ello resiente la soberanía estatal porque determinados lugares no están subordinados a la perspectiva de la Constitución. 

Aquí yace un punto de suma importancia para comprender la ilegalidad que atraviesa a nuestro país.

Ley selectiva

Hay otra razón complementaria que profundiza la extensión de las “zonas marrones” y que se relaciona con el modo en que se aplica la ley. Recordemos que las leyes pueden cumplirse, no cumplirse o se puede torcer su significado. En este último caso, mediante la actividad interpretativa, los judiciales a veces ubicamos a las reglas en una zona brumosa cuyo resultado es que la ley parece que rige pero, en rigor de verdad, la torcemos para que en la práctica los efectos sean los opuestos. 

Bajo esos hábitos, propongo pensar el debate público que se inscribe en derredor de la posibilidad que tienen los detenidos de usar teléfonos en las cárceles. Hay perspectivas muy claras sobre el punto. Pero casi todas eluden la explícita previsión legal que existe al respecto. Veamos.

De acuerdo con el artículo 18 de la Constitución Nacional la condena a prisión es el modo en que un ciudadano rinde cuentas frente a sus pares a través de un juicio justo. Cuando una persona ingresa a prisión no pierde la condición de sujeto de derechos. Al contrario, como el fin del encierro es la resocialización del reo, la ley 24.660 traza las pautas que tienen que cumplir los detenidos. Es un régimen progresivo. Quien respeta el marco legal adquiere beneficios que se traducen en la morigeración del encierro. 

La pregunta es obvia: ¿por qué los presos tienen teléfonos celulares si la ley lo prohíbe?

Entre los derechos que tienen los presos está el de comunicarse. Sin embargo, la chance de tener celulares está expresamente prohibida. “Quedan prohibidas las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles”, dice el artículo 160 de la citada ley.

Por lo tanto, no hay posibilidades legales de discutir esa disposición, salvo que los magistrados comprueben que no es razonable y que ofende la Constitución Nacional.  

No conozco ningún caso en que ello haya pasado. Sí sé que durante las restricciones derivadas del Covid-19, esa prohibición fue morigerada. Pero todo eso, felizmente, es parte del pasado. 

La pregunta es obvia: ¿por qué los presos tienen teléfonos celulares si la ley lo prohíbe? No lo sé. Pero quizá el hábito de torcer el significado de las leyes nos suministra algunas pistas. 

El problema de las “zonas marrones” y de las interpretaciones de las leyes que a veces atentan contra la eficacia de las propias leyes no agota el tema. Pero me parece que nos lleva a una discusión un tanto más profunda. 

También nos legó O’Donnell la idea de que cuando el Estado no hace algo, no tenemos que quedarnos con la sensación de que esa impotencia se limita a los malos funcionarios, o a la corrupción, a la desidia institucional. Si el Estado no hace lo que tiene que hacer alguien gana. 

O’Donnell remarcaba que la inacción del Estado es una forma de acción. Cuando el Estado no hace algo está haciendo otra cosa. Por ejemplo, no aplicar la ley de manera universal e uniforme permite que algunas zonas “se liberen” de la arquitectura legal. 

Recordemos que el Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza en un territorio. Puede imponer sus decisiones cuando no se cumplen las leyes que el propio Estado produce. Las “zonas marrones”, en esa clave, quizás tienen que ver con una determinada forma de ejercicio del poder político que no es la que contempla la Constitución Nacional y que concibe al Estado y a sus instituciones, no como la expresión del poder político de los ciudadanos, sino como un instrumento capaz de ser manipulado para conseguir beneficios sectoriales.

ED