El empresario Enrique Blaksley Señorans, conocido como el “Madoff argentino”, fue condenado este jueves a ocho años de prisión por ser jefe de una asociación ilícita que estafó entre 2007 y 2016 a más de 300 ahorristas por montos de 16 millones de dólares a través de la firma Hope Founds, según informaron fuentes judiciales.

En el fallo, que se dio a conocer esta tarde en una audiencia a través de Zoom, el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 también condenó a otros ocho imputados a penas de entre 1 año y 6 meses y 4 años; mientras que absolvió a los restantes siete acusados, entre ellos familiares directo del principal acusado.

Por voto mayoritario, el tribunal consideró a Blaksley, de 58 años, como coautor del delito de “asociación ilícita” en carácter de “jefe” en concurso real con 311 “estafas reiteradas”, “lavado de activos” e “insolvencia fraudulenta”. A su vez, le fijaron una multa de cuatro veces el monto del “producto del delito”, calculado en poco más de 13 millones de dólares, 42.000 euros y 32 millones de pesos para el caso de la estafas, y de 2,6 millones de dólares para el lavado de activos, dinero que se ordenó que fuera decomisado.

Los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Jorge Gorini también condenaron a Federico Dolinkue a 4 años de prisión como “miembro” de dicha asociación ilícita y las estafas reiteradas; Verónica Vega a 3 años y 6 meses; Alejandro Carozzino y Pablo Willa a 3 años, Rafael De la Torre Urizar y Guillermo Müller a 2 años y 8 meses en suspenso; y a Damián Gómez y Daniel Sarsa a 1 año y 6 meses en suspenso. Sin embargo, no todos fueron condenados por los mismos delitos ni la misma cantidad de hechos.

Al momento de los hechos, Dolinkue era el gerente administrativo de Hope Funds, Carozzino el encargado de formar las sociedades en el exterior y Vega, además de ser la cuñada de Blaksley, era la gerente comercial.

Por otro lado, resultaron absueltos Francisco Blaksley Señorans, María Rita Blaksley Señorans, Alexis Dieti, Esteban Casco, María Paola D'Angelo, Felipe Badino y Juan Pablo Blaksley Señorans.

El empresario considerado “jefe” de la asociación ilícita fue el único de los imputados que llegó a juicio detenido, aunque con arresto domiciliario. Su abogado defensor, Mariano José Varela, adelantó que va a apelar el fallo, que en el caso de su representado fue dictado por mayoría, con la única disidencia del juez Gorini. Mientras que para Mariano Moyano, uno de los abogados de las querellas particulares, el veredicto tuvo “sabor a poco” porque las condenas fueron menores a las solicitadas por las partes acusadoras.

Por último, el tribunal dispuso que se conozcan los fundamentos de la sentencia el próximo 9 de mayo. De esta manera, concluyó un debate oral que se extendió por más de dos años, ya que comenzó en febrero de 2021.

Durante etapa de alegatos, llevada a cabo entre septiembre y fines del año pasado, el fiscal de juicio Abel Córdoba había pedido 10 años de prisión para Blaksley y penas de entre 5 y 6 años para los otros 15 acusados. A su vez, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que fue querellante en la causa a través de los abogados Santiago Lozano y Ramiro Buján, requirió 12 años de prisión para el principal imputado, mientras que las querellas particulares pidieron 18 años.

Por su parte, la defensa de Blaksley solicitó su absolución. El propio empresario agradeció en sus “últimas palabras” haber sido escuchado por el tribunal durante el debate -en el que declaró tres veces-, asumió que él tomó las decisiones de la firma y pidió que se hiciera justicia.

Blaskley estuvo preso en el penal de Ezeiza, pero en marzo de 2021 el tribunal le otorgó una morigeración de la prisión preventiva en un domicilio, aunque esta medida recién se concretó en diciembre del 2022, cuando el empresario logró reunir los bienes y dinero suficientes para pagar la fianza.

Por otra parte, Moyano explicó que este fallo es un “primer paso”, ya que hay más víctimas en el exterior de Argentina -estimó unas 800-, de las cuales su estudio representa a unas 400. El letrado impulsa además causas en el extranjero, como las Islas Vírgenes, en procura de hallar adónde fue llevado el dinero producto de las estafas millonarias.

Para los acusadores, Blaksley encabezó una organización criminal que cometió reiteradas estafas vinculadas con la captación ilegal de dinero de ahorristas, para luego cometer delitos vinculados con la evasión fiscal y el lavado de dinero.

Los acusados fueron enviados a juicio en julio de 2020 por decisión de la jueza federal María Servini, quien hizo lugar a la requisitoria de la fiscal federal 12 María Alejandra Mangano y la fiscal María Laura Roteta de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Según la investigación, Blaksley con la colaboración de Carozzino, Dolinkue y Vega, habría montado una estructura empresarial compleja, la cual se destinó tanto a la defraudación de privados como del fisco nacional, según se indicó en la acusación cuando la causa llegó a juicio.

Según la pesquisa, la asociación ilícita operó entre 2007 y 2016 y contó con miembros que, desde sus roles respectivos, aportaron para que se produzca el desfalco, y también por alrededor de 60 sociedades comerciales, muchas de ellas constituidas en Estados Unidos y Panamá.

En mayo del 2021, Blaksley declaró en el juicio e intentó mejorar la situación del resto de los acusados, al asumir haber sido el dueño de la totalidad de las acciones de Hope Funds, pero afirmó que “jamás en la vida” imaginó defraudar a sus clientes.

LC con información de agencia Télam