El pasado 7 de octubre, se abrió una nueva etapa del conflicto palestino-israelí cuando el grupo armado de resistencia islámica Hamas lanzó un ataque indiscriminado con cohetes hacia Israel e invadió sus kibutz en lo que resultó ser una masacre de ciudadanos israelíes. La ofensiva ─que dejó un saldo de 1.400 muertos, según indicaron las autoridades de dicho país─ también incluyó el secuestro de 240 civiles y militares, cuya liberación se exige en todo el mundo.

Desde que comenzó el ataque, Hamas sólo liberó a cuatro mujeres: dos de ellas del 20 de octubre y las demás, cuatro días más tarde. Los menores de edad capturados, sin embargo, continúan bajo cautiverio: según informaron las autoridades israelíes, hay un total de 33 niños y niñas secuestrados por el grupo terrorista. La lista de rehenes también incluye personas mayores, extranjeros o individuos con doble nacionalidad y soldados israelíes.

“Lo que Hamás y otros grupos armados han hecho no solo ha perjudicado a sus vecinos y vecinas, a quienes más les importaba el pueblo palestino y sus derechos en Israel, sino también a su propia gente. Como padre y abuelo, es muy duro que me arrebataran así a mi familia y que no me hayan dado ninguna información sobre ellos. Los echo tanto de menos. Cada día que pasa se hace más difícil. Están en una situación muy vulnerable y los ataques (en Gaza) me dan mucho miedo. Pudo a las organizaciones internacionales, sea la ONU o la Cruz Roja, que traigan a casa a los rehenes”, expresó Moshi Lotem a Amnistía Internacional, cuya hija Hagar está retenida como rehén en Gaza junto con sus tres hijos pequeños. El menor tiene sólo cuatro años.

La incertidumbre sobre el destino de los rehenes mantiene en vilo a sus familias e impulsó movilizaciones a nivel internacional para exigir su pronta liberación con vida.

En Argentina, esta mañana 150 personas se congregaron en el Obelisco para “visibilizar y empatizar” con la situación de los secuestrados, cuyas caras fueron expuestas en el acto. También se colgaron osos de peluche con los ojos y las bocas vendadas en reclamo por los menores cautivos.

En tanto, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) inauguró hoy la muestra “Y estos son los nombres” en las que se busca rendir homenaje a las víctimas fatales del ataque de Hamas y exigir la liberación de los que aún continúan secuestrados. “Con acciones como la que hoy estamos compartiendo, en cada instancia pública que esté a nuestro alcance, elevemos el reclamo por la inmediata liberación de todas las personas que se encuentran secuestradas, dentro de las cuales más de 20 tienen ciudadanía argentina”, sostuvo el presidente de la organización, Amos Linetzky.

También se llevaron a cabo manifestaciones públicas en Israel. De una de estas marchas participó Ella Ben Ami, cuyos padres Raz y Ohad Ben Ami cayeron prisioneros de Hamas durante la primera jornada de violencia en este región de Medio Oriente.

“Han pasado 30 días desde que se llevaron a mis padres de su casa. Nos quedamos con un terrible sentimiento de impotencia y una enorme incertidumbre [...] No tengo información sobre su situación, lo que hace muy difícil mis actividades diarias. Protestamos para concientizar sobre los rehenes y exigir que se ocupen de ellos, y también para ejercer presión para que los liberen. Pido a mi gobierno y a todos los dirigentes mundiales que nos ayuden. Queremos volver a ver con vida a nuestros padres”, indicó a Amnistía Internacional.

La situación de su madre es particularmente crítica dado que cuenta con lesiones en el cerebro y la columna y se encuentra bajo tratamiento. “Si mi madre no consigue los medicamentos que necesita para su enfermedad, tememos que nos sobreviva, no tenemos tiempo”, agregó.

La dificultad para acceder a medicinas no es exclusiva de quienes se encuentran bajo cautiverio de Hamas. Desde que se desató el ataque armado, las autoridades israelíes decidieron intensificar el bloqueo sobre la Franja de Gaza que agudiza la crisis humanitaria en la zona de conflicto. Las restricciones impuestas ─que ya llevan 16 años en vigencia─ contribuyen a la falta de medicamentos, combustible y otros bienes de consumo esencial como lo es el agua.

Estas no son las únicas medidas que tomó Israel en el último mes como respuesta al ataque del grupo armado islamita. Los recientes bombardeos sobre territorio palestino ya se han cobrado la vida de alrededor de 10.000 ciudadanos de este pueblo, de los cuales 4.200 son menores de edad. También resultaron secuestrados más de 2.000 palestinos en Cisjordania que fueron calificados por el gobierno israelí como “presos de seguridad” y muchos de los cuales han sido sometido a tratos crueles durante su cautiverio.

Hamas también coaccionó a sus propios rehenes. La semana pasada, las Brigadas Al Qassam, brazo armado del grupo terrorista, publicaron un video en el que tres prisioneros son obligados a hablarle a cámara al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien autorizó una ofensiva terrestre para enfrentar a Hamas. “El derecho internacional prohíbe la toma de rehenes y el secuestro de civiles, que son crímenes de guerra. Los rehenes deben recibir un rato humano y con arreglo al derecho internacional, no ser exhibidos en videos en Internet, ni coaccionados para hacer declaraciones”, denunció la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, quien condenó la utilización de las personas cautivas como instrumento de extorsión y negociación en vistas de objetivos políticos.

ACM

Las multitudinarias protestas que se suceden desde el fin de semana en Israel, en contra de la polémica reforma judicial que impulsa el Gobierno ultraderechista de Benjamín Netanyahu, no evitaron la aprobación este lunes de una de las leyes claves de ese paquete de medidas que rechazan amplios sectores de la población.

Desde primera hora del lunes, miles de personas están concentradas frente al Parlamento o Knéset para protestar contra la ley que elimina la doctrina de la razonabilidad, que ya fue aprobada en una primera votación hace unas dos semanas, con 64 votos a favor y 56 en contra. En la votación de este lunes, los 64 diputados de los partidos de la coalición gobernante votaron a favor, mientras que los 56 opositores se ausentaron del hemiciclo, en señal de protesta.

La ley resta prerrogativas al Supremo, el cual ya no podrá revisar y revocar decisiones gubernamentales en base a si estas son razonables o no, y es uno de los elementos fundamentales de la reforma judicial.

“Hemos dado el primer paso en el importante proceso histórico de corregir el sistema legal y restaurar los poderes que le fueron quitados al gobierno y la Knéset durante muchos años”, declaró el ministro de Justicia, Yariv Levin, arquitecto de la reforma judicial, según la Agencia EFE.

Antes de la votación, Levin señaló que la ley “reestablecerá el equilibrio entre las autoridades gubernamentales y el respeto a la voluntad de los votantes”.

Sin embargo, según la oposición y buena parte de la sociedad, busca socavar la independencia de la Justicia y la separación de poderes, y representa una “amenaza” para la democracia israelí.

“Nuestra condición principal era proteger la democracia israelí, pero con este Gobierno es imposible llegar a acuerdos que preserven la democracia israelí”, lamentó poco antes de la votación el líder opositor, Yair Lapid, visiblemente enfadado. Después de la votación, informó a través de Twitter que recurrirá ante el Tribunal Supremo “esta legislación perdedora, la cancelación unilateral del carácter democrático del Estado de Israel y la forma antidemocrática y depredadora en que se llevaron a cabo las discusiones en el comité constitucional” de la Knéset.

Por su parte, el presidente israelí, Isaac Herzog, hizo en las últimas horas un nuevo intento de mediación, afirmando que “este es un momento de emergencia. Hay que llegar a un acuerdo”. Herzog se reunió ayer por separado con Netanyahu y con los líderes de la oposición para retomar las negociaciones que empezaron en abril, pero que se rompieron en junio, cuando el Gobierno decidió seguir adelante unilateralmente con la reforma.

Ni siquiera la operación a la que fue sometido Netanyahu, de 73 años, detuvo la votación en la Knéset, pocas horas después de su salida del hospital Sheba, donde estuvo hospitalizado algo más de 24 horas para que le implantaran un marcapasos.

Las protestas continúan

Mientras, en las calles, las protestas no se detuvieron y escalaron este lunes: desde primera hora de la mañana se produjeron altercados frente a la Knéset, donde la policía empleó cañones de agua para dispersar a un grupo que bloqueaba el acceso al edificio y detuvo a una veintena de personas, entre ellas a Moshe Radman, uno de los líderes de las protestas. Los participantes en la sentada se encadenaron entre ellos para que a los antidisturbios les resultara más difícil dispersarlos.

Tras la aprobación de la contestada ley, continuaron las protestas y la policía usó por primera vez cañones de agua pestilente contra los manifestantes anti-reforma en Jerusalén, según constató EFE. Entre gritos de “vergüenza” y consignas de “democracia o rebelión” o “no nos rendiremos”, miles de personas se congregaron en varios puntos de la ciudad y cortaron carreteras.

Los grupos que se oponen a la reforma judicial aseguraron que van a “luchar hasta el final” contra “el Gobierno de destrucción”.

El sábado, más de 550.000 israelíes salieron a las calles para manifestar, mientras unas 20.000 personas recorrieron a pie la distancia desde Tel Aviv a Jerusalén, durante cuatro días, dejando unas imágenes nunca vistas en la corta existencia del Estado de Israel.

Además, más de 10.000 reservistas -incluidos expertos en inteligencia, ciberguerra y miembros de unidades de élite- expresaron su intención de no presentarse voluntarios en caso de necesidad, en protesta contra la reforma, algo inaudito en el país, en el que el Ejército es una de las instituciones más sólidas.

“Hemos actuado para mantener [al Ejército] fuera del debate, pero debido a su intensidad en la sociedad israelí nos involucramos y la cohesión [de las fuerzas armadas] se ha visto perjudicada”, admitió el Jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, en una declaración a las tropas difundida el domingo por medios israelíes y citada por EFE.

Además de los uniformados, los empresarios están también en pie de guerra: un foro que representa a 150 firmas de las más importantes del país y decenas de compañías del sector de la alta tecnología anunciaron que este lunes van a la huelga, para “detener esa legislación unilateral y entablar conversaciones para un acuerdo”, según un comunicado difundido por los medios.

“Debemos llegar a acuerdos que eviten el daño dramático a la economía y la ruptura que está desgarrando la sociedad, desarticulando el Ejército popular y poniendo en peligro la seguridad y el futuro de todos nosotros”, afirmó el foro.

LC

Acorralado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu puede estar a punto de suspender la propuesta de reforma del poder judicial que quería llevar adelante su gobierno de extrema derecha después de que la destitución del ministro de Defensa, que se oponía a la reforma, desatara una noche de protestas multitudinarias a lo largo de todo el país.

Citando fuentes del Likud, el partido de Netanyahu, los medios de comunicación israelíes informaron este lunes que el primer ministro haría un discurso televisado anunciando la paralización de la polémica legislación, que pretende limitar los poderes del Tribunal Supremo israelí.

Poco antes de la hora en que iba a intervenir Netanyahu, la televisión israelí informó de que la declaración, en principio anunciada para las 10.30 de la mañana (hora local), se retrasaría debido al caos que impera dentro de la coalición de gobierno.

La declaración de Netanyahu llegará tras una de las noches más dramáticas de la historia de Israel, con decenas de miles de personas saliendo a la calle en señal de protesta por el despido del ministro de Defensa, Yoav Galant, que el domingo por la noche se había convertido en el primer alto cargo de la coalición en hacer un llamamiento público contra la reforma del poder judicial.

“Por el bien de la unidad del pueblo de Israel, por el bien de la responsabilidad, pido (a Netanyahu) que detenga inmediatamente el proceso legislativo”, escribió en Twitter a primera hora de la mañana el presidente de Israel, Isaac Herzog.

Los partidarios de los cambios, que se quisieron introducir casi inmediatamente después de que en diciembre entrara en funciones el nuevo gobierno, argumentan que la reforma es necesaria para un mejor equilibrio de los poderes del Estado y para combatir la percepción de que las sentencias del tribunal tienen un sesgo de izquierdas. 

Los críticos sostienen que la reforma otorgará demasiado poder a los políticos sobre el poder judicial, al darles una voz decisiva en el nombramiento de los jueces y permitir que una mayoría simple de la Knesset anule casi todas las decisiones del Tribunal. También dicen que podría ayudar a Netanyahu a evitar ser procesado en un juicio por corrupción contra él en el que el primer ministro negó todas las acusaciones.

Sorprendido por la magnitud de la protesta contra la reforma, un movimiento que incluye a opositores dentro del ejército y del crucial sector de alta tecnología israelí, el primer ministro estuvo hablando con la oposición en busca de un acuerdo. Pero hasta ahora parece haber sido rehén de sus socios de extrema derecha, que lideran los planes de reforma y amenazaron con dejar caer al gobierno si no se cumplen sus exigencias.

Para este lunes se esperan huelgas y otra protesta ante el edificio de la Knesset en Jerusalén.

Israel está sumido en su mayor crisis constitucional desde su fundación en 1948 desde que el nuevo gobierno de Benjamín Netanyahu anunciara su plan de reforma judicial, que busca mermar la independencia de la Justicia y aumentar el control del Ejecutivo sobre la misma.

La legislación, cuyos aspectos más polémicos ya avanzan en la Knéset (Parlamento israelí), provocó las mayores protestas de la historia de Israel, con un récord de 650.000 asistentes anoche, después de que Netanyahu cesara al ministro de Defensa, Yoav Gallant, por pedir frenar su tramitación.

El Gobierno alega que el Tribunal Supremo históricamente se inmiscuyó demasiado en asuntos políticos, por lo que es necesario poner un límite a esos poderes; mientras que los detractores de la reforma aducen que un poder judicial independiente es vital para la salud democrática del país, donde los poderes legislativo y ejecutivo suelen fundirse al ser siempre la coalición gobernante quien acapara la mayoría parlamentaria, con poder casi absoluto para imponer leyes.

Elección de los jueces

El comité responsable de recomendar el nombramiento de jueces actualmente está compuesto por nueve miembros, entre jueces en ejercicio, representantes del Colegio de Abogados de Israel, miembros de la Knéset y del gobierno; de forma que se requiere un acuerdo entre todos para elegir a los jueces.

La reforma planteada por el ministro de Justicia, Yariv Levin, busca ampliar a once los miembros del comité y cambiar la composición del comité: tres ministros y tres legisladores de la coalición, además de tres jueces independientes y dos legisladores de la oposición; lo que otorgaría al gobierno una mayoría de seis miembros sobre once.

Esta es la versión suavizada de la ley de selección de jueces, modificada hace una semana, ya que la formulación inicial daba al gobierno una mayoría de siete miembros, con poder absoluto en la elección y destitución de todos los jueces, incluidos los del Supremo. Estaba previsto que se aprobara esta ley en la Knéset esta misma semana.

Revisión judicial

Los cambios propuestos buscan frenar que la Corte Suprema pueda revisar la legislación, incluidas la Ley Básica, cuerpo de leyes con rango constitucional. La reforma busca exigir que la invalidación de cualquier ley requiera el consenso del 80 % del panel de jueces del Supremo, cuando ahora solo es necesaria una mayoría simple.

Este es un punto que incluso algunos detractores de la reforma defienden, ya que muchos opinan que el Supremo tiene demasiado poder para revertir leyes, aunque difieren en la forma y defienden que para la aprobación o modificación de leyes básicas sea preciso más que una mayoría simple en el Parlamento.

Cláusula de anulación

Se trata de uno de los aspectos que más polémica desataron, ya que permitiría que una mayoría parlamentaria simple (61 diputados de 120) puedan anular fallos del Supremo cuando estos impliquen revertir o modificar leyes. 

Los que se oponen a la ley ven esta cláusula como una clara violación de la separación de poderes y la independencia judicial y, por ende, una seria amenaza para la democracia israelí. La propuesta de ley que incluye la cláusula de anulación, que también permite blindar leyes ante su revisión judicial, pasó en primera instancia hace dos semanas y su aprobación definitiva se retrasó para mayo, después del receso parlamentario por la Pascua Judía. 

Asesores legales de los ministerios

La reforma planteada por el Gobierno busca reclasificar los puestos de asesores legales de los ministerios, que hasta ahora eran expertos independientes supervisados por el Ministerio de Justicia, a abogados elegidos políticamente. Además, las opiniones de esos asesores dejarán de ser vinculantes y de obligado cumplimiento. 

De esta forma, los ministros respectivos tendrán control total para elegir y despedir a los asesores, lo que para los detractores de la reforma implica una clara politización de los controles judiciales.

Razonabilidad

La reforma pretender limitar el alcance del concepto de “razonabilidad” por el que los tribunales pueden someter por iniciativa propia a revisión judicial cualquier decisión gubernamental, incluyendo el nombramiento de cargos públicos, en base a si consideran las medidas razonables o irrazonables.

En base a este criterio, el Supremo consideró en enero “irrazonable” el nombramiento como ministro de Interior y Sanidad del líder ultraortodoxo Aryeh Deri, meses después de que este fuera condenado por fraude fiscal y eludiera la cárcel a cambio de un acuerdo de culpabilidad en el que se comprometía a dejar la política.

EFE.

IG

Decenas de miles de israelíes volvieron hoy a manifestarse contra la reforma judicial impulsada por el gobierno derechista de Benjamín Netanyahu, en el marco de un masivo movimiento de protesta que este jueves se extendió al aeropuerto internacional de Ben Gurión y al principal puerto del país en Haifa.

Las protestas contra la polémica iniciativa, que busca otorgar más poder al Ejecutivo en detrimento de la Justicia, se ampliaron este jueves a más frentes, abarcando aire, mar y tierra y en lo que los organizadores describieron como “una jornada de resistencia contra la dictadura”.

Los asistentes se desplegaron desde temprano en distintos puntos del país, incluyendo en el principal puerto mercante, en la ciudad de Haifa, al norte de Israel.

Allí, una flotilla de reservistas de la Marina bloquearon el tráfico marítimo, argumentando que “en una dictadura, el mar está cerrado”, en lo que representa la primera protesta en el mar desde que comenzaran las manifestaciones.

Como ya se ha hecho costumbre desde el inicio de las protestas hace diez semanas, los manifestantes se concentraron en instituciones educativas y políticas en distintas ciudades y bloquearon múltiples carreteras a lo largo y ancho de Israel, incluyendo la arteria principal de Tel Aviv, la autopista Ayalon.

Durante estos cortes, se registraron enfrentamientos con la Policía y al menos 15 manifestantes fueron arrestados.

Tel Aviv, corazón financiero del país, volvió a ser el epicentro de las protestas, que contaron con la presencia ya habitual de grandes grupos de trabajadores de empresas de alta tecnología, a los que se sumaron cientos de activistas LGTBI, quienes alertan desde hace tiempo que la reforma judicial afectará especialmente a las minorías de Israel.

Este jueves, sin embargo, una de las manifestaciones más importantes e inusuales tuvo lugar en el aeropuerto internacional de Ben Gurión, en las afueras de Tel Aviv.

Durante varias horas, un flujo permanente de manifestantes obstaculizó el acceso al aeropuerto con sus vehículos, con el fin de impedir la partida del primer ministro, Benjamín Netanyahu, rumbo a Italia para una visita oficial.

“Tenemos que proteger la democracia aunque tengamos que bloquear todo el país, porque nos negamos a ser ahogados por una dictadura”, dijo Raúl Rodríguez, residente de Tel Aviv de 63 años nacido en Uruguay.

“Queremos que Netanyahu se vaya y no regrese a Israel, aquí nadie lo quiere, solamente la Policía”, agregó, en alusión al juicio por corrupción que enfrenta el mandatario, acusado de fraude, cohecho y abuso de confianza en tres casos distintos.

Debido a las protestas en el aeropuerto, el primer ministro debió acudir en helicóptero para abordar su vuelo rumbo a Roma, donde tiene previsto reunirse con su homóloga italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni.

“Haremos todo lo posible para evitar la interrupción de la vida de los ciudadanos del país y no permitiremos que nadie perturbe la democracia israelí y cancele la decisión de la mayoría”, dijo Netanyahu antes de volar a Italia.

“La cuestión aquí no es la reforma judicial en absoluto. El objetivo aquí es derrocar a un gobierno elegido democráticamente hace apenas unos meses y llevar a cabo nuevas elecciones”, denunció el mandatario, quien antes de despegar mantuvo un encuentro con el secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin.

Austin llegó hoy para una visita oficial y, debido a la gran concentración de manifestantes en carreteras del centro del país, se vio obligado a mantener sus reuniones, con Netanyahu y con el ministro de Defensa, Yoav Galant, en las inmediaciones del aeropuerto.

En sus declaraciones, el primer ministro hizo referencia a las negociaciones con la oposición sobre el texto de la reforma judicial y destacó que “continúan los esfuerzos para tratar de llegar a un entendimiento, pero hasta ahora todos estos esfuerzos se han topado con un rechazo general y total por parte de la oposición y con intentos por sumergir al país en la anarquía”.

El presidente israelí, Isaac Herzog, anunció esta semana que sus intentos de mediación están “más cerca que nunca” de alcanzar un acuerdo que permita llevar a cabo una reforma consensuada, en lugar de la propuesta del gobierno de Netanyahu y sus socios ultrderechistas y ultraortodoxos.

La propuesta original, que continúa avanzando en el Parlamento, incluye proyectos como la denominada “cláusula de anulación”, que permitiría a una mayoría simple de diputados derogar fallos emitidos por el Supremo.

También están incluidas iniciativas que otorgarían al Gobierno control total sobre el nombramiento de los jueces, además de permitir que cargos políticos ocupen los puestos de asesores legales en los ministerios.

Los manifestantes, que cuentan con el apoyo de referentes de la economía, la justicia, la cultura y cada vez más reservistas del Ejército, rechazan esta iniciativa al considerar que erosionaría la separación de poderes y debilitarían las bases de la democracia israelí.

EFE