Invocó sus fueros para negarse a declarar y tuvo el respaldo de los senadores de Santa Fe que por voto de la mayoría impidieron su indagatoria como presunto protector de una red de casinos clandestino extendida en cinco departamentos de la provincia. Cuatro años después, el senador provincial Armando Traferri (peronismo) comparecerá este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario para ser imputado en una causa que implicó a jueces, fiscales, policías retirados y en actividad, operadores políticos y otros legisladores provinciales, aunque el tiempo transcurrido parece desdibujar esa trama.

Traferri atribuyó las acusaciones a una campaña de Marcelo Sain, ministro de Seguridad de la provincia (2019-2021) durante el gobierno de Omar Perotti, y señaló a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery como alfiles de esa supuesta operación. Los fiscales terminaron apartados de la causa, conforme a sus deseos, pero la citación a audiencia proyecta sombras inquietantes. Tanto el senador como su abogado, Oscar Romera, dijeron a elDiarioAR que no harán declaraciones hasta conocer los cargos en su contra.

“Traferri pudo elegir qué fiscales no lo deben imputar, lo cual es una barbaridad. Hay una enorme cantidad de pruebas en su contra. Su tesis es que yo lo armé, pero la causa antecede a mi llegada al ministerio”, dice Marcelo Sain. El exministro se refiere a la investigación iniciada en abril de 2017 por el fiscal Matías Merlo, que puso en la mira de la Justicia al principal protagonista de la historia: el empresario de juego legal e ilegal Leonardo Peiti.

La investigación comenzó por una denuncia del presidente comunal de Hughes, el pueblo natal del gobernador Maximiliano Pullaro. Desde entonces, las declaraciones de Peiti son citadas tanto para acusar a Traferri como para fundamentar la persecución en su contra. El empresario colaboró con la investigación de Schiappa Pietra y Edery como arrepentido y en ese marco reveló encuentros con el senador peronista, el pago de coimas mensuales a los fiscales rosarinos Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad –ambos destituidos–, “atenciones” de pago efectivo para el juez de Reconquista Gonzalo Basualdo –la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó un jury de enjuiciamiento– y el aporte de “algo más de doscientos mil dólares” para la campaña de Perotti en las elecciones de 2019, con la ilusión de obtener el monopolio del juego en la provincia.

Sain no tiene mayores expectativas sobre la citación del martes que firmaron las fiscales Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato. “Creo que va a servir para la impunidad de Traferri. Pero me interesa en función de la causa nuestra”, dice el exministro, que por su parte está imputado como jefe de una asociación ilícita que desarrolló tareas de inteligencia ilegal en la provincia entre 2019 y 2021.

La investigación contra Sain y otros siete exfuncionarios del Ministerio de Seguridad está a cargo de los fiscales santafesinos Ezequiel Hernández y Patricio Grimberg y no registra avances desde el 22 de noviembre de 2022, cuando se realizó la audiencia imputativa en la capital provincial. “La función de esa causa fue sacarme de la provincia y mostrar qué pasa cuando se investigan estructuras de poder en Santa Fe”, dice el también investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El hoy gobernador Pullaro fue uno de los querellantes en la causa, junto con el empresario de medios y turismo Gustavo Scaglione. Los trascendidos constantes a los principales medios de comunicación de la provincia sedimentaron una acusación de espionaje que terminó por imponerse en la difusión pública. Los fiscales Hernández y Grimberg no utilizaron esa calificación en las imputaciones sino la de “acciones de inteligencia ilegal” a través de la recopilación y sistematización de datos sobre dirigentes de la oposición, empresarios, fiscales y periodistas.

“Dos fallos de la Cámara de Apelaciones dicen claramente esto no es ni podría ser espionaje, y si lo fuera debería ser investigado por la Justicia Federal. Esa calificación solamente se entiende a partir de una especulación de impacto periodístico del término”, dice el abogado Juan Lewis, defensor de seis de los acusados, para quien “la fiscalía estuvo y está alineada con Pullaro”.

Ex ministro de Justicia de la provincia, Lewis resalta que los fiscales santafesinos “echaron a correr la calificación de espionaje en trascendidos de los que no se hicieron cargo” y cuestionó la filtración de videos y audios “que no tenían nada que ver” y fortalecieron la condena social. “En esta causa todo se maneja con un secreto inadmisible e inexplicable desde el punto de vista de la publicidad que deberían tener los juicios”, dice el abogado, y de hecho el responsable de prensa de la Fiscalía Regional de Santa Fe, Gustavo Risso Patrón, no contestó los pedidos de información para esta nota.

De amigo a enemigo

Miguel Lifschitz había ganado las elecciones para gobernador de Santa Fe cuando se presentó en la casa de Marcelo Sain y le propuso trabajar en la provincia. El dirigente socialista lo visitó después en la sede de la Escuela Nacional de Inteligencia, esta vez acompañado por un joven diputado provincial al que presentó como su próximo ministro de Seguridad: Maximiliano Pullaro.

Sain llegó así a Santa Fe como director del Organismo de Investigaciones, cargo que obtuvo por concurso y que perdió a continuación de la renuncia al Ministerio de Seguridad. Su gestión provocó resistencias crecientes y sin retorno, que alcanzaron incluso a los dirigentes del peronismo y al resto del gabinete de Perotti: un proyecto de reforma policial quedó huérfano de apoyos y no llegó a tratarse en la legislatura provincial. “Unifiqué a todos en mi contra”, reconoce el ex funcionario.

Autor de estudios que son de referencia en seguridad pública, Sain dedicó un libro a los problemas de la criminalidad de Rosario –Ciudad de pobres corazones (2023)– y prepara otro al que define como “ciencia política en primera persona” y tiene como título La camarilla mafiosa, política y crimen en Santa Fe.

Sain argumenta que la causa por acciones de inteligencia ilegal respondió a “dos investigaciones fuertes” que impulsó como ministro en el ámbito del Servicio Penitenciario de la provincia y la Unidad Regional II, la policía de Rosario. La primera surgió de una denuncia del ex funcionario Luis Enrique Pueyo “por malversación de fondos y acuerdos para ingreso de droga y celulares a las cárceles” y habría afectado al actual ministro de Seguridad, Pablo Coccoccioni; la segunda, también por malversación de fondos, comenzó por una presentación del policía Cristian Güemes y en su desarrollo “estaba siendo investigada la empresa Printing SRL, de Damián Marcelo Pullaro”, uno de los hermanos del gobernador de Santa Fe.

En enero de 2020 el asesinato del contador Enrique Encino en el Casino City Center de Rosario derivó inesperadamente en la causa por juego clandestino que llevaron adelante los fiscales Schiappa Pietra y Edery y por la cual esperan juicio el ex fiscal Serjal y Nelson Ugolini, empleado judicial por otra parte imputado como integrante de una banda de estafadores. “Nadie armó nada ni hubo una orden de Perotti, una cosa llevó a la otra hasta llegar a Traferri”, afirma Sain.

“La queja que tenía Perotti con esa causa era la que tenían todos en su gobierno. En el peronismo me reprochaban que los fiscales iban contra Traferri pero no contra Pullaro. Los testimonios de Peiti y de Ponce Asahad fueron también contundentes contra el ex jefe de la Policía de Investigaciones de Pullaro, Daniel Corbellini, pero no se avanzó en esa línea”, recuerda Sain.

“Si yo hubiera manejado la causa, hoy Corbellini estaría imputado. Lo que sí, y si me llaman a testimonial lo voy a decir, es que los fiscales se respaldaron en mí no solamente para que yo los ayudara a través del Ministerio y financiara la investigación”, agrega el exministro, que renunció después de que Perotti le impidió asistir a una interpelación en la Legislatura provincial. Sain define al ex gobernador y actual diputado provincial como “un tipo mediocre que no tuvo una estrategia política”: elegido con la promesa de llevar “paz y orden” a la provincia, Peroti terminó su gobierno con los peores índices de homicidios dolosos de la última década y el eslogan de “cortar los vínculos de la política con el delito” quedó en el vacío.

El cristal con que se mira

Sain destaca a Pullaro como “el político más audaz e importante de Santa Fe”, señala –aunque no necesariamente como una crítica– que “logró el control del Ministerio Público de la Acusación” y le adjudica empujar la renuncia de María Eugenia Iribarren como fiscal regional de Rosario, en agosto pasado. El gobernador, además, “tiene una prensa adicta en la provincia”.

Las estadísticas sobre homicidios en Santa Fe muestran un contraste impactante entre el gobierno anterior y el actual: entre enero y fines de septiembre de 2023 hubo 302 crímenes en la provincia, mientras en el mismo período del año en curso se registraron 132. Es además la cifra más baja de la última década. Voceros del Ministerio de Seguridad atribuyen la merma a un conjunto de factores: la concentración de fuerzas federales e intervenciones focalizadas en zonas calientes de Rosario; el endurecimiento de las condiciones de detención en las cárceles; y el incremento de la presencia policial en la calle, con la recomposición de una flota de patrulleros que estaba en ruinas.

Sain y voceros de la oposición en la provincia agregan en cambio otro factor como determinante: un supuesto acuerdo entre sectores de la policía santafesina y bandas criminales. “No hay ninguna política que logre semejante descenso de los crímenes en tan poco tiempo –enfatiza el exministro–. El mercado de la droga sigue en expansión. La razón fundamental de la caída de los homicidios tiene que ver no con los homicidios interpersonales en la provincia sino con el gatillo en Rosario. Alguien dio la orden de que las bandas dejen de gatillar”.

“No lo veo a Pullaro en una situación tan cómoda –agrega Sain–. Hay que ver qué pasa a partir del asesinato de Samuel Medina [yerno de Ariel ”Guille“ Cantero, el referente de la banda Los Monos, acribillado el martes pasado en la zona norte de Rosario]. Esto lo digo por experiencia: dentro del Ministerio Público de la Acusación o de la Justicia Federal ya deben tener audios donde se ventile el acuerdo con los narcos, porque todo se escucha y se graba”.

Además del crimen de Medina otros episodios resquebrajan la imagen de la seguridad pública en Santa Fe: el asesinato del subinspector Andrés Farías, en un asalto tipo comando; la captura por orden de la Justicia Federal de siete integrantes de la Policía de Acción Táctica, acusados de robar 15 kilos de cocaína y 50 mil dólares en un operativo ilegal; la investigación contra jefes antinarcóticos del departamento Las Colonias por organizar una red de narcomenudeo. Mañana se verá si la citación del senador Armando Traferri introduce otra fisura en ese cuadro.

OA/MG

A partir de 2010, al compás de la expansión significativa del mercado de drogas local, el narcotráfico en Rosario adquirió ribetes y tendencias específicas. Si se lo contrasta con la mayoría de las grandes urbes argentinas en las que se produjo un significativo crecimiento y transformación de este fenómeno criminal, la experiencia rosarina ha constituido una anomalía fenoménica cuya rareza estuvo dada por dos aspectos estructurantes del emprendimiento delictivo. Por un lado, la reformulación de la relación del narcotráfico con el Estado y, en su marco, el quiebre de la regulación ilegal de la policía y la visibilización del consentimiento judicial y político a esa “gobernabilidad” del crimen. Por otro lado, a partir de aquello, llamativa fragmentación criminal resultante de la multiplicación de numerosos grupos y pandillas volcadas a copar una porción menor de ese mercado, sin destrezas de negociación y sin vocación para establecer pactos de convivencia y con una tendencia casi natural a imponerse y controlar sus emprendimientos mediante la violencia letal, la que se fue proyectando en el tiempo como una práctica fundamental de reproducción del negocio y del control del territorio en el que el narcotráfico se ha desenvuelto.

Este proceso histórico estuvo tallado por la conformación de dos grandes “asociaciones” criminales cuyas relaciones y conflictos marcaron la dinámica de la expansión y consolidación del mercado de drogas rosarino: Los Monos, conformados en torno de la familia Cantero, y el clan Alvarado, liderado por Esteban Lindor Alvarado, heredero de Luis Medina en el palo del narco.

Estado y crimen

En Rosario, el problema no es el crimen sino el Estado o, mejor, la camándula político-judicial que se apropió de él en función de preservar un orden conservador, de ribetes feudales, con áreas clandestinas notables y connivente con los delitos de sangre, en particular, con el narcotráfico... o con el dinero generado por este.

Hace un tiempo, sostuve que en la Argentina “el narcotráfico está estatizado o, dicho de otra manera, es regulado estatalmente”, dado que no había “emprendimiento criminal abocado al narcotráfico que no [tuviera] al menos algún grado de protección o cobertura policial, o en el que la policía no [participara] como un actor central”. Y señalé que la cobertura estatal no terminaba en la policía, sino que también contaba con la política, ya que aquel contubernio policial-criminal tenía “el consentimiento –directo o indirecto, activo o latente– de los diferentes gobiernos políticos, de derecha o de izquierda, en la medida en que eso les asegure una gobernabilidad serena, calma y sin sobresaltos, que no cuestione de manera radical los intrincados sistemas de la seguridad”.

En verdad, el abordaje estatal del narcotráfico nunca apuntó a su conjuración mediante estrategias de prevención o persecución eficientes, sino a su conversión en un asunto políticamente tolerable, sin escándalos, exento de problemas y libre de situaciones críticas para los gobiernos y para los dirigentes. Y ello sólo se podía garantizar si el emprendimiento narco-estatal se mantenía oculto, clandestino, soterrado para la sociedad, los medios de comunicación y la justicia penal, lo que, por su parte, podía asegurarse de una sola manera: la ausencia de violencias que le pusieran luz al crimen “ordenado” estatalmente. En concreto, la regulación estatal del narco era posible si éste se desenvolvía sin violencias sistemáticas y sin hechos estridentes.

En la Argentina, no hay otros casos de gobierno criminal sobre la policía como en Rosario

La anomalía rosarina

Pero “no todos los cisnes son blancos”. Rosario no lo es. En materia criminal, Rosario es una anomalía en varios aspectos. Primero, es el único caso en nuestro país en el que las bandas criminales de mayor envergadura dominan y conducen sectores policiales que prestan sumisión a sus líderes y operan para ellos. En la Argentina, no hay otros casos de gobierno criminal sobre la policía como en Rosario. Segundo, la violencia letal constituye una práctica estructurante y legitimante de las actividades delictivas desplegadas por esas grandes bandas criminales. No hay otro caso en el que esa vorágine de muerte no sólo no puso en jaque a las organizaciones gatilleras sino, más bien, favoreció su crecimiento y consolidación. Tercero, nunca en nuestro país una pandilla criminal atacó de forma persistente a balazos a funcionarios y sedes judiciales y, más allá de las condenas judiciales que derivaron de ello, salió airosa, se diversificó y se reconvirtió. Cuarto, es el único caso en el que la política y los sucesivos gobiernos provinciales entraron en estado de shock ante el activismo criminal, sumiéndose en una perturbación irreflexiva y de atontamiento que condujo a la negación del problema y a la inacción política e institucional. Quinto, no hay otro caso en el que el fastuoso dinero generado por los plebeyos criminales de las periferias es receptado y gerenciado con desparpajo por financistas, emprendedores, empresarios e inversores “honestos”, de renombre y políticamente influyentes, sin ruborizarse. Y, finalmente, es el único caso en el que la soledad social y el abandono político e institucional rodean a los pocos y “rarísimos” fiscales, jueces, funcionarios y policías que enfrentan a las grandes bandas criminales, en medio de una sociedad sumisa y temblorosa que consiente lo malo haciéndose la distraída con prestancia.

Ahora bien, ¿por qué en Rosario el entramado narco se produce y reproduce de forma extraordinaria a través de la violencia letal, que es favorecida por un Estado cómplice?

La violencia narco rosarina está determinada por dos fenómenos concomitantes. Por un lado, el quiebre -y, por ende, ausencia- de la regulación ilegal del emprendimiento narco local por parte de la policía, con el sostenimiento del aparato judicial y de los sucesivos gobiernos políticos. Por otro lado, la fragmentación criminal signada por la proliferación de grupos delictivos rústicos, con baja capacidad de gerencia de los territorios y extremadamente violentos. Sin potestad estatal -legal e ilegal- y sin un gobierno criminal dominante, la violencia caracterizó el juego en torno del negocio económico más rentable y de mayor crecimiento de la ciudad: la venta de drogas.

Quiebre de la regulación policial.

En Santa Fe y, particularmente, en Rosario, existe un Estado con un bajísimo grado de cohesión institucional, particularmente, en su sistema de seguridad y penal. Y la manifestación más elocuente de ello ha sido el agrietamiento y quiebre de la regulación policial del negocio narco. No sólo se quebrantó la regulación ilegal de la policía sino también el control y regulación legal del crimen por parte de ésta, como consecuencia de la paulatina pérdida de la capacidad de vigilancia y seguridad del territorio y la población por parte de las unidades policiales del lugar, es decir, de la gobernabilidad de la circulación de personas y mercancías en el espacio social y de la “aplicación” de la ley o de la “abstención” premeditada en el mismo. La dilución de la policía como actor dominante y regulatorio del mundillo criminal dejó desguarnecidos a los gobernantes que habían pactado históricamente con esa policía para que garantizaran una gobernabilidad tranquila del crimen.

Esto se inscribió en un proceso de mayor envergadura asentado en cuatro procesos simultáneos y concomitantes. Primero, una abierta disputa entre diferentes sectores internos de la policía rosarina por el “control” del negocio narco y de la apropiación del dinero allí generado, sin que intervenga una autoridad -policial o política- superior que garantizara unidad y cohesión en la institución. Segundo, el deterioro crónico de la capacidad institucional de los altos mandos policiales -también de los mandos medios- para imponer en la policía un orden institucional interno o para evitar una crónica segmentación horizontal y vertical, así como para “controlar la calle”, esto es, para constituirse y perpetuarse como la “autoridad superior del territorio”, por las buenas o por las malas. De la mitad para arriba, la policía se fue conformando como una “estudiantina” de pares, con oficiales sin vocación por el trabajo policial, administrativizados y esperando la jubilación prematura a mitad de su vida biológica. Tercero, el enflaquecimiento de la persecución penal a partir de la implementación de la reforma procesal penal sin planificación y sobre la base de una fuerte partidización política, que dio lugar, entre otras cosas, a la integración del nuevo “Ministerio Público de la Acusación” con fiscales mayormente inexpertos -y, en ciertos casos, incompetentes- para afrontar una criminalidad compleja y estatalmente regulada, lo que, además, dejó a la policía sin “brújula” judicial. Y, por último, una clase política y gubernamental impávida y con ataques de pánico ante la transformación del mundo criminal y la emergencia de situaciones de crisis política que cercenaron su “prestigio”, sus gestiones, sus candidaturas y su estabilidad política. Y “naturalmente” volcada a darle “todo” el poder institucional a la policía para que “maneje” la calle y, si fuera necesario, que lo haga ilegalmente, siempre que garantice un control efectivo de esas cuestiones extrañas, desconocidas, inasibles pero percibidas como peligrosas: el crimen en crecimiento y la inseguridad. Es decir, pactando con “la gorra” e, indirectamente, con el crimen.

Cada instancia estatal del sistema de seguridad y penal santafecino ha hecho su propio “juego” institucional independientemente de los otros actores del sistema, con la intención fundamental de no “pagar” costos por el desmadre causado por la alta violencia criminal y buscando la des-responsabilización permanente de los asuntos. Para los gobiernos políticos, el problema es de los fiscales que no investigan y del gobierno nacional que no interviene en causas que son de jurisdicción “federal”. Para el Ministerio Público de la Acusación, el problema es la policía corrupta y que no sabe investigar, así como de la falta de provisión de medios por parte del Poder Ejecutivo. Y para la policía, el problema es el gobierno que la “maniata”, no le brinda “apoyo político” y no le entrega los recursos indispensables para trabajar.

Todo esto configura una institucionalidad fragmentada -sin cohesión- que no sólo resulta incompetente para controlar legalmente la criminalidad y, fundamentalmente, la violencia letal asociada a ella, sino también para regular ilegalmente al crimen. Sin dudas, como señala María Ángela Durán-Martínez, “los Estados moldean la actividad criminal tanto regulándola de manera informal como interviniendo directamente en controlar el crimen”, y “la forma en que un Estado moldea el crimen no sólo es fruto de proteger o combatir a los criminales, o de su decisión sobre cómo combatirlos y diseñar intervenciones contra ellos, sino también de las relaciones de poder que subyacen a tales decisiones”. Dicho de otro modo: para controlar o para regular se necesita un Estado cohesionado y con poder.

Fragmentación criminal y violencia constructiva

Al amparo de la “licuación” del Estado, el mercado ilegal de drogas rosarino se conformó en un escenario de fragmentación criminal caracterizado por la proliferación de numerosos grupos y pandillas volcadas a copar una porción menor de ese mercado, sin destrezas de negociación y sin vocación para establecer pactos de convivencia y, como se dijo, con una tendencia casi natural a imponerse y controlar sus emprendimientos mediante la violencia letal. Todo ello apuntalado por la inusitada magnitud de la rentabilidad del negocio narco en expansión, la que, lejos de persuadir a la mayoría de los grupos y grupitos delictivos de la necesidad de afianzar ese atractivo mercado ilegal de forma concertada y “en paz”, volcó a éstos a la conformación de estructuras armadas y dispositivos sicariales, y a gestionar sus actividades de manera violenta.

El enfrentamiento armado constante entre Los Monos y Alvarado, contrincantes de alto porte, estuvo contorneado, además, por los atritos violentos protagonizados por numerosos grupitos y banditas menores, de envergadura barrial pero muy belicosas, algunas “satelitales” de los grandes contendientes, otra más o menos independientes de ellas. Estas tramas complejas contribuyeron a conformar un escenario de violencia “desbordada” que ponderó el desmadre estatal en el abordaje de ésta.

Las componendas narcos en Rosario estuvieron -y están- signadas por todo tipo de violencias: las amenazas, las extorsiones, las lesiones graves, las coacciones, los secuestros y los asesinatos, que sirven para imponer dominios, reclamar prestigio, construir autoridad, ejecutar venganzas, imponer acciones retributivas, mostrar fortaleza material, extraer o proteger recursos, ganar o asegurar espacios o territorios, cobrar deudas, evitar disidencias y secesiones, llevar a cabo amenazas y amedrentamientos.

Pero lo singular es que, pese a la persistencia y la grandilocuencia de esa violencia criminal, los emprendimientos narcos se perpetuaron en el tiempo y, en la mayoría de los casos, se expandieron y consolidaron. En general, los hechos de violencia cuando son sistemáticos, recurrentes y ampliamente difundidos ponen en jaque el negocio criminal, particularmente, aquellos articulados sobre la base de mercados ilegales, porque visibilizan las tramas del emprendimiento criminal, los lazos de connivencia con la policía, las omisiones y complicidades judiciales y políticas, y porque significan un fuerte revés a la imagen y estabilidad de las estructuras gubernamentales en su deber de imponer reglas y hacerlas cumplir. Pero esto no ocurrió en Rosario. Al contrario, la violencia se fue instalando y legitimando como una práctica esencial de las organizaciones criminales no sólo para afrontar atritos en el propio mundo criminal sino también para presionar al gobierno y a los poderes públicos, configurando una suerte de violencia constructiva.

¿Y entonces?

En Santa Fe y, en particular, en Rosario -aunque los lugareños digan lo contrario-, prima una cultura política y social extremadamente conservadora y muy poco cosmopolita, que es incapaz de dar cuenta de la complejidad que tiene la problemática del narcotráfico y de reconocer un supuesto insuperable para su control: el narcotráfico no va a acabar. Entre otras cosas, en los últimos años los niveles de consumo de drogas ilegales se han incrementado notablemente y los mercados en los que esas drogas se comercializan se han expandido y diversificado por producto, calidad, precio y actores. Además, esa expansión y, con ello, el crecimiento estrepitoso de su rentabilidad alentó a la camarilla política gobernante -y a sus aliados económicos- a gerenciarla: se han lanzado sin sofoco por la apropiación de los morlacos del narcotráfico y los han invertido junto con los de otras economías negras en los circuitos “legales”.

El problema no son las drogas sino el crimen y, en particular, la violencia criminal. Por lo tanto, digámoslo de una vez y sin rodeos: el propósito estratégico de una política de seguridad “responsable” no es erradicar el tráfico de drogas sino minimizar, disminuir y restringir las violencias criminales y, en particular, la presencia y las acciones armadas de las organizaciones criminales.

El crecimiento estrepitoso de su rentabilidad alentó a la camarilla política gobernante -y a sus aliados económicos- a gerenciarla

Ahora bien, dado que resulta impensable iniciar en lo inmediato un debate responsable acerca de la posibilidad de formular y seguir una estrategia de regulación o legalización de las drogas, cualquier acción de control del crimen debería apuntar a gerenciarlo, a controlarlo sobre la base de una premisa y varios objetivos:

En cualquier caso, todo esto requiere de un Estado fuerte que cuente con una significativa destreza de regulación legal del crimen y, por ende, que no exista grupo o banda criminal con capacidad de imponerse o perpetuar acciones de contestación armada persistentes. Ese Estado tiene que contar, al menos en materia de seguridad, con un cuadro de situación adecuado de las problemáticas del narcotráfico en cuanto a su fenomenología, condiciones de tiempo y espacio, actores y relaciones, prácticas y economías, así como con un dispositivo policial robusto en materia de producción de inteligencia criminal, de capacidades investigativas y de acción operacional y de tecnologías aplicadas a las investigaciones de la criminalidad compleja.

Hoy, en Rosario, esto es un sueño.

MS/CC