No comete crímenes espectaculares ni amenazaría a un gobernador. Tampoco aparece entre las preocupaciones de la ciudadanía. Su rostro visible son comerciantes y empresarios que se enriquecen de manera sostenida y sin llamar la atención. Es el verdadero crimen organizado que atraviesa a Rosario: los grupos que utilizan a la ciudad como puerto de embarque para el tráfico internacional de cocaína.

“No podemos entender lo que pasa en Rosario si no profundizamos en su ubicación dentro del comercio trasnacional de estupefacientes”, advierte el fiscal federal Federico Reynares Solari. El año 2023 concluyó para la Justicia Federal con lo que sería la punta de un iceberg desconocido: las condenas contra ocho personas que prepararon el envío de 1658 kilos de cocaína con destino a Dubai.

Gabriel Andrés Nicolau, identificado como el enlace en el país de un grupo colombiano, fue condenado a 12 años de prisión. José Damián Sofía, encargado para el caso de introducir la cocaína en el puerto de Rosario, recibió una pena de 11 años de prisión. Los dos eran investigados por la Policía Federal en el contexto de otras causas y el seguimiento condujo al secuestro de la cocaína en un galpón del barrio Empalme Graneros el 28 de agosto de 2022.

“Las penas más altas les hubieran correspondido a los colombianos que encargaron y financiaron la operación. Terminamos juzgando partícipes importantes, pero de menor nivel”, se lamenta Reynares Solari. Se trata de Gabriel Londoño Rojas y Arturo Ramírez Duque, detenidos en Emiratos Árabes y en España respectivamente y a la espera de su extradición, y de Newson Sabogal, prófugo. El fiscal agrega que el trío “tampoco es la cúspide de la organización, en todo caso son los que dirigieron esta operación puntual”.

El punto de partida fue un aviso de la DEA a la División Operaciones Federales sobre el ingreso al país de Londoño Rojas a principios de 2022. El colombiano llegó en compañía de Sabogal y se reunió con Nicolau, a quien los policías comenzaron a seguir con un rastreador colocado en su vehículo. En julio de 2022 arribó Ramírez Duque, quien se alojó en el Hotel Libertador, el mismo que hospedó al presidente Javier Milei.

Ramírez Duque hizo el control de calidad sobre la preparación de la cocaína, introducida dentro de un cargamento de pellets de maíz, y siguió viaje hacia Bolivia. En la jerga del ambiente se llama ingeniero al que cumple la función de acondicionar la droga. Otro término específico, prestador de salida, se aplica a Sofía: “se le dice a aquella persona que puede tener los mecanismos para sacar droga por los distintos puertos, y que prestan servicio a las organizaciones narcocriminales de carácter transnacional”, según Reynares Solari.

Apodado el Tano, Sofía tiene entre sus antecedentes una causa por amenazas contra la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Bajo la fachada de una empresa constituida para tal fin, el grupo había realizado una exportación legítima de pellet de maíz dirigida a Agrícola Beniel, una empresa con sede en la ciudad de Murcia e investigada por la justicia española. El producto en cuestión no puede ser inspeccionado por perros porque es alimento balanceado ni controlado con escáneres y el envío apuntó a testear los controles de Aduana.

El Juzgado Federal de Campana ordenó los allanamientos porque la operación pareció entrar en una fase indefinida ante un contratiempo: el cargamento que había abierto la ruta llegó putrefacto a España. Una pareja fue además observada mientras merodeaba el galpón de Empalme Graneros con aparentes intenciones de robo.

Sofía precisó en conversaciones telefónicas cuál era el depósito fiscal en el que debía ingresar el cargamento y la terminal de contenedores que procesaría el despacho. Pero las conexiones de la organización dentro del puerto de Rosario –que se consideran indispensables- no fueron determinadas en la investigación. Dos camioneros y dos operarios del puerto afrontan otra causa que instruye la Justicia Federal de Rosario por los cargamentos de cocaína que fueron detectados en los puertos de Rotterdam y Santos.

“La gran pregunta es por qué ellos vienen a Rosario”, destaca Reynares Solari. “Una organización de este tipo evalúa dónde y en qué momento resulta más fácil sacar un cargamento. A partir de ahí toman decisiones”. Para el fiscal el contexto para responder el interrogante está en una casualidad que se repite. “Salvo este caso –dice-, ninguno de los contrabandos de estupefacientes que tocaron Rosario fueron descubiertos en el puerto local sino en lugares de tránsito o de destino: Santos, Rotterdam, Melbourne, Newcastle. Es sospechoso. Hay demasiados indicios que convergen en un mismo punto: falta un trabajo de investigación del Estado en general”.

Lejos del narcomenudeo

El 24 de agosto de 2020 dos personas murieron y otra sufrió graves heridas al volcar con una camioneta en un camino rural cerca de Cañada de Gómez, cuando trataban de escapar de un operativo de Gendarmería Nacional. Los datos de los teléfonos secuestrados en la ocasión impulsaron una investigación previa y llevaron a lo que se llamó Cosecha blanca, un operativo que comprendió 37 allanamientos de domicilios y empresas de Rosario y otras localidades del sur de Santa Fe que se realizaron entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre pasado.

La investigación del juez federal Carlos Vera Barros se refiere a transportes de cocaína en avionetas que viajan desde Bolivia hasta el sur de Santa Fe y a la distribución de la droga en el mercado europeo. Entre los catorce detenidos se cuentan un ingeniero aeronáutico, dos pilotos y un mecánico, todos de nacionalidad colombiana, apresados en un club de campo de la localidad de Oliveros con dos aviones Beechcraft Baron. Los jefes –un clan familiar de cuatro personas– están prófugos.

Después de los allanamientos, entre el 4 y el 6 noviembre, 137 kilos de cocaína fueron hallados a la deriva en tres sectores del río Paraná, en Rosario, Arroyo Seco y Pueblo Esther. Los paquetes tenían sellos de helicópteros, embarcaciones y de Tony Montana, el personaje de Al Pacino en la película Scarface devenido en icono de la cultura narco. Se investiga si fueron descartados por los operativos previos.

Si la asociación de los colombianos con Nicolau aparece como eventual, en este caso asoma una organización con una actividad sostenida en el tiempo y con inversiones diversificadas para introducir las ganancias en la economía formal: una planta de biodiesel, empresas de taxis y remises, negocios inmobiliarios, un corralón de materiales para la construcción, una productora de espectáculos, alquiler de autos, cocheras y galpones, dos bares y dos franquicias de Vórterix. También una empresa que comercializaba agroquímicos y granos y funcionó como pantalla para comprar las avionetas.

La organización no abastecía a las redes de microtráfico que convulsionan a Rosario y preocupan a las autoridades provinciales. Otro grupo encabezado por Norberto Carlos Derminio y al que la Justicia Federal le confiscó dos millones de dólares siguió la misma estrategia y a fines de diciembre fue acusado por 146 operaciones de lavado de dinero en el transcurso de la última década.

Derminio y su padre Juan Norberto, también acusado en la causa, habían sido detenidos en 2009 en una cocina de cocaína montada en Villa Gobernador Gálvez. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, lavaron fondos provenientes del narcotráfico y el contrabando de ropa y cigarrillos junto a otras seis personas. La ropa circulaba al por mayor y al por menor en negocios de la zona oeste de Rosario.

También está involucrado el propietario de una empresa de transporte de cargas con sedes en Santa Fe, Santiago del Estero y Salta, quien sufrió dos balaceras en su casa de la localidad de Álvarez después de obtener la libertad condicional. Las operaciones de lavado se concretaron a través de la compraventa de automotores (94 casos), inmuebles (33) y embarcaciones (4).

Estas organizaciones estables, de bajo perfil e integradas a la economía formal contrastan con la atomización de las redes de narcomenudeo y su marginalidad respecto al circuito financiero. Según una definición del fiscal provincial Pablo Socca, “a un preso le alcanza con tener un celular y un soldadito en la calle para realizar una extorsión”. La composición de estas redes es ocasional y hasta ahora inmune al encarcelamiento, tanto porque la prisión funciona como un sitio de planificación criminal como por las posibilidades de reclutamiento que según el ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni ahora se extienden a menores de 12, 13 y 14 años.

La vinculación con el narcomenudeo implica para las organizaciones trasnacionales desventajas tanto en términos de seguridad como de negocios, un nivel de exposición más alto y menor complejidad en las actividades financieras. Un triple crimen en la localidad de Ibarlucea, el 29 de enero de 2022, perpetrado para mayor conmoción al finalizar una fiesta de casamiento, terminó por descubrir una red de importación de cocaína de Bolivia y exportación hacia el mercado europeo coordinada por Fabián Gustavo Pelozo. La droga provenía de Javier Adalid Gravier Ruiz, un narco boliviano detenido en Brasil.

A buen puerto

“Rosario tiene una tasa de homicidios que multiplica por cinco la tasa nacional de homicidios. El punto que lo diferencia de otras grandes ciudades del país es su lugar en una ruta de comercio internacional”, insiste el fiscal Reynares Solari.

No obstante, en su última visita a Rosario la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se expresó claramente ante los funcionarios de la Justicia Federal: la prioridad del gobierno nacional es el combate contra el narcomenudeo, asociado a la violencia que en 2023 registró 259 homicidios en el departamento, 22 cada 100 mil habitantes.

Bullrich estuvo en Rosario el 18 de diciembre para el lanzamiento del Plan Bandera, anunciado como un programa de “seguridad, orden y paz” para “los argentinos de bien”. El 4 de abril se cumplirán diez años del primer envío de fuerzas federales a la ciudad con objetivos que no eran diferentes de los actuales; en aquel momento Sergio Berni encabezó un arribo de 2500 gendarmes que pretendió tomar por sorpresa objetivos vinculados con la venta de drogas y terminó en un bluff por infidencias de la policía provincial a los narcos.

“El micro tráfico y la violencia asociada ya están contadas. El sistema –el federal, por lo menos– todavía no contó en cambio a Rosario como un punto en el comercio internacional ni siguió cómo circula en la región el dinero que produce el narcotráfico”, dice Reynares Solari.

La adhesión de la provincia de Santa Fe a la ley de desfederalización de estupefacientes –una de las que integra un paquete de leyes impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro– cambia el escenario según el fiscal: “La Justicia Federal ha estado formateada para hacer causas de narcomenudeo. Ahora no hay más excusas para no investigar al macro tráfico. La decisión del gobierno provincial obliga a levantar la mirada”.

El diputado provincial Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) publica desde 2016 un anuario que actualiza “la geografía narco” en la provincia y cree que “bajo ningún punto de vista” la Justicia está en mejores condiciones de funcionamiento. “La ley de narcomenudeo sirve para ordenar las cajas negras de la policía y es además un instrumento de control social. Por arriba seguirá el negocio”, afirma.

Con mayoría del gobierno provincial en ambas cámaras y mientras el peronismo no se repone de la derrota electoral, Del Frade es una de las pocas voces críticas del nuevo orden en Santa Fe, “que empobrece al Ministerio Público de la Acusación y empodera a una policía que es parte del problema”. La Policía de Investigaciones, ahora relanzada para perseguir al narcomenudeo, tiene antecedentes por haber contribuido a la banda de Esteban Alvarado y por protección al juego clandestino.

“Nos encontramos ante una operación compleja, con actores altamente especializados en la materia que utilizaban nombres falsos y aplicaciones para encriptar las conversaciones, con contactos dentro del puerto”, resumió el fiscal Reynares Solari durante su alegato contra el grupo encabezado por Nicolau y Sofía. La última parte de la frase apunta al corazón del iceberg en Rosario.

En los papeles del Poder Judicial, el derrotero de E. se inaugura el 15 de julio de 2019, cerca de la Avenida General Paz, cuando fue encontrada con drogas para vender. Pero su ruta de vida empieza mucho antes. Posiblemente, uno de los hitos que permite reconstruir su historia sea cuando tenía 11 años y comenzó a drogarse. Antes, a sus 10, su mamá se había ido de Argentina y ella quedó a cargo de su hermana. Retrocediendo aún más en el tiempo, cuando tenía 5, su padre la abandonó y, desde entonces, se vio inmersa en una situación de pobreza estructural, violencias y exclusión social que no se modificó con el correr de los años: a los 17 quedó embarazada de su primer hijo —hoy tiene siete—, dejó la escuela y empezó a buscar métodos para subsistir. 

Pero lo que importa en los papeles del Poder Judicial es que una noche, cerca de la Avenida General Paz, cuando fue encontrada con “estupefacientes con fines de comercialización”. E. cometió un delito y eso la lleva a ser una de las 1363 mujeres detenidas por transgresión a la ley N° 27.737 (o ley de estupefacientes), sobre un total de 3998, de acuerdo al informe de 2021 del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (SNEEP). Los datos son los últimos disponibles ya que recién entre agosto y septiembre de este año se conocerán los de 2022. La cifra muestra una realidad que se repite año: la venta de drogas es la principal causa de detención de las mujeres.

Si bien los problemas siempre son multicausales, es posible trazar varios puntos en común entre la gran mayoría de ellas: suelen estar atravesadas por situaciones de vulnerabilidad económica y social, son jefas de hogar y están al cuidado de hijos o de otras personas de su familia y, en algunos casos, sufren o sufrieron violencia por parte de un varón. Esta fue la tendencia que observaron desde el Ministerio Público Fiscal de CABA a través de informes realizados por áreas técnicas que incluyen a trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras, abogados y antropólogos cuando empezaron a asistir y a defender a mujeres acusadas en delitos vinculados a drogas. El crecimiento del caudal de causas de este estilo que recibían les llamó la atención y comprendieron que había cuestiones de género que no podían omitirse en el proceso judicial. 

Si yo dicto la misma medida o promuevo la misma defensa entre hombres y mujeres, en realidad no es una decisión justa porque no están en igualdad de condiciones. Lo que debería proporcionarnos la perspectiva de género es igualdad de condiciones

Vanesa Ferrazzuolo — Secretaria General de Asistencia a la Defensa de la Ciudad

“Lo que tiene que permitir la perspectiva de género es revisar un caso con una mirada particular. Esta mirada tiene que estar compuesta de qué le pasa a determinado colectivo en determinadas circunstancias. Si yo dicto la misma medida o promuevo la misma defensa o hago las mismas tareas de investigación entre hombres y mujeres, en realidad no es una decisión justa porque no están en igualdad de condiciones. Lo que debería proporcionarnos la perspectiva de género es igualdad de condiciones para que la medida abocada a un caso concreto sea justa para ese individuo”, explica Vanesa Ferrazzuolo, Secretaria General de Asistencia a la Defensa y quien participó de la producción del informe “Mujeres acusadas. Defensa penal pública con perspectiva de género en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En esa línea, agrega: “Es decir, hay hechos que se imputan que son un delito, pero mirarlos con perspectiva de género no implica despenalizar una conducta: implica que las variables de análisis sean más específicas e intenten ser más justas”. 

¿Delito patriarcal?

Si bien en la población total de personas privadas de la libertad los delitos de drogas representan el 11% de los casos, ese porcentaje aumenta al 34% cuando se observa sólo a las mujeres. A esto se suma que, mientras que es la primera causa de encarcelamiento para ellas; en los varones es la cuarta causa.

Los delitos de drogas representan el 11% de la población carcelaria, ese porcentaje aumenta al 34% cuando se observa sólo a las mujeres. A esto se suma que, mientras que es la primera causa de encarcelamiento para ellas; en los varones es la cuarta

Florencia Vissicchio, licenciada en Psicología, magíster en Psicología Social Comunitaria, diplomada en Políticas de Drogas, Salud y Derechos Humanos y autora del libro “Historias de vida de mujeres encarceladas. Delitos de drogas, criminalización y patriarcado”, analiza: “Las explicaciones del fenómeno son multicausales, y varían según las formas del involucramiento. Los contextos de vulnerabilidad y violencias por motivos de género atraviesan casi todos los casos, pero también la feminización de la pobreza, los roles y tareas de cuidado socialmente asignados a las feminidades, la idealización de las maternidades en la sociedad occidental, las formas que adquieren los vínculos amorosos y los mandatos del amor romántico, son factores que también están presentes a la hora de explicar por qué se involucran. Ser mujer, ser pobre y tener hijxs a cargo expone a las mujeres a situaciones de extrema vulnerabilidad, necesidad, y desesperación. Ese es uno de los principales motivos por los que las mujeres acceden a esos trabajos, aún cuando conocen los riesgos. Las organizaciones delictivas sacan provecho de eso, por lo que es un rasgo que podría pensarse que las hace ‘elegibles’”.

Así, asumen tareas dentro del narcotráfico como el traslado o venta a microescala, actividades no violentas y redituables que les permiten sostener un hogar y sostener también las labores que tienen que hacer en él; o terminan implicadas por coerción, en casos en donde se prueba que son víctimas de violencia de género; o, incluso, se convierten en lo que se denominó “mujeres de las circunstancias”. Es decir, mujeres que terminan imputadas por tenencia para comercialización de estupefacientes por el solo hecho de estar en el contexto en el que se producen estos delitos.

Ese fue el caso de dos mujeres detenidas en el barrio 21-24, luego de un allanamiento en su domicilio en el que encontraron estupefacientes. Desde el primer día negaron dedicarse a la venta. Sin embargo, por haber estado en ese lugar, en el juicio se determinó que debían saber que había droga en su casa y, por lo tanto, que estaban involucradas en el delito. Solo con el correr del tiempo, y tras estar encerrada, la dueña de casa empezó a pensar que quizás esa droga, cuya existencia ella desconocía, podía haber pertenecido a un hombre con quien convivió, aunque sin desearlo: a pesar de que le pedía que se fuera, él no lo hacía. Tal como ellas afirmaban, en el debate quedó demostrado que las mujeres que estaban en la vivienda al momento del allanamiento no sabían de la existencia de los estupefacientes.

Pero el aumento sostenido de las tasas de encarcelamiento de mujeres por motivos vinculados a la aplicación a la venta de drogas no sólo indica que ellas participan más en actividades vinculadas al narcotráfico, sino que también son más perseguidas, dado que ocupan los eslabones más bajos de la cadena delictiva y realizan tareas de mayor riesgo. 

Victoria Darraidou, Coordinadora del equipo Seguridad democrática y violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) explica: “La política criminal de la persecución a lo que llaman el narcotráfico en la infracción a la Ley de Drogas recae sobre personas en situación de consumo, personas microtraficantes y vendedores a baja escala que venden en barrios populares. No vendedores a micro escala que venden en fiestas privadas, sino vendedoras de microescala que ocurren en los barrios populares. La política criminal está destinada a detener a esas personas y entre esas personas aparecen con mayor repetición en los últimos años las mujeres”.

Cuando K.C.A quedó condenada a cuatro años y seis meses de prisión por comercio de estupefacientes, sus tres hijos menores de edad (de 14, 10 y 8 años) y su hija, quien tiene un retraso madurativo y epilepsia, quedaron a cargo de otras mujeres de la familia. Frente a esta situación, su defensa, oficiada por el Ministerio Público de la Defensa de CABA, pidió en dos ocasiones que le brindaran el arresto domiciliario, pero las solicitudes fueron rechazadas. 

Su caso es un ejemplo de como es cruce de variables pusieron a K.C.A en una situación de especial vulnerabilidad: era una mujer migrante, jefa de una familia monomarental, compuesta por tres niños y una joven con discapacidad, víctima de violencia económica (ya que no recibía dinero de los progenitores) y, por lo tanto, inmersa en una situación socioeconómica muy precaria. 

Este tipo de casos, que obligan a pensar la teoría del derecho en contexto, son los que, para Lucía Montenegro, abogada penalista, demuestran que existe todo un círculo de carencias que no están contemplados ni analizados judicialmente. “Es evidente que hay un componente fuerte de género en los delitos de drogas que no hay en otros delitos, y hay un doble elitismo. Por un lado el elitismo patriarcal, pero también el elitismo de un poder judicial que no ve las vulnerabilidades y no ve las vulnerabilidades interseccionales”. 

Tuvo que ocurrir una tragedia para que los jueces que llevaban el caso de K.C.A aceptaran darle la prisión domiciliaria: una pérdida de monóxido de carbono hizo que uno de sus hijos, dos sobrinos y una sobrina nieta murieran. En esas condiciones, volvió a su hogar para cumplir la pena.

Macarena Fernández Hofmann es Coordinadora del equipo Política criminal y violencia en el encierro en el CELS y realizó la investigación “Castigo a domicilio. La vida de las mujeres presas en sus casas”, en la que justamente da cuenta de la afectación diferencial que implica para las mujeres caer presas, en tanto y en cuanto es también una afectación para su núcleo familiar. Y aunque la cárcel parece ser la peor opción, dado que son separadas de sus hijos e hijas, muchas veces las condiciones en las que se da la prisión domiciliaria termina siendo también un agravamiento al castigo.

En diálogo con elDiarioAR, señala: “Por supuesto que si alguien comete un delito tiene que recibir un castigo, el tema es la proporción de ese castigo en ciertas situaciones. Hay que racionalizar el sistema, en el sentido de la proporcionalidad del castigo. Hay que romper la inercia punitivista que lleva a tener esto como lógica de funcionamiento y de persecución a ciertos delitos que son leves, que no implican violencia, que muchas veces son de subsistencia y que son respuestas a esa vulnerabilidad; darle otras respuestas que no sean la cárcel, que solo empeora esa situación. Lo que tienen que cambiar es lo que se está penando y cómo se está penando”.

​Si las condenas empeoran la situación de vulnerabilidad que llevó a estas mujeres a cometer estas prácticas, pero a la vez no dejan de ser delitos; ¿qué alternativas se pueden pensar para abordar estos casos? Tanto para Montenegro como para Fernández Hoffman, reducir los plazos de las penas sería un buen punto de partida, además de aplicar políticas públicas preventivas y de reinserción. 

En ese sentido, Genoveva Cardinali, fiscal en lo Penal y Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y quien está a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de la Unidad Fiscal Este, afirma: “Creo que la pena en determinados casos perjudica a las mujeres más que a los varones, y por eso deben ser castigadas con menos intensidad. También debe tenerse en cuenta el interés superior de los hijos y las hijas que se ven afectados cuando esta mamá o esta mujer va presa. En esa línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró razonable que una ley prevea sanciones más leves para las mujeres en tanto la posibilidad de reincidencia es menor y, a su vez, sostuvo que en una sociedad en la que las mujeres son educadas en la creencia de que la felicidad se alcanza con la maternidad, el encarcelamiento para ellas resulta más severo”.

Eso fue lo que demostró la defensora oficial de E.P.C: que ella necesitaba ocuparse de sus hijos —motivo por el cual en un primer momento le concedieron el arresto domiciliario con salidas transitorias para llevarlos al colegio— y que su situación de extrema vulnerabilidad no podía pasar desapercibida a la hora de tomar una decisión judicial. Así, se logró que obtuviera la libertad condicional. Y hoy, E.P.C tiene al menos algunas herramientas para reinsertarse en la sociedad: puede hacer actividades que le permiten participar activamente en la educación de sus hijos y vende alimentos desde su casa para subsistir.

Con una destacada trayectoria en la enseñanza académica y en la gestión pública, Enrique Font conoce como pocos la trama que desemboca en la actual crisis de seguridad que enfrenta la provincia de Santa Fe. Abogado y titular de la cátedra de Criminología y Control Social de la Universidad Nacional de Rosario, sale al cruce de los lugares comunes que reducen la complejidad del problema, cuestiona la demagogia punitivista que encuentra nuevas oportunidades en la coyuntura y enfatiza en la necesidad de analizar «las dos caras de la moneda»: el fenómeno del delito y el funcionamiento de la administración de Justicia y la institución policial.

Font fue secretario de Seguridad comunitaria del Gobierno provincial entre agosto de 2009 y septiembre de 2011. «Venía de trabajar en la Secretaría de Seguridad interior, dirigiendo un proyecto sobre prevención de la violencia letal en Santa Fe», recuerda. Si la situación parecía emergente por entonces, hoy desborda a los actores políticos y judiciales y exige tanto respuestas como interpretaciones del fenómeno.

–¿Cuáles son, a tu juicio, los factores de la crisis en Santa Fe?

–La historia es larga y complicada. El delito y el control del delito tienen que ser mirados en conjunto y en términos de procesos históricos, porque el control del delito configura el crimen. Es decir, la policía y la Justicia por un lado, y por otro los mercados locales de drogas, sus vínculos con los mercados legales, la violencia, la circulación de armas. Si no los vemos como las dos caras de una moneda es imposible entender la especificidad rosarina.

Sabemos que la policía de Santa Fe mensualizaba a los prófugos por homicidios; los que estaban sospechados pagaban rutinariamente para no ser detenidos.

–¿Cómo se traman esos aspectos en la producción de la violencia?

–El estereotipo clave para desarmar es que la violencia en Rosario se explica por el llamado narcotráfico. En Rosario no hay un fenómeno de narcotráfico sino un mercado local de menudeo de drogas. Ahora, mercado de drogas floreciente como en Rosario hay también en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, en los lugares turísticos. ¿Por qué Rosario tiene los niveles de violencia sostenida que no existen en otras ciudades? La explicación corriente es que algunas bandas han tomado el control de ese mercado. ¿Pero por qué sucede en Rosario y no en otros lugares donde también hay disputas por el mercado? Creo que tiene que ver con un Poder Judicial provincial muy deficitario por la burocracia, por la corrupción y por la policía de la que dependía en las investigaciones, que fue muy ineficiente y generó impunidad en los homicidios. Sabemos que la policía de Santa Fe mensualizaba a los prófugos por homicidios; no solo que la Justicia no los investigaba, sino que los que estaban sospechados pagaban rutinariamente a la policía para no ser detenidos. En otra jurisdicción, después de una pelea como la que se produjo entre las bandas de Los Monos y Los Garompa no quedaba nadie en libertad. En Rosario las investigaciones tan deficientes permitieron que la violencia no tuviera obstáculos para seguir en la calle y que las bandas continuaran con el negocio del narcomenudeo y se hicieran cargo de otras actividades. Y la reforma del sistema penal en la provincia no dio un gran salto en ese sentido.

–¿Cómo analizás la situación de la Justicia Federal en la provincia?

–Es otro componente de la situación. El negocio del narcomenudeo funciona como el viejo negocio del juego clandestino: todos saben dónde están los bunkers, son puntos de venta estables y están investigados por la policía. Cuando Juan Patricio Murray llegó a Rosario como fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad hicimos un relevamiento de las fiscalías federales y sistematizamos las causas de drogas en Rosario. Nos encontramos con que las fiscalías investigaban a veces puntos de venta en un mismo barrio de una misma organización en causas distintas, con fuerzas federales distintas, sin unificar las investigaciones. Eso sumado a que trabajan poco y a que hay un juez como Marcelo Bailaque que bloqueó las investigaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria sobre Esteban Alvarado poniéndose en garantista. Esa lógica de administración de la Justicia Federal navega entre la connivencia y la burocracia y también produjo una estabilidad del mercado. Hay puntos de venta de drogas que son históricos, siguen en el mismo lugar.

Esta justicia punitiva con los débiles y tolerante con los poderosos estandarizó una maquinaria de meter gente presa.

–Otro problema crónico es el de la policía de la provincia, sin resolverse pese a la evidencia sobreabundante sobre su participación en el delito.

–La policía de Santa Fe es la más violenta del país. Es una policía con desapariciones forzadas, condenada en Naciones Unidas por el crimen de Roberto Agustín Yrusta, un caso de torturas y desaparición forzada en la cárcel de Coronda en febrero de 2013. Es una policía que es así porque no ha sido controlada ni por la administración de justicia ni por la política. Y la tormenta se agranda porque no ha habido iniciativa dirigida a reformar estas variables. No hay políticas de prevención de la violencia y nadie se preocupa por reformar al sistema penal. O, más bien, la reforma agravó los problemas que ya teníamos. Y un dato no menor para la amplificación de la violencia fue la «guerrita» contra las drogas que fraguó el gobierno de Antonio Bonfatti: ir con topadoras a voltear bunkers, filmar esos procedimientos y difundirlos en los medios, armar la División Judiciales (N. de R.: sección policial disuelta después de múltiples denuncias sobre sus conexiones con el ambiente narco), trabajar con dinero sobre algunos medios para que acompañaran esa estrategia. Lo que sucedía era que una banda de policías, hoy todos condenados, reorganizaba el negocio, recaudaba un montón de dinero y «engarronaba» como nunca había pasado por la participación de la política y la representación en los medios a otras bandas que tienen un perfil muy alto. En los barrios veíamos la violencia como una forma de construcción de prestigio y de reconocimiento entre los jóvenes, y también la necesidad de salirse de eso por el hartazgo que producía. La forma en que se fraguó esa guerrita contra las drogas, cómo se levantó el cartel a las bandas y se usó a unos para joder a los otros generó un nivel de rencor que bloquea las salidas. El margen de retirarse en paz se cortó.

–La provincia cuenta con más de 3.500 efectivos federales y el Gobierno nacional anunció el envío de más agentes. ¿Cómo pueden incidir en la situación?

–En 2014 hicimos un trabajo sobre la intervención federal en dos barrios de Rosario desde el punto de vista de los pibes que andaban a los tiros. Fue la primera bajada de Gendarmería. El estudio marcó una reducción de la violencia en los primeros meses y aceptación respecto de la intervención: en contraste con la fuerza provincial, la fuerza federal aparecía como correcta y no vinculada al delito. Pero las rutinas se vuelven conocidas, los efectos merman y transcurridos unos meses las cosas vuelven a su punto inicial. Una intervención federal puede tener un efecto de apaciguamiento temporario que debería servir para que la provincia haga algo. Desde 2014, con las intervenciones federales cíclicas, ¿qué hizo la provincia? ¿Aprovechó para reformar a la policía? No. ¿Mejoró la administración de justicia? No. ¿Modificó la Corte Suprema, hizo algo por la Justicia Federal? No. Entonces el gran problema es que el impacto de la intervención federal es bajo.

–¿Cómo evaluás el anuncio del Gobierno nacional sobre el envío de más efectivos y la participación del Ejército?

–Políticamente era ineludible seguir sosteniendo la intervención. En el marco de las internas el debate se derechizó muchísimo, sobre todo en la interna de Cambiemos. Hace un año uno no podía imaginar que el intendente Pablo Javkin dijera lo que hoy dice, pero compite con Maximiliano Pullaro y con Patricia Bullrich.

–El intendente señaló reiteradamente que las fuerzas de seguridad no tienen enfrentamientos y que no usan las armas. Falta poco para que llame a meter bala, como dijo en su momento el vicepresidente Carlos Ruckauf.

–Ya lo dice, básicamente. Pero además trabaja sobre cosas que no son ciertas. No hay forma de reducir las balaceras contra comercios con patrullaje policial. Las chances de que coincidan en el espacio y en el tiempo son bajísimas. Y si coinciden, el que va a tirar tiros espera a que el móvil se vaya.

Las facciones en Brasil y las maras centroamericanas se conformaron a partir de condiciones salvajes de detención.

–Un informe del Ministerio de Seguridad de Santa Fe indica que la cantidad de presos se duplicó en diez años y que hoy existen 9.350 personas privadas de libertad, un 40% sin condena. El Gobierno provincial se queja sobre todo del delito que organizan presos en cárceles federales.

–En las cárceles santafesinas hubo mucha improvisación cuando se reformó el sistema penal. Esta justicia punitiva con los débiles y tolerante con los poderosos siguió haciendo lo mismo con mayor velocidad, estandarizó una maquinaria de meter gente presa. Tenemos entonces una situación carcelaria explosiva. El informe de 2018 del Comité Nacional de Prevención de la Tortura sobre las cárceles en Santa Fe detalla un cuadro de terror no solo sobre condiciones de detención sino de tortura y de tratos crueles y degradantes. Ahí hay otra deuda con el control del delito. Tampoco se reformó al Servicio Penitenciario, entonces las cárceles son lugares que se administran con violencia y con corrupción. Claro que se van a organizar los delitos desde esos lugares. Ahora, las respuestas de control del delito no deberían agravar el fenómeno. Las facciones en Brasil y las maras centroamericanas se conformaron a partir de condiciones salvajes de detención. No digo que vaya a pasar lo mismo y tampoco pienso que esté mal inhibir señales de los celulares, pero si enfrentás a bandas violentas, llenás las cárceles de presos, las volvés lugares espantosos y empezás a hacer restricciones sobre las condiciones de vida, las posibilidades de seguir echando nafta al fuego son muy grandes. El control del delito configura el fenómeno del crimen, y ahí veo muy poca astucia de la política pública.

Esta entrevista fue publicada originalmente por la revista ACCION: https://accion.coop/. elDiarioAR agradece la gentileza de sus editores para poder reproducirla en la edición de la fecha.

OA