Un programa de estabilización requiere anclas que controlen la dinámica inflacionaria. Las mejores anclas son aquellas que hacen mejor su trabajo minimizando los costos económicos y sociales de su aplicación.

Las anclas macroeconómicas para estabilizar que está usando el actual gobierno son varias:

A estas anclas macro de un plan se le debe sumar el ancla política, condición necesaria para una estabilización exitosa. Revisemos cada una de las anclas macroeconómicas mencionadas y su relación con el ancla política.

Ancla cambiaria: devaluación e inflación. Es la más compleja y donde reside el mayor problema del programa. Se hizo una devaluación exagerada, una sobredosis innecesaria que generó más ruidos que beneficios. En particular, la excesiva devaluación generó un exceso de inflación y un desorden de precios en lugar de ayudar a acomodar los precios relativos rezagados. Todos los precios subieron “por las dudas”. 

No se obtuvieron más dólares que los que se habrían obtenido con el dólar a $600, pero se emitieron $200 más por cada dólar oficial que luego se debieron esterilizar. Ciertamente, el exceso de inflación ayudó a licuar una cantidad de pesos más grande. No es claro ni siquiera que en la licuación inflacionaria haya habido un beneficio neto de la sobredosis de devaluación e inflación. Es cierto que había inflación reprimida, pero esta devaluación le agregó mucho más. Pero este fogonazo fue una inflación innecesaria.

La variable a observar será con qué tipo de cambio real llegamos a abril-mayo. Posiblemente exista un tipo de cambio real deflactado por Indice de Precios al Consumidor (IPC) menor al momento previo a las PASO (ni hablar el deflactado por precios mayoristas que es el relevante para la industria). En abril habrá liquidaciones iniciales de soja para pagar insumos y deuda, pero luego la liquidación será dependiente de las expectativas de una nueva devaluación. Y, por tanto, va a ser a cuentagotas. Además, la tasa real negativa en pesos a productores no incentiva las liquidaciones.

En esta coyuntura, el problema es que el crawl del tipo de cambio es muy bajo y no es creíble. Hasta llegar a abril, veremos si el Gobierno acelera el crawl en marzo para tratar de evitar una devaluación abrupta. Aunque, justamente, marzo es un mes estacionalmente alto en inflación.

El problema de esta ancla es que la sobredosis de devaluación-inflación que se aplicó llevó la inflación a un escalón más alto del cual es difícil bajar. Se llama a esto efecto histéresis, que es un problema con la inercia inflacionaria que retroalimenta la inflación. El efecto histéresis se refiere a la idea de que una vez que la inflación se ha manifestado en un rango más alto, puede persistir incluso después de que las condiciones que la generaron hayan cambiado. Por ejemplo, si las empresas y los consumidores esperan una inflación persistente, pueden modificar sus comportamientos económicos (como la negociación de salarios o precios) de manera que reproduzcan la inflación y nos encontraremos así frente al problema de que la inercia inflacionaria retroalimenta la inflación. 

En este tema el Gobierno tiene una visión teórica basada en modelos de equilibrio general simple según la cual, sí un precio aumenta, cuando los ingresos que están fijos, otro precio deberá bajar para compensarlo. Por lo cual, acomodar precios relativos, subir tarifas, impuestos, etc. no es inflacionario. Ya lo sostuvo el asesor presidencial Federico Sturzenegger en 2016 y ahora lo dicen Mondino y Milei y lo postulan oficialmente en las audiencias de tarifas. Esto no funciona así porque en una economía que exporta y dolarizada no todos los agentes ven caer sus ingresos (por ejemplo, tenedores de activos dolarizados y exportadores de bienes transables que sustituyen demanda local por demanda externa). 

El ancla cambiaria y el fogonazo inflacionario generado interactúan como veremos con todas las demás anclas.

En particular, el ancla cambiaria es muy dependiente del ancla política. Moderar las expectativas devaluatorias (evitar una devaluación en abril o mayo) requiere credibilidad y soporte político de las políticas en curso. Un gobierno débil políticamente o en los últimos meses de un mandato hace que los exportadores retaceen la liquidación como pasó a fines de 2023 y los deudores cancelen deuda. Ni hablar de los dólares frescos de inversiones externas, nueva deuda o blanqueos.

Ancla fiscal. Es un ancla muy potente, aunque no es un ancla nominal estrictamente, la consideramos un ancla macroeconómica que hasta ahora fue creíble. El gasto público bajó drásticamente en términos reales por el limitado ajuste de jubilaciones, por mínimas transferencias a las provincias, el derrumbe de la obra pública y pisar completamente los pagos (que no se ajustan). Adicionalmente, la recaudación de enero todavía tenía inercia y también contribuyó a eliminar el déficit fiscal. Esta dinámica es coyuntural y no es sostenible.

Ahora comenzarán a percibirse menores ingresos fiscales reales debido a la típica endogeneidad procíclica de la recaudación tributaria. Para mantener el superávit, habrá que reducir aún más el gasto público y/o subir impuestos como las retenciones, impuesto PAIS y replantear ganancias o ingresos personales. 

En cuanto a la dependencia del ancla fiscal respecto al ancla política, es altísima. Sera necesaria, tanto para aprobar un paquete fiscal que no puede salir por decreto, como también para un nuevo pacto fiscal con las provincias para distribuir todo tipo de fondos.

Ancla monetaria. Esta parte parece un plan de viejo estilo monetarista que actúa sobre los agregados monetarios (la cantidad de dinero) y no sobre la tasa de interés. Es más, usa la tasa de interés real negativa para licuar los agregados que pagaban un interés cercano a la inflación (plazos fijos). Lo cual implica un riesgo no menor para el sistema financiero y la demanda de dinero. En otras palabras, se paga una tasa real negativa para emitir menos por pasivos remunerados y licuar los ahorros de la clase media que tradicionalmente optaban por resguardar el valor de su dinero mediante plazos fijos. Esto destroza la estructura de fondeo típica (y muy estable) de los bancos, veremos cómo se adapta el sistema bancario clásico, que en este contexto está quedando sobredimensionado y poco flexible frente a las billeteras digitales. Adicionalmente, se absorbió pesos colocando el BOPREAL, un bono con muchos “endulzantes” que es nueva deuda en dólares que se integra en pesos.

Como resultado, la base monetaria nominal actual es $10,4 billones, muy similar a la del 7/12/23 que era de $10,1 billones. Se licuó toda la inflación de estos 60 días. 

Pero reconstruir la demanda de dinero se requiere una tasa real positiva. Si la inflación no bajase rápidamente a 9%, más temprano que tarde se deberá subir la tasa nominal y eso podría generar mucha emisión, sí al caer los precios de los bonos del Tesoro los bancos ejecutan el PUT con el BCRA. Vale recordar que este pasivo potencial del BCRA asciende a casi $10 billones. Es una especie de pasivo contingente del BCRA.

De las anclas que analizamos, esta es la más autónoma respecto del ancla política. Y además aprovecha tener un BCRA completamente subordinado al ministerio, en una forma que no se veía desde tiempos de Domingo Cavallo.

Ancla recesiva y de disciplinamiento salarial. Esta ancla es la “política de ingresos” de este programa ortodoxo. El único mecanismo para coordinar y/o disciplinar salarios es la recesión y consecuentemente la desocupación que morigera las demandas salariales, y, además la recesión disciplina a los formadores de precios junto con las importaciones. Esto es costoso porque tarda mucho y requiere recesiones grandes para operar, sobre todo en países con mercados laborales segmentados y oligopolios en el mercado de bienes. Este es un gobierno muy ideologizado y poco afecto a la evidencia empírica y creen en eso y en que las llamadas políticas de ingresos heterodoxas no sirven. Obviamente, en la teoría, con expectativas racionales, mercados competitivos y alta credibilidad de la política implementada, el costo recesivo sería nulo y la recesión innecesaria, pero eso es un caso teórico no útil para aplicar en este contexto.

La Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) bruta de diciembre 2023 fue $484.000, es el nivel más bajo desde el año 2003 y seguirá todavía cayendo. Este salario, que no considera los salarios informales, está por debajo de los $495.798 que según INDEC necesitaba un hogar de cuatro integrantes, en ese mismo mes, para cubrir la canasta básica total (CBT) que marca la línea de pobreza. El RIPTE es tope de los salarios. Toda esta dinámica se agrava aún más en los trabajos no formales. 

Una recesión tan profunda como la que estamos entrando generará, además de una caída de salarios reales durante varios meses, una caída en el empleo formal e informal.

Si hay caída de salarios y caída del empleo, la masa salarial (Salario x Empleo) colapsará. Pero, además, de esta caída en el salario, el ingreso verdaderamente disponible luego de pagar los servicios y sacar los múltiples subsidios (visibles y ocultos) que hay en la economía, caerá aún más. Es decir, el salario de un trabajador promedio puede caer un 8% en términos reales en solo un mes, pero el ingreso disponible luego de pagar los servicios y precios regulados, que usaba para gastar en el consumo adicional puede caer aún más.

Con respecto a la relación con el ancla política, aun en el mejor de los casos, que sería que la inflación se modere, esta ancla recesiva y disciplinadora requiere altísimo soporte del ancla política. Ningún votante de Milei pensaba estar peor que antes, incluso una parte de los heterogéneos votantes originales del 30% de las PASO tenían la ilusión de cobrar en dólares uno a uno.

Ancla política. Llegamos finalmente al ancla que da viabilidad política, legislativa e institucional a todo plan de estabilización.

Como vimos hasta aquí, todas las anclas macroeconómicas que analizamos requieren, para ser creíbles y sostenerse, ser soportadas por un ancla política sólida. De lo contrario, los agentes económicos no actúan en forma esperada para que baje la inflación rápidamente y aumenten el consumo y la inversión, que es el fin de un plan de estabilización.

Sin ancla política, no hay plan de estabilización que pueda funcionar. Pero además es un camino de ida y vuelta, es decir, si la estabilización no funciona la política se resiente. 

En general, se observa en la historia de estabilizaciones exitosas y fallidas que, en los fracasos, las coaliciones y los gobiernos se deterioran y aumenta la probabilidad de perder las próximas elecciones.

Mientras que una frase del “socialista” Bill Clinton que se hizo muy popular decía: es la economía, estúpido; en Argentina estamos en un momento especial donde podemos decir: es la política, estúpido. 

Entonces en este plan la economía dependerá mucho de la política. Pero la gran paradoja en esta etapa es tener un gobierno improvisado y poco articulado que pretende ser fundacional. Con un peso específico muy diferente al de Menem o Macri en su consistencia política. Pareciera no haber una noción de la distancia entre lo que se proponen y las capacidades para lograrlo.

En resumen, el plan de estabilización arrancó con un alto nivel de votos, pero con un bajo nivel de estructura y soporte político. Generó un exceso de inflación, recesión, caída salarial y desocupación. Como si esto fuera poco, el propio gobierno agrega una fuerte incertidumbre fundamental respecto a si va o no va a dolarizar. Y esto, dado que puede ser un salto al vacío, repercute en la demanda de activos en pesos y en las decisiones de consumo e inversión.

Este panorama, de fuerte reducción de ingresos y empleo, aún con la inflación bajando, puede generar una caída de consenso e inestabilidad política que, gradualmente, puede debilitar políticamente al plan y al gobierno, haciendo poco creíble todo el esquema de estabilización.

El autor es profesor de la Universidad Nacional de La Plata, Conicet, y ex-Director del Banco Central.   

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) reclamó la rápida implementación de “reformas integrales y de profunda transformación” para que el país sea “viable”.

“AmCham Argentina resalta la necesidad de introducir rápidamente reformas integrales y de profunda transformación, para hacer de Argentina un país viable”, señaló la entidad a través de un comunicado.

Asimismo, afirmaron que “estas medidas deberán establecer un marco propicio para el incentivo a la inversión privada, el incremento de la producción y los servicios, el aumento del empleo privado formal, la disminución progresiva de los niveles de pobreza y la integración de nuestra sociedad”.

El documento difundido contiene 10 propuestas a las que consideró de imprescindible cumplimiento:

1. Un modelo de país con reglas de juego estables, predecibles y consistentes en el tiempo. Con políticas de Estado que promuevan la inversión, mejoren la competitividad para aumentar el empleo, terminen con la pobreza y la exclusión social y encaminen a la Argentina en la senda del desarrollo sostenible.

  2. Reconstrucción del funcionamiento de una sociedad basada en valores y en los principios de honestidad y de integridad. Una ética republicana del Estado focalizada en observar el cumplimiento de la ley, respetar la división de poderes garantizando la independencia y autarquía económica del Poder Judicial, rendir cuentas de la gestión, y en establecer mecanismos de plena transparencia y acceso a la información pública, garantizando la libertad de prensa.

  3. Rol de un Estado eficiente y centrado en respetar la forma representativa republicana y federal de gobierno, resguardando la seguridad de los habitantes, su libertad y sus bienes. Proveer a la prosperidad del país, a su progreso económico y humano, intervenir en la modernización de su infraestructura, asegurar la soberanía monetaria y en desarrollar y potenciar al sector privado, promoviendo el funcionamiento de mercados transparentes, y la libre decisión empresarial evitando así intervenciones distorsivas e innecesarias.

  4. Implementación de un plan de estabilización macroeconómica, que mitigue la volatilidad de los mercados, restablezca el equilibrio de los precios relativos de la economía, implemente políticas fiscales y monetarias para reducir la inflación y contengan la emisión monetaria, y presupuestos que garanticen el superávit fiscal. Es necesario reestablecer las condiciones para normalizar el stock de créditos comerciales y financieros, la reinserción financiera internacional y la sustentabilidad de la deuda pública interna y externa. En resumen, implementar políticas de responsabilidad fiscal y de reglas monetarios sustentables.

  5. Una reforma impositiva y laboral a nivel nacional, provincial y municipal, con el objetivo de equiparar derechos y obligaciones, simplificar procesos, eliminar impuestos y gravámenes distorsivos, y adecuar la regulación a los modelos laborales del siglo XXI; creando un entorno basado en los principios de equidad y progresividad.

  6. Medidas concretas para reducir la informalidad laboral e impositiva, a través de controles sistémicos y efectivos. En simultáneo, reducir la abrumadora carga fiscal que pesa sobre el sector formalizado de la economía, en particular la pequeña y mediana empresa. El ejercicio de controles eficaces, combinados con esquemas laborales e impositivos flexibles, simples y equitativos, permitirá aumentar los recursos fiscales del Estado, mejorar la competitividad del sector privado y fortalecer el crecimiento de la actividad económica y del empleo.

  7. Revisión de los esquemas de incentivos y promoción al comercio exterior, focalizados en aquellos productos o servicios innovadores y con claras ventajas competitivas. Apertura e integración inteligente a un mundo globalizado e interconectado, mediante la implementación de nuevos acuerdos comerciales sustentables.

  8. Eliminación inmediata de los esquemas que encarecen, restringen o prohíben las exportaciones, así como las importaciones de nuestros insumos o productos, preservando el respeto a la propiedad privada y el ámbito propio de las empresas. Es fundamental que exista un esquema económico que permita que los precios de los bienes y servicios de nuestra economía se construyan sin injerencias arbitrarias del Gobierno y en un marco empresarial competitivo.

  9. Preservación del derecho a la salud de todos los habitantes, pero a través de una reforma integral del Sistema sanitario, que permita potenciar la red pública de atención, dando máxima prioridad a la atención primaria y estableciendo medidas concretas para garantizar la sostenibilidad en la atención de las enfermedades crónicas. Que articule jurisdicciones basado en el concepto federal de gobierno y promueva incentivos para integrar eficazmente los sistemas públicos con los privados, maximizando recursos y haciéndolos económica y financieramente viables y sustentables.

  10. Mejorar fuertemente la calidad educativa según estándares internacionales, garantizar una sólida formación cívica realizando la evaluación sistemática y periódica del funcionamiento del sistema educativo, de la capacitación y las prácticas docentes y de los aprendizajes alcanzados por los alumnos, condiciones indispensables para la inserción plena de los educandos en la sociedad del conocimiento y su integración social. Asimismo, promover una fuerte vinculación entre educación y actividad productiva. Esto supone, dotar de recursos al sistema educativo para que desarrolle una infraestructura y una gestión eficiente, permitiendo remunerar dignamente a sus maestros y profesores.

Convencidos de las propuestas

“Estamos convencidos que estas propuestas garantizarán el desarrollo sostenible del país para nuestras futuras generaciones, en especial para los sectores más vulnerables”, afirmó AmCham.

La Cámara subrayó que “para que un país pueda progresar y desarrollarse, es esencial que todos los actores de su sociedad, públicos y privados, cada uno desde su lugar, hagan sus aportes sobre los que se construyan un proyecto común de sociedad”.

“Desde AmCham Argentina solicitamos al próximo Gobierno que priorice las iniciativas aquí propuestas y se aboque a la búsqueda de consensos para resolver los problemas estructurales que hoy afectan a todos”, agregó el comunicado.

Para finalizar añadió que: “Una vez más insistimos en que una eficiente articulación entre el sector público y privado es la única manera de alcanzarlo, y por ende estamos dispuestos a contribuir en la construcción de políticas de Estado que puedan concretar la transformación social y económica que nuestro país se merece”.

Con información de NA.

IG

En la cúpula de Unión por la Patria (UP) no pueden creer que con una economía cayendo 1,6% en el año y con una inflación del 140% puedan ganar las elecciones presidenciales y admiten que si triunfan, deberán reescribirse manuales. Pero saben que resultan insostenibles este nivel de suba de precios, con su impacto negativo en salarios e inversión, y esta brecha cambiaria del 180% entre el dólar oficial y los paralelos, lo que desalienta la exportación y complica la importación. Por eso están concientes de que un eventual gobierno debería arrancar el 10 de diciembre con un plan de estabilización de precios, como los que tantas veces se aplicaron en la Argentina y el resto del mundo. Implicaría una devaluación inicial del peso y una suba de tarifas de servicios públicos -habrá que ver si Sergio Massa toca no sólo la energía y el agua sino también el transporte público después de la campaña que hizo-, lo que impactaría aún más en la inflación en el corto plazo. También consistiría en un ajuste fiscal, que no sólo abarcaría eliminar beneficios tributarios como plantea el ministro candidato sino también podas de gastos. Todo un cóctel imposible de explicitar en campaña al votante más fiel. Además los programas de shock antiinflacionarios suelen anunciarse por sorpresa.

Veamos qué elementos contienen los planes de estabilización a partir de lo reseñado por cinco economistas que los han estudiado. Uno de ellos es Jorge Remes Lenicov, que en su libro “115 días para desarmar la bomba” (Planeta) cuenta su experiencia como ministro de Economía en 2002, cuando explotó la convertibilidad -la atadura del peso con el dólar, el $1 a US$1 que había durado 11 años- y analiza lo que hicieron Brasil, Chile e Israel para terminar con la inflación. Otro paper es de Gabriel Palazzo, Martín Rapetti y Joaquín Waldman, que en la consultora Equilibra estudiaron 46 planes de estabilización en Latinoamérica entre 1970 y 2020, de los cuales 12 fueron argentinos, siete brasileños y cinco bolivianos. De ese total, 34 fracasaron tarde o temprano y sólo 12 tuvieron éxito perdurable (incluidos los de Argentina en 1991, Bolivia en 1985, Brasil en 1994, Chile en 1978, Ecuador con la dolarización en 2000, México en 1987, Perú y Uruguay en 1990 y Venezuela en 1996). De todos ellos, sólo la Argentina y Venezuela volvieron a las andanzas de la alta inflación y la hiperinflación, respectivamente. Los otros países tienen problemas económicos, incluido Ecuador, que defaulteó dos veces desde entonces, pero no más inflación elevada. Por último, el ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis también elaboró un informe en su consultora PxQ sobre tres planes de estabilización argentinos, el Austral de 1985, el Primavera de 1988 -ambos en el gobierno de Raúl Alfonsín- y la convertibilidad de 1991 -en la administración de Carlos Menem-.

“Primero hubo acuerdo entre las principales fuerzas políticas y después con los sectores gremiales y empresariales. Fue central porque el programa tiene que ser creíble y duradero”, señala Remes Lenicov la experiencia de Brasil, Chile e Israel. “Hubo un programa integral, involucrando a todas las políticas macro de manera tal que actúen simultáneamente y en la misma dirección”, observa el ex ministro de Economía de Eduardo Duhalde. “Fueron acompañadas con el compromiso de iniciar un plan de reformas estructurales, fundamentalmente en el Estado. Además, fue muy importante la calidad técnica de los responsables de la formulación y gestión del programa”, agrega Remes Lenicov. Es decir, no es tarea para cualquier improvisado.

“Ajuste para eliminar el déficit fiscal: fue central e incluyó todos los niveles jurisdiccionales”, se refiere el ex ministro a la Nación, las provincias y los municipios. “Hubo privatizaciones, despido de personal y racionalización del gasto, según el caso”, plantea alternativas que están en el recetario de Javier Milei, pero no en el de Massa. Además Remes Lenicov sugiere llegar al déficit cero bajando el gasto y sin aumentar impuestos, pero el ministro de Economía y candidato presidencial busca lograrlo en parte con la eliminación de beneficios tributarios al campo y los jueces y con un alza de grávamenes a plataformas digitales y accionistas. “También hubo reformas impositivas para eliminar todo aquello que castigara a los factores de la producción”, añade Remes Lenicov. Massa sí habla de simplificación tributaria para las empresas y ha rebajado retenciones a la exportación, pero no está dispuesto a quitarlas todas.

Palazzo, Rapetti y Waldman coinciden en que los planes exitosos fueron antecedidos por ajustes de las cuentas fiscales y mantuvieron el equilibrio de las mismas con posterioridad. Si no se mantiene el rigor, sucede lo que al Plan Austral al año de su creación o lo que a la convertibilidad con el correr de la década menemista de los 90. Sin embargo, los autores de Equilibra advierten que los programas antiinflacionarios que parten o logran terminar con el déficit fiscal tampoco tienen garantizado el éxito. No basta con eso.

“Modificación de la política y/o régimen monetario: hubo otra unidad de cuenta e incluso en algunos casos hasta se cambió la moneda”, plantea el ex ministro de Duhalde. “El Banco Central fue independiente, se restringió el financiamiento al sector público y la tasa de interés real (ajustada por inflación) fue levemente positiva. Tipo de cambio: en general se empezó con un tipo de cambio alto para generar equilibrio o superávit de cuenta corriente (componente de la balanza de pagos de un país en el que figuran el saldo comercial y las rentas de la inversión extranjera), recomponer reservas y evitar futuras presiones que pudieran incrementar los precios”, plantea Remes Lenicov la necesidad de una devaluación inicial. Hoy el tipo de cambio real multilateral (TCRM, en relación al dólar, el euro, el yuan y el real) está en 90, sobre una base 100 de cuando Mauricio Macri eliminó el cepo cambiario en 2015. Es decir, hoy el peso oficial está 10% más apreciado que entonces. Pero está 60% arriba de lo que se encontraba en 2007, en el final del gobierno de Néstor Kirchner, cuando el TCRM era 150 y había superávits fiscal y comercial y una pobreza que afectaba a un cuarto de la población (no al 40% actual).

Más allá de la devaluación inicial que lleve el dólar bien alto, el estudio de Palazzo, Rapetti y Waldman concluye que los planes de éxito logran con mucha frecuencia estabilizar el tipo de cambio nominal, es decir, la cotización de la moneda frente al dólar. Tras el salto del comienzo, el dólar actúa como ancla antiinflacionaria, ya sea fijada explícitamente, como en la convertibilidad y en la mayoría de este programas, o no, y se desacelera más rápido que los precios. Pero un plan antiinfacionario no es sólo clavar el dólar. Con eso tampoco basta.

“Las estabilizaciones transitorias son interrumpidas por saltos cambiarios”, advierten Palazzo, Rapetti y Waldman. Es lo que pasa cuando se arranca de un tipo de cambio bajo, es decir, un peso sobrevaluado, que tarde o temprano termina depreciándose. Por eso, los autores recomiendan que las autoridades intervengan en la plaza cambiaria para evitar apreciaciones de la moneda que después son sucedidas por depreciaciones bruscas, como le pasó a Macri y su presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, en 2018. “Muchas estabilizaciones terminan en crisis cambiarias, financieras y de deuda soberana”, señalan sobre los casos en que no se ajusta bien el dólar y las cuentas fiscales al comienzo y a lo largo de los planes. Por eso, recomiendan un esquema cambiario rígido para estabilizar precios al comienzo, pero después flexible para evitar posteriores correcciones bruscas del dólar y las consiguientes crisis. Es decir, no repetir el uno a uno, que terminó con la hiperinflación de Alfonsín, pero acabó en un colapso. Es mejor imitar a Brasil, que adoptó el Plan Real en 1994 pero cinco años después se permitió devaluar sin entrar en una debacle. Remes Lenicov recuerda las tres experiencias que estudió: “Hubo controles iniciales sobre la cuenta capital del balance de pagos”. Es decir, se puede eliminar el cepo, pero para evitar apreciaciones o depreciaciones intempestivas se necesitan algunas restricciones al ingreso y la salida de capitales especulativos, a diferencia de la libre circulación que aplicó Macri en 2015.

“Los planes exitosos parten de situaciones más robustas de la cuenta corriente”, advierten Palazzo, Rapetti y Waldman. En la Argentina, la cuenta corriente del segundo trimestre del año, lejos de la robustez, fue deficitaria en US$ 6.300 millones, por el impacto de la sequía en la exportación agrícola, por la distorsión que implica el cepo cambiario en términos de desaliento a las ventas externas y fomento de la importación y por el giro de ganancias de inversores al exterior en un clima de incertidumbre. Una devaluación, lluvias que favorezcan la cosecha y el impacto del gasoducto Néstor Kirchner en términos de reequilibrio de la balanza energética pueden ayudar a mejorar la cuenta corriente. Los programas que funcionaron fueron antecedidos por ajustes de las cuentas externas, recuerdan los economistas de Equilibra.

“Precios y salarios: se acordó acomodar los precios relativos”, señala el libro '115 días para desarmar la bomba'. Los precios relativos son la relación entre el valor de un bieny el de otro. Sobre todo hay que arrancar acomodando los que lucen atrasados, como el dólar oficial, los sueldos, la nafta y las tarifas de energía, agua o transporte público. Antes de los planes Austral y Convertibilidad hubo aumentos del tipo de cambio, los combustibles y las tarifas. En el programa de Alfonsín además se subieron los salarios, aunque 10% menos que la inflación, y después se los congeló. En el de Menem se los metió directo en el freezer. Remes Lenicov observa que Brasil, Chile e Israel “controlaron y/o fijaron precios y salarios pero por un plazo relativamente breve, de seis a 9 meses”. Palazzo, Rapetti y Waldman coinciden en que “los países tienden a corregir los precios relativos antes de lanzar un plan”. Remes Lenicov agrega: “Se dejó de indexar por el pasado para hacerlo con la inflación esperada”. O sea, que habría que cambiar las fórmulas de actualización de jubilaciones, pensiones y asignaciones, la de alquileres y la de tarifas de energía para hogares de clase media y baja, por ejemplo.

“Los planes de estabilización son una combinatoria de tres sets de medidas de política económica”, resume Álvarez Agis. “En primer lugar, están las clásicas políticas de corte ortodoxo de reducción de la inflación: política fiscal contractiva para reducir el déficit fiscal y la necesidad de emisión monetaria; política monetaria contractiva para apuntalar la demanda de moneda doméstica a través de una suba de la tasa de interés; política cambiaria para depreciar la moneda en el caso que se evalúe que el tipo de cambio es un factor de desequilibrio del mercado cambiario y del mercado de bienes”, describe el ex viceministro de Cristina Fernández de Kirchner. Después viene “el set de políticas económicas heterodoxas, que son las que generalmente le dan nombre al plan”: “El desagio del Austral (sistema que consistía en una conversión diaria de las deudas según una tabla en la cual se actualizaba la equivalencia entre el saliente peso argentino y el nuevo austral), o el tipo de cambio fijo del uno a uno serían el ejemplo de este tipo de herramientas. Este set de políticas tiene siempre el mismo objetivo: acelerar la convergencia de la tasa de inflación al objetivo de política para evitar que la inercia inflacionaria desalinee los precios relativos y genere una crisis económica que tenga lugar antes de que el set de políticas económicas clásicas (fiscal, monetaria y cambiaria) hagan su trabajo. Una de las claves es que el set de políticas ortodoxas sea técnicamente compatible con el set de políticas heterodoxas. De lo contrario, los precios relativos pueden moverse en la dirección equivocada, incluso agravando el problema que se quería solucionar.”

El tercer elemento señalado por Álvarez Agis consiste en arrancar con los precios relativos “de equilibrio”, tal como señalan Remes Lenicov y los analistas de Equilibra. Álvarez Agis aclara qué es equilibrar en este caso: que los bienes cuesten un valor que le aporten al fabricante una ganancia “razonable”, que los servicios públicos tengan tarifas que eviten la desinversión, que el dólar permita equilibrar las cuentas corriente y de capitales de la balanza de pagos -por tanto, el oficial no puede seguir tan bajo- y los sueldos “deben permitir un nivel de consumo socialmente aceptado y el sostenimiento del mercado interno, compatible con un nivel de desempleo bajo que minimice los conflictos sociales”.

“Acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional) para poder acceder al mercado internacional de capitales, necesario para controlar el tipo de cambio y ayudar a financiar el crecimiento”, señala como requisito Remes Lenicov. Álvarez Agis recuerda que “un punto fundamental” de la convertibilidad “fue el apoyo por parte del FMI y organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), cuyos desembolsos ayudaron a sostener la credibilidad del esquema cambiario”. En la cúpula de la UP pretenden renegociar el acuerdo vigente con el Fondo para postergar los vencimientos por US$4.700 millones que tocan en 2024 del tramo final del préstamo récord que tomó Macri en 2018. Claro que el clima entre el organismo y Massa no es el mejor después del aumento de gasto público que dispuso en la campaña para reforzar los ingresos de trabajadores y jubilados. Pero al mismo tiempo la elevada inflación está licuando las erogaciones en jubilaciones, pensiones, asignaciones y planes sociales, con lo que al final de año puede que el déficit fiscal primario (antes del pago de deuda) se acerque más al 1,9% del PBI pactado que al 3% que temen muchos consultores.

Al final, Remes Lenicov apunta que “todas estas medidas se vincularon estrechamente con una estrategia de crecimiento”. “En todos los casos, el financiamiento fue clave, a través del aumento de la monetización que permite expandir el crédito, la expansión del mercado de capitales y el ingreso de fondos externos”, apunta. En cuanto a los resultados de los planes de Brasil, Chile e Israel, “la inflación cedió rápidamente y así aumentaron los ingresos personales y el crédito, y de ese modo se expandió el consumo”. “Con el tipo de cambio alto aumentaron las exportaciones. Posteriormente aparecieron las inversiones”, concluye el ex ministro peronista. Palazzo, Rapetti y Waldman concuerdan en que “la estabilización recupera el crecimiento”. Álvarez Agis recuerda que “la convertibilidad logró reducir rápidamente la tasa de inflación: en diciembre de 1991 la mensual ya era 0,6%, partiendo del 27% en marzo. Un año después del lanzamiento, las reservas internacionales habían crecido 84% y el PBI acumulaba un crecimiento de 12%. Sin embargo, el superávit comercial se perdió en el cuatro trimestre de 1991 y el sostenimiento del esquema cambiario pasó a estar completamente determinado por obtener un saldo positivo en los movimientos de capitales del exterior”. Así fue que Menem se dedicó a vender empresas estatales y después a endeudarse, hasta que el esquema le estalló a Fernando de la Rúa en 2001. 

AR/MG

Javier Milei le pidió esta semana a Sergio Massa que postergue la presentación del proyecto de ley de presupuesto 2024, dado que se trata de una iniciativa que dependerá mucho de quien gane las elecciones presidenciales. Pero el ministro de Economía y candidato presidencial no tenía opción: la norma establece que cada 15 de septiembre se envíe el presupuesto al Congreso. Sí aceptó discutirlo allí una vez que sea elegido el nuevo jefe de Estado, es decir, tras la primera vuelta del 22 de octubre o la segunda del 15 de noviembre. Pero lo interesante del proyecto mandado hoy por Massa no son las proyecciones 2024, que no sólo dependen de los comicios sino que incluso en caso de que él venza, se ponen en duda, sino lo que calcula para lo que queda de 2023.

En el presupuesto 2024 se hacen proyecciones sobre el año actual: la inflación terminaría en 135%, más que el 124% actual, pero mucho menos que el 190% que predicen los economistas que más aciertan en sus pronósticos; mientras que la economía se contraería 2,7%, cuando hasta ahora en el Gobierno soñaban con evitar una caída. Para el año próximo sueñan con un índice de precios al consumidor del 70% a fin de año, con un promedio a lo largo del año levemente inferior al 90%, y una recuperación del PBI del 2,7%.

En el equipo económico de Massa aclaran que el presupuesto fue hecho sobre la base de una hipótesis de reducción gradual de la inflación y del déficit fiscal, pero no descartan una plan de estabilización, también llamado de shock. “En general un presupuesto es gradual, no podemos presupuestar un plan de estabilización. Acá se presenta un presupuesto, pero después se verá”, dejan la puerta abierta en el entorno del ministro. Es que en 2022, cuando Massa asumió el cargo, quería impulsar un programa así, como el Austral en 1985, pero eso implicaba una devaluación inicial del peso que Cristina Fernández de Kirchner resistió. Cualquier plan de shock implica primero acomodar los precios que se consideran atrasados, como el dólar o las tarifas de servicios públicos, y después un congelamiento de todas las variables, desde el gasto público hasta los salarios pero también las remarcaciones de precios. “Estamos muy expuestos a los cambios electorales”, aclararon los que confeccionaron el presupuesto 2024.

En el proyecto se habla de mantener el dólar oficial congelado en $350 hasta la segunda vuelta electoral y después actualizarlo por inflación para que termine en $367 a fin de año. En 2024 llegaría a $607. No se habla del paralelo.

El objetivo de déficit fiscal primario (antes del pago de deuda) sigue en 2023 en 1,9% del PBI, el comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pese a las compensaciones de ingresos tras la devaluación poselectoral, lo que la oposición llama “plan platita”. ¿Cómo se equilibraría el aumento del gasto y los menores ingresos por la quita del impuesto a las ganancias al 6% de los empleados y jubilados? Por subejecuciones de diversas partidas, por el manejo de la deuda flotante del Estado con proveedores, por la reducción de ciertas erogaciones como subsidios, gastos de funcionamiento, transferencias corrientes a provincias y empresas estatales u obra pública. “Vamos a compensar si sangra, pero queremos ser cuidadosos del impacto fiscal de las medidas recientemente adoptadas”, cuentan en Economía. La extensión del impuesto PAÍS a la importación, el empleo que sigue fuerte y la inflación también mejoran la recaudación actual.

En 2024, si gana Massa y si mantiene este proyecto de presupuesto, algo que está en duda si aplica un plan de shock, el objetivo de déficit primario es 0,9% del PBI, pero en una separata se propone llegar al 1% de superávit mediante el recorte o la eliminación de exenciones tributarias. Entre ellas figura la exclusión de Ganancias para los empleados del Poder Judicial (los altos funcionarios del Ejecutivo seguirán pagando), la de Bienes Personales para inmuebles rurales en el país y en el exterior y otras que atañen a empresas. No se incluyó en el presupuesto la idea existente de un impuesto mínimo del 15% de Ganancias para grandes empresas, que suelen encontrar vericuetos para declarar que tuvieron pocos o ningún beneficio, de modo de no tributar. Quizá el proyecto se presente aparte.

Para pasar del soñado déficit del 1,9% en 2023 -algunos economistas temen que sea del 3%- al superávit del 1%, dos puntos provendrían de la quita de beneficios tributarios, pero otro punto llegaría de una mejora de 0,8 puntos de la recaudación impositiva porque ya no habría sequía en el campo y además la economía crecería. También seguirían recortando subsidios a la energía, sobre todo al 35% de mayores ingresos. Si el Congreso aprueba la quita de Ganancias al 6% de empleados, que se fijó por decreto este fin de año, entonces deberían buscar fondos adicionales para compensar en 2024 esa pérdida de ingresos porque no está contemplada en el proyecto de presupuesto dado que aún no es ley. El gasto, encabezado por las jubilaciones y lo social, subiría 93%, pero los ingresos, 105%. Los subsidios energéticos, los gastos de funcionamiento y las transferencias a provincias crecerían por debajo de la inflación, es decir, se recortarían.

“Si se acaba el déficit, ya no habrá financiamiento monetario y eso impacta en la inflación”, explican en el Gobierno por qué se ilusionan con bajarla al 70% en 2024. “Bajar de un déficit del 1,9% a un superávit del 1% es un plan de consolidación”, agregan. “Habrá que ver si podemos cambiar el régimen monetario”, aludieron al cepo.

AR/DTC

Estabilizar procesos de inflación crónica no es una tarea sencilla. Su dificultad queda demostrado en la historia latinoamericana, en la que más de 3/4 de los planes de estabilización intentados durante 1970-2018 fallaron en reducir de forma persistente la tasa de inflación. Sin embargo, no es una tarea imposible. Basta con observar la tasa de inflación de nuestros vecinos para darnos cuenta que nos hemos quedado sólo en la “guerra contra la inflación” y que los procesos inflacionarios de los años '80 y principios de los '90 fueron superados por el resto de los países de la región. Nosotros mismos, de hecho, lo superamos y nuestra propia impericia macroeconómica nos llevó de nuevo a un proceso de inflación crónica.

Sin embargo, en nuestro próximo desafío desinflacionario tendremos la ventaja de poder aprender sobre los rasgos comunes de los planes de estabilización exitosos y que características comparten los planes de estabilización fallidos. Esto deberíamos aprovecharlo. 

Patrones comunes

En el análisis de los intentos de estabilización sobresalen tres hechos estilizados a tener en cuenta a la hora de diseñar el plan. Estos son: 1- orden fiscal; 2- liquidez de dólares y 3- necesidad de una estrategia de salida. Vayamos por partes con las ideas generales y los detalles quedarán para una futura publicación que verá la luz en las próximas semanas.

1- El orden fiscal puede ser una obviedad para algunos y una herejía para otros. Lo cierto es que los planes de estabilización exitosos ordenaron sus cuentas fiscales antes o durante el lanzamiento del plan de estabilización. Es más, el orden fiscal no duró sólo durante el año del lanzamiento, sino que se afianzó durante los años subsiguientes, mientras se consolidaba la desinflación y la economía se acostumbraba a vivir en baja inflación.

2- Si la estabilización es exitosa es muy probable que el tipo de cambio real se aprecie y la cuenta corriente se vuelva deficitaria. Esto ocurre, principalmente, porque el tipo de cambio nominal se utiliza como ancla (directa o indirectamente) y se rezaga, abaratando las importaciones. La diferencia entre los planes exitosos y los fracasos reside en que los exitosos suelen partir de un superávit de cuenta corriente que les da margen para que la apreciación y el déficit de cuenta corriente no se torne tan deficitario rápidamente, y que, por lo tanto, no se perciba insostenible la apreciación. Mientras esto dure, el ancla funciona y la desinflación se consolida. Alternativamente, existen algunas excepciones de países de menor tamaño relativo que partieron con déficits de cuenta corriente abultados que, sin embargo, fueron financiados por organismos multilaterales u otros gobiernos con peso geopolítico. 

Los puntos 1 y 2 implican, entonces, que se necesitan dólares para financiar la desinflación (y sostener la apreciación) y un déficit fiscal limitado para que el sector privado no corra con los pesos al dólar, y confíe en la solidez del plan para financiar los futuros déficit de cuenta corriente.

3- En esta línea, si el plan es exitoso es bastante probable que, luego de unos años de crecimiento económico, déficit de cuenta corriente y apreciación del tipo de cambio, comiencen ciertas dudas sobre la sostenibilidad del esquema macroeconómico. El éxito reside en lograr que la economía pueda, para ese entonces, ajustar su paridad cambiaria (devaluar) sin reiniciar un proceso de inflación crónica. A tal fin, cuanto mejor planeada sea la estrategia de salida de la apreciación cambiaria, menos costosa será. Por ejemplo, no es lo mismo “abandonar” una caja de conversión establecida por ley, que devaluar un tipo de cambio fijo que estaba simplemente fijado por la autoridad monetaria del país. Los costos de salida serán muy distintos en uno u otro caso. 

Sin embargo, tal vez es aún más importante resaltar que los planes de estabilización no se hacen en el vacío. Hay tres factores relevante que indican que los hechos estilizados mencionados más arriba son sólo una guía de un bosquejo de plan y que el diseño de un plan exitoso debe tener en cuenta el contexto internacional, la coyuntura doméstica y cuestiones idiosincráticas del propio país.

Limitantes

1- El entorno internacional, juega. No por nada, una gran parte de los éxitos ocurrieron en los años '90, durante un ciclo financiero internacional más amigable con la región que durante la década previa. Cómo seguirá la política monetaria de Estados Unidos es una pregunta a tener en cuenta por los encargados de diseñar un plan.

2- La coyuntura doméstica, obviamente, también juega. El punto de partida al momento del lanzamiento de un plan de estabilización define cuál es su diseño óptimo. Los equipos que trabajen en una plan de estabilización con varios meses de anticipación deberán tener un plan A, B y tal vez, C, dado la volatilidad de la coyuntura actual.

Para dar solo dos ejemplos: -Estabilizar una economía eligiendo como instrumento principal al tipo de cambio nominal es prácticamente imposible si se parte de un tipo de cambio apreciado, brecha cambiaria, déficit de cuenta corriente y pocas reservas internacionales. En este caso, el ancla que comprometa el gobierno no podría ser el tipo de cambio, salvo que se realicen antes del lanzamiento del plan los ajustes necesarios (con los riesgos y costos que esto implica). -Desinflar de un plumazo (shock) una economía en donde todavía se convive con paritarias semestrales y ajuste de alquiler anuales es, también, muy difícil. Veamos. Si te prometen que la inflación será a partir de mañana 0%, pero tu salario lo ajustaron hace 4 meses, ¿hace falta una recomposición salarial para recuperar tu poder de compra? Si la respuesta es sí, y la recomposición se otorga, es muy difícil entonces que la inflación sea efectivamente 0% al mes siguiente, dado el aumento de costos que las empresas querrán traspasar a precios. 

3- Por último, y relacionado con lo anterior, cuestiones estructurales, políticas y sociales también tienen un rol primordial que determinan que el plan que fue exitoso en un país, difícilmente pueda ser replicado como una receta de cocina para otro país. Es decir, los planes de estabilización se parecen cuando uno los ve desde la lejanía de los fríos números, pero las políticas concretas que se tomaron en cada caso varían con la situación que enfrentaba el país y sus características institucionales y estructurales. Por ejemplo, Edmar Bacha cuenta que durante el diseño del Plan Real hubo convencimiento de que la sociedad necesitaba un plan “sin shocks, sin congelamientos y sin confiscaciones”, entendiendo que para que la sociedad confíe y no asocie al plan a fracasos pasados era necesario evitar cualquier tipo de sorpresa o parecido con planes previos. En este mismo sentido, los ajustes fiscales que necesita cada país son distintos y dependen de la estructura tributaria y de gasto que enfrentan. Por ejemplo, Uruguay en los años 1990 decide realizar un plan de estabilización gradual, en parte, porque la reforma constitucional previa implicaba una indexación de las jubilaciones que hacía imposible de financiar al sistema ante una reducción brusca de la inflación. 

Todo esto indica que el plan de Argentina no está escrito. Sabemos hacia dónde hay que ir, pero es necesario poner toda nuestra creatividad para que la consolidación fiscal y acomodamiento de precios relativos no se haga mediante una crisis y ajuste caótico. El rol de la política es dirimir los conflictos implícitos y explícitos que implica el ordenamiento macroeconómico, fijando prioridades y procurando minimizar los costos.

Para que un plan de estabilización sea exitoso, en mi opinión, no necesitamos de “valientes” que se animen a bajar de un plumazo el gasto público sin importar por donde se corta la mecha. El diseño del plan necesita pensar en qué ajustes se pueden hacer, teniendo en cuenta factores institucionales y estructurales, así como el impacto social del plan y el apoyo de la sociedad que pueda tener. En definitiva, ajustes grotescos de nuestra historia han sido el inicio de fases económicas (y políticas) todavía más inestables. Pero pensar que ningún ajuste es necesario ni es posible, nos ha llevado a la penosa situación actual.

CC