La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó este jueves los procedimientos y requisitos para que los productores afectados por la sequía cuyos establecimientos se encuentran ubicados en una zona de emergencia agropecuaria, puedan acceder automáticamente a diversos beneficios fiscales.

La Resolución 5350/2023, publicada en el Boletín Oficial, establece los procedimientos, los requisitos y las condiciones para poder acceder a los esquemas.

De esta forma, se le da una mayor precisión al Decreto 193 del pasado 9 de abril que dispone el otorgamiento automático de los beneficios previstos por la emergencia agropecuaria a los productores afectados por la sequía -para las declaraciones ya fijadas como las que se homologuen hasta fin de año-, simplificando, de esta forma, su acceso.

Entre las prerrogativas, se incluye la suspensión hasta el próximo ciclo productivo de la iniciación de juicios de ejecución fiscal, y del ingreso de anticipos de impuestos nacionales.

También se difieren los pagos del integrado del monotributo y de los saldos resultantes de las declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias, bienes personales y del fondo para la educación y promoción cooperativa.

Del mismo modo, podrán deducir en el balance impositivo de ganancias el 100% de los beneficios derivados de la venta forzada de hacienda bovina, ovina, caprina o porcina.

Además, la AFIP otorgará planes de facilidades de pago especiales para la regularización total o parcial de los pagos de la seguridad social, incluyendo intereses, multas y sanciones, con vencimientos acaecidos hasta el 31 de marzo último, inclusive.

La resolución establece que las autoridades provinciales le enviarán vía web a la AFIP la información contenida en los certificados de emergencia, para identificar correctamente y registrar a los sujetos beneficiados, incluyendo la Clave única de Identificación Tributaria (CUIT), la vigencia de la declaración y el número de la resolución ministerial que homologa la misma.

Para acelerar los plazos, las provincias tendrán hasta el día martes de la semana siguiente a la homologación de la declaración para enviar estos datos a la AFIP, y para las declaraciones emitidas hasta abril inclusive, lo podrán hacer hasta el próximo 9 de mayo.

Tras ser enviada la información, la AFIP verificará que la actividad de los beneficiarios por la declaración coincida con una de las 66 actividades agropecuarias que abarca la medida.

De superar las validaciones, los contribuyentes automáticamente serán caracterizados en el servicio “Sistema Registral” del micrositio “Emergencia por Sequía” del organismo tributario.

Quienes no aparezcan en las listas podrán solicitar la caracterización para acceder a los beneficios, luego de los siete días hábiles administrativos de vencer el plazo en el cual la autoridad provincial debía enviar la información.

Para ello deberán ingresar al servicio “Presentaciones Digitales”, seleccionar el trámite “Zona de emergencia - Acreditación”, detallar motivos y adjuntar copia del certificado remitido por la autoridad competente.

Este reclamo también podrá ser realizado para quienes deban modificar la actividad principal declarada en el Sistema Registral, para lo cual deberán adjuntar un informe extendido por contador público, para que luego la solicitud sea resuelta por la AFIP dentro de siete días hábiles.

La normativa también especifica los planes de facilidades de pago, según se trate de deuda general -incluyendo obligaciones impositivas y de recursos de la seguridad social- con un máximo de 48 cuotas, deuda de aportes de la seguridad social por trabajadores en relación de dependencia con hasta 24 cuotas, por retenciones y percepciones impositivas con hasta 6 cuotas, y por deuda aduanera con hasta 18 cuotas.

Se podrá acceder a los planes desde el próximo 12 de mayo hasta el 31 de marzo del año próximo a través del sistema “Mis Facilidades”, opción “RG. 5350 - Plan Especial de emergencia y/o desastre agropecuario por sequía”.

Los mismos tendrán cuotas mensuales, iguales y consecutivas de un mínimo de $ 2.000; y una tasa de financiación que resultará de aplicar el 90% o el 100% sobre la tasa de interés resarcitorio, según si se trata de un pequeño contribuyente o no.

Con información de Télam

IG

El Ministerio de Economía declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en la provincia de Buenos Aires, como consecuencia de la sequía.

Según lo dispuesto en la Resolución 317/2023, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la medida tiene vigencia entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2022 en el partido de Florentino Ameghino.

También desde el 1 de junio de 2022 pero hasta el 31 de marzo de este año, en los partidos de Leandro N. Alem, Castelli, Marcos Paz, Saavedra y Laprida.

Desde el 1° de agosto de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023, en el partido de Guaminí; desde el 1° de septiembre de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023 en los partidos de Balcarce y General Belgrano y desde el 1° de octubre de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023, en los partidos de General Madariaga, La Plata, Pila, General Las Heras, San Antonio de Areco y Lezama.

Luego, desde el 1° de noviembre de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023 en los partidos de General Lamadrid, Carlos Tejedor y Pergamino, desde el 1° de diciembre de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023 en los partidos de Cañuelas, Campana, Las Flores y General Rodríguez.

Asimismo, Economía dispuso que a los efectos de la aplicación de la Ley Nº 26.509, se da por declarado y/o prorrogado, en la provincia de Buenos Aires, el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, a las explotaciones agropecuarias afectadas por sequía, desde el 1° de enero de 2023 y hasta el 31 de marzo de 2023 en los partidos de San Pedro, Rojas, Salto, Ramallo, Junín, Arrecifes, Alberti, Chascomús, Suipacha, Dolores, Lobos, San Vicente, Magdalena, Luján, General Paz, Ayacucho, Bragado, Monte, Maipú, Lincoln, Baradero, Punta Indio, Chivilcoy, General Arenales, Roque Pérez, San Nicolás, San Andrés de Giles, Mercedes, Brandsen, Rauch, Exaltación de la Cruz, Carmen de Areco, General Viamonte, Capitán Sarmiento, General Guido, Chacabuco, Navarro, Colón, Tordillo y Tandil.

El Palacio de Hacienda explicó que el 31 de marzo de 2023 es la fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones agropecuarias afectadas de las áreas declaradas en la Resolución.

A la vez, recordó que a los efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda esa Ley, los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos.

Por su parte, las instituciones bancarias nacionales, oficiales mixtas y la AFIP arbitrarán los medios necesarios para que los productores agropecuarios gocen de los beneficios previstos en la Ley.

Con información de NA.

IG

El Ministerio de Economía declaró el estado de emergencia y desastre agropecuario para las explotaciones agrícolas, forestales y frutihortícolas de la provincia de Córdoba, por el período comprendido entre el 1° de enero y el 30 de junio, que se extiende a todo el año en el caso de las explotaciones ganaderas, tamberas y apícolas.

La medida se dispuso a través del Decreto 290/2023, enmendado por el Decreto 298/2023, ambos publicados este viernes en el Boletín Oficial y abarca a las zonas delimitadas “utilizando el criterio de polígonos georreferenciados”, en conformidad con el decreto provincial 136/2023.

Ese decreto provincial, sancionado el 9 de febrero pasado, identifica siete polígonos en distintas zonas de la provincia mediterránea.

Los productores afectados deberán presentar el certificado extendido por la autoridad provincial competente, en el que conste que sus predios o explotaciones están comprendidos en los casos previstos en la ley 26.509 de Emergencia Agropecuaria.

El Gobierno de Córdoba deberá remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de productores afectados, acompañando copia del certificado emitido.

La declaración del estado de emergencia corresponde cuando al menos el 50% de la producción o capacidad productiva de la explotación se encuentre afectada y en ese caso el titular se beneficiará con la postergación del pago de impuestos nacionales.

Si ese perjuicio supera el 80% de la producción o capacidad productiva, se declara desastre agropecuario y el productor quedará eximido del pago de los tributos correspondientes.

Para ello, tanto los bancos oficiales como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) arbitrarán los medios necesarios para que los productores gocen de los beneficios previstos.

Con información de agencias.

IG