Los miembros del autodenominado “El Grupo”, una comunidad espiritual de la Compañía de Jesús para catequesis, retiros y oraciones en Madrid, recibieron el pasado lunes una carta oficial con membrete de su organización. En ella, los guías espirituales les relataban que los rumores que habían oído y por los que habían preguntado eran ciertos: el conocido cura J. M. había sido denunciado en el pasado por abusos mientras fue religioso allí, cuando había tenido contacto permanente con cientos de niños, jóvenes y adultos, a muchos de los cuales acompañó en retiros y a solas.

“En el año 2015, el entonces Provincial de la Compañía de Jesús recibió dos denuncias contra J. M. por comportamientos no adecuados en el contexto del acompañamiento espiritual durante su etapa como cura de la Comunidad de Grupos Católicos Loyola –como se conoce también a esta comunidad, con sede en el barrio de Salamanca–. Posteriormente se recibieron cuatro nuevos testimonios”, dice la misiva, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

¿Qué es un “comportamiento no adecuado”? La Compañía de Jesús ha contestado a las preguntas de este medio diciendo que fue “una denuncia de comportamiento impropio” y que “hay que entender que el concepto de abusos engloba conductas muy distintas”. Añaden que “no tenía recorrido judicial” y repiten que “en este caso se trataba de conductas inadecuadas en la relación de acompañamiento”, sin especificar más ni referirse a los otros cinco testimonios de los que habla la carta.

Los hechos que se denunciaban eran anteriores al año 2009, año en el que el religioso había dejado esta comunidad, y afectaba a menores de edad, pero también a mayores de edad. ¿Qué había hecho la Compañía de Jesús? En la carta recién enviada, fechada el día 23 de este mes, el grupo de oración explica que en 2015 se abrió una investigación “que culminó en un Decreto canónico con unas medidas por 5 años”.

Entre las medidas se encontraba “la prohibición explícita a J. M. de actividad pastoral con menores, también la participación en actividades de los Grupos Loyola así como cualquier acompañamiento espiritual”. elDiario.es ha preguntado a la Compañía adónde se le trasladó, sin haber obtenido respuesta concreta. De los mayores de edad, pese a que también se habían relatado abusos o “comportamientos impropios”, no se le apartó específicamente.

Un secreto a voces

Es el caso de Miguel (nombre ficticio, ya que prefiere no ser identificado), miembro de la comunidad en los años en los que J. M. orientaba a jóvenes: “A mí me pasó siendo ya universitario, mayor de edad, a principios de los 2000. Estando de retiro, me acompañé con él individualmente en jornadas de silencio. En un par de sesiones me abrazó de una manera fuera de lo común, me respiraba encima como jadeando. Me metió la mano por debajo de la camiseta y empezó a palparme la espalda. Encima eran jornadas de silencio, en las que no está permitido hablar, con lo cual el contexto era muy propicio para alguien así”.

Por aquel entonces, el religioso no había sido denunciado oficialmente a las autoridades eclesiásticas y tenía vía libre en todas esas sesiones, pese a que era un secreto a voces. “Muchos lo sabían”, relata Miguel. “De hecho, recuerdo que se lo dije a un religioso y no hizo absolutamente nada, realmente no hubo ninguna consecuencia”.

En la misiva enviada a su comunidad, los jesuitas admiten que en 2021 se revisó el caso y todo siguió igual, pese a que la conciencia social de los abusos era mayor, las denuncias públicas se multiplicaban y el Vaticano había pedido más controles. “Se revisaron las medidas y a día de hoy se mantiene la prohibición pastoral y de acompañamiento con menores, así como la participación en actividades y se le pide que el contacto que mantenga sea personal y no apostólico”. Preguntada la Compañía qué quiere decir cuando permite el contacto personal o dónde está ahora, no da una respuesta concreta.

Tanto el reciente plan de la Iglesia contra los abusos como el propio protocolo específico de la Compañía de Jesús, colgado online, obligan a ayudar a denunciar o a reparar a las víctimas de diversas maneras, también económicamente. Según la misiva oficial, “en uno de los casos la Compañía de Jesús facilitó a la víctima el proceso de reparación que solicitó”. Del resto, nada se sabe. Los jesuitas tampoco han respondido las preguntas concretas a este respecto.

La carta recoge también las palabras textuales del actual Provincial, el líder de la Compañía desde 2023, en las que pide perdón y justifica la actuación de la organización: “Aunque ahora duela esta revelación y la sombra que representa, no anula mucho de lo que en la vida de J. también ha sido entrega, servicio y el deseo de acertar al compartir el evangelio. Como provincial actual de J., en nombre de la Compañía de Jesús os pido perdón, como ya en su momento hicimos con las víctimas”, relata la carta.

También pone de manifiesto que el abusador asumió implícitamente la culpabilidad: “De acuerdo con la voluntad expresada por los denunciantes, J. nunca ha sabido el origen de las acusaciones, pero mostró desde el primer momento una firme voluntad de revisar sus conductas del pasado y las raíces profundas de éstas, lo que ha supuesto un proceso de revisión personal”.

Con eso y con todo, no ha sido expulsado de la Iglesia ni denunciado, y continúa su vida espiritual sin que haya habido más consecuencias públicas o legales. “En todo momento se ha atendido a la voluntad de las víctimas, en lo que respecta al anonimato, y a los procesos de reparación cuando lo han pedido. Pero no nos corresponde a nosotros dar más información sobre ello”, concluyen fuentes oficiales de los jesuitas de manera genérica.

Si tenés información sobre este caso u otros simillares, podés hacernos llegar documentación o datos confidenciales a través de pistas@eldiario.es

En este trabajo se analiza la correspondencia inédita que el tucumano Diego León de Villafañe, nuestro último jesuita, mantiene entre 1799 y 1828 con Ambrosio Funes.

¿Qué pasó con los jesuitas tras su expulsión del territorio español en 1767? ¿A dónde fueron? ¿Por qué pudo regresar Villafañe? ¿Cuál fue su rol en el proceso de independencia en el Río de la Plata? ¿Cómo mantuvo su identidad jesuita en esos años tan aciagos para la Compañía?

Conducción: Ignacio Telesca

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez

HistoriAr es un podcast creado y producido por la Asociación Argentina de Investigadores en Historia (AsAIH). Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

AsAIH

Pablo Vío y Gonzalo Elizondo cursaban juntos sexto grado en el Colegio del Salvador de Buenos Aires. Tenían 11 y 12 años cuando César Fretes, hermano jesuita de la institución, abusó sexualmente de ellos y de varios de sus compañeros. Hace un año, formaron parte de un grupo de diez exalumnos que denunciaron penalmente a las principales autoridades del colegio y de su orden religiosa madre, la Compañía de Jesús, la misma a la que pertenece el Papa Francisco, en calidad de partícipes y encubridores siendo las autoridades responsables.

Tres años atrás, Vío y Elizondo, casi en sus treintas, intercambiaron experiencias y se dieron cuenta de lo que les ocurrió. Habiendo conocido testimonios de otros amigos, recurrieron a la institución: “No encontramos ningún tipo de respuesta, arrepentimiento o decisión de hacerse cargo de una manera responsable”, dijo Pablo a elDiarioAR. “Lo único que hicieron fue excusarse diciéndonos que ellos creen que actuaron de la forma indicada para la época”, apuntó.

“Nos fuimos muy dolidos y decidimos darle inicio a este camino judicial”. Tras un año y medio de buscar abogados, Vío y Elizondo -junto a otras ocho víctimas- presentaron su denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra Mujeres (UFEM) con el patrocinio de Carlos Lombardi, Pablo y César Mayer.

Los denunciados son Luis Rafael Velasco, rector del colegio entre 1999 y 2003; Ricardo Moscato, vicerrector entre 1999 y 2010 y rector desde entonces; Alonso José Gómez, superior provincial de la orden entre 2003 y 2009 y actualmente rector de la Universidad Católica de Córdoba (UCC); Álvaro Pacheco, delegado de la Compañía para la prevención de denuncias y abusos y Andrés Ignacio Aguerre Herrera, rector de la escuela entre 2004 y 2010 y desde 2022 vicerrector de la UCC.

Fretes falleció a raíz de un cáncer en octubre del 2015. Se había desempeñado como tutor de sexto grado entre 1997 y 2003. “Sí tenía una relación más cercana con la mayoría”, recordó Vío. Fue el encargado de impartir “Educación para el amor”, una especie de educación sexual. “A vista de nuestros padres y profesores se lo veía de una forma muy positiva; cercano y simpático”. Fretes estaba habilitado a indagar en cuestiones del desarrollo corporal y de la vida sexual de sus alumnos. En ese momento, tenía 40 años.

El jesuita solía retirar a los niños del aula durante horario de clases, para llevarlos a su despacho al final del pasillo del tercer piso, cuya puerta con ventanas estaba tapada con cartulina desde adentro. Dice la denuncia que ahí, con sus alumnos, Fretes preguntaba si se habían masturbado, con la excusa de que se bajaran los pantalones para ver y tocar. Como acompañante, frecuentaba también campamentos de retiros espirituales, llamados “Encuentros con Cristo”, donde de noche entraba a las carpas o las habitaciones.

Los denunciantes indicaron que Velasco y Moscato recibieron al menos tres denuncias de padres y una cuarta de un sacerdote, pero estos dos en vez de separar a Fretes del trato con los niños, habrían consentido para que continuara retirando niños del aula y siguiera como tutor y acompañante de ellos en campamentos y retiros espirituales, optando por el silencio para que la comunidad educativa no tomara conocimiento de lo sucedido. Los exalumnos consideran que la inacción de los directivos hizo que el hermano siga por más de dos años.

Por su parte, Gómez, Pacheco y Aguerre Herrera habrían encubierto los delitos de Fretes y la inacción de Velasco y Moscato. Según la denuncia, ocultaron pruebas fundamentales para el esclarecimiento a los hechos y se negaron a entregar copias de los expedientes abiertos por los abusos de Fretes. “Ellos tienen que entregar la documentación si la piden, porque es un derecho humano ejercido por víctimas de abuso”, explicó Lombardi a elDiarioAR.

En cuanto al paradero de Fretes, “él se fue a Mendoza, y nunca se dijo nada sobre su traslado y se mantuvo con bastante hermetismo”, dijo Vío. Comenta que es común ver entrar y salir curas en un colegio religioso, por lo que no sería raro el traslado en otras circunstancias. Sin embargo, “tenía que ver con encubrir a un abusador”. Lombardi describe un modus operandi de la Iglesia, y cuenta que en la ciudad cuyana “vino a la sede de los jesuitas, también colaboró en una parroquia de un barrio vulnerable y siguió en contacto con jóvenes porque participó de algunos campamentos”. “Como no tenían cómo contener el reclamo de los padres, deciden trasladarlo, pero en silencio”, apuntó.

La respuesta del colegio

A poco de conocerse la denuncia penal, la Compañía de Jesús difundió un comunicado en el que aseguran haber prestado “toda su colaboración para que los oficiales intervinientes pudiesen desarrollar el procedimiento a fin de que se puedan aclarar los hechos bajo investigación”, y recordaron que Fretes ya no pertenecía a la institución ya que había sido “dimitido” del estado clerical, la máxima sanción prevista por la Iglesia católica, en 2007. También afirman que fue separado de sus funciones en 2003, cuando se conoció la primera denuncia.

Luego, agregan el argumento utilizado en la mayoría de los casos de abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia, que se trataba de un delito privado y que por lo tanto no podían denunciarlo:  “Lamentablemente, en aquellos años, la Ley vigente no facultaba a las autoridades educativas para denunciar ante delitos dependientes de instancia privada, aunque se dejó en libertad de hacerlo a los padres, quienes evidentemente optaron por no hacerlo por razones no comunicadas”.

Como sigue la causa

La causa, actualmente bajo secreto de sumario, tuvo el viernes 10 de marzo dos allanamientos: al Colegio del Salvador y al Centro Loyola, sede de la Orden Jesuita en San Miguel, provincia de Buenos Aires. elDiarioAR supo que los investigadores fueron en busca de documentación: “Parte de esa documentación se secuestró y otra se presentó por parte del abogado de los curas. No deja de ser una actitud contradictoria, porque el año pasado negaron la información y ahora con una orden judicial la presentan”, cuestionó Lombardi. “Lo que presentaron es antojadizo, lo que han querido”.

"Es un caso grave, de un colegio importante de Buenos Aires, de la congregación del Papa Francisco

Carlos Lombardi — Abogado de las víctimas

En un comunicado, los excompañeros dicen que “en octubre del 2022 enviamos una carta al Papa Francisco”, donde explicaron su denuncia y solicitaron “su intermediación para esclarecer estos hechos. Es la segunda carta que enviamos al Papa. Sin embargo, a la fecha no hemos recibido respuesta”. Jorge Bergoglio fue docente de la institución: “Si no lo conoció personalmente, por lo menos por las cartas ha tenido noción y conocimiento del caso y la persona”, piensa Lombardi. “Es un caso grave, de un colegio importante de Buenos Aires, de la congregación del Papa Francisco”.

“Consideramos que era una forma de aunque sea hacer algún comentario, alguna reflexión”, explica Vío, aunque confiesa: “A mí no me va a conmover porque entiendo que es el líder de la institución que se maneja de esta forma”. Aunque opina que el Papa no debe conocer el caso, cree que la Iglesia “permite este tipo de abusos, entonces esperar una respuesta es un poco irónico. No lo veo como una solución a esto, sí una herramienta para el proceso judicial y el sanar de muchas personas que estamos transitando esto”.

“Entiendo que tiene un condimento particular esta denuncia, que es la de varones”, reconoce Pablo, y piensa que de ahí viene la repercusión que tiene el caso, aunque “no lo hicimos con ese objetivo, fue hacer público algo que estábamos intentando hacer casi tres años, hacernos escuchar”. Reflexiona: “somos personas que pudimos seguir con nuestra vida, trabajando, estudiando, y sin embargo lo que nos pasó no deja de ser gravísimo y sí tuvo repercusión en nuestras vidas”.

“El objetivo de todo esto es encontrar justicia. Esperamos que ese fallo sea positivo, más allá de la condena, porque tiene que ver con poner un granito de arena con lo que no se habla y tampoco se juzga”, responde Vío a la pregunta de sus expectativas. Habla de sentar bases para que quienes cometan delitos de abuso y encubrimiento “tengan que dar explicaciones ante la justicia y no aprovechar si son casos religiosos”. “Ellos creen que todo se define dentro de su ámbito”, sentenció.

LC