Es la primera vez en la historia que la Corte Penal Internacional (CPI) emite órdenes de arresto contra un primer ministro israelí, tras la solicitud presentada en mayo por el fiscal jefe de dicho organismo, Karim Khan.

Las presiones a la Corte Penal Internacional

Han transcurrido seis meses desde aquella petición, durante los cuales la propia oficina del fiscal jefe ha denunciado presiones y amenazas: “'Esta Corte fue construida para África y para matones como Putin', me dijo un destacado dirigente. Nosotros no lo vemos así. Este Tribunal es legado de Núremberg, esta Corte debería ser el triunfo de la ley sobre el poder y la fuerza bruta. No vamos a ser disuadidos por amenazas”, contó el propio fiscal Khan en mayo, en la CNN.

Ahora, a pesar de las presiones, la Corte señala que hay motivos razonables para considerar a Netanyahu y Gallant responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como “inanición como método de guerra”, “asesinato, persecución y otros actos inhumanos” contra la población de Gaza. Los tres jueces del panel que ha adoptado esta decisión consideran que Netanyahu y Gallant “privaron de modo intencionado y a sabiendas a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia”.

Desde hace años Israel ha estado vigilando a altos funcionarios de la Corte y a trabajadores de derechos humanos palestinos, “como parte de una operación secreta para frustrar la investigación sobre presuntos crímenes de guerra”, según reveló el pasado mes de mayo la publicación israelí +972 Magazine.

Acá el tema central no es cuándo lo arrestan, sino qué van a hacer Trump, Biden, Alemania, España, etc, ante esta orden

Moreno Ocampo, exfiscal jefe del Tribunal Penal Internacional

De qué depende el cumplimiento de la orden

El ex fiscal jefe fundador de la Corte Penal, Luis Moreno Ocampo -en el cargo entre 2003 y 2012- contó recientemente, en una entrevista en elDiario.es, que Estados Unidos le pidió cerrar la investigación preliminar sobre Palestina en varias ocasiones, algo que detalla en su reciente libro.

Este jueves, en conversación con este medio, Moreno Ocampo subrayaba que estas órdenes de arresto “limitarán a Netanyahu, no va a poder viajar a 124 Estados”, en referencia a los países que forman parte del Estatuto de Roma.

La Corte no cuenta con policía propia ni con otros mecanismos para el cumplimiento, pero la importancia de estas órdenes es notable. Nunca antes se habían emitido mandatos de detención contra líderes israelíes.

“Hay una Corte Internacional existente que dictamina que Israel está cometiendo un crimen. Acá el tema central es qué hacemos con esa información, qué pasa con los demás líderes del mundo, qué van a hacer Trump, Biden, Alemania, España, etc”, señala Moreno Ocampo a este diario.

Los 124 países que han ratificado el Estatuto de Roma tienen el deber de cumplir si la persona afectada pisa su territorio

Joan Garcés, abogado de derecho internacional

“Donald Trump ya sancionó a Fatu Bensouda [exfiscal jefe del Tribunal cuando Trump era presidente] como si fuera una terrorista por investigar a EEUU, ¿España y otros países van a dejar que pase eso? Este es el tema central. No es cuándo lo arrestan, sino cómo reacciona el mundo cuando el Tribunal Penal Internacional dice que esto que está haciendo Netanyahu es un crimen”, añade el exfiscal jefe fundador de esta Corte.

Reed Brody, abogado estadounidense especializado en derechos humanos -con un papel importante en los juicios contra los exdictadores de Chad o de Haití, Habré y Duvalier- indica a elDiario.es que “estas órdenes refuerzan el creciente consenso internacional en torno a la naturaleza criminal de la guerra de Israel contra el pueblo de Gaza”.

“Suponen que el mundo de Netanyahu y Gallant se limita ahora a los países que no han ratificado el Tratado de la Corte Penal Internacional”, añade.

El profesor en Princeton y exdirector de Human Rights Watch, Keneth Roth, lo expone así: “Los países miembros de la CPI están obligados a detener a Netanyahu y Gallant si se atreven a poner un pie en su territorio. De repente, el mundo se ha vuelto mucho más pequeño para estos dos altos mandatarios israelíes”.

Esta orden refuerza el creciente consenso internacional sobre la naturaleza criminal de la guerra de Israel contra el pueblo de Gaza

Reed Brody, abogado de derechos humanos

El doble rasero y los obstáculos

En Israel, tanto los partidos que integran el Gobierno como los de la mayoría de la oposición han criticado duramente las órdenes de arresto de la CPI. “La decisión antisemita de la Corte Internacional de La Haya es un moderno juicio Dreyfus y terminará de la misma manera”, afirmó el primer ministro Netanyahu en la noche de este jueves.

Además de Israel, otros cinco países han criticado el anuncio del tribunal: Austria, República Checa, Estados Unidos, la Argentina de Milei y la Hungría de Orbán.

Washington defiende una la ley internacional de quita y pon, aplicada solo para sus adversarios, y no reconoce la jurisdicción de la Corte en el caso israelí. Así lo ha vuelto a resaltar este jueves el Gobierno estadounidense, a través de varios portavoces y del propio Biden, quien ha tachado de “escandalosa” la orden de la CPI.

El pasado 30 de abril el portavoz del Secretario de Estado de EEUU afirmó que Washington no cree que esta Corte Internacional “tenga jurisdicción sobre este asunto”, pero que sí trabaja “en estrecha colaboración con dicha Corte en una serie de áreas claves: Ucrania, Sudán, Darfur”. Estados Unidos acogió con celebración la orden de arresto contra Vladimir Putin en marzo de 2023.

Además de Israel, otros 5 países han criticado la orden de la Corte: Austria, Argentina, República Checa, EEUU y Hungría

Las presiones y este doble rasero afectan a la credibilidad de Washington en el escenario global y generan preocupación ante los intentos de debilitar la imagen de la Corte Penal. El mundo presencia un pulso entre la defensa del derecho internacional y el ataque de EEUU al papel de los tribunales de La Haya.

Ya en mayo, cuando el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional solicitó estas órdenes de detención, el presidente Joe Biden calificó de “indignante” esa petición, y el Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, planteó la posibilidad de sancionar al Tribunal de la Haya.

Michael Waltz, futuro asesor de Trump en Seguridad Nacional, anunció este jueves “una fuerte respuesta en enero [cuando Trump asuma la presidencia] al sesgo antisemita de la Corte Penal Internacional y de Naciones Unidas”, en referencia a posibles sanciones contra ese tribunal.

Además de las medidas contra Netanyahu y Gallant, la CPI también ha emitido una orden contra el comandante de Hamás Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, conocido como Deif, cuya muerte fue anunciada por Tel Aviv pero no ha podido ser comprobada por el tribunal. La solicitud de órdenes de arresto contra otros dos líderes de Hamás, Ismail Haniya y Yahia Sinwar, no ha prosperado, porque ambos fueron asesinados por el Ejército israelí.

Para ejercer la jurisdicción de la Corte no hace falta ni la autorización, ni el permiso, ni el visto bueno de Israel

Almudena Bernabeu, abogada internacional

El abogado Joan Garcés, impulsor del juicio contra el dictador chileno Augusto Pinochet, explica a este diario que los 124 países que han ratificado el Estatuto de Roma tienen el deber de cumplir la orden del Tribunal si el primer ministro israelí o su exministro de Defensa pisan el territorio de alguno de ellos.

A su vez, Garcés reconoce las dificultades de la aplicación “frente a presuntos infractores que controlan los recursos de un Estado, que desafían la credibilidad de los tribunales nacionales e internacionales,”.

En sus veintidós años de existencia -con órdenes de arresto contra 59 personas-, la Corte Penal Internacional nunca había acusado a un líder aliado de la comunidad occidental. “De hecho, ningún tribunal internacional lo ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial. Es un hito en la historia de la justicia internacional, tan inédito como justificado y tardío”, señala Reed Brody.

Con ello, el abogado hace referencia al uso de los instrumentos de la justicia internacional usados casi exclusivamente “para abordar crímenes de enemigos derrotados, como en los tribunales de Núremberg y Tokio, parias sin poder, especialmente de África, u opositores a Occidente como Putin o Milošević.”

Este doble rasero está afectando a la credibilidad de EEUU en el escenario global

En conversación con elDiario.es, la abogada especializada en derecho internacional Almudena Bernabeu, destaca la importancia “de la legitimidad de la Corte Internacional” y señala que, “para ejercer la jurisdicción del Tribunal, no hace falta ni la autorización, ni el permiso, ni el visto bueno de Israel”.

Los dos tribunales de La Haya están dando herramientas a los Estados de la ONU para que apliquen el derecho internacional, en un momento en el que el Comité Especial de Naciones Unidas acaba de concluir que los métodos de Israel en Gaza son compatibles con las características de genocidio.

Las órdenes de arresto de la CPI refuerzan a su vez el marco de la otra Corte Internacional, la de Justicia, que en enero ordenó a Israel que no bloqueara la entrada a Gaza de la ayuda humanitaria necesaria, algo que Tel Aviv ha incumplido, como confirman ahora los jueces de la Corte Penal.

Organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, destacan que las órdenes de arresto de la Corte de La Haya representan “un avance histórico para la justicia y deben señalar el comienzo del fin de la impunidad persistente y generalizada que está en el corazón de la crisis de derechos humanos en Israel y el territorio palestino ocupado”.

Estas órdenes rompen con la percepción de que ciertas personas están fuera del alcance de la ley

Human Rights Watch

“Estas órdenes rompen con la percepción de que ciertas personas están fuera del alcance de la ley”, ha subrayado la organización internacional Human Rights Watch.

A última hora de este jueves, el propio fiscal jefe de la Corte Internacional, Karim Khan, emitió un comunicado en el que anuncia que su oficina está impulsando “líneas de investigación adicionales en zonas bajo la jurisdicción del Tribunal, que incluyen Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este”, territorios todos ellos afectados por la ocupación ilegal israelí.

“He subrayado que la ley existe para todos, que su función es reivindicar los derechos de todas las personas”, resalta Khan en su declaración, en línea con su postura de estos meses de atrás. “Nadie está por encima de la ley, ningún pueblo”, señalaba en mayo.

Es un avance histórico para la justicia y debe señalar el inicio del fin de la impunidad persistente en Israel y territorios palestinos

Amnistía Internacional

El pasado mes de julio el máximo tribunal de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, emitió un dictamen en el que resalta el carácter ilegal de la ocupación de esos territorios y en el que pide a los Estados miembros de la ONU la suspensión del comercio e inversiones que puedan contribuir de algún modo a esa ocupación.

Al hilo de ese dictamen, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en septiembre -por 124 votos a favor, incluido el de España- una resolución que exige el fin de la ocupación ilegal israelí en un plazo de doce meses y pide el fin del comercio o las inversiones que puedan contribuir a la misma.

Desde octubre de 2023 más de 44.000 palestinos han muerto en Gaza por ataques israelíes, según cifras aportadas por las autoridades sanitarias. Israel está aplicando una operación de expulsión contra el norte de la Franja, forzando nuevos desplazamientos y bombardeando espacios donde se cobijan las personas refugiadas. Además, el bloqueo a la entrada de la ayuda necesaria ha provocado hambre y enfermedades que están causando un número indeterminado de muertes.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este jueves órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Nentayahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza al menos desde el 8 de octubre del año pasado.

Los jueces también aprobaron la orden de arresto contra Mohammed Deif, un alto cargo de Hamas considerado jefe de su ala militar, aunque Israel ya lo declaró muerto en un ataque israelí el pasado junio contra la Franja, un fallecimiento que nunca fue confirmado por el grupo islamista, ni tampoco le ha sido posible hacerlo a la fiscalía del tribunal.

Horas después, desde la red social x, el presidente Javier Milei salió al cruce de la decisión de la CPI, fiel a su discurso en sintonía con los que el gobierno considera sus máximos aliados internacionales, Estados Unidos e Israel, y rechazó de plano la orden de arresto contra Netanyahu.

En un posteo con tintes de comunicado oficial, el Presidente aseguró que la Argentina “manifiesta su profundo desacuerdo con la reciente decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de emitir órdenes de arresto contra el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant. Esta resolución ignora el legítimo derecho de Israel a defenderse frente a ataques constantes por parte de organizaciones terroristas como Hamas y Hezbolá”, comienza la declaración de Milei.

De acuerdo al mandatario, “Israel enfrenta una agresión brutal, una toma de rehenes inhumana, y el lanzamiento indiscriminado de ataques contra su población. Criminalizar la defensa legítima de una nación mientras se omiten estas atrocidades es un acto que distorsiona el espíritu de la justicia internacional”.

Para cerrar la comunicación, Milei manifestó que la Argentina “se solidariza con Israel, reafirma su derecho a proteger a su pueblo y exige la liberación inmediata de todos los rehenes. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para condenar las acciones de Hamas y Hezbolá, defender la soberanía de Israel y actuar con justicia e imparcialidad en la búsqueda de una paz duradera en la región”, concluyó.

Netanyahu: “No hay nada más justo que la guerra que Israel libra en Gaza”

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que “no hay nada más justo que la guerra que Israel libra en Gaza”, tras la orden de arresto emitida este jueves por la Corte Penal Internacional contra él y afirmó que “ninguna resolución antiisraelí impedirá que el Estado de Israel proteja a sus ciudadanos”.

“La decisión antisemita de la CPI equivale al moderno juicio a Dreyfus, y también terminará así”, indicó el primer ministro en alusión a la sentencia judicial en Francia contra el capitán Alfred Dreyfus en 1898, cuestionada por amplios sectores de la sociedad de la época por antisemitismo.

El primer ministro acusó a la corte de La Haya de ser un “organismo político parcial y discriminatorio” y tildó la acusación contra él de “absurda y falsa”.

La CPI emitió este jueves órdenes de arresto contra Netanyahu; el ex ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant; y contra el jefe militar de Hamas, Mohamed Deif -muerto según Israel, aunque no se ha podido confirmar de forma independiente-, después de que el fiscal de la corte lo solicitara el pasado mayo por supuestos crímenes de guerra.

El fiscal Karim Khan pidió órdenes de arresto entonces también para el jefe político de Hamas, Ismail Haniyeh; y el jefe del grupo dentro de Gaza y cerebro de los ataques del 7 de octubre, pero ambos han sido asesinados por Israel, en junio y octubre, respectivamente.

Netanyahu insistió en que “no hay nada más justo” que la actual guerra en Gaza, que ha causado más de 44.00 muertos; “después de que la organización terrorista Hamas lanzara un ataque asesino y llevara a cabo la mayor masacre cometida contra el pueblo judío desde el Holocausto”.

“Ninguna resolución antiisraelí impedirá que el Estado de Israel proteja a sus ciudadanos. No cederé a la presión, no retrocederé y no me retiraré hasta que se alcancen todos los objetivos bélicos fijados por Israel al inicio de la campaña”, aseveró.

“La decisión fue tomada por un fiscal jefe corrupto que intentaba salvar el pellejo de los graves cargos que se le imputan por acoso sexual, y por jueces parciales motivados por el odio antisemita hacia Israel”, afirmó el primer ministro sobre Khan, a quien se le abrió la semana pasada una investigación por “conducta sexual inapropiada”.

La Sala de Cuestiones Preliminares rechazó por unanimidad las impugnaciones presentadas en septiembre por Israel, que negaba la jurisdicción de la CPI sobre la situación en el Estado de Palestina en general, y sobre los ciudadanos israelíes en particular.

Con información de agencias.

IG

Rusia anunció este lunes que abrió una investigación penal contra el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan después de que el tribunal con sede en La Haya emitiera una orden de detención contra el presidente Vladimir Putin.

“El Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal contra el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Ahmad Khan” y contra varios otros magistrados, dijo este órgano en un comunicado, en el que explicó que tomó la iniciativa para enfrentar la decisión “ilegal” de la CPI de solicitar el arresto de Putin.

El comité ruso argumenta que Khan “inició un procedimiento penal contra una persona notoriamente inocente, combinado con la acusación ilegal de haber cometido un delito grave o especialmente grave”, reprodujo la agencia de noticias AFP.

El fiscal también es acusado de “preparar un ataque contra un representante de un Estado extranjero”, precisa el documento.

La CPI, con sede en La Haya, emitió el viernes una orden de captura contra Putin por la presunta deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, calificó la decisión de “histórica” y el de Estados Unidos, Joe Biden, de “justificada”.

Rusia, en cambio, consideró que la decisión era jurídicamente “nula” ya que Moscú no es miembro de la Corte, y en las últimas horas China se sumó al rechazo a la decisión del tribunal.

Moscú no reconoce la competencia del tribunal, insistió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Según el Comité de Investigación ruso, “el procedimiento penal es claramente ilegal ya que no hay motivos de responsabilidad penal” y consideró la orden “indignante” e “inadmisible”.

“Rusia, como otros países, no reconoce la jurisdicción de ese tribunal, por lo que cualquier decisión de ese tipo es para Rusia insignificante desde el punto de vista del derecho”, dijo Peskov.

Mientras, el jefe de la Duma o Cámara Baja de Rusia, Viacheslav Volodin, aseguró que “cualquier ataque” contra el presidente Vladímir Putin es considerado una “agresión” contra el país. Estados Unidos, Ucrania, la Unión Europea (UE) y organizaciones como Amnistía Internacional apoyaron la orden de arresto.

Por su parte, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, destacó este lunes que Putin puede ser arrestado “inmediatamente” en “más de 130 países”.

China, cuyo líder, Xi Jinping, comenzó este lunes una visita de Estado a Rusia, criticó la orden de arresto contra el jefe del Kremlin, con el que se reunirá el mismo lunes.

La CPI considera a Putin “presunto responsable” de la deportación ilegal de niños ucranianos, lo que ha sido denunciado en numerosas ocasiones por las autoridades de Kiev.

Ambas órdenes de detención son las primeras de su tipo que emite la CPI en el contexto de su investigación de crímenes en la guerra en Ucrania.

Los delitos de los que se le acusa ocurrieron al menos desde el 24 de febrero de 2022 en el “territorio ocupado de Ucrania”, señaló la CPI, que considera que hay “motivos razonables” para creer que Putin tiene “responsabilidad penal individual” por el crimen de guerra que supone la deportación de menores.

Con información de agencias.

IG