El pedido de renuncia de Javier Milei a Axel Kicillof y la posibilidad de una internvención a la provincia de Buenos Aires lograron que el peronismo se unifique en respaldo del gobernador y acuse al Presidente de intentar destituirlo con un “golpe institucional”.

El Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista calificó como “gravísima e insólita” la amenaza de intervención y denunció un “golpe institucional” contra el gobernador. En un comunicado, el PJ señaló que el Presidente “quien en su absoluta falta de respeto por la democracia y su estado de desesperación frente a los escándalos de público y notorio, intenta un golpe institucional contra la Provincia y su Gobernador @Kicillofok”.

“Lo llamamos a reflexionar, salvo que quiera aprovechar este doloroso momento de las familias de las víctimas con fines electoralistas”, sostuvo en un comunicado el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, el mayor rival interno dentro del partido que tiene Kicillof. “En un nuevo acto de gravedad institucional insta al gobernador de la provincia de Buenos Aires @Kicillofok a renunciar a su cargo para intervenir la provincia. ¿Hasta dónde el presidente de las facultades delegadas va a seguir agrediendo a las y los bonaerenses que han elegido democráticamente a sus representantes?”, agrega el comunidado.

El PJ bonaerense puso el acento sobre uno de los puntos que viene insistiendo el gobernador, el recortes de fondos en la provincia por parte de la Nación: “Si realmente le preocupa la vida de las y los bonaerenses, hoy mismo comience a trabajar en conjunto con la provincia y devuelva los más de 700 mil millones de pesos que le quitó para seguridad”.

Se espera que hoy a la tarde el gobernador de una conferencia de prensa para responder a Milei. Allí fueron convocados varios intendentes quienes tambien emitieron un comunicado en respuesta al ataque del Presidente.

Cristina Fernández de Kirchner por ahora sólo se limitó a retwittear el comunicado del PJ..

El grupo de doce intendentes exigió mayor cooperación entre la Nación y la provincia. “Señor Presidente, en vez de pensar en Golpes institucionales, que nada tienen que ver con la vida democrática que elije nuestro pueblo y que no solucionan los problemas que pueden atravesarles, es que le pedimos: acepte la invitación del señor Gobernador de nuestra Provincia a trabajar en asuntos como la Seguridad, Salud e Infraestructura”, dice el texto firmado por los intendentes Francisco Echarren (Castelli); Juan Pablo García (Dolores); Juan Manuel Álvarez (General Paz); Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita); Sebastián Walker (Pila); Juan De Jesús (La Costa); Javier Gastón (Chascomús); Carlos Rocha (General Guido); Sebastián lannantuony (General Alvarado); Gustavo Barrera (Villa Gesell); Héctor Olivera (Tordillo) y Alberto Gelené (Las Flores).

El jefe del bloque de diputados, Germán Martínez, afirmó que las acusaciones del Presidente representan una “problama antifederal” que involucra también a todos los gobernadores. “Esta agresión no es solamente contra el gobernador Kicillof. Es contra todos los gobernadores y provincias. Es una proclama anti federal, con pedidos de renuncia y amenazas de intervención. Espero que –más allá del signo político– todos los gobernadores se den cuenta”, señala Martínez en su cuenta de X.

Este viernes por la mañana, Javier Mieli se refirió hoy a los hechos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, y pidió la renuncia del gobernador Axel Kicillof. A través de un mensaje en las redes sociales, el mandatario calificó como un “baño de sangre” la situación en el conurbano bonaerense.  Además, propuso que la Nación intervenga el distrito para aplicar una política de “tolerancia cero”, alineada con las estrategias de seguridad implementadas por el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y el economista Gary Becker.

En la provincia sostienen que los homicidios bajaron en la provincia durante la gestion de Kicillof. Así lo informó el jueves en distintos reportajes el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien en diálogo con La Nación+ se refirió al Fondo de Fortalecimiento Fiscal, sancionado en 2020: “Si el Gobierno nacional nos hubiera pagado el año pasado los $700 mil millones, ¿cuántos patrulleros se compran con eso? Diez mil patrulleros. Ese dinero el Gobierno no lo envió a la provincia, que es un fondo creado por ley para financiar la política de seguridad de la provincia. Entonces si no nos dan los recursos para invertir y fortalecer nuestra capacidad, y al mismo tiempo tenemos una crisis social que avanza...”.

Pero el comunicado en respaldo del PJ bonaerense no fue la única señal de Máximo Kirchner. El titular del partido habló tambien en Futurock, y allí dijo: “El gobernador mostró la voluntad de dialogar y la respuesta que da el presidente es berreta, mediocre. Es una irresponsabilidad muy grande del presidente sugerir una intervención. Y me parece igual de grave llamar asesino al gobernador de la provincia. Me parece de un mal gusto y de una irresponsabilidad enorme”.

Cecilia Moreau, vicejefa de UxP en la Cámara baja, publicó en X: “ladra, tiene 4 patas y mueve la cola: es un fascista autoritario. En campaña no pudo responder si cree que la democracia es el mejor sistema, es el primer mandatario que designa 2 miembros de la Corte por decreto, gobierna denostando al Congreso y extorsionando a las provincias desfinanciándolas, hace unos días se encuentra involucrado en un delito por estafa multimillonaria… AHORA QUIERE INTERVENIR UNA PROVINCIA”.

La diputada de UxP Victoria Tolosa Paz también cuestionó al Gobierno por ese recorte de fondos y acusó a Milei de “destituyénte”. “LA SANGRE ES SUYA, MILEI”, comienza el posteo que hizo en cuenta de X. Y agrega: “Presidente: ¿Qué tal si empieza a cumplir con sus funciones y le devuelve a la Provincia los $750 mil millones del Fondo para la Seguridad que USTED le sacó a los bonaerenses? Esa suma equivale a 10 mil patrulleros o 30 mil cámaras. Ya lo conocimos como ESTAFADOR; ahora resulta que también es DESTITUYENTE”.

La reacción de la oposicion

Pero la gravedad de las acusaciones de Milei contra Axel Kicillof provocó reacciones más allá del peronismo. “El gobierno todo el tiempo dice 'nosotros trabajamos con Maxi Pullaro', la pregunta es ¿En qué se diferencia un santafesino qué estaba sufriendo la inseguridad de un bonaerense que estaba sufriendo la inseguridad? ¿Por qué el gobierno nacional dice en un caso que colabora y en otro caso le dice al gobernador que se vaya? y otra vez el Presidente ignora la constitución”, dijo el presidente de la UCR Martín Lousteau en declaraciones a El Destape. “Gravísimo” respondió sin dudar el senador radical al ser consultado sobre la magnitud de la amenaza de una intervención.

“Señor presidente @JMilei, respete el mandato constitucional del gobernador y ponga las fuerzas federales y al Estado nacional a disposición”, pidió el otro senador radical Maximiliano Abad, representante de la provincia de Buenos Aires.

“No tribuneé, largue el teléfono, ya debería saber que no todo se arregla ni se promociona posteando. Si quiere que la gente de la Provincia deje de sufrir, coordine en serio, labure en serio y camine el conurbano, que apenas conoce las esquinas a las que fue a hacer campaña”, le reprochó  la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer.

A un mes de la intervención oficial al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), la asociación civil que lidera la candidata presidencial Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), la interventora designada por el Ministerio de Justicia no ha podido asumir en sus funciones ni ingresar a la sede de la organización, frente a la negativa de las autoridades de la entidad, de acuerdo a los documentos y fuentes consultadas por elDiarioAR en los últimos días. En ese marco, la Cámara de Apelaciones en lo Civil hizo lugar este miércoles suspendió la intervención hasta que el tribunal analice el caso. La decisión se tomó tres días después de las elecciones en las que Bullrich se impuso en la interna de su partido, luego de una apelación de la abogada de la candidata, Silvina Martínez, el 21 de julio último.

En las últimas cinco semanas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) bloqueó a la asociación la posibilidad de emitir facturas para cobrar sus “aportes” de terceros -que para la interventora se trataría de aportes ocultos de campaña de empresas y empresarios-, se detectaron supuestos seminarios “fantasmas” -también para presuntamente camuflar aportes de campaña- y se se cruzaron duras cartas documento entre la institución presidida por Bullrich y la interventora oficial.

Las sospechas sobre los ingresos del IEES podría tener consecuencias penales para la candidata de Juntos por el Cambio. Aún así, Bullrich resiste el ingreso de la interventora a la sede y “no descarta” que la intervención “responda a fines persecutorios”. “La medida dispuesta es absolutamente excepcional. No hay irregularidad en el funcionamiento. La Asociación ha colaborado y ha aportado toda la información solicitada”, publicó el IEES en su sitio web. Bullrich denunció además al ministro Martín Soria por la intervención.

elDiarioAR se comunicó con el vocero y dos miembros del equipo político de Bullrich pero ninguno de ellos respondió o quiso dar su versión de los hechos.

Cerrado por vacaciones

¿Qué es IEES? Una asociación civil presidida por Bullrich e integrada por miembros de su espacio político, incluido su esposo, Guillermo Eduardo Yanco, a quien se le adjudica la creación de la entidad; y su exjefe de campaña, el diputado Gerardo Milman. Ambos ya no figuran en la lista de equipo y autoridades publicadas en el sitio web, como hasta hace un corto tiempo. “Buscamos investigar, generar conocimiento y promover estrategias para el desarrollo social, económico, cultural y ambiental de nuestro país en un entorno seguro y sustentable”, asegura el IEES en su página web.

La interventora designada por el Ministerio de Justicia, que encabeza Martín Soria, un duro del kirchnerismo, es la contadora Norma Alicia Cristóbal. La intervención fue motivada por un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), que lidera Ricardo Nissen, otro duro del oficialismo, luego de que la ex secretaria administrativa del diputado Milman, declarar ante el fiscal Carlos Rívolo que había sido citada en la sede de la asociación a finales de 2022 para que un perito informático borrara el contenido de su teléfono, el de Milman y el de una segunda colaboradora del diputado, cuando se preveía que iban a tener que entregar sus dispositivos a la Justicia, en el marco de la investigación por el caso del atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

Tras las actuaciones de la IGJ, el hallazgo de supuestas irregularidades en el manejo financiero y un pedido ante la Justicia civil, que se negó a intervenir la entidad, el ministerio de Justicia ordenó la intervención el 12 de julio último por el plazo de 180 días. Aún así, la interventora no ha podido ingresar a la sede de la asociación ni acceder a la documentación contable completa. Sólo ha podido acceder a las facturas y remitos registrados por el IEES ante la AFIP y a la documentación entregada por la organización de Bullrich durante la inspección de la IGJ. 

El fallido intento de ingresar a la sede de la asociación civil, ubicada en el tercer piso de un edificio de Avenida de Mayo 953, desató un intercambio de cartas documento.

La interventora Norma Alicia Cristóbal había comunicado el 17 de julio mediante dos cartas documento dirigidas a Bullrich que asumiría la intervención. Bullrich respondió el 20 y 24 de julio. Martín Siracusa, quien asumió como presidente del IEES en marzo -aunque en el sitio web figura Bullrich en ese mismo cargo-, ya había respondido la notificación de la intervención con otra carta documento el 12 de julio último en el que catalogó la medida como “arbitraria”, “absolutamente avasallante”, “contra una asociación civil independiente que se financia totalmente con recursos privados”. “La Justicia se pronunció en contra de lo que hoy intentan por vía administrativa y de forma ilegítima”, sostiene el IEES.

El 25 de julio, la contadora nombrada como interventora se presentó junto a un escribano público en el lugar, pero se encontró con un cartel que rezaba: “Cerrado por vacaciones del 24 al 31 de julio”. No pudo ingresar y nadie atendió sus llamados a la puerta. 

El 2 de agosto, la interventora envió una tercera carta documento reclamando a la institución que le permitan asumir su función y cumpla con la disposición del Ministerio de Justicia. En dicho documento, la contadora Cristóbal llamó “burda e infantil maniobra” al cierra por “vacaciones”, adelantó que denunciaría penalmente a los responsables del instituto y dijo a Siracusa: “Parece obvio que usted no ha comprendido los alcances que implica, en derecho, la intervención”.

100 millones

De acuerdo con el análisis presentado por Cristóbal en el expediente de la IGJ, en base a lo registrado en AFIP y al que accedió elDiarioAR y adelantó la revista Crisis, la interventora detectó facturas por más de $100.000.000 y recibos por montos más pequeños por otros $28,6 millones en lo que va del 2023. Lo que llamó la atención de la contadora designada por Justicia fueron los tipos de gastos y de “aportes” sin ningún tipo aparente de relación con la actividad del instituto o sin información que permita corroborar la existencia de los servicios de la asociación.

Por ejemplo, entre las supuestas irregularidades detectadas, Cristóbal detectó que Bullrich recibía un salario del instituto fondeado con los ingresos por la realización de “seminarios”. También se encontraron ingresos por “encuentros” y “almuerzos”, “en los cuales, bajo la pantalla de un seminario se ventilaban asuntos que poco y nada tenían o tienen que ver con el objetivo social” de la asociación civil.

El instituto opera en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias y “muchas veces” -escribió la interventora- esos ingresos y gastos iban “al compás del movimientos de campaña política que tenían como protagonista a la propia señora Bullrich”. Cristóbal cree que se trata de “un sistema de ingresos destinados a financiar -en todo o en parte- acciones de proselitismo político”, en decir, que el instituto sería una pantalla para ocultar aportes de empresas y empresarios a la campaña de Bullrich.

Gastos

Los gastos van desde servicios de catering, alquiler de salones de eventos, pasajes aéreos nacionales e internacionales, servicio de consultoría, expertos en minería de datos y estrategias digitales, bases de datos, relevamientos y monitores de clima sociales, hasta pago de honorarios a personas vinculadas a la campaña de Bullrich y centros de cómputos.

Durante 2022, además, los miembros de la comisión directiva percibieron unos $9.000.000, con “posibles y notorias incompatibilidades”.

También se costeó la impresión del libro de Patricia Bullrich, “Guerra sin cuartel”, se abonaron honorarios a Bullrich por “seminarios” y “gastos de librería, reuniones y desenvolvimiento institucional” por $1.410 a una empresa inscrita para comercializar lencería en 2019.

Ingresos

El instituto ha facturado por “aportes” y “aportes débito mensual” por más de $100 millones en los primeros seis meses del año, entre el 1° de enero de 2023 y el 20 de julio último, pero en los remitos no se especifica a qué se refieren con “aportes”, que aumentaron en 2002 y 2023 con respecto a otros años.

Además, la interventora se quejó porque durante el periodo de “vacaciones”, la asociación continuó facturando por “aportes” $300.000, $5.000 y $90.000. Por esa razón, además, AFIP bloqueó al instituto la emisión de facturas y remitos para que no pueda seguir cobrando por sus “seminarios” y “asesoramientos” millonarios.

¿A quiénes factura por sus servicios al IEES? La interventora destacó en su último informe a algunos de los “clientes” del instituto, a los que calificó como donantes “encubiertos”, entre ellos figura una entidad financiera de Rosario, que pagó $6.000.000 por “seminarios”; un empresario de depósitos fiscales que pagó casi $5.000.000; una fábrica de calzado que pagó casi $12.000.000; una fundación de Mendoza; y una empresa de servicios bursátiles y financiera, entre otros.  

“El aumento de la actividad del Instituto, y por ende de sus ingresos, tiene su explicación en el simple hecho de que durante los años 2016-2019 muchos de sus integrantes estuvieron abocados a la función pública”, afirmó el IEES en un comunicado en su web. “Luego vino la pandemia y con el regreso a la normalidad, comenzaron a desplegarse los seminarios y cursos proyectados. Vale recordar que en el año 2022 no hubo elecciones y en 2021 Patricia Bullrich no participó de las mismas. En consecuencia, los argumentos de la utilización de los recursos de una entidad civil para una campaña electoral carecen de todo asidero”, aseguraron.

“No hay nada de llamativo. Muchas empresas abonan diferentes cursos y seminarios para su personal y directivos en materia de políticas públicas y coyuntura. Algunas empresas eligen un curso básico, pero luego solicitan replicarlo a más asistentes”, sostuvo el IEES en su sitio web.

“Para parar las injusticias del Ministerio de la Injusticia daremos intervención a los organismos internacionales, advirtiendo la gravedad de los hechos descritos que solo buscan hacer peligrar la democracia y el proceso electoral en la Argentina. Y ampliaremos las denuncias penales correspondientes”, anunció el IEES.

ED/MG

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la intervención de la distribuidora Edesur por un plazo de 180 días. La decisión se tomó en virtud de los masivos y sistemáticos incumplimientos del servicio de febrero y marzo últimos. El ingeniero Jorge Ferraresi será designado al frente del proceso de fiscalización y control de la empresa.

Acompañado por la Secretaria de Energía, Flavia Royon; el Secretario Legal y Administrativo, Ricardo Casal; y el titular del Ente Nacional Regulador Energético (ENRE), Walter Martello; el ministro de Economía anunció la decisión de intervenir la compañía Edesur por un plazo de 180 días.

“Utilizando las facultades que la ley nos asigna, hemos instruido al Enre a que proceda a la intervención por 180 días de la empresa Edesur a los efectos de la fiscalización del cumplimiento de las obras y, sobre todas las cosas, de la mejora en el servicio que debe tener la empresa”, sostuvo el ministro Massa.

La medida se inscribe en una serie de decisiones que la administración nacional llevó adelante en las últimas semanas para verificar la capacidad y la disponibilidad técnica de la empresa en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones como prestataria del servicio de distribución eléctrica en áreas de la región metropolitana de Buenos Aires.

A partir del día 13 de febrero, cuando 180.000 usuarios quedaron fuera de servicio, se sucedieron en forma reiterada nuevos eventos de corte del suministro en media y baja tensión, los cuales representan un incumplimiento evidente y sistemático respecto de los parámetros de calidad en la prestación del servicio a los que se comprometió la empresa en el contrato de concesión, y que se hayan especificado en el “Reglamento de suministro”.

“A lo largo de los últimos 15 días hemos vivido situaciones que a todos nos golpearon y nos dolieron. Claramente, ver comercios teniendo que tirar las mercaderías, hogares sin luz y sin agua por la falta de luz a lo largo y a lo ancho de la zona de concesión de Edesur fueron las imágenes que marcaron la agenda de la Argentina y sobre todo el área metropolitana de Buenos Aires,” agregó Massa.

Esta intervención por 180 días que tendrá la tarea de fiscalizar, controlar y monitorear la ejecución de las obras para la mejora del servicio será llevada adelante por el ingeniero Jorge Ferraresi, con una enorme capacidad de gestión y experiencia en el sector energético.

La persistencia reiterada de nuevos inconvenientes masivos dentro del área concesionada motivó a las autoridades del ENRE a presentarse ante la Justicia para efectuar una denuncia penal hacia las autoridades de Edesur por la presunta comisión de los delitos de defraudación de derechos acordados, abandono de personas y entorpecimiento de los servicios públicos.

“La semana pasada se ha procedido a efectuar una denuncia penal por abandono de persona, por administración fraudulenta, y en paralelo, la petición al juzgado de la prohibición de salida del país de aquellos que llevan adelante la dirección de la compañía”, continuó el ministro de Economía.

La medida de intervención reviste un carácter transitorio y excepcional y es el resultado de las deficitarias acciones de Edesur en cuanto al cumplimiento del servicio.

“Hemos tomado la decisión de ejecutar los 2.700 millones de pesos de sentencia que implican un mecanismo de devolución por parte de la empresa a todos los usuarios del servicio de las multas que el Estado le aplicara, y tienen como objeto central la devolución del servicio no prestado por parte de la empresa”, agregó la autoridad económica.

Y añadió: “queremos dejar claro que no se afecta a la nuda propiedad de los accionistas; que no se afecta al contrato de concesión, pero que el Estado va a llevar adelante, a través de la intervención, la fiscalización efectiva del cumplimiento del contrato”.

De esta manera, la intervención tendrá a su cargo la supervisión y el control de todos los actos administrativos habituales y de disposición relacionados con la normal prestación del servicio público de distribución en las áreas que le atañen a la compañía Edesur. A su vez, el interventor deberá elevar al ENRE informes sucesivos y parciales cada diez días (plazo máximo) y confeccionar un informe final a ser presentado a la finalización de su función.

La Secretaría de Energía como concedente va a proceder a informar a la Bolsa los cumplimientos y los incumplimientos detectados en Edesur, entendiendo que se trata de una compañía que cotiza en el ámbito internacional. En las próximas horas, el ingeniero Ferraresi, el titular del Enre, Walter Martello y la secretaria de Energía seguirán comunicando cada una de las medidas, además de presentarse físicamente en la empresa para poner en marcha la intervención. Tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la provincia de Buenos Aires serán invitadas a designar sus respectivos representantes para integrar y acompañar este proceso.

AR