Marzo es el mes de lucha por los derechos de las mujeres y cuando nos movilizamos procurando que nos vean, que nos observen, nos escuchen, pedimos fundamentalmente que se respeten nuestros derechos y nuestros cuerpos.

La delincuencia económica no es ajena a esto. Los datos son alarmantes. Si hablamos de trata de personas con fines de explotación sexual, un informe del Ministerio Público Fiscal reveló que casi el 80% de las víctimas son mujeres y los principales acusados y condenados, varones. Ello demuestra cómo las organizaciones criminales reflejan y acrecientan la estructura patriarcal de la sociedad y las construcciones de masculinidad negativa, según las cuales, el hombre debe demostrar poder y control sobre el otro. Las mujeres y las niñas, así como sus cuerpos, son espacios donde se manifiestan estas construcciones sociales. En ese sentido, la violencia contra las mujeres y niñas perpetrada por el crimen organizado no solo busca generar un beneficio económico o de otra índole para estas agrupaciones, sino también resulta ser un instrumento de control y poder. 

De la mano de este flagelo, encontramos: la trata con fines de explotación laboral, en la que también se refleja que la mayoría de las víctimas son mujeres y cómo todo lo que producen ingresa al circuito formal; la corrupción como un factor facilitador y fundamental para el funcionamiento de estas organizaciones y redes de trata de personas, dado que los dota de impunidad y contribuye a que estas conductas permanezcan ocultas y sean naturalizadas; y la sextorsión como una manifestación del abuso de poder para obtener algo a cambio de un “favor sexual”, una forma de corrupción en la cual el sexo a través del abuso del cuerpo de las mujeres es la moneda de cambio. 

Así, todo ese dinero que es obtenido por esos medios es luego canalizado a través de ingenierías societarias creadas para dar opacidad a los verdaderos dueños de los negocios ilícitos, quienes se llevan las ganancias -en la mayoría de los casos- hacia guaridas fiscales. Por ende, toda esta circularización de flujos financieros ilícitos va de la mano de sofisticadas maniobras de evasión y elusión fiscal, que nuevamente van en detrimento de las mujeres y sus familias.

Estas son sólo algunas de las maniobras que usando el cuerpo de mujeres y niñas favorecen negocios multimillonarios que hacen estragos en sus vidas. Constituyen graves violaciones a sus derechos humanos, ya que su finalidad es la obtención de una ganancia a costa de considerarlas y usar sus cuerpos como mercancías, afectando su dignidad, integridad y libertad.

Flagelos invisibilizados, maniobras opacas, legislaciones laxas colaboran a la reproducción de estas conductas. Así, podemos afirmar que las organizaciones criminales asociadas a la trata de personas encuentran campo fértil en contextos de desregulación que permiten el avance de la evasión y la elusión fiscal, así como a las jurisdicciones financieras opacas o guaridas fiscales. Además, la trata de personas se vincula estrechamente con la feminización de la economía informal, la inserción de las mujeres en sectores muy precarizados del empleo y como mano de obra barata en cadenas globales de valor, y la feminización del trabajo no remunerado de la economía del cuidado.

Dado que estos procesos devienen en la feminización tanto de la pobreza como de la migración, incrementa la vulnerabilidad de mujeres y niñas frente a las redes de trata y tráfico. De esta manera, economía ilícita, migración, pobreza, redes de corrupción y trata de personas son fenómenos interrelacionados que se sostienen en la trama de la desigualdad y la violencia sistémica de los derechos humanos de las mujeres y niñas. De esto también tenemos que hablar. 

*Abogada e integrante del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE).