Pese a que la mayoría de los sectores económicos de la Argentina no se recuperaron en 2025 de los dos años anteriores de caída, el PBI rebotó de la mano de cuatro actividades que generan poco empleo, los hidrocarburos, la minería, el campo y las finanzas. Pero pese al empuje de esas áreas, la actividad en general derrapó en febrero último. En la comparación contra el mismo mes del año anterior bajó 2,1%, no caía desde noviembre y no se contraía tanto desde septiembre de 2024, cuando empezaba a despegar la economía como conjunto. En relación al mes anterior, se achicó 2,6%, no lo hacía también desde noviembre y no se ajustaba tanto desde diciembre de 2023, cuando Javier Milei iniciaba su destrucción del Estado con la motosierra en la mano.

En febrero, la industria se derrumbó 8,7%; el comercio, 7% y los servicios de gas, luz y agua, 6%. Mermaron la administración pública, 1,5%; la construcción, 0,6%; la actividad inmobiliaria, 0,5% y el transporte y las comunicaciones, 0,3%. Son una caída al segundo o tercer subsuelo porque representan sectores que caen año tras año. La minería y los hidrocarburos, en cambio, vuelan al 9,9%; el campo, al 8,4%; las finanzas, al 6% y la pesca, al 14,8%.

La mayoría de los economistas que más aciertan en los pronósticos descarta que el tropezón general de febrero se repita a lo largo del año. Martín Rapetti, de la consultora Equilibra, vaticina un “crecimiento promedio muy bajo”, del 2%, menor al 5% sobre el que se basa el presupuesto de ingresos y gastos del Gobierno. Es el mismo número de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). “Con los sectores primarios creciendo y el resto cayendo, un sector grande de la economía de mínima está deprimido”, comenta Rapetti.

“Vamos a crecer 2,8% entre los que avanzan y retroceden, pero la desocupación puede aumentar porque los que retroceden son más mano de obra intensiva y los que crecen no ocupan mucha gente”, advierte su colega Orlando Ferreres. En Invecq Consulting, Manuel Cerdan prevé 2,5%, aunque con gran heterogeneidad por sector. “Los orientados al mercado interno enfrentarán un proceso de recuperación más lento”, describe Cerdan. Otro analista, Mauricio Monge, de la consultora británica Oxford Economics, prevé que los números mejoren respecto a febrero por el sector extractivo y por la cosecha del campo.

Como consecuencia de la floja actividad económica, la recaudación tributaria cayó en marzo por octavo mes consecutivo. Esta baja se explica también por otros dos factores. Por un lado, las rebajas de impuestos impulsadas por Milei y aprobadas por el Congreso, sobre todo orientadas a los más ricos. Por otro, que la crisis de los diversos sectores orientados al mercado interno y que más empleo generan lleva a que algunas empresas e individuos comiencen a actuar más en la informalidad, de modo de ahorrar en impuestos. Esta tendencia a la evasión también es una reacción al discurso y la acción del Gobierno: entre los elogios del Presidente a los evasores y su catalogación del tributo como “robo”, los menores monitoreos anunciados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la ley de inocencia fiscal, que también relaja la vigilancia.

El jefe de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, sin dejar de criticar la posición pro evasión del Gobierno nacional, disiente con Milei en que sea esta la razón de la reducción de la recolección de impuestos sino “la depresión del mercado interno, producto de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la desocupación y el sobreendeudamiento de las familias”. Agrega que no se veía una merma tan larga y profunda desde la pandemia.

No obstante, en ARBA también registran un aumento de la evasión. En 2023, había detectado 52.562 contribuyentes, entre empresas e individuos, que no habían emitido factura ante ventas hechas por transferencia o tarjetas de crédito y débito, según la información que le provee los posnet como los de Mercado Pago (de Mercado Libre), que representan la mitad del segmento. En 2025 se observaron 77.231, un 46% más.

Después están los casos de quienes prefieren cobrar en efectivo e incluso ofrecen un descuento a cambio, según observa un exjefe de lo que ahora se llama ARCA. Pero también hay quienes prefieren vender al contado para evitar las comisiones que cobra cada terminal. Por transferencia hay que pagarles 0,8% más IVA; por tarjeta de débito, desde 0,8% más IVA de Fiserv hasta 1,2% de Nave (del grupo Galicia), 2,9% de Ualá 3,19% de Getnet (del Santander) y 3,25% de Mercado Pago; y por la de crédito, desde el 4,5% de Nave y el 4,9% de Ualá hasta el 6,19% de Getnet, 6,29% de Mercado Pago y 6,3% de Fiserv. Aquellos que ya no toleran tantos costos terminan cerrando, como sucedió con 24.000 empresas en la era Milei.

Un reciente informe de la Fundación Mediterránea sobre la recaudación atribuye la baja sobre todo a la “tendencia a la informalidad”. Así lo justifican Marcelo Capello, Gaspar Reyna y Federico Belich: “Mientras el IVA representó 11,8% del consumo privado en el tercer trimestre de 2023, dicha relación bajó casi todos los meses hasta ubicarse en 9,6% en el cuarto trimestre de 2025, una de las relaciones más bajas desde 2015”. Explican que más de un contribuyente optó por financiarse sin pagar impuestos ante las mayores tasas de interés de los créditos.

“La caída en la recaudación asociada a la actividad económica pareciera estar reflejando no sólo las tendencias recesivas que atraviesan a varios sectores vinculados al mercado interno sino probablemente también el incumplimiento tributario, que generalmente es un subproducto de las situaciones de crisis, particularmente del entramado PyME, que siempre cuando el costo del crédito es alto o escaso tienden a financiarse con ARCA”, comenta otro exjefe del organismo. “A ello se suma el relajamiento de los controles tributarios que me cuentan están ocurriendo. La precarización del empleo y el aumento de la informalidad reflejan la misma tendencia”, agrega.

Uno de los principales empresarios de la construcción ratifica el giro a la evasión. Otro de los popes de la Unión Industrial Argentina (UIA) también: “No hay economía y lo poco que hay pide más en negro”. En la Mesa de Enlace, uno de los dirigentes no ve “más economía en negro en el sector, pero que hay economías que están empezando a convertirse en inviables económicamente, como yerba mate, arroz y frutas”. Otro empresario comenta que el campo crece, pero como evade mucho esa bonanza no se refleja en las provincias, donde ante la caída recaudatoria se produjeron conflictos por salarios de docentes, policías o médicos, los tres servicios donde se va la mayoría del gasto de los gobernadores.

Mientras, en la ciudad de Buenos Aires, la venta ilegal callejera aumentó 5% interanual en febrero, según la Cámara Argentina de Comercio (CAC). La misma entidad relevó que en marzo a nivel nacional el consumo cayó 1,5% porque derrapa el masivo y la recreación y están estancados los de ropa, transporte, vivienda y servicios públicos.

Tres contadores de empresas consultados observan que, pese al discurso del Gobierno y la relajación de los contribuyentes, los inspectores de ARCA están tan intensos como siempre con las intimaciones a los pequeños y medianos. Si bien en reuniones con las máximas autoridades del organismo, habían escuchado que se concentrarían en los más grandes, no está sucediendo. Un contador lo atribuye a una actitud histórica de la línea de empleados de la agencia. Otro experto tributario, en cambio, observa un doble discurso del mandamás de ARCA, Andrés Vázquez, que pese al palabrerío libertario de Milei se ve en la obligación de apretar a los contribuyentes ante el mal desempeño de la recolección de gravámenes.

Lo que no se le ocurre a Vázquez es actualizar la resolución de 2018 que impuso el IVA a las ventas de servicios digitales de empresas sin domicilio en la Argentina sino en el exterior. Es así que no paga IVA y, por tanto, tampoco Ingresos Brutos en las provincias ni Uber -su rival Cabify, sí, porque tiene residencia tributaria en el país- ni las chinas Shein y Temu, que compiten de manera desigual con Mercado Libre y con otras compañías del extranjero que están incluidas en aquella resolución, como Amazon y Alibaba. En el caso de Uber, tampoco los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández la incluyeron, quizás porque en paralelo hay una causa judicial para que instale su sede fiscal en la Argentina. En cambio, los fenómenos de Shein y Temu surgieron con la ola importadora de Milei.

En plan de abrir la economía y que los productos importados bajen los precios del mercado interno, ARCA también ha relajado los controles del contrabando, tanto el que pasa en forma clandestina por la frontera como el que llega escondido en contenedores por los puertos y los aeropuertos. El año pasado, los industriales reclamaron más vigilancia, pero todo sigue igual. Hasta huevos se contrabandean, según la Cámara de Productores Avícolas (CAPIA).

Pero lo que más entra sin declarar son los celulares. “Uno de cada tres celulares que se vende en la Argentina no se fabricó ni se importó legalmente”, comenta la directora ejecutiva de la Asociación de Fábricas de Electrónica (Afarte), Ana Vainman. “Lo detectamos por las activaciones”, añade. En una de las principales empresas del sector comentan que la mitad de las activaciones ocurren en la frontera con Paraguay y la otra, en el aeropuerto de Ezeiza.

“El crecimiento del comercio informal de dispositivos móviles está impulsado por canales digitales, con una concentración del 60% en redes sociales y del 40% en plataformas de comercio on line”, apuntan en Afarte. En una compañía electrónica apuntan que por un lado se venden por las redes de Meta (Instagram, Facebook o Whatsapp) y, por otro, por Mercado Libre. “Los vendedores utilizan una modalidad comercial híbrida, mezcla de stock legal e informal, para fragmentar la trazabilidad operativa y ejecutar estrategias de evasión fiscal ante los entes reguladores”, completan en la cámara de la electrónica de Tierra del Fuego, donde con ajuste de personal todavía se ensamblan teléfonos pese a que este año enfrentan la competencia legal sin arancel de importación. Pero a los contrabandeados no hay con qué darles: cuestan entre 40% y 50% menos que los legales porque evaden todo impuesto. A su vez, la importación legal e ilegal se beneficia de un dólar barato que disminuye el precio de su oferta frente a la encarecida producción nacional en un país con mayor inflación medida en moneda norteamericana.

Para completar el cuadro, también crece la informalidad laboral. En 2023, el 41% de los trabajadores argentinos, tanto empleados como cuentapropistas, estaba no registrado. En 2025, el 43%. En cuanto a los que están en relación de dependencia, los carentes de derechos pasaron del 35% al 36%. Leve alza respecto a un nivel heredado alto y pese a la moratoria laboral que dispuso este gobierno.

“En estos procesos en los que se destruye empleo y tejido productivo y no hay crecimiento económico, en lugar de haber una transición progresiva del empleo del textil a los servicios basados en conocimiento o la banca, se van a trabajos informales de subsistencia”, describe Diego Coatz, que dejó su cargo de director ejecutivo de la UIA con el ascenso de Martín Rappallini a la presidencia y ahora es consultor. “Una costurera se va a trabajar al servicio doméstico, un operario a la construcción informal, del comercio en blanco a La Salada, el que tiene un auto se pone un Uber y el que tiene moto o bici se hace repartidor. Son transiciones regresivas, de un empleo bueno a otro malo.”

Con tanta evasión y con el mal desempeño de la actividad económica interna, no es de extrañar que el Estado recaude cada vez menos y que, por tanto, pueda ofrecer peores servicios. Los jubilados de la mínima siguen cobrando menos que en 2023 y sufren los recortes del PAMI en atención médica y acceso a medicamentos, las personas con discapacidad se encuentran con que quienes los atienden se dan de baja, los afiliados a las obras sociales también terminan en los hospitales públicos porque las clínicas no los atienden a tiempo, el Instituto Oncológico Roffo da turnos a seis meses, en las universidades se multiplican los paros, en diversas provincias también los docentes van a la huelga, el Estado deja de comprar libros para las escuelas y promete reemplazarlos con cheques, los colectivos mantienen una reducción del 10% de las frecuencias porque los subsidios y las tarifas no cubren los costos, mientras el acceso a la vivienda social, las cloacas y la urbanización de villas se ha paralizado. Al final de cuentas parece que los impuestos no eran tan malos.

AR/MG

El sol apenas empieza a asomar en el horizonte de Aguas Blancas, una localidad fronteriza de la provincia de Salta, cuando Rafael ya está de pie. Su jornada, como la de miles de bagayeros que habitan esta zona, comienza antes del alba. La economía de Aguas Blancas, que depende casi por completo de las actividades informales, se mueve al ritmo del contrabando. Textiles, alimentos, bazar y productos de todo tipo cruzan la frontera entre Bolivia y Argentina a través del Río Bermejo, en gomones improvisados, saltando puestos de control de Gendarmería, eludiendo las leyes nacionales.

Desde hace décadas, miles de vecinos de Aguas Blancas han sobrevivido gracias al trabajo que se conoce como “bagayeo”. Este comercio, que opera al margen de la legalidad, tiene como pilar el tráfico de mercaderías entre ambos países. Los bagayeros, como Roque, compran productos a precios muy bajos en Bermejo, Bolivia, y los transportan al lado argentino. La mercancía se traslada en gomones hechos a mano con cámaras de camiones y tractores, con el trabajo de remeros que cruzan el río, cobrando $1.000  o más por persona: el precio varía dependiendo la carga y con el río crecido puede llegar hasta $10.000 el viaje. 

“Desde que empecé a trabajar, la vida ha sido dura, pero es lo único que conozco. He visto todo: mercancías, accidentes, pasadores que le secuestraron mercadería, incluso amigos que se los llevó el agua, pero yo nunca pasé droga. Es un trabajo riesgoso, pero me da para comer”, cuenta Rafa mientras carga su bulto, que llega a pesar hasta 80 kilos. Es un trabajo sacrificado, pero esencial para la subsistencia de muchas familias en la zona.

La infraestructura precaria y el riesgo constante

El transporte de mercaderías no es el único desafío. Los bagayeros se enfrentan a la constante inseguridad. Los pasos ilegales, que cruzan fincas privadas y zonas desprotegidas, son recorridos sin mayor control. La falta de infraestructura en los pasos legales hace que las autoridades no puedan controlar el flujo de mercaderías, lo que lleva a los bagayeros a tomar caminos alternativos.

“Algunos cruzan a pie, otros se suben a gomones, y el río Bermejo es lo de menos. Pasan lo que sea para cruzar, sin importar si es ropa, gomas o hasta heladeras”, dice Rafa. Las autoridades de Gendarmería son conscientes de la situación, pero la falta de recursos y la imposibilidad de controlar todos los puntos de cruce hacen que la actividad continúe, aun cuando se sabe que la mercadería transportada es ilegal.

Malvina Figueroa, una pasadora que construyó su vida en la frontera

Desde muy joven, Malvina Figueroa, que hoy tiene 69 años, sabía que la vida no le iba a regalar nada. Criada en una familia humilde en Aguas Blancas, no tenía muchas opciones para ganarse la vida. Con tan solo 15 años, se vio atrapada en la misma red que conectaba a su comunidad con el otro lado del Río Bermejo, en Bolivia. Una red que no pedía permisos, que no preguntaba por los sueños ni por las aspiraciones, pero que ofrecía algo más tangible: sustento para su familia.

“A esa edad no pensaba mucho en el futuro. Mi prioridad era sobrevivir y ayudar a la familia”, cuenta Malvina con la voz cargada de una nostalgia tranquila. Sus ojos reflejan la dureza de una vida marcada por la frontera, por el río, por el riesgo. A los 15 años comenzó a trabajar como pasadora, transportando mercaderías de un lado al otro de la frontera, entre Bolivia y Argentina.

En esa época, las condiciones eran muy distintas. La economía bagayera, el contrabando a pequeña escala, era una actividad que muchos realizaban, y con el tiempo, Malvina fue aprendiendo las mañas del oficio. El cruce del Río Bermejo era su rutina diaria: cargaba los bultos, los cruzaba en gomones improvisados y los llevaba hasta los mercados de Aguas Blancas. Su trabajo, aunque ilegal, era el único que le permitía ganar lo suficiente para criar sola a sus hijos.

“Al principio, no era tan peligroso. Era un trabajo duro, claro, pero uno lo hacía porque no había de otra. Había días que me traía 100, 200 pesos, dependiendo de cuánta carga podía pasar”, recuerda. Para Malvina, ese dinero significaba la diferencia entre tener comida en la mesa o no.

El contrabando se convirtió en su vida, un ciclo que nunca parecía romperse. “Me sentía segura porque estaba entre mi gente, en la frontera. Todos nos ayudábamos, sabíamos cómo esquivar a la Gendarmería, cómo cruzar rápido, y, lo más importante, sabíamos cómo hacer el trabajo bien”, explica, mientras mira al horizonte, como si viera aquellos primeros días, cuando la vida en la frontera parecía más sencilla.

Pero, como todo en la vida, las cosas fueron cambiando. Mientras Malvina seguía su rutina de pasadora, criando a sus hijos y llevándolos a la escuela, la vida también avanzaba, y con ella, las dificultades. El contrabando se fue tornando más riesgoso. Los controles de Gendarmería aumentaron y la inseguridad en los cruces del río se hizo más patente.

“El trabajo se tornó muy peligroso. Había más gente, más competencia, más violencia, más accidentes. Yo veía cómo a veces los gomones se volcaban, cómo la gente se caía al agua, cómo la gente perdía la mercancía. No era fácil ver todo eso. Sabía que era ilegal, me daba miedo por mis hijos”, confiesa Malvina, con los ojos bajos. 

El riesgo no solo estaba en el río, sino en las rutas clandestinas que los bagayeros recorrían para evitar los controles. Las historias de accidentes, de maltratos, de personas heridas eran cada vez más comunes. 

Con el tiempo, Malvina sintió que la carga de ser madre y trabajadora de la frontera se volvía cada vez más pesada. “Mis hijos comenzaron a trabajar conmigo, pero no lo hacían por gusto. Sabían que no había muchas opciones. Yo no quería que ellos siguieran con eso, pero a veces no había otra forma de ganar el pan”, explica.

Roque, pasador

Roque es pasador de productos de Argentina hacia Bermejo, principalmente hacia Tarija, Bolivia. “Mi trabajo consiste en comprar productos de marcas argentinas, como alimentos, bebidas, productos de higiene y electrodomésticos, que son muy demandados en Tarija. Ellos prefieren la calidad de estos productos, por eso me encargo de enviarlos a través de encomienda desde Bermejo a Bolivia”.

Este trabajo le permite generar un ingreso extra para su familia, ya que en la zona de Orán los salarios son bajos y las oportunidades laborales formales son limitadas. “Con 47 años, no es fácil encontrar un trabajo estable, así que esta alternativa me ayuda a cubrir gastos. No manejo grandes cantidades de productos, sino más bien artículos personales, lo que me permite ahorrar algo de dinero”.

Trabaja solo los sábados y gana en promedio $20.000, lo que es un apoyo significativo. Los controles han aumentado con el Plan Güemes, pero con algunos desvíos y un poco de astucia, puedo seguir trabajando. Si se corta el paso de manera tajante, eso sí afectaría a muchas familias, ya que más de 2.000 personas viven de esta actividad en la frontera.

El alambrado olímpico y su impacto en la economía local

A finales de 2024 la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el Plan Güemes, con el objetivo de combatir el narcotráfico en las fronteras argentinas. Una de las medidas incluidas en este plan es la construcción de un cerco de 200 metros, conocido como el “alambrado olímpico”, que iría desde la terminal hasta el puesto de Migraciones de Aguas Blancas.

Sin embargo, la reacción de la comunidad local fue inmediata. Comerciantes, bagayeros, carreros y otros habitantes de Aguas Blancas se opusieron rotundamente a esta medida, considerando que, lejos de combatir el narcotráfico, afectaría gravemente la economía de la zona. “El tráfico de drogas no pasa por acá. El narcotráfico cruza por otros pasos ilegales más alejados”, explica Lucía Vela, presidenta de la Cámara de Comercio de Aguas Blancas.

Lucía resalta que, además, el comercio legal ya ha sufrido una disminución del 20% en sus ventas debido a la implementación de restricciones aduaneras en Bolivia. “La aduana de Bolivia permite el ingreso de mercadería solo hasta las 13 horas, lo que hace imposible comerciar durante el horario comercial en Aguas Blancas”, explica preocupada. Esta medida solo ha exacerbado la ya difícil situación económica en la localidad.

La voz de los carreros y la falta de soluciones

El presidente de los carreros de Aguas Blancas, Javier Cruz, señala que el control de la aduana boliviana también afecta a los transportistas que, como él, llevan mercaderías en carritos hasta el puerto de Chalana. “El horario limitado de aduana afecta nuestra actividad. El alambrado no solucionará nada, solo agravará la situación”, dice Javier. La falta de políticas económicas claras, sumada a la escasez de recursos para modernizar los pasos legales y mejorar las condiciones laborales, ha generado que el contrabando crezca, mientras el comercio legal pierde dinamismo. 

“El gobierno argentino y boliviano no brindan las condiciones necesarias para realizar nuestras actividades de manera legal. No tenemos infraestructura, ni recursos humanos para poder hacerlo por las vías legales”, explica Javier, mientras observa el tránsito de mercaderías a través de las rutas informales.

El concejal Fabián Gutiérrez, exintendente interino de Aguas Blancas, se muestra crítico respecto del alambrado y las medidas del Plan Güemes. “Entendemos que el objetivo es proteger la frontera, pero los pasos habilitados no están en condiciones de garantizar el tránsito comercial. La infraestructura es deficiente y no hay recursos para mejorarla. Esto afectará aún más a las familias que dependen de este trabajo”, afirma Gutiérrez.

El concejal también menciona que muchos bagayeros, como Rafael, realizan su actividad porque no hay otras opciones de empleo en la zona. “La falta de políticas sociales y económicas ha dejado a la gente en esta situación. Lo único que les queda es trabajar en la informalidad”, añade.

El contrabando como única fuente de ingreso

Las historias de los bagayeros son similares. Todos coinciden en que el contrabando es su única opción. “He visto muchos casos, algunos cruzan sin saber qué están transportando. La situación es difícil, pero no tengo otra opción”, afirma Rafael. La situación se complica aún más con la escasa presencia del Estado, la falta de control en las rutas y el escaso apoyo social.

El contrabando hormiga, que atraviesa el Río Bermejo, es conocido por las autoridades, pero poco se puede hacer frente a una realidad tan compleja. “Si empezamos a controlar en serio, habrá un estallido social”, advierten.

El futuro de Aguas Blancas depende de encontrar soluciones viables que protejan tanto la seguridad en la frontera como la economía local, sin dejar a sus habitantes sin opciones. Mientras tanto, Roque y otros bagayeros seguirán cruzando el río, entre riesgos y esperanzas, en un comercio que, aunque ilegal, les garantiza su sustento diario.

DTC

Marzo es el mes de lucha por los derechos de las mujeres y cuando nos movilizamos procurando que nos vean, que nos observen, nos escuchen, pedimos fundamentalmente que se respeten nuestros derechos y nuestros cuerpos.

La delincuencia económica no es ajena a esto. Los datos son alarmantes. Si hablamos de trata de personas con fines de explotación sexual, un informe del Ministerio Público Fiscal reveló que casi el 80% de las víctimas son mujeres y los principales acusados y condenados, varones. Ello demuestra cómo las organizaciones criminales reflejan y acrecientan la estructura patriarcal de la sociedad y las construcciones de masculinidad negativa, según las cuales, el hombre debe demostrar poder y control sobre el otro. Las mujeres y las niñas, así como sus cuerpos, son espacios donde se manifiestan estas construcciones sociales. En ese sentido, la violencia contra las mujeres y niñas perpetrada por el crimen organizado no solo busca generar un beneficio económico o de otra índole para estas agrupaciones, sino también resulta ser un instrumento de control y poder. 

De la mano de este flagelo, encontramos: la trata con fines de explotación laboral, en la que también se refleja que la mayoría de las víctimas son mujeres y cómo todo lo que producen ingresa al circuito formal; la corrupción como un factor facilitador y fundamental para el funcionamiento de estas organizaciones y redes de trata de personas, dado que los dota de impunidad y contribuye a que estas conductas permanezcan ocultas y sean naturalizadas; y la sextorsión como una manifestación del abuso de poder para obtener algo a cambio de un “favor sexual”, una forma de corrupción en la cual el sexo a través del abuso del cuerpo de las mujeres es la moneda de cambio. 

Así, todo ese dinero que es obtenido por esos medios es luego canalizado a través de ingenierías societarias creadas para dar opacidad a los verdaderos dueños de los negocios ilícitos, quienes se llevan las ganancias -en la mayoría de los casos- hacia guaridas fiscales. Por ende, toda esta circularización de flujos financieros ilícitos va de la mano de sofisticadas maniobras de evasión y elusión fiscal, que nuevamente van en detrimento de las mujeres y sus familias.

Estas son sólo algunas de las maniobras que usando el cuerpo de mujeres y niñas favorecen negocios multimillonarios que hacen estragos en sus vidas. Constituyen graves violaciones a sus derechos humanos, ya que su finalidad es la obtención de una ganancia a costa de considerarlas y usar sus cuerpos como mercancías, afectando su dignidad, integridad y libertad.

Flagelos invisibilizados, maniobras opacas, legislaciones laxas colaboran a la reproducción de estas conductas. Así, podemos afirmar que las organizaciones criminales asociadas a la trata de personas encuentran campo fértil en contextos de desregulación que permiten el avance de la evasión y la elusión fiscal, así como a las jurisdicciones financieras opacas o guaridas fiscales. Además, la trata de personas se vincula estrechamente con la feminización de la economía informal, la inserción de las mujeres en sectores muy precarizados del empleo y como mano de obra barata en cadenas globales de valor, y la feminización del trabajo no remunerado de la economía del cuidado.

Dado que estos procesos devienen en la feminización tanto de la pobreza como de la migración, incrementa la vulnerabilidad de mujeres y niñas frente a las redes de trata y tráfico. De esta manera, economía ilícita, migración, pobreza, redes de corrupción y trata de personas son fenómenos interrelacionados que se sostienen en la trama de la desigualdad y la violencia sistémica de los derechos humanos de las mujeres y niñas. De esto también tenemos que hablar. 

*Abogada e integrante del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE).