El contenido de los dispositivos electrónicos y de la actividad virtual de Jonathan Morel fue analizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que días atrás entregó a la Justicia un informe con fotos, videos y otros documentos sobre las acciones realizadas por el procesado y otros integrantes de la agrupación Revolución Federal (RF) en los meses previos al intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En 37 fojas, la Unidad Operacional Antiterrorista y de Control de Actividades que Atenten Contra los Poderes Públicos y del Orden Constitucional de la PSA desglosó la actividad almacenada en la nube de Google de la cuenta de Morel, y la presentó dicho material ante el juez criminal federal Marcelo Martínez De Giorgi con el uso del software de análisis Celebrity Pathfinder, según fuentes judiciales.

Además de registros fotográficos y fílmicos sobre diversas protestas frente a la Casa Rosada, la Quinta Presidencial de Olivos y el domicilio particular de la expresidenta, el informe incluye diversas búsquedas que Morel realizó en Google y la plataforma Nosis para conseguir datos de varios funcionarios del Frente de Todos (FdT), entre ellos el presidente Alberto Fernández.

Fue hallado también un contrato de enero de este año “de colaboración y cesión de derechos” para la realización de una serie documental sobre el intento de asesinato de la presidenta del Senado con la firma “Producciones del Barrio S.L”.

Qué se halló en el celular de Morel

El estudio que la policía entregó este lunes al juez tuvo en cuenta el calendario, notas, agenda, imágenes, videofilmaciones, registros de llamadas, mensajes de texto, intercambios realizados a través de redes sociales y comunicaciones establecidas vía Whatsapp. Con el trabajo de análisis, se obtuvieron 50.988 elementos extraídos, constituidos en su mayoría por archivos de texto (en varios formatos) y elementos audiovisuales.

También se encontró el formulario de incorporación a Revolución Federal y los pagos recibidos “mediante transferencias tanto del fideicomiso Espacio Añelo, como de Santa Clara al Sur” por trabajos realizados por Morel y los “montos de facturación por parte de su emprendimiento Dogo Carpintería por un total de $6.906.000”.

En su mayoría, la investigación reveló archivos en imagen o video referidos a folletos o diseños virtuales con el propósito de criticar al Gobierno Nacional y realizar convocatorias para realizar protestas callejeras. Se hallaron registros de pegatinas en barrios del Conurbano bonaerense, con expresiones críticas o insultos hacia “el kirchnerismo o C.F.K” (por Cristina Fernández de Kirchner).

Asimismo, fueron halladas fotos que dan muestra del proceso de construcción de una guillotina y luego una captura de pantalla de la red social Twitter, donde se puede visualizar ese artefacto con una leyenda debajo: “¡Quizás haya llegado el momento de que sea el pueblo el que comience a hacer recortes!”.

Morel, Sabrina Basile y Leonardo Sosa aparecen en varias fotos en protestas frente a la Quinta de Olivos, al domicilio particular de Fernández de Kirchner y con antorchas, a modo de convocatoria, a la manifestación del 25 de mayo del 2022, en el Parque Naciones Unidas del barrio porteño de Recoleta.

Una curiosa propuesta forma parte del contenido de Morel: “cerrar el Ministerio de la Mujer”, objetivo para el cual “estarían recaudando información, como así también una cámara oculta y una llamada telefónica al 144 para evaluar la respuesta del personal” de esa cartera, que, según el procesado, “sería inoperante”.

Recuento de la causa por el intento de magnicidio

En febrero pasado, la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos sin prisión preventiva de Morel y otros tres miembros de RF, pero cambió la calificación penal del delito, la cual dejó de encuadrarse en “intentar imponer sus ideas por la fuerza o el temor” para considerarse “incitación a la violencia colectiva”.

Es una causa que tiene a Fernández de Kirchner entre los querellantes, e investiga la violencia de los actos y las consignas desplegadas por esa agrupación en la vía pública y a través de redes sociales, donde llegaron a proponer “al kirchnerismo cárcel o bala”.

Los procesados por Martínez De Giorgi son: Morel, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Nilda Sabrina Basile, a quienes consideró “coautores penalmente responsables del delito de incitación a la violencia colectiva”. Al procesarlos, el juez sostuvo que, a través de su accionar violento, los miembros de RF se constituyeron como “uno de los actores que agitaron en la sociedad un clima de violencia social, cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de magnicidio” de la exmandataria.

LC con información de agencia Télam

El Gobierno nacional dispuso la creación del “Comando Unificado Conurbano” (CUC) para brindar de una manera más “eficiente” las tareas de seguridad de las fuerzas policiales y de seguridad federales que actúan en ese territorio de la provincia de Buenos Aires.

Así lo estableció mediante la resolución 186, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

El CUC estará integrado por por 5 comandos conformados de la siguiente manera: “Comando N° 1 - Norte, con funciones en Escobar, Pilar, General Rodríguez y Marcos Paz; Comando N° 2 - Noroeste, con funciones en Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Merlo, Moreno, San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas; y Comando N° 3 - Suroeste, con funciones en La Matanza”.

En tanto, los comandos 4 y 5 corresponderán al “Sur” (Avellaneda, Lanús, Quilmes, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown y Ezeiza) y “La Plata” (La Plata, Ensenada, Berazategui, Florencio Varela, Presidente Perón, San Vicente y Cañuelas), respectivamente.

“Todo ello sin perjuicio de que con posterioridad, y en razón de cuestiones estratégico-operacionales, puedan incorporarse nuevos distritos en la zona de incumbencia de cada uno de los comandos”, se aclaró en el texto oficial.

El artículo 2 de la resolución estableció que la coordinación institucional del CUC estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad, mientras la coordinación operacional quedará a cargo del directo nacional de la Gendarmería “y/o del Comandante que esa dirección designe a tal efecto”, se dispuso en el artículo 3.

En tanto, la Secretaría de Seguridad y Política Criminal “determinará qué fuerza policial y de seguridad federal tomará a cargo cada uno de los comandos en particular, de conformidad con los relevamientos estratégicos y operativos a los que arribe conjuntamente con los directores generales de operaciones de cada una de esas instituciones y del coordinador operacional”.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo indicó que “las fuerzas policiales y de seguridad federales actúan en el conurbano bonaerense ejecutando distintas operaciones y medidas en cumplimiento de los requerimientos jurisdiccionales que ordenan su labor como auxiliares del servicio de administración de justicia”.

“Actualmente -se expresó el texto- las fuerzas policiales y de seguridad federales, conjuntamente con las fuerzas provinciales y locales intercambian información y, a partir de tales intercambios, se confecciona el llamado 'mapa de calor' en el que se consignan las zonas con mayor conflictividad en las que se encuentra más amenazada la seguridad ciudadana”.

Así, “cada uno de los comandos, en tanto integrante de una coordinación estratégica, permitirá ejercitar más eficientemente las tareas que actualmente despliegan las fuerzas policiales y de seguridad federales en el territorio de diversos municipios del conurbano bonaerense y redundará en un servicio de más y mejor seguridad para las ciudadanas y ciudadanos”.

Con información de Télam.

IG