La firma británica Burford Capital demandará a Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la nacionalización en 2012 de la petrolera YPF, caso por el que en marzo pasado una corte de Estados Unidos falló a favor del Estado argentino.

Fuentes de la Procuración del Tesoro de Argentina consultadas este miércoles por EFE confirmaron que Burford ya les notificó su intención de recurrir al CIADI, tribunal de arbitraje que depende del Banco Mundial.

Las fuentes consultadas indicaron que Argentina ya está preparada para ejercer su defensa, aunque señalaron que hay que esperar para saber si el CIADI admite iniciar un arbitraje por pedido de Burford.

El pasado 27 de marzo, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó una sentencia dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska, que condenó al Estado argentino a pagar a Burford y otra firma demandante 16.100 millones de dólares, suma que, con intereses, ascendería actualmente unos 18.000 millones de dólares.

El eje de la disputa judicial fue la nacionalización de YPF, dispuesta por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y aprobada por el Congreso en 2012, que mediante una ley avaló que el Estado argentino se quedara con el 51% de la petrolera, que estaba en manos de la española Repsol.

El caso en los tribunales de Nueva York se inició en 2015, cuando Burford Capital y la firma estadounidense Eton Park impulsaron una demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.

Esas dos sociedades antiguamente habían pertenecido al grupo argentino Petersen -de la familia Eskenazi-, que tenía una participación accionarial del 25% en YPF al momento de la nacionalización de la petrolera.

Dado que Petersen Energía Inversora y Petersen Energía eran sociedades constituidas en España, Burford puede acudir al CIADI invocando el tratado bilateral de inversiones que Argentina firmó con España en 1991 y que entró en vigor en 1992.

En los tribunales de Estados Unidos, Burford Capital y Eton Park reclamaron millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.

Preska les dio la razón en 2023 y condenó al Estado argentino, aunque rechazó la demanda que los querellantes también habían interpuesto contra la propia YPF.

El 27 de marzo último, la Corte de Apelaciones falló a favor del Estado argentino y también confirmó la decisión de Preska respecto la demanda contra YPF.

Burford y Eton Park tienen plazo hasta el 8 de mayo para pedir a esa cámara una revisión del fallo, y recién luego de esa instancia pueden presentar un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

YPF, fundada en 1922, tiene un rol estratégico en el sector energético de Argentina.

Según el último balance de YPF, la compañía cuenta con activos por 29.439 millones de dólares y un patrimonio neto de 11.044 millones de dólares.

EFE

El 3 de abril de 2025, en Nueva York, los ejecutivos de Burford Capital convocaron a sus accionistas a uno de sus eventos más importantes del año: el Investor Day. En el salón donde se discutía el futuro del fondo de litigios más grande del mundo, apareció en pantalla una filmina con un título que era casi una confesión: “El proceso de YPF será ruidoso, pero vemos algunas tendencias positivas”. Las “tendencias positivas” no eran datos del mercado financiero global. Eran frases del presidente Javier Milei.

La primera de esas frases correspondía a una entrevista de Milei con Chiche Gelblung en Crónica TV del 9 de octubre de 2023, cuando todavía era candidato. “¿Eso incluye los 16.000 millones de dólares de YPF?”, preguntó Gelblung. “Pará, pará, pará. Sí. Eso también tiene que pagarse. Es el error de Kicillof. Tiene que pagarse”, respondió Milei. La segunda cita era del 26 de diciembre de ese mismo año, ya electo, en una entrevista con Luis Majul en La Nación+: “Acá tenemos un problema porque no tenemos el dinero, no tenemos 16.000 millones de dólares, esa es la realidad, pero tenemos la voluntad de pagar”.

Debajo de las citas, Burford incluyó tres indicadores macroeconómicos de la gestión Milei como prueba de que el cobro era viable: el déficit fiscal había pasado de -15% del PBI a un superávit de 0,3%; la inflación mensual había bajado del 25% al 2,4%; el riesgo país se había desplomado de 1.920 a 784 puntos. Y un párrafo sobre el FMI: el acuerdo que antes parecía imposible estaba cerca de cerrarse, lo que haría “manejable” la deuda argentina.

El mensaje para los inversores era inequívoco: el presidente del país deudor había reconocido públicamente la deuda dos veces. La economía mejoraba. Argentina podía pagar y, en sus propias palabras, quería hacerlo.

Un negocio construido sobre un solo juicio

Para entender la magnitud de lo que estaba en juego, alcanza con recorrer las otras filminas de esa misma presentación. En la filmina 8, dedicada al resumen del negocio, Burford organizó su propuesta de valor en tres columnas. Las dos primeras describían su trayectoria y sus proyecciones de crecimiento. La tercera decía, escuetamente: “YPF es una fuente adicional potencial de flujos de caja robustos y retornos”. Era el único activo mencionado por nombre en toda la arquitectura del negocio.

En la filmina 19, donde proyectaban el crecimiento del portafolio hasta 2030, el gráfico llevaba una aclaración que lo decía todo: los US$5.500 millones proyectados estaban calculados “excluyendo activos relacionados con YPF”. YPF era tan grande que distorsionaba cualquier proyección y había que sacarlo para que los números del negocio ordinario tuvieran sentido.

La filmina 27 ponía los números sobre la mesa: Burford había desplegado apenas US$77 millones en el caso hasta diciembre de 2024. A cambio, tenía derecho a aproximadamente el 35% de la recuperación del caso Petersen, cuya sentencia ascendía a US$14.400 millones más intereses acumulando al 5,42% anual. Para marzo de 2025, esos intereses ya sumaban US$1.200 millones adicionales.

La filmina 44 completaba el cuadro con una frase que resumía la apuesta: “Creemos que los activos relacionados con YPF entregarán en última instancia una recuperación de diez cifras para Burford, pero el riesgo litigioso persiste”. Diez cifras: es decir, más de US$1.000 millones para el fondo. Y luego la confirmación: “El fallo final es una victoria completa contra Argentina de USD 16.000 millones, en el extremo alto del rango posible de daños.”

Pero la filmina 100 mostraba la otra cara de esa concentración. Entre los factores que amenazaban su retorno sobre el capital, Burford listaba: “YPF es una gran porción de nuestra base de activos. Con aproximadamente el 40% del valor razonable, puede deprimir el ROE en períodos en que no tenemos impacto de hitos”. El fondo más grande de litigios del mundo dependía, en un 40% de su valor, de ganarle un juicio a la Argentina.

La filmina 104, en el cierre de la presentación, lo reconocía con inusual franqueza: “El asunto YPF es un ejemplo fundamental de nuestro modelo de negocio… pero la escala lo convierte en un desafío de valuación”. Y luego: “Reconocemos que evaluar los activos relacionados con YPF es un desafío para los inversores que construyen una tesis de inversión.”

La filmina 106 listaba las tres prioridades estratégicas de la empresa para los próximos años. La segunda, en el medio de las tres, era: “Monetizar los activos relacionados con YPF”. No era un activo entre muchos. Era uno de los tres objetivos centrales de toda la compañía.

Comprar un pleito para hacer negocios

Burford Capital no es un fondo de inversión tradicional. Es una firma especializada en comprar litigios y llevarlos hasta las últimas consecuencias. Su modelo es simple y brutal: adquiere los derechos de un juicio a bajo precio, financia los costos legales y cobra una parte sustancial si gana.

En el caso YPF, según detalla la filmina 26, la historia empezó en 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner re-nacionalizó YPF y, según alegaron los demandantes, incumplió el contrato con los accionistas al no hacer una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre las acciones que cotizaban en la Bolsa de Nueva York. En 2015, Burford ganó un proceso competitivo para financiar la demanda del Grupo Petersen –de la familia Eskenazi, vinculada a los Kirchner– cuya empresa española había entrado en quiebra. Las acciones de YPF eran el único activo de esa compañía y no había dinero para costear el litigio. Burford puso el dinero a cambio de una porción de lo que se obtuviera. Invirtió, en total, US$77 millones a lo largo de años de litigación. A cambio, tenía derecho al 35% de una sentencia que la jueza Loretta Preska fijó en US$16.000 millones.

El hombre de Wall Street y el lobby en Buenos Aires

Con el fallo de primera instancia en la mano y la apelación pendiente, Burford no se quedó esperando en los tribunales. Montó una operación política paralela. Para eso contrató a Gerry Mato.

Mato es un argentino radicado en Wall Street desde hace décadas, con un extenso paso por el banco HSBC, que oficia de puente entre la comunidad financiera neoyorquina y la política argentina. Su nombre no es conocido masivamente, pero su rol en los últimos años fue decisivo en momentos clave. Fue él quien organizó, después de las PASO de 2023, la visita de Milei y su equipo económico a Nueva York para “presentarlo en sociedad” ante inversores y ejecutivos. En su casa de Greenwich Village se tejieron los primeros contactos entre el entonces candidato libertario y el establishment financiero internacional. 

Ese mismo Mato fue contratado por Burford para hacer lobby a favor de un acuerdo extrajudicial. Sus emisarios llegaron a Buenos Aires con un mensaje preciso: el descuento que Burford estaba dispuesto a aceptar se reducía con el paso del tiempo. Cada nuevo fallo favorable, cada instancia ganada, encarecía el arreglo. Conocían a Luis “Toto” Caputo y a otros funcionarios, pero la Procuración del Tesoro había dado una orden clara: no abrir ninguna instancia de negociación.

La estrategia de la apelación fue conducida desde la Procuración del Tesoro por Sebastián Amerio, quien asumió el cargo hace pocas semanas tras ser viceministro de Justicia, ungido ahí por Santiago Caputo, quien tiene sus propios vínculos con el poder republicano norteamericano a través de Leonardo Scatturice. Junto a Amerio trabajaron los subprocuradores Santiago Castro Videla y Juan Ignacio Stampalija. Desde Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy –también ficha caputista– coordinó la posición institucional del Ejecutivo.

De esos nombres es un dato aparte Castro Videla, quien es socio del estudio “Bianchi, Galarce y Castro Videla”. Lo llamativo es que Alberto Bianchi fue contratado por Burford Capital y por ese vínculo Castro Videla se excusó formalmente de intervenir en el caso YPF.

El equipo contó además con la participación de Bernardo Saravia Frías, ex Procurador del Tesoro en el macrismo, cuya experiencia acumulada en el caso desde gestiones anteriores resultó clave para darle continuidad técnica a una defensa que, en sus argumentos centrales, no había cambiado de un gobierno al otro, ni siquiera durante el kirchnerismo.

Ese último punto es el que más incomoda al oficialismo. “El juicio se ganó porque se expropió correctamente, cumpliendo las únicas leyes que importan, que son las de nuestro país, y porque, más allá de las declaraciones desagradables y oportunistas del presidente Milei, su gobierno reiteró en la apelación los mismos argumentos legales que ya había planteado la defensa argentina durante la gestión del gobierno anterior”, explicó el abogado Sebastián Soler.

La posición argentina: aguantar y apelar

La Procuración del Tesoro, junto al estudio Sullivan & Cromwell, sostuvo durante todo el proceso que había argumentos sólidos para revertir el fallo. El primero: Argentina no había renunciado a su inmunidad soberana en este caso y la expropiación había seguido los pasos constitucionales. El segundo: el monto estaba groseramente mal calculado. Preska había convertido la indemnización al tipo de cambio del dólar de 2012, cuando el peso valía unos cuatro pesos y medio. Argentina argumentaba que debía usarse el tipo de cambio de 2023, cercano a los 270 pesos. Esa diferencia transformó una condena en pesos de pocos cientos de millones en el juicio más importante de la historia de Burford.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó el viernes la sentencia de Preska. Los jueces determinaron que los reclamos de los accionistas minoritarios no se ajustan al derecho argentino y que los estatutos de YPF no generaban un vínculo contractual directo entre el Estado y esos accionistas que obligara a hacer la OPA. Argentina ganó en la instancia decisiva.

El impacto fue inmediato: las acciones de Burford Capital se desplomaron más de un 35% en Wall Street en la misma jornada del fallo. El fondo que había apostado el 40% de su valor total a un solo juicio –el que usó las palabras de Milei para calmar a sus inversores apenas meses antes– se encontró de repente con las manos vacías. El viernes a la tarde-noche se conoció un comunicado de Burford donde se cuestiona la decisión de la Cámara de Apelaciones y anticipa que “eventualmente” acudirá a la Corte Suprema, además de considerar seriamente un arbitraje internacional de inversión contra Argentina.

Las filminas del Investor Day de abril de 2025 quedaron como el documento de una derrota que nadie en Burford quiso anticipar: la empresa que se jactaba ante sus accionistas de tener “la voluntad de pagar” de un presidente como aval, perdió el juicio más grande de su historia.

MC

La Argentina rechazará el pedido de “desacato” planteado por el fondo Burford, beneficiado con un fallo a favor de la jueza Loretta Preska por US$ 16.000 millones, en los plazos procesales definidos por la magistrada.

El escrito será presentado el 19 de febrero, de acuerdo al cronograma establecido por Preska, según confirmaron fuentes de la Procuración del Tesoro de la Nación.

Burford elevó este jueves un pedido a la jueza para que declare en desacato y sancione a la Argentina por no entregar la documentación requerida en lo que concierne a chats y mails entre funcionarios nacionales. El fondo busca establecer la vinculación entre YPF y el Estado Nacional (alter ego).

“Argentina ha cumplido plena y ampliamente con el proceso de discovery, incluso mediante la entrega de más de 113.000 páginas de documentos y el testimonio de diversos funcionarios del gobierno argentino”, afirmaron fuentes de la Procuración.

Asimismo, agregaron que la moción constituye el intento más reciente del financiador de litigios Burford Capital de “hostigar a la República mediante solicitudes de discovery intrusivas y desproporcionadas”, como parte de lo que su CEO ha manifestado a los inversores que es una estrategia para “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica de la Argentina.

Desde la defensa argentina señalaron además que el pedido de sanciones debe leerse en el contexto de los avances recientes logrados por la Argentina en el plano judicial, que han deteriorado la posición procesal de Burford.

Entre esos antecedentes, mencionaron la audiencia de apelación de la sentencia condenatoria por US$16.000 millones, que derivó en una caída superior al 20% en el valor de las acciones del fondo, el stay otorgado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la orden de entrega de las acciones de YPF, el respaldo expreso de Estados Unidos, Israel y más de una decena de países y organizaciones internacionales, y el rechazo del reconocimiento de la sentencia en la justicia irlandesa.

“Ante este escenario, a Burford se le van limitando las herramientas procesales para mejorar su posición y recurre ahora a un planteo de desacato, aun cuando la Argentina está cumpliendo con el discovery”, señalaron las fuentes.

“Se trata de una estrategia de hostigamiento para presionar al país y forzar una negociación desde una posición que ya no tiene”.

Más allá de esta presentación del fondo Burford, desde la Procuración indicaron que Argentina “continuará cumpliendo con el proceso de discovery siempre dentro de lo permitido por la Constitución y las leyes argentinas, mientras la Cámara de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito analiza las apelaciones interpuestas contra las órdenes sin precedentes dictadas por el Tribunal de Distrito en este caso”. 

Con información de NA.

El litigio judicial por la nacionalización de YPF que se desarrolla en los tribunales de Estados Unidos tendrá este miércoles una audiencia clave cuando la Argentina, el fondo Burford y la petrolera se presenten ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York para defender sus intereses.

El país intentará revertir el fallo condenatorio que emitió la jueza Loretta Preska que obliga al pago de US$ 16.000 millones a modo de resarcimiento por la forma en que el Estado argentino estatizó la compañía.

Por su parte, el fondo Burford procurará que se mantenga la sentencia, pero al mismo tiempo intentará que se revea la resolución judicial que eximió a YPF de la responsabilidad en la operación.

A su vez, la empresa defenderá esa decisión y procurará mantener su condición de inocencia.

Según se estima, la sentencia de la Cámara de Apelaciones no será inmediata y podría conocerse durante el primer semestre del año próximo.

En ese momento se abren diferentes escenarios. En caso de que la Cámara de Apelaciones mantenga la sentencia a la Argentina solo le quedará presentarse ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Otra opción es que reduzca el monto resarcitorio. Pero la más improbable es que rechace el fallo de Preska.

Cabe apuntar que en este caso se discutirá la validez de la sentencia y el monto, pero no así la forma en la que se debe pagar.

Preska determinó que una de las formas para cumplir con la sentencia es la entrega de acciones de la empresa. Pero esta decisión también fue apelada y corre por otro carril dentro de la justicia de los Estados Unidos. Por otra parte, los acreedores ya manifestaron su intención de negociar un acuerdo con la Argentina porque no está dentro de sus opciones tener acciones de la petrolera.

Entre las diferentes aristas que tiene el litigio que ya lleva más de una década recorriendo los tribunales de Estados Unidos aparece la intención de los beneficiarios de buscar activos argentinos en el mundo para activar embargos y poder cobrar su acreencia.

Durante las diferentes instancias, Preska llegó a ordenar medidas como la entrega de información sobre mails y comunicaciones telefónicas entre funcionarios argentinos con la intención de buscar vinculaciones con empresas estatales para luego evaluar la posibilidad de embargos.

Con información de agencias.

IG

Javier Milei eligió una vez más Twitter para expresarse sobre un tema de alta sensibilidad institucional. La excusa fue el fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska, que ordenó este lunes al Estado argentino entregar el 51% de YPF como forma de pago a fondos buitre por la expropiación de la petrolera en 2012. Fiel a su estilo iracundo y eligiendo a quién culpar, esta vez insistió en su blanco predilecto en este 2025 electoral, Axel Kicillof, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires y ministro de Economía que decidió, junto con Cristina Fernández de Kirchner, la expropiación de la compañía hidrocarburífera a la española Repsol.

“El inútil soviético de Axel Kicillof”, lo llamó Milei en su mensaje. Lo responsabilizó de manera directa por la situación actual, sin matices ni contexto, y prometió apelar el fallo “en todas las instancias que corresponda”. Sin embargo, el mensaje omitió un detalle fundamental: el Gobierno libertario no presentó en enero las garantías necesarias para que la apelación iniciada por Alberto Fernández pudiera avanzar. Esa omisión procesal habilitó a los fondos litigantes, Burford Capital y Eaton Capital, a pedir la ejecución del fallo de Preska, que ahora incluye la entrega de las acciones estatales de YPF.

El tuit de Milei evita explicar por qué su Gobierno dejó desprotegida la estrategia judicial. Tampoco dice que el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos intervino en favor de la Argentina en esta causa, ni menciona que el encargado de defender al Estado argentino, Santiago Castro Videla, fue socio en un estudio de abogados donde uno de sus integrantes representó a Burford en el mismo juicio.

El Presidente repite que “avisó” sobre Kicillof, al que llama “pelotudo”, como si la política internacional y los litigios millonarios pudieran zanjarse con exabruptos. Pero la realidad es más incómoda: la Argentina enfrenta una condena por US$16.000 millones, y su administración dejó pasar la oportunidad de sostener una defensa firme. El default procesal en enero fue una decisión del actual gobierno, no del anterior.

El juicio en cuestión se originó por la “argentinización” de YPF promovida en 2007 por el entonces presidente Néstor Kirchner, que permitió al Grupo Petersen adquirir un 25% de la compañía sin poner un peso, prometiendo pagar con futuras ganancias. En 2012, ya sin Kirchner, el gobierno de Cristina Fernández reestatizó la empresa. El corte de dividendos hizo que los Eskenazi no pudieran seguir pagando su parte y los derechos de litigio quedaron en manos de fondos buitre.

No se trata solo de la “imbecilidad de Kicillof”, como dice Milei, sino de una cadena de decisiones políticas y financieras con consecuencias complejas. Y la más reciente de ellas —la falta de garantías procesales en enero de 2024— corresponde íntegramente a la gestión libertaria. El insulto no borra el expediente.

JJD

La Argentina sufrió un duro revés judicial, después de que la jueza federal de Nueva York Loretta Preska condenó al Estado Argentino a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF dispuesta en 2012. La cifra significa un tercio de la deuda que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI). ¿Qué pasa si Argentina no paga? ¿La estatización puede ser, al final del camino, un buen negocio?

El beneficiado con la sentencia de la jueza neoyorquina es el fondo especializado en litigios judiciales Burford Capital y las razónes son las supuestas irregularidades en la estatización parcial de la petrolera, aprobada por el Congreso hace 11 años.

En julio, el gobierno de Alberto Fernández le había solicitado pagar US$4.920 millones, el monto mínimo de resarcimiento calculado. Sin embargo, este viernes dicha solicitud fue rechazada por la magistrada, quien coincidió con los planteos del fondo buitre. Por eso, el Gobierno nacional anunció que apelará “inmediatamente” esta resolución y que el Presidente ya evaluó la situación con la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini.

A partir del próximo lunes, los representantes del Estado nacional tendrán la oportunidad de apelar o negociar y Burford Capital podrá empezar a aplicar embargos sobre los activos soberanos.

¿La decisión de expropiar valió la pena?

Juntos por el Cambio cuestionó la expropiación, promovida en 2012 por el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y con Axel Kicillof al frente del Ministerio de Economía. Desde el oficialismo la defienden y plantean que, a la larga, podría ser una decisión favorable para la Argentina pese al fallo.

El 30 de julio último, antes de la sentencia de Preska, la economista Julia Strada, investigadora del Centro de Economía Política (CEPA) y directora del Banco Nación, había señalado a través de un hilo de la red social X que “YPF tiene reservas por US$75.000 millones y recursos que superan los US$200.000 millones para explotar en el largo plazo” y que por lo tanto se trata de US$310.500 millones.

La funcionaria describió a YPF como “una empresa que podría permitirnos superar la restricción externa”. “Los titulares [periodísticos] que pretenden instalar, en el conjunto de la sociedad, la idea de que estatizar YPF fue un mal negocio deberían revisar sus planteos”, remató Strada en su hilo de X.

El fallo de Preska puede, de confirmarse, puede disparar una deuda de US$ 16.000 millones para el Tesoro argentino, en un país sin reservas en el Banco Central.

LC/JJD

Con información de la agencia NA

La jueza federal del distrito sur de la ciudad de Nueva York Loretta Preska condenó al Estado Argentino a pagar hasta US$ 16.000 millones al fondo especializado en litigios judiciales Burford Capital, por supuestas irregularidades en la estatización parcial de YPF, llevada a cabo en 2012. Esa firma británica había comprado el derecho a litigar al Grupo Petersen, un conglomerado con vínculos sólidos con los Kirchner y otros sectores políticos en la Argentina, y al fondo Eton Park, ambos accionistas minoritarios en la petrolera cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió la participación de la española Repsol.

El Gobierno argentino anunció que apelará “inmediatamente” esta resolución y que el presidente Alberto Fernández ya evaluó la situación con la Procuración del Tesoro a cargo de Carlos Zannini, un hombre con una histórica relación con la familia Eskenazi, propietaria del Grupo Petersen. “Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres”, indicó la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, en un posteo en X.

La expropiación de YPF se realizó bajo la segunda Presidencia de Cristina y con el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, como viceministro de Economía e interventor en la petrolera. Tras años de negociaciones y marchas y contramarchas, la jueza Preska ya había fallado contra Argentina en marzo pasado, eximiendo a YPF de responsabilidades. El monto de la indemnización había sido diferido por la magistrada para la segunda mitad de 2023.

Derrota en todos los planos

En los últimos meses el eje del debate en el juzgado de Preska estuvo centrado en qué tasa debía aplicarse a los intereses, y a partir de qué fecha debían correr. En la aspiración del Estado argentino, el monto final no debía exceder los US$ 4.900 millones. Para Burford Capital, debía estirarse hasta US$ 16.000 millones. Preska coincidió con el fondo buitre.

Antes, Argentina había perdido el argumento de fondo. Según los abogados de la Procuración del Tesoro, a cargo de Zannini y del jurista Sebastián Soler, la ley de expropiación de Argentina prevalecía sobre lo establecido en el estatuto de YPF redactado en el momento de la privatización, en 1993, y validado ante las autoridades bursátiles de Nueva York, donde comenzó a cotizar la companía. De allí que Kicillof considerara en su momento que era propio de un “tarado” aplicar el estatuto de la empresa, una declaración mencionada por Preska a la hora de fallar contra Argentina.

Además, la Procuración también cuestionó la jurisdicción, ya que consideraba que el reclamo de Petersen debía ser tratado en tribunales argentinos.

De su lado, Petersen/Burford pretendieron hacer valer el estatuto de 1993 que establecía que un cambio accionaro superior a 15% debería disparar una oferta obligatoria de compra de otros accionistas minoritarios a un precio agravado. Según el Estado argentino, esa previsión, no exótica en el derecho comercial, tenía por destino proteger a los propietarios minoritarios ante una oferta de compra hostil de una parte del equity en manos de un accionista en quiebra.

Petersen adujo que la expropiación, la crisis de reputación y el corte del giro de dividendos derivaron en la quiebra de sus empresas españolas que manejaban su participación en YPF, y entró en liquidación en un juzgado de Madrid. Allí apareció Burford.

Tras ocho daños de litigio, la jueza Preska rechazó todos los argumentos del Estado argentino. Terminó dándose la situación llamativa de que la magistrada se arrogó el derecho de establecer una indemnización según lo que establece el Código Comercial argentino en cuanto a intereses y derechos de las partes en litigio. Para ello, debió hacerse de copias traducidas de la ley argentina, que aplicó con desconocimiento de la jurisprudencia local.

Documentos aportados a la causa demuestran que, en el convenio firmado el 4 de marzo de 2015, se estableció que el fondo radicado en Londres recibiría 70% de los eventuales beneficios del juicio y Petersen, 30%.

Para YPF, el de Preska es “es un fallo positivo” porque “la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del Estado nacional” y que por eso “sus activos están fuera de riesgo”. La contracara es la del Estado argentino, controlante del 51% de la petrolera que estaba en manos de Repsol. La condena de Preska es por el máximo monto demandado por el fondo buitre británico. No obstante, tanto la jueza como Burford admiten en sus textos oficiales que se abre una vía de negociación sobre el monto final y la forma de pago, en caso de que la sentencia sea confirmada.

La pista madrileña

En 2015, Burford Capital compró al Grupo Petersen el derecho a litigar en España, donde tramitaba la quiebra de dos empresas creadas por los Eskenazi. Esa familia accionista del Banco de Santa Cruz —donde Zannini fue director por la provincia homónima entre 2015 y 2019— y de firmas agropecuarias había creado dos sellos fantasma en Madrid como controlantes de la participación de 25% en YPF.

A través de esas empresas, los Eskenazi recibían giros y pagaban a Repsol su ingreso a YPF, que a su vez era financiado por los propios dividendos de la petrolera argentina. Para que el esquema funcionara, Repsol y los Eskenazi aceleraron el reparto de dividendos de YPF, en detrimento de las inversiones y de la producción. Eton Park, por su parte, había comprado 1,63% del capital de YPF en 2010, por unos US$ 250 millones.

En junio de 2019, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó un pedido de la Argentina para ponerle fin a la demanda de los exaccionistas de YPF. A partir del próximo lunes, los representantes del Estado Nacional tendrán la oportunidad de apelar o negociar y Burford Capital podrá solicitar embargos sobre los activos soberanos.

Tras la noticia, las acciones de Burford tuvieron un salto superior al 30% en la plaza londinense. El derecho a litigar en nombre de Petersen es el principal activo del fondo buitre, que podría recibir en poco tiempo un beneficio que multiplicaría por cientos de veces su capital inicial.

Los Eskenazi, con derechos sobre el reclamo

En 2008, la familia Eskenazi fue introducida en el accionariado de YPF a instancias de Néstor Kirchner, con el supuesto objetivo de limitar el desmanejo de la española Repsol, que controlaba la petrolera argentina desde fines de la década de 1990s.

El primer paso de Petersen/Eskenazi en YPF consistió en el compromiso de pago de US$ 2.235 millones a cambio de una participación de 15%. Más tarde, el grupo de los Eskenazi amplió su inversion hasta 25% de YPF con otros US$ 1.000 millones.

Las vinculaciones de los Eskenazi con los Kirchner eran estructurales en territorio patagónico. El litigio por YPF no impidió que el grupo mantuviera el control del Banco de Santa Cruz

Como informó la agencia estadounidense REDD Intelligence, la jueza Preska dio por probado que los empresarios argentinos mantuvieron múltiples reuniones con negociadores de Buford para discutir la estrategia legal. Documentos aportados a la causa demuestran que, en el convenio firmado el 4 de marzo de 2015 mediante el que Burford compró a la filial de los Eskenazi en España el derecho a litigar, por USD 15,1 millones, se estableció que el fondo radicado en Londres recibiría 70% de los eventuales beneficios y Petersen, 30%.

El vendedor de los derechos fue el síndico de la quiebra de los sellos de Petersen en España. Fuentes con acceso a la causa indicaron que habría que dilucidar cuánto del 30% que les toque a los Petersen deberá saldar deudas con otros acreedores.

Las vinculaciones de los Eskenazi con los Kirchner eran estructurales en la provincia de Santa Cruz. El litigio por YPF no impidió que el grupo mantuviera el control del Banco de Santa Cruz, que funciona hasta el día de hoy como casa financiera principal en ese territorio patagónico.

Además de intereses financieros, el Grupo Petersen tiene activos en el agronegocio y en la obra pública. Es uno de los aportantes clave de la Fundación Mediterránea, que acaba de presentar el programa económico de Patricia Bullrich a cargo de Carlos Melconian. A su vez, el Grupo era señalado dentro del PRO como el principal sustento privado de la fallida candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, con quien Sebastián Eskenazi tendría una relación cercana.

SL/JJD

La jueza federal estadounidense Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, falló en contra de Argentina en una demanda iniciada por los fondos Burford Capital y Eton Park por la estatización de la petrolera YPF, de acuerdo al fallo al que accedió elDiarioAR. Burford Capital, propietario del fondo estadounidense Eton Park Capital, es el proveedor de financiamiento de litigios más grande del mundo.

Los fondos demandantes vienen manteniendo una disputa legal con el país desde hace años, luego de comprar la quiebra de la empresa Petersen Energía, de la familia argentina Eskenazi. Los Eskenazi llegaron a tener el 25% de la propiedad de YPF cuando estaba controlada por la española Repsol, en un intento del entonces presidente Néstor Kirchner por dotar de “capital nacional” a la empresa como modo de revertir el declive de sus reservas y producción bajo la conducción española. Entonces, la particularidad del avance de Eskenazi en YPF se dio por el hecho de que compraron su porción con préstamos de Repsol y bancos que procuraban saldar luego con las utilidades de la petrolera, una estrategia considerada válida por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hasta que se frustró.

Luego de la estatización total de la petrolera en 2012 -que entonces tenía el 51% de las acciones en manos privadas- y la quiebra de Petersen Energía, dos fondos de inversión extranjeros adquirieron la demanda de la empresa contra el Estado argentino en 2015. Ambos fondos reclaman desde entonces que Argentina habría incumplido el estatuto que planteaba que el país tendría que haber hecho una oferta de adquisición por toda la empresa y no sólo por una parte.

A pesar del fallo contra el país , la jueza denegó la solicitud de los fondos de fijar la indemnización por los daños y perjuicios que deberá pagar la Argentina -y que se calcula entre US$7.000 y US$18.000 millones- y sostuvo que el monto deberá fijarse en un nuevo juicio por daños. Burford Capital es el proveedor de financiamiento de litigios más grande del mundo que cotiza en la Bolsa de Londres

“El Tribunal considera que los demandantes fueron perjudicados por la República porque ellos tenían derecho a recibir una oferta pública de adquisición que les hubiera proporcionado una salida compensada (de la empresa) pero no lo hizo”, dice el fallo, que también sostiene que la medida apropiada de esa compensación es el precio de la oferta pública de adquisición que Argentina tendría que haber hecho si hubiera cumplido con los estatutos.

La jueza aclaró que le resulta imposible fijar el monto porque no puede precisar la fecha exacta en que se activó la obligación de Argentina de lanzar la oferta.

“Es un fallo positivo para YPF porque la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del Estado nacional, así que sus activos están fuera de riesgo. Por otro lado, hay que destacar que no se hace lugar a todos los pedidos de los demandantes” (como que se fije el valor de la compensación), indicaron cerca de la petrolera.

Con información de NA.

ED