El presidente Javier Milei oficializó la decisión de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deje de otorgar créditos, medida implementada mediante el Decreto 1039/2024, con el objetivo de preservar la rentabilidad y sostenibilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). 

El decreto deroga los incisos m) y n) del artículo 74 de la Ley 24.241, que permitían a la ANSES otorgar financiamiento con recursos del FGS tanto a beneficiarios del sistema previsional como a trabajadores aportantes. Según el Gobierno, las tasas negativas aplicadas a esos créditos, en un contexto de alta inflación —211,4% en 2023, según el INDEC—, “perjudicaban significativamente los activos del Fondo, cuyo propósito principal es garantizar la sustentabilidad del sistema previsional”. 

El presidente fundamentó que el otorgamiento de financiamiento “es una actividad que puede ser desempeñada de manera eficiente y competitiva por el sector privado, que cuenta con los recursos y la capacidad para ofrecer productos crediticios bajo la supervisión del Banco Central de la República Argentina”, y que, de hecho, actualmente “tanto instituciones financieras públicas como privadas poseen líneas de crédito activas dirigidas a jubilados y pensionados, lo que evidencia la capacidad del sistema financiero para atender esta demanda”.

La medida también busca “aliviar la carga administrativa de la ANSES y concentrar sus esfuerzos en su función principal”. Desde el Ejecutivo se destacó que esta reestructuración “es clave para optimizar los recursos públicos en un contexto de emergencia económica y social”. 

Además, recalca que el FGS “no fue creado para funcionar como un fondo de crédito, sino para garantizar la sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y, por lo tanto, sus activos deben ser invertidos en instrumentos que garanticen la preservación de su valor”.

El decreto, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial, será revisado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, conforme lo establece la Ley 26.122 sobre decretos delegados. 

Con información de agencias.

IG

A finales de 2017, el entonces ministro de Finanzas, Luis “Toto” Caputo, quedó expuesto en las revelaciones de la filtración Paradise Papers, realizadas por el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). La investigación internacional reveló que Caputo fue accionista de sociedades offshore en las Islas Caimán y no lo informó al asumir en diciembre de 2015 en la función pública. En aquellos documentos, figuraba también el economista Fernando Bearzi como asesor financiero de una de las compañías: Noctua.

Bearzi es el nuevo director de un sector clave en el manejo de fondos del Ejecutivo: el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, el FGS de la ANSeS, reveló la periodista Patricia Valli en El Cronista este miércoles, quien dejó asentado también su nexo con la offshore de Caputo. 

Bearzi quedó al mando de este fondo de inversión que administra el organismo, con la plata de los jubilados. Un fondo que el gobierno de Javier Milei pretendía privatizar cuando envió la ley ómnibus al Congreso. El FGS es titular de acciones en algunas de las principales empresas del país: bancos, compañías de los principales grupos económicos, empresas energéticas, laboratorios y otros rubros centrales de la economía. Caputo planeaba vender esas acciones, como publicó elDiarioAR. Aún no se conoce qué planes tiene ahora el Ejecutivo para el FGS, pero al menos Caputo se aseguró un hombre de confianza a su mando.

“Los mercados son una de mis grandes pasiones, desde hace años humildemente aprendo, practico y trato de enseñar lo aprendido”, dijo Bearzi en la red social X. “Recientemente fui nombrado responsable del FGS, un tremendo honor que debo a la Sra. ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y al Sr. ministro de Economía @LuisCaputoAR”, publicó el funcionario, quien ya se desempeñaba desde principios de marzo como subdirector ejecutivo del FGS.

“Públicamente quiero agradecerles a ambos por la confianza. Esto no entra en la fantasía más alocada, es una oportunidad enorme, entre otras cosas, para seguir aprendiendo. Gracias totales y ojalá esté a la altura de las expectativas. Vamos Argentina Carajo!!”, agregó.

Nexos offshore con Caputo

La empresa de Caputo, Noctua, tenía sedes en Miami y Delaware, Estados Unidos, y administraba fondos de inversión con sede en las Islas Caimán. 

Caputo está imputado por el supuesto delito de omisión maliciosa en las declaraciones juradas de bienes de funcionario público. Se trata de un delito con penas de prisión de hasta dos años -excarcelable-, que requiere que la Justicia pruebe que el imputado obró con malicia al ocultar dicha información al Estado. El caso está a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo desde 2017. El abogado defensor del ahora ministro de Economía es Matías Cúneo Libarona, hermano y también abogado del ministro de Justicia.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, Caputo negoció como funcionario con los fondos de inversión denominados “fondos buitres” y, sin embargo, no había informado al asumir como funcionario que fue accionista de sociedades offshore creadas para administrar cientos de millones de dólares en paraísos fiscales e invertir en bonos de la deuda argentina en default a través de Noctua. Lo mismo que hacían los “fondos buitres”. Un punto central del caso tal vez nunca se sepa: quiénes fueron los clientes del exfuncionario.

El equipo periodístico de ICIJ analizó entonces numerosos formularios y documentación presentada por la propia Noctua ante la Securities & Exchange Commission (SEC), el organismo que regula el funcionamiento de la bolsa de comercio en Estados Unidos, obtenidos por un pedido de acceso a la información pública ante el organismo. 

Caputo debería haber informado su relación con Noctua a la Oficina Anticorrupción y al Estado. Fue accionista indirecto de Noctua hasta al menos julio de 2015. Tras las revelaciones, Caputo negó la información que revelaban los documentos oficiales ante la consulta de los periodistas y luego de que el caso fuera publicado continuó negando su vínculo con la compañía. 

Sin embargo, la documentación de la propia Noctua, presentada ante las autoridades de Estados Unidos, confirmó que Noctua informó que Caputo fue su “fundador”, “dueño indirecto” y “accionista indirecto” y describió las funciones que además cumplía como mánager y asesor financiero de la empresa. Caputo tuvo “control” sobre la compañía hasta el 25 de noviembre de 2015, diez días antes de asumir como funcionario de Macri, de acuerdo a los documentos. 

Cuando Caputo asumió por primera vez en la función pública, Noctua informó su salida en los documentos presentados ante las autoridades estadounidenses, correspondientes al período de 2016. Allí aparece Bearzi, como sucesor de Caputo en una de sus funciones: asesor financiero de Noctua, como reveló Perfil en enero de 2018.

elDiarioAR se comunicó con voceros de la ANSeS para conocer la versión de los hechos de Bearzi, sobre su rol en Noctua y su posición sobre paraísos fiscales, pero no recibió respuesta. 

En agosto de 2017, Bearzi asumió como director de Nación Bursátil SA, una compañía del grupo del Banco Nación, que ahora el gobierno de Milei también pretende privatizar. En 2018, era el CEO de dicha división. Fue también director académico del Posgrado de Finanzas en la Universidad Católica Argentina (UCA) entre 2020 y 2023.

Este año, Bearzi asumió como presidente de BICE Fideicomisos SA por apenas dos meses, entre enero y febrero. A principios de marzo, formaba parte del FGS de la ANSeS como subdirector ejecutivo. Ya es el número uno del codiciado organismo. 

ED/JJD

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) emitió un informe favorable a la consulta realizada por el ministro Sergio Massa por las operaciones de ventas y canjes de títulos públicos. La contestación oficial de la UBA que ingresó en las últimas horas con la firma de los magíster en Economía, Daniel Melió y Julián Leone, comienza diciendo que es una “Respuesta al pedido solicitado por el Ministerio de Economía de la Nación a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA”.

El detallado informe concluye que, tanto la venta como el canje de títulos públicos, “no implicaría una pérdida patrimonial para los organismos públicos alcanzados”. También agrega que ambas operaciones suponen revalorizaciones patrimoniales al momento de realización.

Las respuestas plasmadas en el informe centran su análisis en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dado que este representa la mayor parte de las tenencias involucradas en las operaciones de venta y/o canje. “A raíz del debate público en relación con este tópico, resulta importante destacar que habiendo transcurrido más de 15 años desde su conformación, el FGS nunca fue utilizado para solventar las insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público ni para preservar la cuantía de las prestaciones previsionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)”, señaló el informe.

El FGS constituye un stock que no debe confundirse con el flujo correspondiente al pago periódico de haberes que realiza ANSeS y por ello las operaciones analizadas no se corresponden con ningún impacto directo en los haberes a percibir por los beneficiarios del organismo previsional. A la primera pregunta formulada por el Ministerio de Economía, en el anexo I del DNU 164/2023, “comprende los títulos públicos denominados ypagaderos en dólares estadounidenses emitidos bajo legislación local correspondientes a los códigos de negociación AL29, AL30, AL35, AE38 y AL41”. “En este sentido, la ganancia contable plasmada en este ejercicio se verifica en virtud del cambio en la forma de registración de los títulos públicos canjeados. Por lo tanto, se concluye que la operación de venta de los títulos del Anexo I y posterior suscripción del Bono Dual 2036 no supone, en el momento inicial, una pérdida en el valor de la cartera de los organismos públicos y su revalorización contable promedia el 45,9% a los precios del 27 de marzo de 2023”, reza el reporte de la UBA.

La otra consulta oficial realizada está vinculada al Anexo II del DNU 164/2023, que “comprende los títulos públicos denominados y pagaderos en dólares estadounidenses emitidos bajo legislación extranjera: GD29, GD30, GD35, GD38, y GD41”. La conclusión indica que “como corolario de lo expuesto, suponiendo que el canje de los bonos globales contemplados en el Anexo II del mencionado Decreto se realizará en una relación 1 a 1 a valor técnico, se concluye en el momento inicial, que ésta no supone una pérdida en el valor de la cartera de los organismos públicos, generándose por el contrario una revalorización contable en el orden del 104,4% a valor técnico y una revalorización del 23,4% en base a los valores de suscripción, a los precios vigentes al 27 de marzo de 2023”. El dictamen finaliza diciendo que “en consecuencia, la operatoria de canje en proceso de análisis implicaría, con independencia de la valuación resultante, de efecto neutro para el sector público consolidado, dentro del cual la ANSeS se encuentra incluida”.

Las claves

Los reparos

El dictamen favorable fue firmado por los economistas Julián Leone y Daniel Miliá, que está haciendo recién ahora su doctorado. El primero es hombre de confianza del vicerrector de la UBA y diputado radical, Emiliano Yacobiti, de buena relación con el ministro de Economía, Sergio Massa. Pese a ello, expresaron también sus reparos sobre la operación de bonos, a saber:

El informe completo

Con información de NA.

IG