Tres organizaciones ambientalistas anunciaron este jueves que presentaron una demanda conjunta ante la Corte Suprema de Argentina por un canal de agua construido en la provincia de Santiago del Estero que afecta a la fauna silvestre.

La demanda por daño ambiental contra el Estado argentino y la provincia de Santiago del Estero fue presentada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la organización Aves Argentinas y la Fundación Vida Silvestre Argentina.

En un comunicado conjunto, las organizaciones señalaron este jueves que la acción judicial busca que se tomen medidas “urgentes y efectivas” para corregir los impactos “devastadores” del denominado Nuevo Canal de la Patria.

“El Canal de la Patria está causando un impacto gravísimo sobre la fauna silvestre, con cientos de animales muertos, muchos de ellos de especies amenazadas. Esta obra fragmenta el hábitat y bloquea el movimiento natural de la biodiversidad chaqueña”, sostuvo Cristian Fernández, coordinador del área de asuntos legales en FARN.

El canal, diseñado para abastecer de agua para consumo humano y del ganado, fue construido por medio de una excavación en tierra a finales de la década de 1970, pero tuvo fallos técnicos y falta de mantenimiento.

Por ese motivo, en 2020 el Gobierno provincial, con financiación del Estado argentino, decidió construir un nuevo canal, esta vez revestido en hormigón, abarcando unos 180 kilómetros, desde la toma de agua en el río Salado hasta la localidad de Quimilí.

Tiene una ramificación, que eleva la extensión a un total de 250 kilómetros.

“Nuestra organización está completamente alineada con el objetivo social del canal, que es de importancia para el bienestar de las comunidades locales; sin embargo, la forma en que fue construido genera un grave perjuicio ambiental, convirtiéndose en una trampa mortal para la fauna de la región, tanto silvestre como doméstica, lo que también podría estar afectando la calidad del agua”, advirtió Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas.

Según los denunciantes, el nuevo canal fue diseñado con paredes de hormigón resbaladizas e inclinadas, una “trampa mortal” para animales y un “peligro” para las personas.

“Cientos de animales caen al intentar cruzar o tomar agua y no pueden salir, muriendo ahogados. Si bien el canal cuenta con algunos dispositivos como esclusas o escaleras, los mismos no sirven para que la fauna pueda salir del canal, especialmente si se trata de animales medianos o pequeños”, afirman los ambientalistas.

Entre 2023 y este año, Fundación Vida Silvestre Argentina, Aves Argentinas y el Centro para el Estudio y la Conservación de las Aves Rapaces en Argentina realizaron varios viajes a territorio para hacer relevamientos.

Esto les permitió documentar la muerte de unos 250 ejemplares de cerca de 40 especies en apenas seis meses, incluyendo mamíferos, anfibios, aves y reptiles.

Entre las especies afectadas se encuentran el oso hormiguero gigante, la tortuga terrestre argentina, la corzuela parda, el pecarí de collar, la mulita, el oso melero y el mataco bola.

“La mayoría de estas especies están en peligro de extinción o con tendencias poblacionales negativas a nivel mundial”, advirtieron las organizaciones.

Claves de la demanda

Dada la falta de respuestas efectivas, incluso luego de la Resolución N° 53/24 emitida por la Defensoría del Pueblo de la Nación el 13 de diciembre del año 2024 intimando al gobierno nacional y provincial para que adopten medidas correctivas y de mitigación sobre esta infraestructura, se ha recurrido a la Corte Suprema de Justicia. La demanda cuenta con el apoyo de numerosos informes científicos respaldados por expertos de prestigiosas instituciones e investigadores del país, como la FCEN-UBA, la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad Nacional del Comahue, el CONICET, entre otras instituciones.

Mediante la demanda se solicita la implementación por parte del Gobierno Nacional y Provincial de un Plan de Recomposición del ambiente afectado por el Canal de la Patria, que incluya:

Esta acción busca que se tomen medidas de mitigación que, sin afectar su funcionalidad en relación al abastecimiento de agua, eviten la extinción de especies amenazadas.

La expectativa es que la Corte impulse soluciones permanentes con respaldo técnico y científico, logrando un antecedente positivo para la conservación ambiental y el desarrollo sostenible en Argentina.

La advertencvia de la Defensoría del Pueblo en diciembre de 2024

“Informes recientes exponen la muerte masiva de fauna silvestre y la fragmentación de ecosistemas. Asimismo, se detectaron fallas significativas en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), incluyendo un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) deficiente, inconsistencias en la licencia ambiental y la falta de participación ciudadana.

Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo de la Nación emitió una resolución donde hace recomendaciones claves para abordar el daño ambiental ya verificado y prevenir nuevos impactos:

El Nuevo Canal de la Patria, de 180 kilómetros de longitud, ha provocado la muerte de cientos de animales, incluyendo especies en peligro de extinción como el oso hormiguero, las tortugas terrestres y los pecaríes. Además, la obra ha alterado la conectividad de los ecosistemas naturales y posiblemente ha generado contaminación en el agua que transporta debido a la acumulación de animales muertos.

Desde la Defensoría se destaca la necesidad de equilibrar el desarrollo humano con la protección del medio ambiente. Urge a las autoridades nacionales y provinciales a adoptar medidas concretas y sostenibles para garantizar que proyectos de infraestructura clave no comprometan la biodiversidad ni los derechos de las comunidades locales“.

EFE/FARN/Vida Silvestre/Defensoría.

IG

Organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Corte Suprema un recurso de queja contra la decisión de ese tribunal de cerrar el prolongado proceso judicial por la contaminación de la cuenca del río Matanza-Riachuelo, severamente afectado por todo tipo de residuos.

La queja fue presentada por el denominado Cuerpo Colegiado, responsable de supervisar el Plan de Saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo e integrado por organizaciones no gubernamentales.

El máximo tribunal resolvió por unanimidad el pasado 22 de octubre dar por finalizada la supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada por la propia Corte Suprema en 2008, rechazar el reclamo por daño ambiental colectivo y ordenar el archivo del caso, una de las causas judiciales por cuestiones ambientales más importantes que se hayan tramitado en Argentina.

“Los criterios utilizados para finalizar el proceso de ejecución de la sentencia, además de no haber sido incluidos en la sentencia original de 2008, se refieren justamente a nudos problemáticos que explican los retrasos en el cumplimiento de los mandatos socioambientales del caso”, indicó este martes en un comunicado el Cuerpo Colegiado.

El grupo está integrado por la Asociación Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

La cuenca Matanza-Riachuelo, cuyas aguas desembocan en el Río de la Plata tras recorrer 64 kilómetros y atravesar 14 municipios de la provincia de Buenos Aires y la capital argentina, es una de las más contaminadas del país.

En el área, de 2.047 kilómetros cuadrados, viven unos 4,7 millones de personas, el 10 % de la población argentina.

Las principales causas de la contaminación son los efluentes cloacales, los residuos sólidos urbanos y los efluentes líquidos industriales en una cuenca donde operan unos 4.200 establecimientos fabriles.

En 2004, un grupo de vecinos interpuso una demanda contra el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y 44 empresas instaladas en la cuenca por daños y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación del Riachuelo.

En 2008, la Corte Suprema ordenó a los tres Estados demandados a sanear el Riachuelo, tarea que quedó bajo responsabilidad de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y cuya supervisión quedó en manos del propio máximo tribunal.

El Cuerpo Colegiado cuestiona que la Corte tome como base para su decisión los informes de la Acumar, organismo que antes criticaba por considerar “insuficientes las medidas adoptadas e incumplidos los objetivos trazados en el calendario fijado”.

Según el comunicado, ahora esos informes son “validados sin importar sus puntos ciegos, deficiencias y problemas metodológicos”.

“El fallo del máximo tribunal no contrastó la evolución de la contaminación de las aguas, el aire y los suelos con la información producida por la propia Acumar, omite explicar de qué manera han sido satisfechos y cumplidos los objetivos ambientales trazados en 2008, los cuales fueron reemplazados por el cumplimiento de objetivos institucionales que nunca habían sido explicitados en la causa”, señalaron.

EFE.

IG

Ambientalistas de Argentina cuestionaron este miércoles la decisión de la Corte Suprema de dar por cerrado el prolongado proceso judicial por la contaminación de la cuenca del río Matanza-Riachuelo, severamente afectado por todo tipo de residuos.

El máximo tribunal resolvió por unanimidad este martes dar por finalizada la supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada por la propia Corte Suprema en 2008, rechazar el reclamo por daño ambiental colectivo y ordenar el archivo del caso, una de las causas judiciales por cuestiones ambientales más importantes que se hayan tramitado en Argentina.

“En 2008, la Corte Suprema fue la autoridad institucional que definió que el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo sea considerado una auténtica política de Estado. En 2024, fue la que decidió que deje de serlo”, lamentó este miércoles la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en un comunicado.

La cuenca Matanza-Riachuelo, cuyas aguas desembocan en el Río de la Plata tras recorrer 64 kilómetros y atravesar 14 municipios de la provincia de Buenos Aires y la capital argentina, es una de las más contaminadas del país.

En el área, de 2.047 kilómetros cuadrados, viven unos 4,7 millones de personas, el 10 % de la población argentina.

Las principales causas de la contaminación son los efluentes cloacales, los residuos sólidos urbanos y los efluentes líquidos industriales en una cuenca donde operan unos 4.200 establecimientos fabriles.

En 2004, un grupo de vecinos interpuso una demanda contra el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y 44 empresas instaladas en la cuenca por daños y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación del Riachuelo.

En 2008, la Corte Suprema ordenó a los tres Estados demandados a sanear el Riachuelo, tarea que quedó bajo responsabilidad de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y cuya supervisión quedó en manos del propio máximo tribunal.

Según la FARN, la decisión adoptada este martes por la Corte de dejar de supervisar ese proceso y cerrar el caso representa “una salida fácil e indiferente frente al control robusto del cumplimiento de todos los objetivos trazados en la sentencia” de 2008 que ahora, 16 años después, “permanecen mayoritariamente incumplidos”.

Desde 2006 y hasta 2023, el Estado nacional, la provincia y la ciudad de Buenos Aires y Acumar han hecho millonarias inversiones en la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la cuenca, que ha alcanzados diversos grados de ejecución.

Pese a los avances que Acumar asegura haber concretado, FARN advirtió en su comunicado que “subsisten demoras en la ejecución de obras”, como las de expansión de redes de agua y cloaca y de infraestructura destinada a urbanización, y que los indicadores “dan cuenta del bajo nivel de cumplimiento respecto de lo ordenado por el máximo tribunal en 2008”.

La FARN también observó que en 2018 la propia Corte había advertido sobre la “marcada debilidad institucional de la Acumar y un desempeño de escaso rendimiento”, “deficiencias que se ven profundizadas en la actualidad” a partir de 40 despidos en ese organismo y una caída del 28,2 % en términos reales en el presupuesto para el saneamiento de la cuenca desde que Javier Milei inició su Gobierno en diciembre pasado.

El comunicado completo de FARN: “Un golpe a los avances logrados en el saneamiento de la cuenca”

El 22 de octubre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le puso un punto final a un proceso judicial histórico por la recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo. Por unanimidad, los jueces que integran el máximo tribunal del país decidieron dar por finalizada la supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada por la propia Corte Suprema el 8 de julio de 2008, rechazar el reclamo por daño ambiental colectivo y ordenar el archivo de los cientos de legajos que conforman esta megacausa judicial, una de las más importantes dentro de la jurisprudencia ambiental de nuestro país.

En el año 2008, la Corte Suprema decidió brindar una solución a la problemática de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, ordenando la elaboración de un Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) que tenía como metas mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelos) y prevenir futuros daños con suficiente y razonable grado de predicción. Para cumplir estos objetivos, el Tribunal estableció ocho mandas consistentes para la puesta en marcha de un programa de: información pública; cesación de la contaminación de origen industrial; saneamiento de basurales; limpieza de los márgenes del río; expansión de la red de agua potable; extensión del sistema de desagües pluviales y saneamiento cloacal. Por último, estableció también un plan sanitario de emergencia.

Luego de esa decisión, la Corte monitoreó durante años el cumplimiento de esa sentencia, requiriendo informes y convocando a audiencias públicas. También lo hizo a través de los jueces de ejecución de la sentencia.

Ejecutar una sentencia estructural que persigue una política pública fundamental como es el saneamiento ambiental de una de las cuencas más contaminadas de la Argentina tiene un alto grado de complejidad. Justamente, por eso, se amerita un esfuerzo titánico en el monitoreo de la sentencia. El archivo de la causa, tal como lo ha propuesto ayer la Corte, representa lo contrario: una salida fácil e indiferente frente al control robusto del cumplimiento de todos los objetivos trazados en la sentencia del año 2008 que hoy, 16 años después, permanecen mayoritariamente incumplidos.

Desde la perspectiva de la Corte, los mega procesos judiciales se consideran culminados una vez que: (i) se han definido claramente las metas a cumplir; y (ii) se ha establecido el órgano a cargo de su instrumentación. Sobre la base de estos parámetros, los jueces concluyen que los objetivos institucionales propuestos por la sentencia se encuentran cumplidos con la aprobación del PISA —que fija los objetivos a llevar a cabo para lograr la recomposición del bien colectivo— y con la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), a cargo de su cumplimiento. Siguiendo esta lógica, la intervención de la Corte debería haber cesado hace años. En efecto, la ACUMAR fue creada en el año 2007 y el PISA fue aprobado en el año 2010. No obstante ello, el máximo tribunal del país continuó monitoreando su propia sentencia.

El reciente fallo de la Corte omite explicar de qué manera han sido satisfechos y cumplidos los objetivos ambientales trazados en el año 2008, los cuales fueron reemplazados por el cumplimiento de objetivos institucionales que nunca fueron explicitados en la causa. 

Esta reciente sentencia resulta contradictoria con el posicionamiento adoptado en las últimas décadas y, en concreto, con una resolución de la propia Corte del 12 de abril de 2018, en la que los jueces advirtieron una marcada debilidad institucional de la ACUMAR y un desempeño de escaso rendimiento. Estas deficiencias se ven profundizadas en la actualidad a partir de los 40 despidos acontecidos en la ACUMAR, el retroceso institucional en su estructura organizativa y funcional, el congelamiento presupuestario –entre los meses de enero y agosto de 2024, las partidas relacionadas al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo cayeron un 28,2% en términos reales– y la parálisis de las obras de saneamiento. A todo ello, se suma el retroceso en el acceso a la justicia ambiental. 

Desde FARN siempre hemos valorado los avances alcanzados en la causa, pero esto no quita el alto grado de incumplimiento en el que se encuentra el fallo.

La Corte Suprema afirmó ayer que ha cumplido su propósito de generar la reforma estructural que resultaba imprescindible para alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución. Sin embargo, subsisten demoras en la ejecución de obras –como las de expansión de redes de agua y cloaca, de infraestructura destinada a urbanización, la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos y el Sistema Riachuelo, entre otras– y los indicadores presentados en los informes de la ACUMAR dan cuenta del bajo nivel de cumplimiento respecto de lo ordenado por el máximo tribunal en 2008.

Sólo la Corte Suprema podía y debía adoptar una decisión para revertir este cuadro de situación. En su lugar, eligió cerrar el caso. En este contexto, el nivel de cumplimiento efectivo de las acciones y medidas dispuestas para la solución del caso no sólo continuarán siendo insuficientes, sino que se agravarán, frustrando el principio de progresividad (artículo 4 de la Ley General del Ambiente) referido al cumplimiento de metas graduales y paulatinas y vulnerando también el principio de no regresión (artículo 3 del Acuerdo de Escazú). El pasado 17 de junio de 2024, desde el Cuerpo Colegiado le solicitamos a la Corte Suprema que convoque a una audiencia pública para debatir la efectividad del PISA y del cumplimiento de las mandas judiciales. También para que especialistas en materia ambiental, hídrica, toxicología, gestión de residuos, entre otras disciplinas, pudieran exponer ante el Tribunal su conocimiento técnico, brindando mayores herramientas para una decisión judicial razonable y eficaz. Desde el Cuerpo Colegiado también solicitamos que sean convocados el Auditor General de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría General de la Nación y la Defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, entre otros.

La Corte nunca convocó a esa audiencia pública. De haberlo hecho, el alto nivel de incumplimiento de la sentencia habría adquirido una enorme visibilidad ante la sociedad.

Esta sentencia implica un cambio drástico en el posicionamiento de la Corte dado que toma como base para su decisión los informes de la ACUMAR, organismo que antes criticaba por considerar insuficientes las medidas adoptadas e incumplidos los objetivos trazados en el calendario fijado. Repentinamente, esos informes son validados sin importar sus puntos ciegos, deficiencias y problemas metodológicos, todos los cuales fueron señalados por el Cuerpo Colegiado en su última presentación. 

Asimismo, llama la atención la ausencia de disidencias en una sentencia tan a contramano con el camino recorrido por la Corte y sorprende que los jueces ordenen que la ejecución del plan de saneamiento continúe su trámite ante juzgados locales, que nunca han absorbido la complejidad de esta problemática.

Coincidimos con la afirmación dispuesta en el fallo de que las obligaciones de recomposición ambiental son permanentes, pero disentimos con el hecho de utilizarla como pretexto para finalizar una ejecución de sentencia que, dado su escaso nivel de cumplimiento, mantiene relevantes asuntos pendientes que merecen un seguimiento judicial. Con el cierre de la causa en estas circunstancias, se ponen en riesgo todos los avances logrados.

Tampoco compartimos el argumento de la Corte para rechazar el daño ambiental colectivo, considerando únicamente que las autoridades se encuentran trabajando en la recomposición del ambiente. La causa por daño ambiental colectivo ha sido tramitada en la Corte por 16 años sin que se haya avanzado un sólo paso. 

En el año 2008, la Corte Suprema fue la autoridad institucional que definió que el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo sea considerado una auténtica política de Estado. En 2024, fue la que decidió que deje de serlo.  

¿A quién beneficia esta sentencia? ¿A los habitantes de la cuenca, a la ACUMAR o a la propia Corte?

Con información de EFE.

IG

Ariel Slipak es coordinador del Área de Investigaciones de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), es licenciado en Economía (UBA), docente de Economía en la misma universidad y candidato a doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Es también un apasionado de lo que hace. Queda en evidencia ni bien se prende el grabador y comienza a describir lo que organizaciones ambientalistas, conservacionistas y movimientos socioambientales ciudadanos sostienen a lo largo y ancho del país: el lado B de Vaca Muerta, el mayor yacimiento de gas y petróleo no convencional de Argentina y uno de los más importantes del mundo. La promesa postergada. La supuesta salida a la eterna crisis económica. La bestia neuquina que hace temblar pueblo aledaños con sus sismos inducidos. La que brinda miles de puestos de trabajo. La que amenaza al golfo San Matías y Península Valdés. La que iba a traer dólares. La que insume millones de litros de agua. La de los residuos petroleros que colapsan basureros en Neuquén. La del autoabastecimiento y la soberanía energética.

Vaca Muerta comenzó en 2013 con el acuerdo secreto entre YPF y la estadounidense Chevron. Una década más tarde, organizaciones como FARN buscan desarmar el consenso a su alrededor. ¿Por qué se oponen?

-Tanto FARN como otras muchas organizaciones ambientales son muy críticas de Vaca Muerta y hablan de mitos y promesas incumplidas. ¿Cuál es el lado B de Vaca Muerta?

-Va mucho más de los impactos medioambientales y de los sismos inducidos que provoca el fracking y perjudica a pueblos como Sauzal Bonito. En lo que respecta a la transparencia, el acceso a información y la participación ciudadana, Vaca Muerta empezó mal, con un acuerdo secreto entre YPF y Chevron. Hubo que ir a la Justicia para conocer la naturaleza del acuerdo. Si uno mira los trabajos de Ejes, de Gustavo García Zanotti y todo el grupo de economistas que trabajan con el Observatorio Petrolero Sur, se puede ver la difícil investigación que tuvieron que hacer para poder rastrear los fondos y las mamushkas de empresas, la estructura societaria offshore detrás de la primera área para explotación, Loma Campana. Además, ya en ese momento había muchas campañas de desinformación sobre el fracking y sus efectos nocivos. Cualquier posición académica, científica que trajera a la luz los problemas que ya había tenido el fracking en otros países como Estados Unidos, era hostigada, invisibilizada. El proyecto Vaca Muerta fue inconsulto y agresivo, directamente violento, por la represión que se vio el 28 de agosto de 2013 en la legislatura de Neuquén. Y fue así porque había una decisión muy fuerte de profundizar el extractivismo, porque cuando realmente hay un proceso abierto y extenso de discusión, que permite que la población se informe, se involucre, pierden. Eso fue lo que pasó en Esquel un par de años antes.

-¿Cómo fue la experiencia de Esquel?

-Fue con respecto a la megaminería a cielo abierto. En Esquel, la posición en favor de lo extractivo perdió porque existió el acceso a la información sobre los efectos que podía tener el uso de solución cianurada y a que iba a haber explosiones diarias, pero también salieron a la luz todas las desventajas económicas que tenía el proyecto, sobre los subsidios para la exportación de oro, sobre la pérdida de empleos en la zona. Entonces, yo creo que el primer reflejo que tuvieron tanto corporaciones empresarias como el gobierno de ese momento fue no abrir un proceso de discusión en Vaca Muerta para no repetir lo que sucedió en Esquel.

-Otra de las críticas que plantean es que se prometió que Vaca Muerta sería la salida a la crisis económica permanente y eso no ocurrió por lo que el sacrificio que implica para el ambiente y los pueblos afectados fue en vano. ¿Por qué sostienen que no se cumplió con la promesa económica?

-Analicemos la pobreza en Neuquén, la situación fiscal del país, la soberanía energética y la restricción externa. Si uno mira las estadísticas del INDEC, si uno mira la pobreza tanto a nivel personal como familiar, en Neuquén es mayor que hace diez años. Pero claro, lo es en todo el país. Ahora bien, miremos la región patagónica. En Neuquén, la pobreza e indigencia son mayores que el promedio de la región patagónica. Siempre aparece esa idea de que el ambientalismo no deja desarrollar a la Patagonia. La Patagonia tiene otras alternativas vinculadas al turismo. Tampoco estoy haciendo un fetiche del turismo, pero donde hay turismo la situación es mejor que donde hay extractivismo, por ejemplo.

-Argentina tiene un problema de falta de dólares. El Gobierno y la industria sostienen que Vaca Muerta traerá esos dólares…

-La actividad no genera dólares. En realidad, saca dólares del país. Es uno de los mitos más importantes de Vaca Muerta. Que la actividad exporte no significa que genera divisas. Para explotar Vaca Muerta se necesita arena, insumos, agua, químicos y todo eso se importa. Entonces la actividad no tiene un saldo comercial tan favorable. Los requerimientos de insumos del no convencional son mucho mayores que los del petróleo y gas convencionales. Los sets de fractura son importados. La intensidad del fracking, que genera efectos muy nocivos desde lo ambiental, genera también una importante demanda de dólares para abastecer de insumos a Vaca Muerta. Entonces, el no convencional no es un buen negocio en términos económicos. Sólo como ejemplo, se calcula que la salida de divisas, por intereses pagados a las empresas fósiles, entre 2019 y 2020, fue de US$4.300 millones.

-Las renovables también implican importación…

-Siempre en términos energéticos hay un juego entre costos de oportunidad: las renovables también son caras. Entonces, si la energía renovable es muy cara, el gas y el petróleo convencional convienen. Si la energía renovable es excesivamente cara, hay un umbral a partir del cual el no convencional también conviene en términos económicos. Ahora, ¿qué es lo que hacen los gobiernos y agentes financieros a nivel internacional? Para que sobreviva la actividad fósil, mantienen ese umbral de precios de los renovables por encima del no convencional. Lo hacen generando una gran industria de lobby para conseguir subsidios. Entonces, nunca vas a lograr transicionar si el fósil y el no convencional en particular reciben subsidios. Es cierto, fabricar un panel solar también implica importaciones. Pero no estás importando todo el tiempo. Vos importas los paneles solares o partes de los mismos y los instalás, pero no estás importando arena permanentemente. Además, la actividad tiene un peso tan importante en la economía que tiene capacidad de lobby para exigir un tipo de cambio diferencial. Entonces, tienen un dólar especial para importar, a veces un dólar especial para liquidar exportaciones, eso sale del bolsillo de todos los argentinos.

-¿El éxito económico de Vaca Muerta depende del tiempo?

-Hace diez años nos dijeron que la solución estaba a la vuelta de la esquina. Pasaron diez años y siguen necesitando tiempo; y pasaron diez años y siguen prometiendo que van a generar divisas. 

-¿Se puede hacer la transición energética justa en este escenario? 

-Se necesitan arreglos institucionales serios y se necesitan acuerdos sectoriales; se necesita planificación y una gran articulación entre la información técnica y políticas de gobierno. Además de políticas sectoriales y políticas sociales y científicas. Hoy el sector energético es parte del problema de la restricción externa argentina porque Argentina no puede crecer cinco o seis años seguidos sin encontrarse con un cuello de botella en términos de demanda de energía. El problema fue no haber tomado la decisión de comenzar la transición en 2007 ó 2008, cuando teníamos una situación macroeconómica y fiscal adecuadas.

-¿Estamos a tiempo?

-El tiempo que nos queda para la transición energética es cada vez más corto, el momento es ahora. También hay que promover la regionalización de la producción y el consumo. Hay experiencias como la de Armstrong, en Santa Fe, donde participaron los vecinos, la cooperativa eléctrica, la Universidad de Santa Fe. Nosotros lo impulsamos desde FARN como modelo de transición: los vecinos se ofrecieron voluntariamente para poner paneles solares en sus casas y han participado de las decisiones sobre la producción de energía, la forma de generación de energía, sobre la distribución de las ganancias, por ejemplo. Entonces ahí vos tenés un colectivo de cooperativas, de vecinos, de movimientos sociales y científicos trabajando de manera mancomunada. Cuando hay información y cuando hay participación va mejor. Hoy esa gente no solamente tiene una energía más barata sino que además a veces le vende energía a la red y ahora están contemplando poner almacenamiento propio de energía. El problema es que la respuesta de los gobiernos siempre fue cortoplacista: reestatizar parcialmente YPF y dedicarse a explotar petróleo y gas es más rápido. Si no me alcanza, traigo un barco de GNL. 

-¿Cómo se puede hacer esa transición energética sin perder puestos de trabajo, el acceso a la energía, el autoabastecimiento?

-¿Hay autoabastecimiento? Hay provincias enteras que no tienen conexión de gas. Un 50% de la población de Añelo -capital de Vaca Muerta- no tiene gas, no tiene agua, no tiene servicios básicos. Es ridículo. Entonces, primero, Vaca Muerta no está generando ese abastecimiento de energía para la población. En segundo lugar, para dar un mejor abastecimiento energético a la población tenemos la opción de la generación distribuida con renovables, que ha tenido mucho más éxito. 

-¿Las renovables implican menos puestos de trabajo en comparación con la industria fósil? 

-Se pueden perder o se pueden ganar puestos de trabajo, pero depende de que haya planificación. Si se deja librado al azar o sin planificación política, se pueden perder. Lo que te permiten las renovables y la generación distribuida con renovables, especialmente con programas de paneles solares de pequeña escala, es generar demanda de empleo en lugares que expulsan a la población por la falta de empleo y que justamente van a Neuquén a enfrentarse a la precariedad laboral. Lo que notamos es que hay una gran diferencia entre un proyecto a pequeña escala y un proyecto de renovables a gran escala, con corporaciones, con financiamientos que implican condicionamientos, como tener que importar los paneles, contratar mano de obra extranjera, evitar la transferencia tecnológica. Por eso digo que lo importante es la planificación. 

-Entonces la clave es la descentralización, como dice el científico Gabriel Blanco.

-Exactamente. La clave es la descentralización, la participación y la evaluación ambiental estratégica. Que haya empoderamiento tecnológico. Va a haber más y mejores empleos, pero además las renovables tienen una gran ventaja frente a los fósiles. La industria de las renovables va a tener muchas innovaciones de acá a 20 años, muchas más que la industria de los fósiles, que están estancadas en sus innovaciones. Entonces, si te subís a la ola de la energía del futuro en vez de la energía del pasado, vas a tener empleos con más conocimiento. Si no, vas a tener una dependencia de las potencias que tienen el paquete tecnológico. Entonces la transición va por ahí. 

-Las renovables también implican impactos socioambientales, como el caso del litio y el uso del agua dulce, o la deforestación para la implantación de paneles solares o molinos de eólica.

-Si, y por eso la participación va de la mano con el monitoreo de los impactos socioambientales que tienen las renovables. Apostar por renovables con estudios e innovaciones para reducir la demanda de minerales que tienen las renovables es importantísimo, como el litio y otros minerales como el cobre.

-Sería iluso pensar en un escenario en el que las petroleras permitan que la transición vaya a suceder porque atenta contra su negocio, y la relación entre la política y la industria es muy difícil de romper…

-Yo creo que no se transiciona por ese lobby justamente. Ese lobby se ve en las audiencias públicas y en las políticas públicas. El gasoducto Néstor Kirchner ha sido la solución de corto plazo porque se podría haber apostado a las renovables cinco años atrás, pero para pasar este invierno se hizo un gasoducto que pagó el Estado nacional. ¿Y quién va a ganar plata? El grupo Techint.

-¿Cuál es tu posición sobre el oleoducto Vaca Muerta Sur?

-Es lo peor de lo peor. Vaca Muerta Sur es petróleo. Es Inconsulto. La audiencia pública fue una fachada, fue violenta. Se vio que hubo agresiones y no se le dio la palabra a la gente que se opone al oleoducto. Además, es tremendo desde la afectación a la biodiversidad marítima y pone en riesgo a Península Valdés, especialmente. Va a generar empleos sólo durante la construcción y sin un alto volumen de empleo. No se sabe cómo se va a financiar y a costear. Pero además de eso es potenciar y darle condiciones de rentabilidad a una actividad que se está cayendo. En realidad va a financiarle ganancias a todas las empresas que están extrayendo. Va a generar más intensidad en la compra de arenas, en la compra de insumos y además van a fracturar más rápido; y como van a fracturar más rápido, van a generar más sismos, entonces van a generar más problemas con el agua de flowback, van a generar más desechos, más metano, más emisiones. Es contradictorio con el propio Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Gobierno. 

ED/DTC

Este 17 de agosto se realizó una audiencia pública en Sierra Grande, Río Negro, mediante la cual las autoridades provinciales pretenden que se imponga la aprobación de la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Sur y una terminal petrolera, en el Golfo San Matías, a costa de los daños ambientales y sociales que esta generará.

En este contexto, el 28 de agosto se cumplen 10 años del acuerdo entre YPF y Chevron, el cual habilitaba la explotación de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento Vaca Muerta, en Neuquén. Esta aprobación se daba sin tener detallado los términos del acuerdo en sí y bajo promesas económicas que hasta el día de hoy fueron incumplidas.

Falsas promesas

Entre 2012 y 2013 los impulsores de la explotación de la formación de Vaca Muerta mediante el fracking prometían autoabastecimiento, soberanía energética, desarrollo tecnológico, salida de la pobreza para Neuquén, resolución de la falta recurrente de dólares en Argentina. Sin embargo, lo cierto es que el sector energético no sólo no contribuyó a la resolución de la restricción externa de divisas, sino que la profundizó, siendo las empresas que operan en Vaca Muerta algunas de las principales en explicar la salida de dólares de la Argentina, mientras la realidad socioeconómica neuquina dista de haber mejorado.

Diez años después las promesas del oleoducto son exactamente las mismas, con el agregado de que ahora Vaca Muerta viene a ser “clave para la transición energética”.

Oleoducto: trámite exprés, irregularidades y falta de transparencia

Las costas del Golfo San Matías, dónde se planea construir el oleoducto y la terminal petrolera, era un área natural legalmente protegida. Hasta que el 9 de septiembre de 2022, la Legislatura Rionegrina, a puertas cerradas y en tiempo récord, aprobó la sanción de la Ley  5.594.

Esta ley, reforma la anterior Ley 3.308, que tenía un amplio apoyo popular y otorgaba una protección específica al Golfo San Matías por poseer características ecológicas, naturales y socioeconómicas únicas en el mundo, y levanta la prohibición de instalación de gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados, las cuales constituyen actividades altamente contaminantes que pondrían en riesgo a toda la biodiversidad circundante. La nueva Ley 5.594 implica la vulneración del principio de no regresión previsto en el Acuerdo de Escazú, ratificado por Ley 27.566.

En este sentido, la audiencia convocada para el 17 de agosto en Sierra Grande para analizar los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) del proyecto del oleoducto y la terminal Vaca Muerta Sur, presentado por la empresa YPF, también vulnera el Acuerdo de Escazú al limitar fuertemente el derecho de acceso a la participación pública en asuntos ambientales y obstaculizar el debate integral y robusto que amerita los impactos ambientales de este proyecto. Hay una fuerte oposición al proyecto por parte de movimientos ambientalistas, vecinos y las comunidades mapuches tehuelches de la zona y por las restricciones que enfrentan en el acceso a la audiencia y a la documentación presentada por YPF en torno al estudio de impacto ambiental, las cuales vician el proceso democrático.

El EIA presentado por la empresa proponente es un documento escaneado de 4.250 páginas poco legibles y de difícil acceso, dada las dificultades asociadas a su descarga online. Además, la participación en la audiencia, que fue presencial en la ciudad de Sierra Grande, ha sido restringida exclusivamente a personas con residencia en Río Negro cuando este megaproyecto incluye y perjudicaría a los territorios de Neuquén, Río Negro y Chubut y sus impactos repercutirían también en otras provincias en caso de accidentes, derrames y siniestros. 

Daño a la biodiversidad

Las costas del Golfo San Matías y la Península Valdés son importantes enclaves de biodiversidad. El Golfo San Matías, en conjunto al Golfo San José y al Golfo Nuevo (estos dos últimos forman parte de Península Valdés), conforman una biorregión llamada Golfos Norpatagónicos y puede ser considerada una unidad ecológica independiente por su configuración, que limita el intercambio con aguas exteriores y le confiere características distintivas de su entorno.

Esta biorregión se destaca por su gran biodiversidad, en la que se incluyen diferentes especies de aves y mamíferos marinos que se alimentan y/o reproducen en los golfos. El avance de dicho proyecto impactará de forma negativa en toda su biodiversidad, como consecuencia de los potenciales derrames de hidrocarburos, el incremento del tráfico marítimo, el impacto acústico y el aumento en la probabilidad de colisiones de los buques petroleros con las diversas especies.

Además, dicho proyecto tendrá impactos negativos directos sobre los ecosistemas de varias reservas naturales como: Parque Nacional Islote Lobos, Área Natural Protegida y Patrimonio Natural de la Humanidad Península Valdés, Reserva Caleta de Los Loros.

Cabe resaltar que Península Valdés fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999.

Un proyecto antieconómico

Los fósiles y Vaca Muerta no son rentables, ya que la extracción requiere de elevados costos de producción y la vida útil de los pozos es corta, por lo que es necesario fracturar de manera permanente. Este proceso requiere usar grandes cantidades de agua, arenas y químicos, lo que genera altos niveles de contaminación. Además, la explotación de Vaca Muerta es sostenida mediante subsidios estatales a las empresas y acceso a dólares más baratos que terminan por ser subsidiados por todo el pueblo argentino.

Fernando Cabrera, coordinador del Observatorio Petrolero Sur, explicó en su artículo en la revista Pulso Ambiental que, si bien un pozo de fracking tiene un alto rendimiento en los primeros meses de su explotación, al año ya rinde la mitad y la caída continúa en forma drástica. Entonces, los resultados exitosos se sostienen únicamente a fuerza de perforaciones y fracturas permanentes.

Además, este proyecto implica un riesgo muy grande sobre la destrucción de los puestos de trabajo en las comunidades costeras locales que viven del turismo y la pesca por la contaminación que podrían provocar los potenciales derrames de petróleo y la actividad costera de buques petroleros en el puerto.

ED

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó este martes una medida cautelar climática ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para que ordene a la Secretaría de Cambio Climático de la Nación que suspenda las autorizaciones de exploración sísmica y la explotación de gas costa afuera (off shore) en todo el Mar Argentino hasta tanto se evalúen sus impactos acumulativos y climáticos y se publiqué una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), informó la organización ambientalista en un comunicado.

“La presentación se realizó ante la necesidad de detener la avanzada petrolera en el Mar Argentino. Hoy en día se están realizando exploraciones y explotaciones offshore con estudios ambientales incompletos y sin contemplar tanto los daños irreversibles y permanentes que se ocasionarán al ecosistema marino como los compromisos climáticos asumidos por el país”, afirmó FARN.

Además, si la Justicia hiciera lugar a la presentación, la medida cautelar implicaría la detención inmediata de los proyectos de exploración y explotación ya autorizados, como el proyecto “Fénix en Cuenca Marina Austral (CMA-1)”, y el “Argerich-1 Cuenca Argentina Norte (Bloque CAN_100)”.

La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que exige FARN, “es un estudio que permite analizar los impactos ambientales de programas y proyectos en diálogo con los objetivos estratégicos y compromisos climáticos internacionales asumidos por el país”, explicó la organización. “Esta evaluación contempla, entre otros puntos, la reducción de gases de efecto invernadero, la conservación de la biodiversidad y la diversificación de la matriz energética”, agregó.

También es “una herramienta útil para analizar alternativas a los proyectos energéticos y el impacto acústico acumulado en la etapa de exploración y el impacto climático acumulado en la etapa de operación y explotación no sólo entre los diferentes proyectos sísmicos marítimos sino también en obras anexas tal como sucede en el Proyecto Fénix”. 

“Las declaraciones y autorizaciones ambientales favorables a estos proyectos de exploración y explotación por parte de la Secretaría de Cambio Climático de la Nación vulneran el principio de no regresión establecido en el Acuerdo de Escazú y violan las leyes 23.094 -que declaró monumento natural nacional a la ballena franca austral- y 22.351 -que estableció la protección absoluta e inviolabilidad de los monumentos naturales”, aseguró FARN. 

“Es indispensable que, hasta tanto sean presentadas la evaluación ambiental estratégica y las evaluaciones de impactos acumulativos y climáticos, estos proyectos deben suspenderse y detenerse de forma inmediata”, solicitó la organización ante la Justicia.

Las áreas de influencia directa e indirecta de los proyectos enumerados en la cautelar climática “se superponen con áreas marinas protegidas actuales y proyectadas a futuro alcanzando también áreas prioritarias para la biodiversidad marina, alterando rutas migratorias de pingüinos, impactando en aves en peligro de extinción como el albatros cabeza gris y afectando a especies en peligro crítico de extinción como la ballena franca austral”. 

Ballena franca austral

En 1984, este mamífero marino fue declarado monumento natural nacional por la Ley 23.094. La Ley de Parques Nacionales define a los monumentos naturales como “las áreas, cosas, especies vivas de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o científico, a los cuales se les acuerda protección absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en ellos o respecto a ellos actividad alguna”. “Sin embargo, esta protección absoluta e inviolabilidad que reconoce la categoría de ‘monumento natural’ se ve a todas luces cercenada por las declaraciones de impacto ambiental favorables emitidas por la Secretaría de Cambio Climático respecto de la exploración sísmica costa afuera en las áreas CAN 100 y 102, entre otras y la explotación de la Plataforma correspondiente al Proyecto Fénix (CMA-1)”, aseguró FARN. 

Además del Proyecto Fénix, el 4 de julio último, además, la Secretaría de Cambio Climático también autorizó la perforación de un pozo exploratorio, el “Argerich-1” en la Cuenca Argentina Norte (Bloque CAN_100)“, a la altura de la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. La perforación exploratoria se realizará entre el 15 de diciembre del año 2023 y el 15 de junio del año 2024.

Proyecto Fénix

El 7 de junio último, la Secretaría de Cambio Climático aprobó la realización del Proyecto Fénix, en la Cuenca Marina Austral (CMA-1), en las aguas atlánticas más al sur del país. Implica la “construcción de una plataforma costa afuera para la explotación de gas en la cuenca marina austral. Los estudios ambientales han subestimado las emisiones por fugas de metano del Proyecto Fénix”, denunció FARN. 

“Es evidente que, de avanzar la exploración sísmica costa afuera y la explotación en la Plataforma del Proyecto Fénix se ocasionarán daños irreversibles y permanentes al ecosistema marino”, afirmó FARN. “Por ello, resulta indispensable que hasta tanto sean presentadas la EAE y las evaluaciones de impactos acumulativos y climáticos que den cuenta de la sustentabilidad ambiental de los proyectos, éstos deben suspenderse y detenerse inmediatamente”, solicitó la organización ambientalista.

ED/DTC

La Ciudad de Buenos Aires será la sede de la segunda Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, del 19 al 21 de abril. Este acuerdo es un hito para la región, ya que es el primer instrumento ambiental regional, firmado en 2018 por 15 países de América Latina y el Caribe, que busca garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en temas ambientales.

El objetivo principal del acuerdo es consolidar y fortalecer los derechos de los ciudadanos en materia ambiental, los cuales resultan fundamentales para la consolidación de la democracia y la construcción de un modelo de gobernanza para un desarrollo sostenible.

“Este tratado es el resultado de décadas de construcción de una conciencia global que considera que no debe haber contradicción entre la protección del ambiente y el desarrollo económico, y que el desarrollo no puede lograrse sacrificando la vida de personas y sus comunidades, avasallando los derechos humanos”, indicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, sobre este acuerdo regional.

Sin embargo, la COP2 de Escazú se da en un contexto donde en la Argentina persiste la conflictividad socioambiental vinculada a temas de minería a cielo abierto, la contaminación por agroquímicos, la explotación petrolera mar afuera, la extracción de litio en el noroeste del país pese a la resistencia de las comunidades originarias, la deforestación indiscriminada y el avance del monocultivo. Además de otras problemáticas ambientales vinculadas al saneamiento y la falta de acceso al agua segura o la deficiente gestión integral de residuos sólidos urbanos que terminan en rellenos sanitarios y atentan contra las condiciones de vida de poblaciones urbanas en situación de vulnerabilidad.

Nápoli explicó que al deterioro que sufren los distintos espacios territoriales por la presión de las actividades productivas o la especulación de negocios inmobiliarios, como sucede en zonas de humedales y áreas protegidas, se suman las consecuencias directas que produce el cambio climático. Por ejemplo, los incendios y la prolongada sequía, las extensas olas de calor o la generación de fenómenos climáticos muy severos, que perjudican la calidad de vida de la población y que además producen graves consecuencias económicas.

Según Nápoli, el principal desafío que enfrenta el Acuerdo de Escazú es lograr que los países logren implementar de manera plena lo establecido en el acuerdo. Esta COP2 representa una oportunidad para promover un cambio de paradigma en la forma en que se entiende el desarrollo y la protección ambiental en la región, y esto implica un desafío importante para los gobiernos y la sociedad civil.

Este año en la COP2 se espera que se elijan los integrantes del Comité de cumplimiento del Acuerdo de Escazú, un órgano subsidiario que contribuirá a garantizar que los países cumplan con la plena implementación de los derechos que plantea el Acuerdo.

“En Argentina no se cumplen los derechos de acceso a la información pública que plantea el Acuerdo, lo que se evidencia en las audiencias públicas, dónde hay deficiencias para poder participar y en donde no todas las voces son escuchadas”, afirmó Nápoli y agregó que hay más de 80 organismos que tienen competencias ambientales y que dependen del Estado Nacional. Argentina se debe un proceso de implementación para cambiar viejas prácticas y mecanismos que no cumplen con lo que plantea el Acuerdo. 

En este marco, FARN publicó una guía para la correspondiente aplicación del acuerdo de Escazú. Entre las recomendaciones destacan: asegurar espacios y modalidades de participación suficientes y adecuados para que todos los interesados puedan intervenir; realizar un mapeo de actores para elaborar un diagnóstico que ayude a garantizar las condiciones y que la modalidad de participación sea inclusiva; garantizar la accesibilidad en los lugares en los que se lleve a cabo la participación; promover la equidad de género en la participación activa y pasiva para crear un entorno propicio para el involucramiento de mujeres, hombres y personas con otra identidad de género.

También se sugiere establecer mecanismos de participación para garantizar la representatividad de todo el público interesado, considerando sus opiniones respecto a qué mecanismos resultan más adecuados para su participación. En el caso de poblaciones originarias deberá verificarse que los mecanismos sean culturalmente apropiados.