La Ciudad de Buenos Aires será la sede de la segunda Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, del 19 al 21 de abril. Este acuerdo es un hito para la región, ya que es el primer instrumento ambiental regional, firmado en 2018 por 15 países de América Latina y el Caribe, que busca garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en temas ambientales.

El objetivo principal del acuerdo es consolidar y fortalecer los derechos de los ciudadanos en materia ambiental, los cuales resultan fundamentales para la consolidación de la democracia y la construcción de un modelo de gobernanza para un desarrollo sostenible.

“Este tratado es el resultado de décadas de construcción de una conciencia global que considera que no debe haber contradicción entre la protección del ambiente y el desarrollo económico, y que el desarrollo no puede lograrse sacrificando la vida de personas y sus comunidades, avasallando los derechos humanos”, indicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, sobre este acuerdo regional.

Sin embargo, la COP2 de Escazú se da en un contexto donde en la Argentina persiste la conflictividad socioambiental vinculada a temas de minería a cielo abierto, la contaminación por agroquímicos, la explotación petrolera mar afuera, la extracción de litio en el noroeste del país pese a la resistencia de las comunidades originarias, la deforestación indiscriminada y el avance del monocultivo. Además de otras problemáticas ambientales vinculadas al saneamiento y la falta de acceso al agua segura o la deficiente gestión integral de residuos sólidos urbanos que terminan en rellenos sanitarios y atentan contra las condiciones de vida de poblaciones urbanas en situación de vulnerabilidad.

Nápoli explicó que al deterioro que sufren los distintos espacios territoriales por la presión de las actividades productivas o la especulación de negocios inmobiliarios, como sucede en zonas de humedales y áreas protegidas, se suman las consecuencias directas que produce el cambio climático. Por ejemplo, los incendios y la prolongada sequía, las extensas olas de calor o la generación de fenómenos climáticos muy severos, que perjudican la calidad de vida de la población y que además producen graves consecuencias económicas.

Según Nápoli, el principal desafío que enfrenta el Acuerdo de Escazú es lograr que los países logren implementar de manera plena lo establecido en el acuerdo. Esta COP2 representa una oportunidad para promover un cambio de paradigma en la forma en que se entiende el desarrollo y la protección ambiental en la región, y esto implica un desafío importante para los gobiernos y la sociedad civil.

Este año en la COP2 se espera que se elijan los integrantes del Comité de cumplimiento del Acuerdo de Escazú, un órgano subsidiario que contribuirá a garantizar que los países cumplan con la plena implementación de los derechos que plantea el Acuerdo.

“En Argentina no se cumplen los derechos de acceso a la información pública que plantea el Acuerdo, lo que se evidencia en las audiencias públicas, dónde hay deficiencias para poder participar y en donde no todas las voces son escuchadas”, afirmó Nápoli y agregó que hay más de 80 organismos que tienen competencias ambientales y que dependen del Estado Nacional. Argentina se debe un proceso de implementación para cambiar viejas prácticas y mecanismos que no cumplen con lo que plantea el Acuerdo. 

En este marco, FARN publicó una guía para la correspondiente aplicación del acuerdo de Escazú. Entre las recomendaciones destacan: asegurar espacios y modalidades de participación suficientes y adecuados para que todos los interesados puedan intervenir; realizar un mapeo de actores para elaborar un diagnóstico que ayude a garantizar las condiciones y que la modalidad de participación sea inclusiva; garantizar la accesibilidad en los lugares en los que se lleve a cabo la participación; promover la equidad de género en la participación activa y pasiva para crear un entorno propicio para el involucramiento de mujeres, hombres y personas con otra identidad de género.

También se sugiere establecer mecanismos de participación para garantizar la representatividad de todo el público interesado, considerando sus opiniones respecto a qué mecanismos resultan más adecuados para su participación. En el caso de poblaciones originarias deberá verificarse que los mecanismos sean culturalmente apropiados.