Eran exactamente las 4.58 de la madrugada cuando la agencia de noticias Europa Press enviaba un teletipo con nueve palabras que significaban solo una cosa: “franco ha muerto. franco ha muerto. franco ha muerto”. La misma frase repetida por triplicado llegó a todas las redacciones antes de que la dictadura pudiera controlar el tiempo entre el fallecimiento real de Franco y la comunicación oficial. Mientras en las emisoras se escuchaba música clásica, la primicia esquivaba el meticuloso plan que había preparado el régimen para uno de los momentos más críticos de la historia de España. El certificado de defunción del dictador hizo constar las 5.25 como la hora del deceso.

Pasaron 50 años de aquel 20 de noviembre de 1975 en el que España comenzó a asomarse al final del franquismo. Medio siglo en el que las políticas de memoria y la condena de la dictadura conviven con los mitos que la propaganda del régimen edificó sobre sí mismo, un franquismo sociológico que no desapareció y el auge de un discurso que reivindica su legado y se coló en el Congreso, los medios y las redes sociales.

“Franco no es pasado, es presente, porque a través de la memoria del franquismo se está alimentando la geografía política actual”, introduce el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona Andreu Mayayo, que apunta a cómo España llega al 50 aniversario de la muerte de Franco con “un problema de fondo” que tiene que ver con la falta de “relato compartido que tenga claro que la dictadura fue una dictadura y que nuestra democracia no puede ser hija de ella”.

Es un marco político arrastrado desde el final del franquismo, con un Partido Popular –heredero de la antigua Alianza Popular, liderada por funcionarios del régimen– que se resistió históricamente a condenarlo sin ambages. A ello se sumó el auge de la extrema derecha en los últimos años, altavoz de un revisionismo histórico que niega el golpe de Estado de 1936 y que es reivindicado por sus líderes. Vox es el partido que celebra en el Congreso que los jóvenes “están descubriendo” que el franquismo “no fue una etapa oscura, sino de reconstrucción, progreso y reconciliación”, el que felicita el Día de la Victoria al más puro estilo franquista y el que califica al Gobierno de Pedro Sánchez como “el peor” de “los últimos 80 años”. Y el PP es la formación que pacta con la extrema derecha para plasmar el relato negacionista en la derogación de leyes autonómicas de memoria.

La calle no es ajena a esta ola. Aunque más de la mitad de la población (un 65%) valora de forma negativa la dictadura franquista, un 21% considera que fueron años “buenos” o “muy buenos”, según el barómetro del CIS del pasado octubre. Las respuestas varían de forma drástica en función del voto: en el electorado de Vox y el PP son más quienes piensan esto que quienes aseguran que fueron años “malos” o “muy malos”. Hasta un 62% en el caso de Vox y un 42% entre los populares estiman buena la dictadura. La cifra cae en picado entre los votantes del PSOE (7%) y Sumar (2%).

La percepción cambió en los últimos años. Aunque es difícil comparar datos debido a la diferencia de series, la última vez que el CIS preguntó por Franco a los españoles fue en el año 2000 y entonces un 10% de la población afirmó que fue la suya una etapa positiva, 11 puntos menos que a día de hoy. Al mismo tiempo, eran menos que ahora quienes sostenían que fueron años negativos mientras que casi la mitad consideraban que fue una época que tuvo “cosas buenas y malas”.

No solo pasado

La politóloga Anna López Ortega, autora de La extrema derecha en Europa, se resiste a hablar de retroceso “en sentido estricto” y afirma que el fenómeno “es el resultado de varios procesos que convergen al mismo tiempo”. Por un lado, “existe una reacción organizada ante los avances” de los últimos años en este tema –desde la exhumación de Franco de Cuelgamuros a la aprobación de la Ley de Memoria Democrática– y, por otro, asistimos a una “normalización del revisionismo” de la dictadura que hace dos décadas no ocupaba el centro. “Entonces resultaba socialmente incómodo elogiar el franquismo y ahora ya no, es un discurso que ha pasado de los márgenes al mainstream”, añade.

La experta pone el foco en “la ofensiva política y cultural de la extrema derecha” desde la que “se difunden relatos” que presentan la dictadura “como una supuesta solución a los problemas que la democracia no resuelve” y como un periodo que representa el “orden o estabilidad” supuestamente deseables. Es decir, no es solo una mirada al pasado, sino un recurso que conecta con algunas personas, resume la politóloga: “No asistimos simplemente a una deriva nostálgica. La diferencia es que ahora el franquismo no solo se reivindica como franquismo, sino como símbolo de una agenda política actual. No es solo pasado: se utiliza para legitimar el presente”.

Por eso, en ese 20% de población que ensalzan los años del régimen los expertos engloban a perfiles que van más allá de los franquistas tradicionales que no han dejado nunca de serlo y que se manifiestan cada 20N para reivindicar a Franco. A ello se suman también “ciudadanos descontentos” que “idealizan el pasado”, votantes “movilizados por discursos” anti Pedro Sánchez entre los que el franquismo es más “un arma cultural que un análisis histórico” y, por último, jóvenes que no vivieron la dictadura pero la elogian.

De hecho, el 19% de quienes tienen entre 18 y 24 años respondieron al CIS hace un mes que fueron años “buenos” o “muy buenos”. Es la franja de edad en la que más gente comparte esta opinión por debajo de los 44 años. A partir de ahí, los porcentajes se van superando hasta alcanzar el 25,8% de entre los más mayores. Es decir, una de cada cuatro personas que tienen 75 años o más valora positivamente la dictadura. Con todo, junto a la adhesión política y la edad, la variable género es determinante: son los hombres los que despuntan en la opinión favorable al franquismo: un 28% de ellos así lo afirma. Entre las mujeres el porcentaje es del 16%.

López Ortega ahonda en los factores que explican que una parte de la generación que nació ya con el matrimonio igualitario o el aborto libre aprobados responda favorablemente cuando se le pregunta por la dictadura. En la práctica, lo que existe es un discurso que se filtra en redes sociales y en los parlamentos que “puede llegar a conectar” con los malestares juveniles, con la sensación de crisis o la escasez de expectativas ante el futuro, resume la experta. “Los contenidos que presentan el franquismo como un periodo sin caos ni inseguridad ofrecen respuestas rápidas a frustraciones reales. No es que los jóvenes se estén volviendo franquistas en sentido estricto, sino que se ha erosionado la idea de que la dictadura fue inaceptable por definición y estos relatos buscan canalizar por ahí los malestares actuales”.

El fenómeno no es exclusivo de la población joven y, de hecho, conecta con otro dato reciente del CIS que demuestra el momento de “creciente pulsión autoritaria” que vive la sociedad española, en palabras del director de investigación de opinión pública de Ipsos España, Paco Camas. Aunque una inmensa mayoría de la población considera el sistema democrático como el preferible (un 81%), la gráfica dibuja un ligero descenso de esta opción desde 2017 y una escalada de quienes apuestan por un gobierno autoritario “en algunas circunstancias”, que ha subido tres puntos, hasta el 8%.

Camas explica lo que hay tras las cifras: “El descontento de la crisis de 2008 se canalizó por la izquierda, pero ahora mismo está virando hacia la derecha y la ultraderecha. Cuando hay una situación de pesimismo fuerte, el repliegue de la sociedad es hacia la seguridad, el orden y mirar hacia atrás. En el momento en que tienes un partido que defiende estos posicionamientos, como Vox, el relato tiene recorrido porque tienes una población dispuesta a escuchar”.

Es ahí donde la memoria franquista y el clásico 'con Franco se vivía mejor' está cumpliendo su papel, según las voces expertas. Andreu Mayayo pone el foco en la visión sesgada transmitida sobre la dictadura, que tiende a hacer hincapié en el desarrollismo de las dos últimas décadas a pesar de la represión, la falta de libertades y las falsas creencias sobre esta etapa. “Hasta ahora, en la Universidad teníamos más fácil explicar el paso a la democracia porque partías de la premisa de que la dictadura era un lugar oscuro y la democracia el sol del futuro, pero ahora hay mucha gente que cree que no le está solucionando los problemas y es donde entra esto de 'vale, fue una dictadura, pero Franco nos dio pan, trabajo... Igual no estábamos tan mal'”, reflexiona.

El caldo de cultivo

La historiadora Carme Molinero identifica como el caldo de cultivo perfecto una “banalización en auge” de lo que supuso la dictadura y un resurgimiento de los mitos que nunca llegaron a irse. Entre ellos, destacan los económicos o los que tienen que ver con la política hidráulica, de vivienda o la llegada de la Seguridad Social, cuestiones sobre las que “el régimen franquista hizo una memoria muy activa durante toda su existencia”. “Una parte del discurso de legitimación estuvo vinculado al crecimiento económico como si hubiera sido provocado por el régimen, cuando lo que hizo fue no obstaculizar una tendencia al alza que se daba en todo el mundo. Más de la mitad del franquismo fue una época de miseria y retroceso respecto a la situación antes de la Guerra Civil”.

Pero, además, los historiadores llevan años demostrando lo que supuso el régimen en términos de derechos, libertades y represión, cárcel, muerte y exilio. Aún hoy, miles de personas buscan a sus familiares desaparecidos enterrados en fosas comunes. Son realidades que las tesis ultras pasan por alto o tergiversan y que en los centros educativos no se explican en profundidad, según varios estudios recientes. Algo que impacta directamente en cómo la juventud mira el pasado y que se suma a “la distancia” con la que lo percibe. “No han experimentado la ausencia real de derechos y libertades, incluida la de expresión, por lo que el franquismo se dibuja como un episodio remoto, casi abstracto, sobre el que resulta más fácil construir mitologías”, analiza López Ortega.

Mercedes Yusta, profesora de Historia Contemporánea de España en la Universidad París 8, identifica un “fallo en la transmisión a la sociedad” de lo que implicó la dictadura, que empezó a ponerse en primer plano con la llegada del movimiento por la recuperación de la memoria histórica y la primera ley de 2007 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. “La idea de que con Franco no se vivía tan mal no desapareció, esta concepción de que sí, en España hubo una dictadura, pero la gente vivía medio normal... Incluso gente no adherida a la dictadura franquista no ponía en cuestión este marco porque hay que tener en cuenta que duró 40 años. Varias generaciones de españoles se educaron en ella. Esto empieza a ponerse en cuestión en los 2000”, resume.

Al mismo tiempo, se va consolidando un movimiento revisionista “potente”, en el que el escritor Pío Moa, que publicó decenas de libros, es punta de lanza. Entre sus afirmaciones, que el franquismo fue “una necesidad histórica” o que los partidos de izquierda fueron los que “ocasionaron” la Guerra Civil. “Ahora este discurso es el que está desplazando a las voces de las víctimas y que está teniendo un mayor altavoz al menos que hace unos años, en 2010, 2015”, sostiene Yusta, que resume la situación actual en una suma de factores que tienen que ver con “la llegada tardía” de las políticas de memoria, un contexto global “de auge ultra” y un discurso antifascista “que ha sido frágil”.

En parte, porque en España la derecha del Partido Popular optó en las últimas décadas por no confrontar sin tapujos el legado franquista. El expresidente José María Aznar llegó a publicitar a Pío Moa, Mariano Rajoy dedicó cero euros a la memoria histórica y no son poco frecuentes las declaraciones de líderes conservadores llamando a “no reabrir heridas” o acusando a la izquierda de pensar “en la guerra del abuelo” y las fosas “de no sé quién”, como dijo Pablo Casado en 2018. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, afirmó hace unos meses que “a la larga” la dictadura fue mejor que la II República.

Carme Molinero califica estas posiciones de “elemento fundamental”: Alianza Popular “nació reivindicando el franquismo” y después, una vez la memoria se convirtió “en elemento vivo de la vida política”, pasó a defender la postura del rechazo y la no condena de la dictadura. “Hay diferencias entre familias, pero el PP lo que prefiere es que no se hable de esta cuestión”, esgrime la historiadora, que recuerda que “a lo máximo” que ha llegado la formación es a apoyar una iniciativa en el Congreso en 2002 que condenaba “el totalitarismo” y reclamaba “reconocimiento moral” para las víctimas de la guerra y el franquismo, así como “apoyo institucional”.

López Ortega sostiene que esta “ambigüedad” ha acabado dejando “un vacío” que la extrema derecha “ha aprovechado para instalar su visión” y reivindica “un consenso democrático claro” sobre la dictadura. De esta forma cree que habría menos posibilidades de que haya quienes recurran al pasado oscuro para hablar de “orden, unidad y prosperidad” y sean más quienes recurran a él para aprender de lo que fue: una dictadura totalitaria en manos de un hombre que, pocos días después de dar el golpe de Estado de 1936, afirmó estar dispuesto a matar a media España en nombre de su supuesta salvación.

Gráficos de Ainhoa Díez

La mañana del 27 de septiembre de 1975, tres hombres fueron conducidos hacia el patíbulo de Hoyos de Manzanares, en Madrid. Se llamaban José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y Xosé Humberto Baena. Todos ellos estaban en la veintena y la vida les fue arrebatada sin que profirieran un grito ni suplicaran. Tampoco se vendaron los ojos: querían ver a la muerte a la cara. Eran militantes del FRAP y fueron los últimos fusilados del franquismo.

Se los condenó por el asesinato de un policía en el atentado de Alenza, uno de los tres que el FRAP, siguiendo consignas del PCE (m-l), cometió ese verano. Fue una campaña de violencia que pretendía prender la mecha de la insurrección popular aprovechando los últimos meses de vida del dictador. Pero nada salió como estaba previsto: las masas no tomaron las calles, el FRAP perdió toda su influencia, y al menos un inocente fue ejecutado.

Esa es la tesis que el periodista Roger Mateos (Barcelona, 1977) defiende en el libro El verano de los inocentes (Anagrama, 2025). Después de la investigación que aportó luz a los secretos que rodearon la muerte de Cipriano Martos, Mateos se ha adentrado en el caso de los últimos fusilados del franquismo. Han sido tres años de remover archivos y recuerdos, de derribar los muros del pacto de silencio que se estableció entre los militantes del FRAP y de abrir la caja de Pandora. El resultado ha sido un texto que relata con todo lujo de detalles el montaje policial que llevó a disparar esa última bala contra el pecho de alguien que no había cometido el delito del que se le acusaba.

Asegura que Xosé Humberto Baena, el último fusilado del franquismo, era inocente. ¿Qué le hace estar tan seguro de ello?

La idea del libro nace después de que gente del FRAP me enseñara pruebas de que detrás de esos fusilamientos las cosas no estaban claras. No es sólo que hubiera habido un atropello judicial y policial contra los acusados, cosa que ya se sabía. Lo que me mostraron abría la puerta a demostrar que señalaron como autor material a quien no era y que mataron a la persona equivocada. Y hoy sí lo creo firmemente: ese hombre se llamaba Xosé Humberto Baena y era inocente.

Han sido tres años de investigación.

Para este libro sí, pero ya llevaba más de 20 investigando y estudiando el FRAP. Pero curiosamente, durante todo este tiempo, nunca llegué a tocar el verano de 1975, porque siempre fue un tabú que no sabía romper. Todo lo que tuviera que ver con la lucha armada, los atentados y su autoría era algo sobre lo que no indagaba. Y no porque yo no le encontrara interés, sino porque mis fuentes no querían hablar. Nadie quería tocar este tema tan sensible.

Los hechos de ese verano ya han prescrito y están amnistiados. Además, lo que usted buscaba era demostrar la inocencia de un militante del FRAP. ¿Por qué, entonces, esa reticencia?

Porque es un tema muy delicado. Primero, hay que tener en cuenta que la decisión de empezar la lucha armada la toman personas que no tienen nada que ver con los comandos que llevan a cabo los atentados. Y luego es importante entender que, durante estos 50 años, los integrantes de esos grupos armados han sido muy estigmatizados por parte del antifranquismo que condenaba la violencia.

Por eso, les cuesta mucho abordar este tema. Quienes lo vemos desde fuera del FRAP pensamos en que los hechos están amnistiados y, por tanto, creemos que no habría ningún problema si hablaran y ayudaran a encontrar las respuestas que hasta ahora no se nos han dado. Pero para ellos es diferente.

La acusación contra Baena nace de una declaración firmada bajo tortura. Seguro que la decisión que tomó Pablo Mayoral tiene una explicación, pero es una explicación que sólo él conoce

A Baena lo detienen porque uno de sus compañeros le delata como autor material del atentado. Si realmente era inocente, ¿por qué nadie del partido salió a desmentir esa acusación?

Porque nace de una declaración firmada bajo tortura. Ese es uno de los puntos más delicados de este caso porque son documentos que se deben coger con pinzas. Seguro que la declaración de Pablo [Mayoral, uno de los participantes del atentado de Alenza, inicialmente condenado a muerte y finalmente a 30 años de cárcel] en la que acusa a Baena tiene una explicación, pero es una explicación que sólo él conoce. Y estoy convencido de que detrás de la decisión que tomó hay mucho sufrimiento y trauma. Y entiendo que sea difícil hablar de eso.

La otra pregunta es por qué Baena acepta esa acusación y jamás se declara inocente. Usted defiende que protegía a alguien. ¿Tiene idea de quién puede ser?

Tengo nombres en la cabeza, sí. Pero no he querido escribirlos en el libro para no señalar a nadie. No era ese mi objetivo. Sólo quería corroborar que la dictadura fusiló a tres miembros del FRAP después de unos procesos judiciales esperpénticos y con falta de garantías. Y hacerlo con hechos y evidencias. Es evidente que la gente se pregunte que, si Baena no fue, quién lo hizo. Pero no es el objetivo de mi trabajo responder a eso.

Las personas directamente implicadas en los atentados tienen muchas reticencias a hablar. Hay secretos que han mantenido escondidos durante cincuenta años. Es legítimo y yo debo respetarlo

Dos de las personas que podrían arrojar luz sobre esa cuestión son Pablo Mayoral y Manuel Blanco Chivite, que participaron en el atentado de Alenza y, al contrario que Baena, se salvaron de la pena de muerte. Pero, ante sus preguntas, le recriminan que fiscalice al FRAP en lugar de desenmascarar los monstruos del régimen. ¿Cómo le sientan esas acusaciones?

El libro entienden es una condena al franquismo y a las atrocidades que cometió la dictadura. Pero las personas que estuvieron directamente implicadas en aquellos hechos tienen muchas reticencias a hablar. Hay cosas que sólo ellos saben y secretos que han mantenido escondidos durante cincuenta años. La familia de Baena necesita saber qué pasó el día del atentado y yo, como periodista, estoy con ellos en esta búsqueda. Pero nadie puede romper ese silencio si ellos no quieren hacerlo.

Me parece injusto su punto de vista y que me acusen de fiscalizar a quien no toca, es cierto, pero no soy quién para juzgarles. Al fin y al cabo personas como Pablo o Manolo sufrieron torturas atroces y pasaron por consejos de guerra que fueron una farsa. Yo sigo convencido de mi trabajo periodístico y del derecho a buscar las respuestas que, durante cincuenta años, nadie nos ha dado. Porque, insisto, con todos los hechos amnistiados y prescritos, ya deberíamos saber qué pasó.

Menciona el proceso judicial. Durante la instrucción, la defensa no pudo presentar testigos ni pruebas. También se alteraron informes policiales que contenían evidencias que desmontaban el relato oficial y que apuntaban, no sólo a la inocencia de Baena, sino a la presencia de un cuarto hombre. ¿Por qué el régimen decidió no buscarle?

Los consejos de guerra estuvieron llenos de irregularidades flagrantes y escandalosas. No se respetó ninguna garantía, los abogados no pudieron ejercer sus defensas en ningún momento. Todo se basó en unas declaraciones autoinculpatorias firmadas bajo tortura. ¿Por qué? Pues porque el régimen tenía prisa.

Quería dar un escarmiento lo más rápido posible a dos organizaciones, el FRAP y ETA, que estaban cometiendo atentados justo cuando el régimen se sentía más frágil. Estaba perdiendo el control de la calle, el presidente Arias Navarro era débil y estaba presionado por los sectores más ultras, que le acusaban de blando.

Pero esa represión también despertó a la comunidad internacional que pedía clemencia para los condenados. Hasta el Papa Pablo VI se escribió cartas con Franco.

Pero, a pesar de eso, Navarro pensó que, si era demasiado indulgente, podían acabar cesándolo. Así que no tuvo inconveniente en sacar adelante esa pantomima judicial. Evidentemente, hubo una mano negra que dictó previamente esas cinco condenas a muerte.

Los consejos de guerra en los que se juzgaron los dos atentados cometidos por el FRAP el verano del 75 estuvieron llenos de irregularidades flagrantes y escandalosas

Pero algo se reformuló, porque inicialmente eran once las personas que iban a ser fusiladas.

Sí, ocho del FRAP y tres de ETA. Era una barbaridad que hacía décadas que no se veía. Superaba hasta los estándares franquistas. Fue por las presiones internacionales que el régimen se vio obligado a revisar las condenas y acabó decidiendo ejecutar a cinco y conmutar la sentencia de muerte del resto por penas de cárcel. Fue un término medio que no contentó a la comunidad internacional, porque clemencia no hubo, ni a los sectores más ultras. Arias Navarro ya era un cadáver político.

La noticia de las condenas provocó una oleada de protestas alrededor de Europa encabezadas con pancartas y simbología del FRAP. El partido lo vio como una señal de que su influencia en el mundo crecía. Pero no se les vio como héroes antifascistas, sino como víctimas de la represión. ¿Cómo vivió el partido esas semanas?

El FRAP nunca había tenido tanta visibilidad. Se organizaron manifestaciones en muchas ciudades y se gritaron consignas a favor de los presos políticos del partido. Todo aquello fue una ola de solidaridad contra las condenas a muerte, no una muestra de apoyo a la lucha armada. Pero el FRAP no lo entendió así: pensó que era el momento de expandir su fuerza, sin entender realmente qué estaba pasando en sus bases.

Ese verano del 75, a raíz de los atentados, el FRAP estaba quedando totalmente borrado del mapa porque las detenciones eran constante y las células estaban siendo desarticuladas. La cúpula del partido no entendió lo que sucedía y decidió seguir adelante con los atentados.

Consigue acceso a las actas de las reuniones que el FRAP mantuvo durante esos días y se ve esa distorsión de la realidad. ¿A qué atribuye esa perspectiva alejada de la realidad? ¿Tiene que ver, quizás, con el hecho de que Elena Ódena y Raúl Marco, máximos dirigentes del partido, vivieran en Suiza?

Tiene que ver con unas maneras de funcionar que no sólo eran propias del FRAP, sino de muchas organizaciones revolucionarias clandestinas. Tenían métodos que muchas veces eran sectarios y herméticos, con poco contacto con otras opiniones y mucho menos con las bases. Se ve en estas actas, en las que se constata que los debates que tenían en los encuentros no eran tal; eran discursos endogámicos y autocomplacientes.

Ellos creían realmente que lideraban la lucha antifranquista y que con esos atentados llegarían a desencadenar una guerra popular. Su idea era iniciar la lucha armada durante los últimos momentos de Franco para que endureciera la represión y mostrara su cara más cruel. Así, el pueblo vería que el régimen era irreformable y exigiría neutralizar los pactos que pudieran hacer las élites y los sectores más evolucionistas de la dictadura con los más moderados de la oposición antifranquista.

Pero eso no pasó. De hecho, en los libros de historia, el FRAP ha acabado ocupando un lugar bastante secundario. ¿Cree que se ha acabado infravalorando su influencia?

Sí. Durante la primera mitad de los 70 fue una fuerza antifranquista muy relevante, con mucha visibilidad y una gran hiperactividad en la calle. Pintadas, manifestaciones clandestinas, octavillas, acciones contra multinacionales, sucursales bancarias… Evidentemente, no tenían la fuerza del PCE de Carrillo, ni del PSUC en Catalunya, pero era una de las más importantes del momento.

Todo cambió cuando deciden empezar el camino de la lucha armada. Eso acaba estigmatizando a sus militantes a ojos de una parte de la militancia antifranquista, entre los que se encuentra Carrillo, que condena sin paliativos el terrorismo individual. Y claro, hoy a buena parte del antifranquismo se le hace incómodo reivindicar el legado del FRAP.

Se ha usado mucho la palabra terrorista para calificar al FRAP, pero poco para definir la dictadura. Y eso que razones no faltan

Pero ¿era el FRAP una banda terrorista?

No. O, al menos, no nació así. No era el brazo armado de su matriz política, el PCE (m-l), ni el equivalente al GRAPO del PCE (r). Nace en 1971 como un frente político, un conglomerado de organizaciones sectoriales, sindicales, de trabajadores, estudiantes, mujeres, artistas y campesinos. Todas estas organizaciones, bajo paraguas del FRAP, tenían como cerebro político al PCE (m-l). De hecho, las células encargadas de matar a uniformados no se crean hasta 1975.

Y aquí hay otra cosa: se ha usado mucho la palabra terrorista para calificar al FRAP, pero poco para definir la dictadura. Y eso que razones no faltan. Si te fijas, mientras las siglas del FRAP estuvieron activas, del 71 al 75, causaron cuatro víctimas mortales. En el mismo periodo de tiempo, entre ejecutados, víctimas de balas perdidas, torturados y demás, el régimen causó 64.

Los últimos fusilamientos fueron el 27 de septiembre de 1975. Cuenta con todo lujo de detalles la vigilia de las ejecuciones en dos capítulos devastadores, uno desde dentro de las celdas y otro desde Albania, donde se encontraba la cúpula del partido. ¿Qué hacían allí cuando tres de sus compañeros iban a morir a las pocas horas en Madrid?

Las semanas anteriores, una delegación del PCE (m-l) viaja a la Albania comunista. Era su padrina, protectora y patrocinadora internacional. Una de las personas que les acoge es Ramiz Alia, quien sería sucesor de Enver Hoxha, y les dice sin tapujos que tienen que aprovechar los fusilamientos para dar a conocer las siglas del FRAP, usarlo para captar todas las adhesiones posibles y hacer que el movimiento marxista-leninista reviva internacionalmente.

La conversación fue escalofriante porque en ningún momento se plantean gestiones para impedir esas ejecuciones. Pero la cosa cambia la vigilia de los fusilamientos. Cenando en casa de Alia, se enteran por la televisión italiana de que el gobierno de Franco ha dado su visto bueno a las condenas y que la mañana siguiente serán ejecutados los militantes.

Es entonces cuando intentan buscar alguna solución y se van a la embajada de la China en Tirana. En ese momento el país asiático ya estaba estableciendo relaciones con el régimen y podía llegar a ser un elemento de presión. Pero no lo fue. El embajador les dejó muy claro que no iba a mover ni un dedo por las personas que estaban a punto de perder la vida.

Esa noticia de que los fusilamientos se iban a producir al día siguiente también cogió a contrapié a los condenados y a sus familias, que no esperaban que la ejecución fuera tan pronto. ¿Cómo fue esa última noche para ellos?

Esa noche, la más dramática para las familias y los condenados, transcurre en unas celdas aisladas de la cárcel de Carabanchel. Los que serán fusilados, según testigos directos que los vieron, asumieron con mucha serenidad su destino. Ellos, de hecho, ya tenían asumido que su final sería ese y no tenían esperanzas de que pudiera llegar un indulto de última hora.

Les acompaña el abogado de Baena y la familia de Sánchez-Bravo, que ha venido de Vigo y le está arropando. Están su madre y sus hermanos, en particular destaca Vicky, que fue una de las más activas y de las que se movió más para intentar impedir las ejecuciones. Pero Ramón García Sanz, que era un chico huérfano nacido en Barcelona, estaba solo. Ni siquiera pudo entrar su abogado, porque le echaron del juicio y no le permitieron acompañarle. Aquella noche nadie durmió, hubo emoción y solidaridad. Se cantaron canciones gallegas.

La noche antes de los fusilamientos, Baena le dice una frase devastadora a su padre: “Lo siento, papá, pero no puedo darte este consuelo. No fui yo quien le mató”

Al final, se sumaron el padre y el hermano de Baena, que casi no llegan a despedirse porque avanzaron la hora de los fusilamientos…

Tenían unos billetes de tren con los que, después del cambio de hora, no habrían llegado. Así que se cruzaron el país, desde Vigo, en taxi. Llegaron media hora antes de que se llevaran a Xosé Humberto y ahí se produce una escena que me ha descrito su propio hermano y que yo reproduzco al principio del libro porque es muy importante. El padre de Baena le dice que no hay nada peor que perder a un hijo, pero que sería más devastador todavía si resultara que es inocente, porque significaría que iban a fusilar a un inocente.

Y Baena le dice una frase devastadora: “Lo siento, papá, pero no puedo darte este consuelo. No fui yo quien le mató”. Esa frase es el hilo conductor de todo el libro y lo que me lleva a querer reunir todas las evidencias posibles para demostrar que esas últimas palabras que Baena le dice a su padre fueron ciertas.

Eso inicia una investigación que le lleva a conocer bien a la hermana de Baena, Flor; a su novia, Maruxa; a sus antiguos compañeros y a su abogado. ¿Hasta qué punto se convirtió en un asunto personal?

Lo fue de arriba abajo. Ha sido la investigación periodística que me ha implicado más horas, más trabajo, más viajes, más archivos, más testimonios, más dolores de cabeza y más angustia. Y eso es porque conozco a las fuentes desde hace muchos años, las aprecio, y las iba a enfrentar a un tema muy sensible. Profundizar en un tema como este no ha sido nada fácil.

En el último capítulo revela la conversación con un testimonio que podría demostrar la inocencia de Baena. ¿Tiene esperanza de que algún día alguien llegue a hablar públicamente y se aclaren los hechos?

Creo que sí. Han pasado 50 años y todo está prescrito y amnistiado. Además, ya hay un precedente del 1963, cuando se ejecutó a dos militantes anarquistas con garrote vil. Los acusaron de colocar dos explosivos en la sede central de la Policía en Madrid. No causaron víctimas mortales, pero sí decenas de heridos.

Se culpó a Francisco Granado y Joaquín Delgado. Ellos se decían inocentes, pero les torturaron hasta hacerles firmar una declaración autoinculpatoria. 30 años después de los hechos, salió un documental que demostró su inocencia básicamente porque los dos autores auténticos de las explosiones dieron un paso al frente y confesaron. No descarto que algo así pueda llegar a pasar con el caso de Baena, pero es verdad que ha pasado medio siglo y la caja de los secretos sigue cerrada a cal y canto. Mi libro, al final, lo único que hace es resolver, quizás, algunas incógnitas, pero plantea otras.

El rey Felipe VI no asistirá al acto preparado por el Gobierno de España con motivo del cincuenta aniversario de la muerte de Francisco Franco. El jefe del Estado fue invitado pero no podrá acudir, según informan fuentes del Ejecutivo, por motivos de agenda. Ese día tiene que recibir las credenciales de los nuevos embajadores.

“El Rey no asistirá por razones de agenda y se sumará a la iniciativa del aniversario participando en varios de los actos previstos, como la visita institucional a los antiguos campos de concentración de Auschwitz y Mauthausen o el evento que conmemorará el importante papel que jugó la monarquía en la Transición”, trasladaron fuentes de Moncloa.

El Gobierno español organizará el próximo miércoles, 8 de enero, en el Museo Reina Sofía de Madrid, un acto para conmemorar los 50 años del fallecimiento del dictador, con el lema ‘España en libertad’. Es en realidad la primera de un extenso “programa de actividades” con espíritu formativo para contar a los jóvenes en los centros educativos hechos de la Segunda República y la dictadura franquista. 

Moncloa envió hace unos días una invitación a los reyes, pero hasta ahora la Casa Real no había comunicado formalmente si podría acudir o no. “Se ha invitado al acto a una muestra amplia y representativa de la sociedad española: empresarios, sindicatos, académicos, miembros del Gobierno y las Cortes, ONGs, asociaciones y demás entidades de la sociedad civil”, informó Moncloa en un mensaje en el que explicaron que no podrá acudir por motivos de agenda, aunque añaden que acudirá a varios de los actos que están previstos.

“S.M. el Rey y el Presidente del Gobierno tuvieron la oportunidad de tratar este y otros asuntos esta semana y han podido constatar su alineamiento al respecto”, informan esas fuentes.

El Gobierno ya había avanzado que si el rey no podía finalmente asistir al acto sería por “dificultades de agenda”. Así lo justificó este jueves en una entrevista en la Cadena SER, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que aunque desconocía si el monarca acudiría o no aseguró que si se tratase de una decisión que dependiera exclusivamente del rey, “estaría sin ninguna duda”.

El día que anunció la celebración del acto por los 50 años de la muerte de Franco, Sánchez indicó que esta batería de eventos que lo seguirá se concentrará en “actividades culturales, eventos, escuelas o museos”, al tiempo que anunció la creación “de un comisionado especial, un comité científico de expertos y expertas” y la “colaboración con todas las administraciones públicas” para la ejecución del programa.

El PP desprecia los actos

Quien tampoco acudirá a este tipo de actos, aunque no por motivos de agenda, es el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que hace unos días arremetió contra la iniciativa del Gobierno. “¡Qué pereza dan!”, dijo en el último discurso del año ante el Comité Ejecutivo Nacional. “Ellos, a la España con Franco, porque ya son tan pasado como él. Y nosotros, a la España sin Sánchez, que es la España con futuro. Ellos con su amargura a volver a los años 40, 50, 60 y 70”, dijo justo antes. 

El portavoz del partido en el Congreso, Miguel Tellado, también cargó contra este tipo de actos esta misma semana en una rueda de prensa. “El presidente del Gobierno”, dijo, “necesita a Franco más vivo que nunca”. “Cualquiera recordará que Franco murió en la cama un 20 de noviembre de 1975. No sé qué se celebra el 8 de enero del 2025. Supongo que la flebitis que padecía el dictador”, ironizó. 

La primera vez que Dulce Caballero pisó la cárcel tenía 19 años. Para entonces ya acumulaba varias detenciones: por acudir a una manifestación contra la guerra de Vietnam, por participar en un viaje de las Comisiones Obreras, o como medida preventiva cuando llegaba el Primero de Mayo. Pero a finales de 1968, Dulce, responsable de organización de propaganda de las CC.OO. juveniles en Madrid, fue detenida junto a otros compañeros y compañeras mientras repartían propaganda. “Quedábamos en las esquinas de la calle Martín de los Heros [en Madrid] y en cada una le dejábamos a uno un paquete”, recuerda la mujer, que hoy tiene 74 años. Dulce era quien guardaba la llave del lugar donde estaba la propaganda y eso sirvió para que la condenaran a año y medio de cárcel. Caballero fue enviada a la prisión de Ventas, en Madrid, una cárcel emblemática de la resistencia a la dictadura: pensada en la Segunda República como centro modelo terminó por ser lo contrario: un “almacén de reclusas” que se llenó de presas de la represión franquista pero que también fue escuela de reclusas políticas hasta su final en 1969.

Dulce Caballero recuerda hoy junto a Lola Moreno, Julia López y Estefanía Sánchez cómo fue esa represión y su encierro en Ventas. La vida de varias de ellas se cruzó en esa cárcel, otras se conocieron más tarde, algunas ya habían coincidido antes de recalar en el centro. Las cuatro eran mujeres jóvenes, obreras, que decidieron combatir la dictadura de Franco. Lo pagaron: fueron a la cárcel por rojas. Estos días sumaban sus historias a las Primeras Jornadas de Memoria Pública sobre las Prisiones Femeninas del Franquismo organizada por varios colectivos.

Ventas fue idea de la abogada Victoria Kent. Una vez nombrada Directora General de Prisiones durante la Segunda República, Kent se propuso modernizar el sistema carcelario español y mejorar, especialmente, las condiciones de las presas. Fue así como la abogada diseñó la prisión de Ventas como un centro ejemplar que, sin embargo, terminó siendo algo muy distinto. “Kent diseñó las primeras celdas para presas políticas, en ese momento las de la República. Pensó en un parvulario, en talleres, terrazas para que las presas con niños tomaran baños de sol, salón de actos, biblioteca... Por primera vez en una cárcel no había capilla”, explica el historiador de la Universidad Complutense Fernando Hernández Holgado. Sin embargo, ese modelo apenas funciona tres años, entre 1933 y 1936.

Durante los años 40, Ventas pasa a ser un caso emblemático de la prisión militante, un lugar de la resistencia antifranquista femenina

Fernando Hernández — Historiador de la Universidad Complutense de Madrid

En la posguerra, Ventas se convierte en un almacén de reclusas, en palabras de las propias presas. Hernández asegura que entre el año 39 y el 40 llegaron a acumularse hasta 5.000 en una prisión pensada para 450. “En ninguna otra cárcel se llegaron a juntar tantas mujeres”, dice el historiador. En cada celda individual dormían hasta 12 reclusas. Allí llegaban mujeres que pertenecían a organizaciones de izquierdas, pero también otras que habían trabajado en hospitales o comedores en la retaguardia de Madrid.

La prisión, cuya estructura estaba pensada para que cada galería albergara a un tipo de presa (comunes, políticas y gubernativas), se desbordó. Los problemas de hacinamiento eran graves y muchos niños, que entraban con sus madres cuando ingresaban, enfermaron e, incluso, murieron. Las presas se organizaron para reivindicar mejoras pero también para crear una enfermería, una sala de madres y otra de niños.

Una escuela de presas políticas

Durante los años 40, Ventas es también una escuela de presas políticas: “Pasa a ser un caso emblemático de la prisión militante, un lugar de la resistencia antifranquista femenina”, afirma Fernando Hernández. Las presas políticas celebraban las efemérides republicanas en festivales clandestinos que organizaban en el patio o en los retretes. La represión de sus comportamientos implicaba la dispersión (llegaban a enviarlas a prisiones muy alejadas de sus familias, como las de Tenerife o Gran Canaria), la pérdida de derechos acumulados que les permitían reducir su condena o el aislamiento para que dejaran de recibir paquetes y cartas de sus familias. Esa comunidad militante que alberga Ventas sigue auto-formándose y también llevando a cabo actos de rebeldía, desde huelgas de hambre a la fuga de dos presas condenadas a muerte en noviembre de 1944.

A partir de los años 50, el número de presas políticas decae y ya en los 60 son minoría frente a las comunes. Es entonces cuando ingresa en Ventas la siguiente generación de reclusas de la represión franquista, a la que pertenecen Dulce Caballero, Lola Moreno, Julia López y Estefanía Sánchez. La cárcel queda entonces solo para ingresos preventivos. A las 'políticas' y las comunes se suman, en esta como en el resto de épocas, las presas gubernativas: mujeres arrestadas por ejercer la prostitución o, especialmente en la posguerra, por estraperlismo (la venta ilegal de productos tasados por el Estado), explica la historiadora Laura Bolaños.

“En posguerra, las presas comunes solían ingresar principalmente por hurto o estafa porque la gente tenía que sobrevivir. Pero también por otros delitos muy feminizados, como el aborto o la corrupción de menores y el escándalo público, que tenían que ver con la prostitución”, cuenta también Bolaños, que señala que el aborto estaba penado con penas muy altas que casi se asemejaban a un homicidio, tanto para las mujeres que abortaban como para los profesionales que las ayudaban a hacerlo.

Tinta roja contra Eurovisión

Lola Moreno, de 73 años, recuerda cómo fue su ingreso en la prisión. Su historia de militancia está muy ligada a la de su hermana: “Empezamos a tomar conciencia política de la represión franquista en el instituto, con 16 años”. El estudio se sumaba a su trabajo en una fábrica de discos, y Lola y su hermana empezaron a acudir a manifestaciones obreras clandestinas y, más tarde, a organizarse en las juventudes de las Comisiones Obreras de su barrio, Aluche. ¿Por qué las detuvieron? “Lo que hacíamos era lo elemental: reunirnos, hablar de los problemas de los jóvenes, del barrio, repartir planfletos...”. A veces, pasaban citas para juntarse en puntos de la capital y gritar consignas contra el dictador. “Nos juntábamos 50 o 100 y gritábamos 'Franco, asesino' o 'Libertad' y nos íbamos corriendo y casi nunca pasaba mucho”. Hasta que un día, su hermana y ella fueron detenidas junto a otros compañeros.

Recuerdo ponernos a cantar la Internacional el Primero de Mayo. Como castigo, nos quedamos sin recibir visitas ni paquetes de comida

Estefanía Sánchez — Reclusa en la cárcel de Ventas

Llegaron a Ventas una madrugada de febrero del 69. “Éramos como 40 o 50 presas políticas. Algunas funcionarias estaban desde los años 40 y contaban anécdotas de entonces. Había quienes te echaban una mano, te dejaban pasar algún libro... otras eran totalmente fascistas”, recuerda Lola. Durante esos años, la movilización de las presas políticas que había convertido a Ventas en esa escuela de militancia dos décadas atrás se volvió a repetir. “Yo me sentía bien acompañada”, relata Estefanía Sánchez, de 74 años, que trabajaba en una fábrica de productos químicos. Ella, como Lola, empezó a movilizarse con su hermana. Y, como en su caso, las dos terminaron en Ventas.

El año en que España organizaba Eurovisión tras el triunfo de Massiel, 1969, Estefanía acudió al Palacio de Congresos de Madrid, donde los artistas ensayaban, con botellas llenas de tinta roja dispuesta a arrojarlas contra el edificio. Pero el lugar estaba tomado por la policía, que comenzó a detener indiscriminadamente. Ella fue una de las arrestadas, junto a más compañeros y junto a su hermana. Después de cuatro días en la Dirección General de Seguridad, las dos fueron trasladadas a Ventas. “Recuerdo ponernos a cantar la Internacional el Primero de Mayo. Como castigo, nos quedamos sin recibir visitas ni paquetes de comida”, cuenta.

“La importancia de estas últimas presas es su testimonio. Son mujeres de clase obrera, vienen del textil, de la industria química... estaban ligadas al partido comunista y muchas militaban también en las comisiones obreras juveniles”, señala el historiador Fernando Hernández. Para entonces, la prisión se caía a pedazos por dejadez y falta de reformas. En las celdas había una o tres presas, pero nunca dos para evitar relaciones sexuales entre ellas, recuerda Lola Moreno. “Hay encarcelamientos por tribunal militar y por tribunal de orden público, que fue un invento de la represión franquista para que el estamento militar se quitara la responsabilidad de la represión”, añade el historiador. Las presas son defendidas por abogadas vinculadas al Partido Comunista, como Cristina Almeida, Manuela Carmena o María Luisa Suárez.

Pese al clima de compañerismo y movilización dentro de Ventas, las cuatro mujeres recuerdan también las consecuencias que tenían sus encarcelamientos, desde la pérdida de sus trabajos al temor de sus familias. “Cada vez que te detenían te quedabas sin trabajo porque faltabas y no había otra fórmula”, rememora Estefanía Sánchez.

Las últimas 'políticas'

Julia López, de 80 años, fue una las últimas presas políticas en pasar por el centro. López fue detenida después de hacer un cursillo político de marxismo en la Alemania Oriental. La mujer, que era sastra, participaba de las estructuras del Partido Comunista. “Intentaba pasar desapercibida. Me obligaban a ir a misa, yo me ponía en la parte trasera y venían a obligarme a seguir la liturgia, yo les decía que no quería. Lo que más hacía era irme a la biblioteca y leer”, recuerda. Las presas comunes la protegían y su madre y sus tías le llevaban comida cada día. También su marido, que quedó a cargo de su hija de dos años.

Intentaba pasar desapercibida. Me obligaban a ir a misa, yo me ponía en la parte trasera y venían a obligarme a seguir la liturgia, yo les decía que no quería

Julia López — Reclusa en la prisión de Ventas

“Colgaba las bolsas con comida que me traían para protegerlas de las cucarachas y los bichos que había en el suelo pero una vez metí la mano y salió una rata, menudo susto. Me acabé alimentando de botes de leche condensada, a veces comía un poco de rancho por eso de comer algo caliente. Mi experiencia fue nefasta, yo estaba más sola”, rememora Julia López.

En el verano del 69 las presas son desalojadas y repartidas por otros centros, como la cárcel de Alcalá de Henares o el psiquiátrico de Carabanchel. “La cierran porque perdió importancia como prisión de preventivas, es un edificio demasiado grande para las presas que hay y cambia mucho la zona, que originariamente había sido industrial y que en ese momento se convierte en urbanizable. La M30 empieza a correr detrás de Ventas y sube el precio del terreno”, apunta el historiador. El Ministerio de Justicia subasta el solar, y se vende por un cantidad muy baja, agrega.

En el solar sobre el que un día se levantó Ventas hoy hay bloques de viviendas y un parque municipal. Allí figura una placa genérica a “las mujeres de Ventas”, pero ninguna mención concreta a las miles de mujeres que pasaron por una de las cárceles femeninas de la represión franquista.

 Los restos del fundador del movimiento fascista Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, fueron exhumados este lunes del anteriormente llamado Valle de los Caídos, construido por el dictador Francisco Franco.

La tumba ocupaba un lugar “preeminente” en la basílica de dicho monumento, algo contrario a lo que estipula la Ley de Memoria Democrática en España, aprobada el pasado año, que también renombra ese lugar como Valle de Cuelgamuros, ubicado en las cercanías de Madrid.

Los restos de Primo de Rivera permanecieron allí desde la inauguración del recinto hace 64 años, en un lugar próximo a la sepultura de Franco, que permaneció enterrado en el mismo lugar desde su muerte en 1975 hasta su exhumación en 2019, por decreto del Gobierno.

Por decisión de la familia, los restos del fundador de la Falange serán inhumados en el cementerio madrileño de San Isidro, el más antiguo de la capital, donde están enterrados otros familiares, como sus hermanos Miguel y Pilar.

Exhumación acordada

Los trabajos para la exhumación de Primo de Rivera comenzaron a primera hora de la mañana de este lunes, a puerta cerrada y sin presencia de autoridades ni de prensa, coincidiendo con el 120 aniversario de su nacimiento.

El ataúd fue trasladado hasta el cementerio en un coche fúnebre, escoltado por la Guardia Civil y por una larga comitiva, donde viajaban sus familiares.

Todo el proceso se acometió de acuerdo entre el Gobierno y la familia y estuvo exento de la enorme expectación mediática y polémica política que en octubre de 2019 acompañó la exhumación del dictador.

Un centenar de personas, entre ellas muchos curiosos, se acercaron a las puertas del cementerio de San Isidro para esperar los restos, varios de ellos con camisetas y brazaletes con la bandera de España, así como de banderas de la Falange y su simbología, en un ambiente de cierto malestar por la exhumación y la actitud de la familia de Primo de Rivera, que decidió hacerla de manera privada.

Primo de Rivera fue fusilado en 1936, año en que comenzó la Guerra Civil española, tras ser condenado por conspiración y rebelión militar contra el Gobierno de la Segunda República por un tribunal popular.

Su muerte, a los 33 años, lo convirtió en una figura mítica entre los sublevados contra la república y más tarde entre los partidarios del franquismo.

Sus restos pasaron por varias ubicaciones a lo largo de la historia. Tras su enterramiento en Alicante (este), donde fue fusilado, su féretro se trasladó, al finalizar la Guerra Civil en 1939, al monasterio del Escorial, lugar de enterramiento de los reyes de España, en una procesión a pie que duró diez días.

En 1959, tras la construcción del Valle de los Caídos, fue enterrado allí, en un lugar preeminente, hasta que hoy fue exhumado.

Ley de Memoria

La exhumación de los restos de Primo de Rivera responden a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que impide la presencia de restos mortales en ningún lugar “preeminente” del recinto, como era el caso.

Además, establece que se resignifique este lugar, que desde su construcción se convirtió en símbolo del franquismo, y en él solo podrán yacer los restos de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil (1936-1939), como lugar de reconocimiento y homenaje a las víctimas, y se le considera un cementerio civil.

Primo de Rivera, como víctima de la contienda podría enterrarse en la cripta, pero su familia prefirió que estuviera enterrado en un cementerio católico.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, afirmó que la exhumación de los restos del fundador de la Falange se produjo con “absoluta normalidad” y destacó la importancia de haber hecho este trabajo con “todo el rigor científico y técnico y con todo respeto y acompañamiento a su familia”.

En aplicación de la Ley de Memoria Democrática también exhumaron los restos del general franquista Gonzalo Queipo de LLano de la Basílica de la Macarena de Sevilla (sur) el pasado mes de noviembre.

EFE