La minería ilegal mueve siete veces más dinero que el narcotráfico en Perú, alertó este viernes el canciller Elmer Schialer al advertir sobre la urgente necesidad de formalizar la actividad minera en el país.

Schialer se refirió al gran poder de esta actividad delictiva en la emisora RPP, al hablar de los bloqueos en carreteras de varios puntos del Perú, como en Arequipa y La Libertad, por parte de mineros ilegales.

Desde la semana pasada, estos grupos protestaron por el anuncio del cierre del registro estatal que les permitía seguir con sus actividades, las cuales fueron vinculadas con el incremento de la criminalidad.

“Nosotros vamos a reimponer el principio de autoridad, vamos a dialogar con quien quiera dialogar y vamos a aplicar todo el peso de la ley a todos estos dirigentes (que impulsan los reclamos), que ya están identificados”, aseguró el canciller.

En este sentido, sostuvo que quienes bloquean las carreteras están recibiendo unos 120 soles diarios (US$33 o €29), lo que evidencia un financiamiento no necesariamente legal, vinculado principalmente a la minería ilegal.

Agregó que a “esa gente que financia busca desestabilizar” no le interesa “la ley, ni la paz” y dijo que los bloqueos están afectando al transporte de alimentos y otros bienes esenciales.

Además, indicó que el Ejecutivo ya anunció que se van a sancionar y “aplicar todo el peso de la ley contra los responsables”, pero agregó que también sigue abierta la puerta del diálogo.

Expertos vincularon la expansión de la minería ilegal en Perú con el aumento del precio del oro en el mercado nacional e internacional.

Precisamente, el diario El Comercio alertó este viernes que hay puntos de la Amazonía peruana donde una draga minera puede extraer hasta 7 kilos de oro al año usando mercurio, lo que además de un gran daño medioambiental, genera unos US$690.000 o €590.000 anuales.

EFE

Minería ilegal, pistas aéreas clandestinas y grupos criminales en control del territorio quedan expuestas en “Corredor furtivo”, una investigación sobre la Amazonía venezolana, una de las joyas naturales de Sudamérica, realizada por los periodistas Joseph Poliszuk, María Antonieta Segovia y María de los Ángeles Ramírez y publicada por Armando.info (Venezuela) y El País (España).

En base a imágenes satelitales y el desarrollo de Inteligencia Artificial (IA), los periodistas pudieron identificar 3.718 puntos de actividad minera, la mayoría de ellos ilegales, en los estados de Bolívar y Amazonas; demás de pistas clandestinas utilizadas por el crimen organizado para el transporte de oro y droga, según revela el proyecto periodístico. 

La investigación ganó en septiembre último los premios Global Shining Light Awards (GSLA) en la 13ª Conferencia Global de Periodismo de Investigación (GIJC23, por sus siglas en inglés), y  encumbró así al periodismo latinoamericano y de habla hispana en uno de los principales galardones en investigación a nivel internacional. 

El certamen, que este año se realizó en la ciudad de Gotemburgo, Suecia, premia al periodismo de investigación que vigila la corrupción y los abusos de poder en países en desarrollo o en transición, realizado bajo amenaza o en condiciones peligrosas. 

La investigación de los periodistas expuso la extensión de la explotación minera en la Amazonía venezolana, donde la actividad extractiva está vedada, y resumió dos ejes centrales de la conferencia global: el avance de la Inteligencia Artificial (IA) y el avance sobre medio ambiente y los derechos humanos en el mundo, una combinación letal para la humanidad.

A través del uso de imágenes satelitales e Inteligencia Artificial (IA), los periodistas pudieron ingresar virtualmente a un territorio controlado por grupos criminales, de extrema dificultad geográfica y en plena pandemia. Contaron con el apoyo del Pulitzer Center (Estados Unidos) y la organización Earthrise Media (Noruega).

Poliszuk había cubierto casos puntuales de minería ilegal en la zona, pero buscaba la forma de trascender la crónica y obtener el panorama completo. Durante la pandemia, comenzó a recibir alertas de sus fuentes en el territorio, que le advertían sobre la actividad ilegal en la selva. Fue cuando acudió al Centro Pulitzer con una idea: utilizar imágenes satelitales e IA para obtener la ubicación de la mayor cantidad de pistas aéreas clandestinas y minas ilegales en un territorio inabarcable y en un momento en el que era imposible movilizarse. 

Las imágenes satelitales que se utilizaron como base para estudiar el territorio fueron obtenidas gracias al satélite Sentinel-2 de la Unión Europeo.

El algoritmo que desarrolló el equipo fue lo que les permitió a los periodistas construir el mapa de pistas aéreas clandestinas y minas ilegales. La tecnología recibía un comando específico: encontrar todas aquellas imágenes satelitales en la Amazonía venezolana que coincidieran con un mismo patrón: una mina y una línea recta en la tierra. “Gracias a la tecnología pudimos demostrar no sólo la deforestación sino la violación de derechos humanos”, aseguró Poliszuk. “No sabía si el algoritmo iba a funcionar pero el Pulitzer Center creyó más que nosotros en la idea y por eso estoy muy agradecido”, agregó el periodista.

“Más allá de las denuncias y de las noticias que salen de Venezuela, otra vez en el sur del país están pasando cosas muy graves que no se habían visto y a partir de nuestro trabajo los informes de Naciones Unidas si le han puesto el ojo”, explicó Poliszuk a elDiarioAR. Como consecuencia de la investigación, además, el algoritmo desarrollado para el reportaje fue abierto en Open Data y ha sido utilizado en Brasil.

–¿Cómo llegaste a la conclusión de que debías recurrir a la inteligencia artificial para desarrollar esta investigación? 

–Dicen que los periodistas tenemos obsesiones o temas que nos persiguen y este es uno de los temas que más me importan. En 2006, me enviaron a cubrir la masacre de la Paragua, cuando un grupo de militares del Teatro de Operaciones número 5 asesinó a seis mineros al sur de Venezuela, cerca de Brasil. Entonces los militares bombardearon una mina ilegal. Un exceso, un exabrupto que ahora entendemos que iba más allá. Lo que estaban esperando era su comisión –soborno–; y a partir de ese momento, al darse cuenta de que no podían intervenir directamente han cedido el territorio a mafias. Siempre había cubierto estos temas yendo a una o dos minas ilegales, pero la idea era justamente trascender la denuncia, trascender la crónica. Cuando el periódico El Universal me envió en 2006 a cubrir la masacre de la Paragua, empecé a ver el periodismo de investigación y que el periodismo iba más allá. Hace un par de años, decidí buscar la inteligencia artificial para trascender la denuncia. No estaba seguro de que iba a funcionar, pero sí sabía que de otra manera de seguro no iba a funcionar. El hallazgo es que a partir de allí tuvimos un mapa para poder ir a terreno y constatar las invasiones de estos grupos irregulares, y las violaciones a los derechos humanos que están sufriendo los indígenas de la zona, quienes incluso están siendo esclavizados. Fue una mezcla de metodologías.

–Entre las historias de violaciones a derechos humanos, ¿cuáles fueron los casos que más te impactaron?

–Lo que más me impresionó es que los indígenas están siendo esclavizados o que algunos de ellos, incluso, se están uniendo a estos grupos irregulares. Se están dividiendo y están siendo afectados tanto quienes se unen a los grupos irregulares como quienes están siendo víctimas, forzados a incurrir otra vez en trabajos forzosos. Hay incluso casos de matrimonios mixtos, pues están cambiando todo el tejido social de la selva. El mundo se impresiona y se rasga las vestiduras porque en el sur de China hay campos de concentración con población islámica, pues a mí el gran hallazgo y una de las cosas que más me han sensibilizado de esta investigación es que de este lado del mundo no nos hemos dado cuenta que eso está pasando con los indígenas del Amazonas, en este caso venezolano.

–¿Qué recursos necesita un periodista de investigación para desarrollar su historia con IA?

–Creo que un periodista de investigación lo que tiene que saber es cómo funcionan las cosas. O sea, cuál es la metodología, la mejor metodología para llegar a probar una conclusión, una hipótesis. No soy un geek ni soy un experto en Inteligencia Artificial. Simplemente empecé a averiguar si era posible lograrlo. Y es así como con ayuda de expertos, el Pulitzer Center y Earthrise Media, además de El País de España, empezamos a engranar un equipo multidisciplinario en el que pudimos programar un algoritmo, ver que esta metodología funcionara y probar así los hallazgos. No se trata de un juguete para usar las nuevas tecnologías. Se trata de que se complementen las metodologías. Primero recurrimos a Inteligencia Artificial, pero después fuimos al campo y el trabajo no fue menor, sino que a partir de ese mapa que logramos tener sabíamos a dónde ir. Estamos hablando de un territorio vasto, lleno de accidentes geográficos peligrosos, invadido por estos grupos irregulares y con escasez de todo. Si en Caracas hay escasez de gasolina, imagínate en la selva. Entonces todo este mapa nos permitió hacer una preproducción para saber a dónde ir y sobre todo, cómo ir y con quién contar.

–Además del impacto internacional de la investigación, ¿las autoridades venezolanas han tomado alguna medida a partir de la publicación?

–La Fuerza Armada Nacional Bolivariana dijo que había dinamitado algunas pistas clandestinas después de que nosotros señaláramos dónde estaban y qué papel estaban jugando. Las autoridades lo twittearon, lo sacaron en redes, lo informaron, pero no tenemos constatación de esto ni estamos seguros. En el sur del país, en la selva, está ocurriendo una invasión progresiva y sistemática y las autoridades son ambiguas. Por un lado, dicen que están haciendo, que están desalojando estos grupos, pero por otro lado vemos que continúa la invasión en nuevos territorios. En los últimos informes de la Misión de Determinación de Derechos Humanos, nuestro trabajo ha sido citado y nos han entrevistado. Ha servido para registrar otras violaciones a los derechos humanos que no se habían visto.

Premiadas

“Corredor Furtivo” fue la investigación ganadora en la categoría Medios Grandes. En la misma categoría fue distinguida la investigación “Los bandidos señores de la guerra de Zamfara”, de BBC Africa Eye (Nigeria), un trabajo de dos años que expuso el conflicto en el estado de Zamfara, en el noroeste de Nigeria, que mató a cientos de personas en 2022 y desplazó a cientos de miles más. Tuvo una particularidad: el principal periodista del equipo no pudo recibir en forma presencial su premio porque Suecia le negó la VISA para ingresar al país y acudir a la ceremonia, explicó uno de sus colegas, quien subió a recibir el premio.

“Corriendo un gran riesgo personal, un joven periodista y estudiante de derecho nigeriano, Yusuf Anka, visitó a líderes de bandidos en campamentos remotos en todo el estado, incluido a uno de los hombres que en febrero de 2021 secuestraron a casi 300 niñas de una escuela secundaria en Jangebe”, señaló uno de los integrantes del jurado del certamen. “Demostró una valentía extraordinaria al ir al corazón del conflicto entre grupos étnicos en Nigeria, y estuvo en el lugar casi tan pronto como sucedieron algunos de los acontecimientos. Realmente nos llevó al corazón de una historia que no he visto a nadie más contar”, expuso otro juez del certamen.

Este año, el concurso estuvo abierto a reportajes publicados o emitidos entre 2021 y 2022, e incluyó trabajos sobre una prisión secreta en Bangladesh y fosas comunes en Ucrania. También sobre cómo un hospital de Macedonia del Norte realizó tratamientos de purificación de sangre no autorizados e inseguros a numerosos pacientes con Covid-19, al tiempo que ocultaba información vital sobre los pacientes y presuntamente manipulaba datos sobre infecciones. Este último trabajo (Bad Blood o Sangre Mala) ganó en la categoría de Medios Pequeños.

ED/MG

La mezcla de oro, arena y tierra se coloca encima de la mesa. Faustino Orosco añade agua y, con sólo pulsar un interruptor, la mesa empieza a temblar. Orosco utiliza una nueva técnica para extraer oro en Madre de Dios, el centro aurífero de Perú, en un intento de sanear la industria.

La mesa vibratoria separa el metal precioso sin necesidad de mercurio, utilizado tradicionalmente para separar el oro, lo que debería reducir los riesgos para la salud y el medio ambiente asociados a la minería.

“Al principio, fue un cambio radical porque afectó a la forma en que organizábamos nuestro trabajo”, dice Orosco, minero artesanal de la concesión minera de Fátima. Algunos mineros y comerciantes desconfiaban de la calidad del oro que producían las mesas de sacudidas, “pero decidimos seguir trabajando y seguir la formación para mejorar y demostrar que es posible”.

Orosco y cuarenta y cinco colegas de cuatro concesiones mineras están a punto de convertirse en los primeros mineros de la Amazonia en obtener la certificación de Oro Ecológico Fairmined, una norma reconocida internacionalmente que confirma que el oro se extrae de forma responsable y garantiza a los trabajadores una tarifa superior por su producto en el mercado internacional.

“Desde hace más de diez años, uno de nuestros sueños era poder producir 'oro ecológico' y obtener esta certificación. Y ahora casi lo hemos conseguido”, afirma Vilma Contreras, presidenta de AMATAF (Asociación Minera Tauro Fátima). “Queremos vivir una vida segura y queremos transformar la extracción de oro en la Amazonia en una actividad respetada y legal”.

Sin embargo, introducir cambios sustanciales en la minería de la región requerirá un enorme esfuerzo. La mayoría de las minas de oro de Madre de Dios, en el sureste de Perú, son ilegales, muchas de ellas explotadas por bandas criminales acusadas de apropiación de tierras y de asesinar a cualquiera que intente detenerlas. Se calcula que entre 1985 y 2017 se perdieron 95.750 hectáreas de selva tropical a causa de la minería ilegal.

“Vemos todo tipo de problemas”, dice Jefferson Gonzales Enoki, gobernador regional de Madre de Dios. “Hay trata de personas, narcotráfico, prostitución y bandas criminales. Los índices de criminalidad y la percepción de inseguridad entre los ciudadanos son enormes”.

En 2019, el Gobierno peruano puso en marcha la Operación Mercurio para frenar la minería ilegal en el asentamiento de La Pampa.

“Lo que está ocurriendo ahora en Madre de Dios es la nueva actividad minera que queremos”, dice Enoki. “Queremos actividades mineras eficientes y responsables, sin mercurio, con reforestación y mejores derechos laborales. La formalización garantiza que los mineros realicen sus actividades con permisos y que contribuyan también a la recaudación de impuestos”.

Ocho minas artesanales y de pequeña escala de Perú, Ecuador y Colombia ya han recibido la certificación Fairmined.

France Cabanillas, coordinadora local de la organización estadounidense Pure Earth, que ha formado a los mineros en técnicas sin mercurio y les ayuda a restaurar zonas degradadas de la selva, espera que el dinero extra convenza a más mineros de abandonar sus prácticas ilegales. Pero añade que la estrategia del gobierno para combatir la minería ilegal debe involucrar a más gente. “Podemos transformar la forma en que se extrae el oro en la Amazonia, pero sólo si trabajamos todos juntos: los mineros, el gobierno, los joyeros, los consumidores... todos nosotros”.

Pure Earth pide a la industria joyera internacional que cree conciencia, demanda y cadenas de suministro de oro sin mercurio.

“Queremos poder exportar directamente oro ecológico a un precio justo”, dice Contreras “Queremos vender oro extraído sin mercurio a las empresas y queremos reforestar las zonas comprometidas por la actividad minera. Porque el medio ambiente es responsabilidad de todos”.

Traducción de Santiago Armando