La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados decidió solicitarle a la Justicia la comparecencia “por la fuerza pública” de Aldo Tonón, exdirector de la Obra Social del Poder Judicial (Ospjn), en una nueva audiencia por el proceso contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

La reunión de la comisión, presidida por la diputada Carolina Gaillard del Frente de Todos, inició a las 15:20 con el objetivo de tomar declaración a una nueva tanda de testigos, convocados con la lupa sobre las presuntas irregularidades cometidas en la obra social de los judiciales.

Si bien Héctor Marchi, el desplazado administrador de la Corte, había sido citado a la reunión de este miércoles para completar su testimonio de hace algunos días, la convocatoria fue reprogramada para la semana próxima, ya que debe presentarse a declarar ante el juez federal Ariel Lijo en la causa por el manejo de los fondos de la obra social.

Como sucedió en la última reunión, se ausentaron nuevamente Tonón y el secretario letrado de la Corte, Sebastián Clérici. Tampoco asistió el contador Nicolás Serafini, quien firmaba los balances de la obra social. Al iniciar la reunión, Gaillard puso a votación la propuesta de pedir a la justicia que Tonón sea obligado a comparecer “por la fuerza pública”. El exdirector no concurrió en tres oportunidades, bajo el argumento de que tiene una causa judicial por este mismo tema y cualquier declaración afectará su defensa.

Por su parte, Clérici y Serafini argumentaron problemas personales y pidieron reprogramar la citación. También se convocó al director de Informática de la Corte, Andrés Sacchi; a María Betina Bonuccelli, funcionaria del tribunal, y a Valeria Díaz, una afiliada de la obra social.

La de este miércoles es la duodécima reunión de la Comisión de Juicio Político desde que se inició su labor, el 26 de enero pasado. El cuerpo parlamentario busca determinar si los jueces del máximo tribunal incurrieron en mal desempeño de sus funciones.

En la reunión pasada, y tras el desplazamiento de su cargo, Marchi denunció ante los legisladores una “sanción encubierta” y “amenazas” contra funcionarios de los Tribunales.

Luego de la investigación por las supuestas irregularidades en la obra social judicial, la Comisión iniciará el análisis del fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables adicionales, los cuales el expresidente Mauricio Macri redirigió a ese distrito en 2016. Por esa causa, se prevé la declaración de los gobernadores que firmaron el proyecto de juicio político -impulsado por el presidente Alberto Fernández-; la del ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y la del procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

LC con información de agencia Télam