La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que “hoy se terminan los cortes y empieza un camino que no tiene vuelta atrás” con la implementación del protocolo de orden público que se pondrá en práctica este miércoles por primera vez e informó que, hasta el momento, se recibieron 5.000 denuncias de beneficiarios de planes sociales en la línea 134 que serán “judicializadas” tras la jornada de protestas.

“Hoy vamos a trabajar con el objetivo de que comience una nueva era para la convivencia y la paz donde los que tengan que llegar a sus trabajos no tengan que pensar que tienen dos o tres horas más de viaje”, sostuvo la funcionaria esta mañana en declaraciones a TN, ante la movilización de la Unidad Piquetera prevista para esta tarde.

Bullrich adelantó que a los que corten las calles “se les pedirá que suban a la vereda” y que, en el caso de que haya manifestantes con menores, “habrá un aviso a las autoridades y a los organismos de la niñez, respecto de la responsabilidad de los padres sobre sus hijos”.

“Tenemos los medios para identificarlos a todos. Esta es la decisión del gobierno: Se termina el corte y los que quieran manifestar que vayan a las plazas, a los cordones, pero no se corta la calle. Hoy es un comienzo y no hay que esperar un 100 por ciento de éxito pero comienza un nuevo camino que no tiene vuelta atrás”, agregó la funcionaria.

En la misma línea, dijo que “se terminan los extorsionadores y los dueños de los planes” y explicó que ya se recibieron 5.000 denuncias en la línea 134, anunciada ayer, para recibir denuncias sobre presiones para marchar a cambio de un plan social.

“No recibimos más porque el sistema no tiene más capacidad y estuvo saturado todo el tiempo recibiendo mensajes que decían, `si no voy a la marcha me cortan el Potenciar Trabajo”, indicó Bullrich y agregó: “Yo le digo a todos los argentinos que nos están mirando que es al revés, si se queda trabajando en la cooperativa de trabajo, en el comedor o cuidando a su familia, el plan Potenciar Trabajo lo va a tener”.

Bullrich explicó que “hay muchas denuncias que tienen identificado el líder barrial o el piquetero que los obliga a ir y también al sistema de organización paralela al Estado” en municipios como Moreno, José C. Paz y Florencio Varela“, y añadió: ”Les cobran 7000 pesos de multa al que no va a las marchas. Es un Estado paralelo. Tenemos muchísimos nombres y terminado el día de hoy estas denuncias vamos a judicializar“

“Si alguien corta la calle y acepta que tiene un señor jefe que les da el plan, lo va a perder, si toca la calle lo va a perder, y esto es sin vuelta atrás”, insistió.

Al ser consultada sobre cómo se identificará a los manifestantes, indicó que “en toda la Ciudad hay cámaras, en los ferrocarriles y en distintos lugares donde pueden hacer un piquete” y dijo que “habrá también policía con cámaras para luego generar un sistema de identificación”.

En ese marco, aseveró que se está trabajando con el Renaper: “Vamos a identificar a todos los que cortan, sepan que tenemos la forma de hacerlo y que van a perder el beneficio. Si son inteligentes, se quedarán en sus casas o en el trabajo”, completó.

Respecto de los que manifestantes que marchen con niños, la ministra sostuvo que “habrá más cuidado con las mujeres y hombres que tengan menores. Se va a anotar a las personas que estén en esta situación para avisarles a los organismos sobre el cuidado de los chicos como por ejemplo, los centros de niñez que tiene cada jurisdicción” para “realizar un aviso a las autoridades sobre la responsabilidad de esos padres”.

Finalmente, sobre la provincia de Buenos Aires -cuyas autoridades dijeron que no acompañarán la implementación del protocolo- Bullrich indicó: “El viernes próximo vamos a hablar con el ministro de (Seguridad de) la provincia de Buenos Aires y trataremos de convencerlos de que la Argentina necesita paz y orden”

“La persona que corta será detenida si no se sube a la vereda. Les pedimos que no lleven esto a una situación de violencia extrema, hoy vamos a comenzar a ordenar el país y sepan que las formas de petición cambian, no será por medio de un piquete que alguien vaya a conseguir algo. El corte en la Argentina hoy empieza a terminarse”, concluyó la funcionaria.

La Justicia rechazó un habeas corpus contra el protocolo y Bullrich festejó

Un juez rechazó el pedido de habeas corpus colectivo presentado por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el dirigente del Partido Obrero, Néstor Pitrola, entre otras personalidades, para que se deje sin efecto el protocolo de orden público anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien celebró la medida que considera “completamente legal” su aplicación.

“Resuelvo rechazar las presentes acciones de habeas corpus”, señaló el juez de instrucción Gustavo Pierretti, en un fallo emitido este martes, en el que sostiene que en el pedido de habeas corpus no se dan “ninguno de los supuestos contemplados” en la Ley 23.098 de Procedimiento de este recurso.

La norma citada indica que “corresponderá el procedimiento de habeas corpus cuando se denuncie un acto u omisión de autoridad pública que implique la limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente; o la agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad sin perjuicio de las facultades propias del juez del proceso si lo hubiere”

“Lo resolvió la Justicia: ¡El protocolo para el mantenimiento del orden público es completamente legal!”, escribió Bullrich en un mensaje difundido desde su cuenta personal en la plataforma X (ex Twitter), donde publicó la resolución judicial.

En ese marco, además, la funcionaria afirmó que “solo quienes ignoran la ley y viven fuera de ella podían pensar lo contrario”.

Con información de agencias.

IG

Cuatro días antes de su coronación, el rey Carlos III cumplió con la formalidad ceremonial de dar su consentimiento a una nueva ley aprobada por el Parlamento que restringe el derecho a protestar y con la que decenas de personas fueron arrestadas durante su entronización. La mayoría eran republicanos que participaban en una concentración pacífica el sábado. Pero también fueron detenidos activistas medioambientales y hasta voluntarias de un programa del Ayuntamiento para prevenir ataques sexuales.

La nueva ley de orden público, en vigor en Inglaterra y Gales desde el 3 de mayo, fue descripta por el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU como “profundamente preocupante” y denunciada por organizaciones como Amnistía Internacional por incluso prevenir la intención de protestar pacíficamente. La coronación fue el primer test de la norma impulsada por el Gobierno conservador y aprobada en el Parlamento con la ayuda de la holgada mayoría tory. Es la segunda reforma en menos de un año para restringir el derecho de protesta.

Según los últimos datos de la policía metropolitana de Londres, 64 personas fueron arrestadas durante la operación para la seguridad de la coronación, la mayoría por posibles cargos relacionados con la protesta o la intención de protestar, incluyendo “alteración de la paz y conspiración para causar una molestia pública”. La nueva ley no sólo amplía los potenciales delitos ya incluidos en las anteriores, sino que endurece las penas, que pueden llegar a doce meses de cárcel y multas de 5.000 libras (5.700 euros). 

La justificación de Karen Findlay, la policía responsable de la seguridad durante la coronación, es que ya había avisado de que tendría “una tolerancia baja ante cualquier perturbación, fuera a través de las protestas o de cualquier otra manera” que pudiera “estropear la celebración”. 

El Gobierno británico defendió la actuación policial, aunque subrayó su distancia de los agentes y los arrestos. “La policía es operacionalmente independiente del Gobierno, toma estas decisiones en base a lo que cree que es mejor”, dijo este lunes el primer ministro, Rishi Sunak, que aseguró estar “agradecido” a los policías y otros funcionarios por lograr “que el fin de semana fuera tan bien, con tanto éxito y tanta seguridad”. 

Los detenidos

Entre los arrestados el sábado, estaba Graham Smith, el jefe de Republic, el principal grupo republicano del país y que había convocado las protestas. Smith contó que la policía lo detuvo a él y a otros cinco compañeros mientras estaban descargando pancartas de un camión sobre las seis y media de la mañana del sábado, antes de que empezara la coronación. Les quitaron los megáfonos y los altavoces que llevaban y sobre los que ya habían informado a los agentes. Smith estuvo 16 horas detenido.

A última hora de este lunes, la policía de Londres reconoció haber cometido un error al arrestar al grupo porque los agentes creían que tenían material con el que se podían encadenar al mobiliario urbano u a otras infraestructuras, un delito introducido por la nueva ley y dirigido sobre todo a castigar a activistas medioambientales. Smith insistió en que los tubos que tenían sólo eran para sujetar las pancartas, pero desoyeron sus quejas el sábado. El lunes, la policía reconoció que “después de revisar los objetos requisados y examinar las circunstancias” no había sido capaz de probar que hubiera “intención” de utilizarlos para encadenarse a nada y que “lamenta” estos arrestos en concreto. Las seis personas detenidas fueron liberadas de la fianza y no se tomará ninguna “acción” contra ellas.

La policía también reconoce ahora que los agentes que detuvieron a Smith y sus cinco compañeros no sabían que los republicanos llevaban meses en coordinación con otro grupo del departamento encargado de las protestas para asegurar una concentración pacífica.

“Nos dijeron repetidamente durante cuatro meses, hasta el viernes, que no estaban preocupados por nuestros planes de protesta, que eran conscientes de lo que íbamos a hacer y estarían en contacto con nosotros y no nos interrumpirían”, se quejaba este lunes Smith en el matinal de radio de la BBC. “Así que repetidamente nos mintieron sobre sus intenciones”.

Interrogado por el presentador de la BBC por el derecho de sus conciudadanos monárquicos a disfrutar de la celebración, Smith dijo: “Esto no es una excusa para robarle a la gente sus derechos. No es una excusa para arrestarla y detenerla durante 16 horas porque alguna gente quiere disfrutar de una fiesta”. 

Smith también criticó la nueva ley, que fue “aprobada a toda prisa” y, según él, en detrimento también de los agentes. “La ley significa que en este país ya no tenemos el derecho de protestar, sólo tenemos el derecho de protestar con el permiso de los jefes de policía y los políticos, y creo que esos policías están bajo una enorme presión de los políticos”, dijo. 

Los que sí protestaron

Pese a las detenciones, más de un millar de personas protestó en Trafalgar Square, en el recorrido del cortejo real, con grandes banderolas amarillas con eslóganes como “abolir la monarquía” y “no es mi rey” y pancartas que recordaban a Diana de Gales, Meghan Markle y Virginia Giuffre, que denunció al príncipe Andrés por participar en la red de prostitución de menores del multimillonario Jeffrey Epstein. Al paso de los reyes y sus familiares en varias carrozas, cientos de personas pitaron y gritaron. La concentración se disolvió de manera pacífica. 

Los republicanos insisten en que sus planes no eran ni una amenaza ni una sorpresa ya que estaban en constante diálogo con la policía metropolitana. elDiario.es presenció varias conversaciones entre agentes y manifestantes el día de la coronación y la noche anterior.

Antes de la coronación, Ken Wright, un ingeniero de software jubilado que llevaba una pancarta amarilla de “no es mi rey”, charlaba en tono cordial con los agentes. Ya que se le habían acercado varias veces, les había contado que un hombre le había intentado agredir en un parque, una de las preocupaciones de la policía por posibles peleas durante la coronación. “Era sólo un borracho que estaba tomando aire”, comentaba después Wright quitándole importancia. 

Activistas y voluntarias

La nueva ley de orden público fue concebida sobre todo contra activistas de grupos como Just Stop Oil, una organización que pide que Reino Unido deje de invertir en petróleo y gas y promueve acciones de protesta llamativas. En octubre, dos activistas lanzaron sopa de tomate contra Los girasoles de Van Gogh en la National Gallery de Londres. La explicación del Gobierno sobre por qué ha aprobado la ley menciona expresamente a este grupo y dice que sus acciones costaron millones de libras a la policía por el esfuerzo de vigilar y arrestar a sus miembros (más de 750 fueron detenidos entre octubre y diciembre de 2022, según la cifras de la policía metropolitana de Londres). 

Al menos 14 personas que llevaban camisetas de Just Stop Oil estaban entre las detenidas el sábado. Según escribió una portavoz del grupo en The Guardian, lo único que pretendían hacer era mostrar sus camisetas y enarbolar banderas con su lema cuando pasara la comitiva real. 

Entre los detenidos, también están al menos dos voluntarias de Night Stars, una organización del Ayuntamiento y asociada a la propia policía para prevenir ataques sexuales contra las mujeres en las calles de Londres. Las voluntarias suelen repartir silbatos, agua y chanclas (para quien quiere dejar los tacones). Pero, durante la coronación, los silbatos, cuyo objetivo es alertar sobre intentos de violación y otros ataques, fueron considerados por la policía como parte de un supuesto plan para utilizarlos como forma de protesta durante el desfile. La policía justificó las detenciones con la preocupación de que los silbidos pudieran asustar a los caballos. 

La concejala encargada de la protección pública en el centro de Londres, Aicha Less, dijo estar “muy preocupada” por estas detenciones y subrayó que el servicio de Night Stars es de sobra conocido por la policía y la comunidad para ayudar a las mujeres. “Estamos trabajando con la policía metropolitana para aclarar qué pasó exactamente”, dijo en un comunicado. Una fuente del Ayuntamiento de Westminster, el responsable del centro de Londres donde también está la abadía, sugirió que la presencia de policías de fuera de la ciudad hizo que los agentes no conocieran el programa, que está patrocinado por el Ministerio del Interior. Las voluntarias estaban identificadas con chalecos brillantes que llevaban también el logo de la policía. 

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo que “algunas detenciones suscitan preguntas” y que había pedido explicaciones a la policía.

No es “un país moderno”

Para los republicanos que protestaban en la coronación, la ley es una prueba más de que Reino Unido no es un “país moderno”. 

“Queremos una constitución moderna. Queremos que nuestros derechos estén consagrados ahí”, explicaba a elDiario.es James Shwerin, un abogado retirado de Newcastle que había ido este sábado a Trafalgar Square a protestar contra la monarquía vestido con traje, corbata y gorro de amarillo chillón, el color elegido por Republic. 

Él y su esposa, Janet, también de amarillo y que le acompañaba en silla de ruedas por una lesión en el pie, son miembros de la organización republicana desde hace cinco años. Shwerin describe como “horrorosa” la ley recién aprobada. “Ahora es ilegal causar molestia. Es ilegal ser inoportuno. Pueden mandar a la cárcel a alguien durante seis o 12 meses según lo que hagan sólo por protestar. Esto no es propio de un país europeo moderno”, decía el antiguo abogado. “Hacer preguntas sobre la monarquía se considera una actividad subversiva”, apuntaba Janet.

La ONU y Amnistía

La ley de orden público introduce nuevas restricciones al derecho a la protesta, que ya había sido limitado por otra legislación que entró en vigor en junio de 2022 y también invocada en las detenciones del fin de semana. 

Numerosas voces expertas en derechos humanos alertaron sobre las consecuencias de leyes que dan más margen de actuación a la policía y definen de manera genérica las posibles causas de “molestia pública” que puede ser citada como causa para órdenes preventivas de arresto sin que haya sucedido nada. 

“Es especialmente preocupante que la ley amplíe los poderes de la policía para parar y registrar a individuos, incluyendo los casos donde no hay sospecha, defina algunos de los nuevos cargos delictivos de una manera vaga y amplia, e imponga sanciones innecesarias y desproporcionadas para personas que organizan o participan en protestas pacíficas”, dijo Volker Türk, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, a finales de abril, cuando la nueva ley había sido aprobada por el Parlamento y sólo faltaba el consentimiento del rey, una formalidad que el monarca de turno cumplió desde hace más de tres siglos (si bien, en teoría, sigue teniendo el poder de parar las leyes).

Según el Gobierno británico, la ley cumple con la convención europea de derechos humanos, algo que organizaciones como Amnistía Internacional no comparten. 

“Según los estándares internacionales, se acepta que la protesta por su naturaleza puede ser molesta, y los gobiernos no deben aprobar leyes que tengan un efecto desalentador en la capacidad de las personas de ejercer esos derechos”, dice la organización que fue fundada en Londres en 1961 por un abogado indignado por la detención de dos estudiantes en Portugal que habían brindado por la libertad durante la dictadura de Salazar. 

El Partido Laborista, que votó en contra de la nueva ley en el Parlamento, no quiso aclarar este lunes si la derogará en caso de ganar las próximas elecciones generales, aunque reitera su oposición a la norma. Al ser preguntado por la opción de derogar la ley, David Lammy, portavoz laborista de Exteriores, dijo: “No podemos llegar al poder, recoger toda la legislación conservadora y derogarla. Llevaría mucho tiempo parlamentario. Necesitamos una agenda positiva”.

Los ciudadanos apoyan mayoritariamente en las encuestas a los laboristas, pero no tienen claro quién gestionará mejor el orden público. Antes de su aprobación, la mayoría respaldaba las medidas contenidas en la nueva ley, aunque creía que no pararían las protestas.

Los más contundentes en sus críticas este lunes fueron representantes de los liberaldemócratas, los verdes y el partido nacionalista escocés. 

Alister Carmichael, portavoz de Interior de los liberaldemócratas, dijo que la ley es “peligrosa e innecesaria” y que su partido se resistirá “a los intentos anti-democráticos del Gobierno conservador de silenciar cualquier oposición a sus políticas”. La diputada verde Caroline Lucas se quejó de la falta de compromiso claro de los laboristas y dijo: “La ley es profundamente intolerante y vimos el peligro que supone este fin de semana”.