¿Una herramienta para terminar con la pobreza estructural? Sí, teníamos. En Argentina, durante más de una década logramos construir una política que funcionó: la política nacional de integración sociourbana. Entre 2016 y 2023, con un amplio consenso político que trascendió gestiones, se creó el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Posteriormente, con el impulso de los propios vecinos de cada territorio, el Congreso sancionó la Ley 27.453 para llevar obras claves y trabajo mediante cooperativas a villas y asentamientos; al mismo tiempo, se diseñó un mecanismo de financiamiento innovador para darle impulso. En 2025, se eliminó el fondo que permitía financiar estas obras. ¿Por qué nos cuesta tanto sostener lo que sí funciona?

Aún hoy, más de 5,3 millones de personas viven en 6467 barrios populares. La informalidad urbana no es nueva: forma parte de la historia del país desde hace más de un siglo. Lo que sí es nuevo, y decisivo, es la capacidad que hoy tenemos para medir y caracterizar esa realidad. El RENABAP permitió por primera vez construir un diagnóstico homogéneo y detallado sobre las condiciones de hábitat en todo el país.

Los datos que surgen son difíciles de relativizar. Más del 92% de los barrios populares no tienen acceso seguro al agua, el 97% carece de cloacas y más del 98% no cuenta con gas natural. El 66% depende de conexiones eléctricas informales, muchas veces con riesgos severos de seguridad, y siete de cada diez barrios están expuestos a algún tipo de riesgo ambiental (como inundaciones, basurales a cielo abierto o contaminación de cuerpos de agua).

La inversión necesaria para resolver la brecha de infraestructura en los barrios populares supera los 27.000 millones de dólares. Esto implica sostener una inversión anual de aproximadamente 2250 millones durante 12 años. Sin embargo, desde 2024 la política de integración sociourbana sufrió un proceso de desfinanciamiento y desarticulación. En lo que va de 2025, el gasto ejecutado en programas de integración llegó apenas a 4,2 millones de dólares, es decir, el 0,2% de lo necesario. Frente a esta realidad, la tendencia es clara: se profundiza el déficit, se deterioran las condiciones de vida y crece la desigualdad territorial.

Frente a esta situación, desde Fundar y TECHO elaboramos el informe “De los barrios populares a la ciudad formal: aportes para un plan nacional de integración sociourbana”, que propone un camino concreto para reconstruir una política que llegó a generar consensos transversales y resultados tangibles. La primera línea es clara: implementar un plan nacional de infraestructura basado en criterios técnicos de priorización. Esto implica identificar dónde están los déficits más urgentes, dónde existen riesgos ambientales severos, dónde faltan conexiones formales y qué posibilidades reales tienen los gobiernos locales y las comunidades de sostener las intervenciones.

La segunda línea es avanzar en mecanismos de seguridad en la tenencia. Hoy, miles de familias viven sin ningún respaldo documental, lo que limita su acceso a derechos y las expone frente a desalojos. El Certificado de Vivienda Familiar (CVF), creado junto con el RENABAP, demostró su utilidad como una herramienta que reconoce el domicilio y habilita trámites y servicios. Para que tenga un mayor alcance, es necesario fortalecerlo, integrarlo con catastros y registros provinciales y consolidarlo como parte de un proceso progresivo hacia mayores niveles de seguridad dominial.

La tercera línea es innovar en el financiamiento. Con un volumen de inversión tan alto, no alcanza con depender del presupuesto anual. Se necesitan instrumentos como bonos sociales, fondos de inversión de impacto, mecanismos de captación de plusvalías urbanas y financiamiento subnacional, que permitan complementar la inversión pública. Integrar barrios populares no puede ser una política que cada gobierno reinicie desde cero: necesita estabilidad, previsibilidad y herramientas financieras acordes al desafío.

Pero hay algo más. Pensar la integración sociourbana no es un ejercicio técnico: es una decisión política sobre prioridades nacionales. Los barrios populares no son una anomalía urbana ni un “problema de las grandes ciudades”. Son una realidad que se extiende en todo el territorio. Están en las periferias metropolitanas, en ciudades intermedias y en localidades chicas.

Integrar los barrios populares es integrar la Argentina. No se trata de “llevar la ciudad” adonde no llega, sino de reconocer que esos barrios ya forman parte del país y merecen las mismas condiciones que el resto del territorio. Se trata de garantizar servicios básicos, pero también derechos; de construir infraestructura, pero también continuidad; de invertir en el hábitat, pero al mismo tiempo en una idea de igualdad que no deje a millones de personas por fuera del desarrollo.

La Argentina ya cuenta con diagnósticos rigurosos, información precisa y experiencia acumulada. Lo que falta es retomar, con seriedad, escala y compromiso, una política pública que no puede depender del ciclo económico ni de la coyuntura de turno. Integrar es posible. Mejor dicho, es urgente. Y es, sobre todo, una condición para cualquier proyecto de desarrollo que busque terminar con la pobreza estructural y para cualquier país que anhele no dejar a millones de personas atrás.

*Juan Maquieyra es director ejecutivo de TECHO Argentina y María Migliore, directora de bienestar compartido en Fundar.