La Cámara Federal de Casación Penal declaró hoy “inadmisible” el recurso de la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y confirmó al fiscal Carlos Rívolo en la causa que investiga el intento de magnicidio en su contra.

La decisión fue alcanzada por mayoría con los votos de los jueces Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma, mientras que el magistrado Alejandro Slokar se opuso por considerar que “prima facie aparecen satisfechas las condiciones de admisibilidad” para evaluar la solicitud de los abogados de la ex mandataria.

“La vía intentada no resulta procedente, en atención a que la parte no rebate de manera completa y acabada todos y cada uno de los argumentos tenidos en cuenta en la resolución recurrida, limitando la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes con el decisorio”, sostuvo Yacobucci.

Su colega Ledesma se expresó en la misma línea. “Comparto la posición del juez Yacobucci en punto a la inadmisibilidad de la vía intentada toda vez que en el caso existe doble conformidad judicial, a la vez que la querella no ha logrado demostrar la invocada cuestión federal que permitan habilitar la competencia de esta Cámara como tribunal intermedio”, aseguró.

La querella de la ex presidenta de Unión por la Patria había solicitado el apartamiento del fiscal Rívolo luego de acusarlo de haber filtrado el dato de que la una secretaría del diputado nacional Gerardo Milman había pedido ampliar su declaración testimonial en la misma causa que investiga la tentativa de homicidio. Según explicaron los abogados de Fernández de Kirchner, el presunto accionar del fiscal podría haber puesto en riesgo a la testigo Ivana Bohdziewicz en tanto allegados al ex legislador cercano a Patricia Bullrich intentaron averiguar qué contaría la secretaria ante la justicia.

ACM con información de agencias.

Gerardo Milman, diputado nacional de Juntos por el Cambio designó un abogado defensor en la causa que investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cometido el 1 de septiembre pasado. Al vicepresidente del bloque PRO se lo investiga por una supuesta alusión al hecho pronunciada días antes, en un bar cercano al Congreso Nacional.

Milman designó a Manuel Barros, quien fue abogado de Gendarmería Nacional y habría tenido participación como letrado en el caso Maldonado, según afirmó Sergio Maldonado. La jueza federal María Eugenia Capuchetti lo tuvo por aceptado, informaron fuentes judiciales.

La decisión del diputado, quien no está formalmente imputado en el expediente, sorprendió en los tribunales federales de Comodoro Py, donde fuentes judiciales explicaron que ahora quedó bajo la figura de lo que podría entenderse como una “autoimputación”.

“Oportunamente, y sin perjuicio de destacar mi ajenidad absoluta en el hecho que aquí se investiga, teniendo en cuenta que durante el curso de la investigación, en forma sistemática, se viene intentando vincularme de algún modo con la comisión de tal suceso, me presenté en autos a estar a derecho y designé abogado defensor de mi confianza frente a las acusaciones disparatadas, pero acusaciones al fin, que la querella viene formulando en este expediente (y también en forma pública)”, sostuvo Milman en la presentación.

De esta manera, el legislador podría pedir acceso al expediente en el que se lo investiga, mientras que el próximo 22 de junio la Cámara Federal porteña hará una audiencia de manera previa a decidir si ordena que se secuestre su teléfono celular para ser peritado. Capuchetti se había negado a disponer esta medida pedida por la querella de la vicepresidenta, debido a que Milman no está imputado.

La decisión de la jueza fue apelada, por lo que el Tribunal de Apelaciones convocó a la audiencia presencial que se realizará ante los jueces de la sala primera del tribunal de apelaciones Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

La querella, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, reclama el secuestro del celular de Milman con el objetivo de buscar algún elemento que permita acreditar o descartar si el diputado tuvo alguna vinculación con el atentado contra la expresidenta, el 1 de septiembre pasado.

Uno de los argumentos de la jueza para rechazar la medida solicitada fue que el diputado no se encuentra imputado, ya que la Ley de Fueros establece que para avanzar en una medida de estas características, se debería imputar al legislador la comisión de un delito.

La “pista Milman”

La llamada “pista Milman” se inauguró el 23 de septiembre pasado, cuando un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la magistrada Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador opositor referirse al atentado antes de que ocurriera.

“Cuando la maten yo estoy camino a la costa”, fue la frase que Abello le atribuyó a Milman en el bar Casablanca el 30 de agosto, cuando el legislador se encontraba acompañado de dos asesoras que ya declararon en el expediente y negaron que esa frase hubiera sido pronunciada.

La medida del secuestro del teléfono celular, que hasta ahora fue rechazada por la jueza, también fue reclamada la semana pasada por el fiscal Carlos Rívolo, en una posición sostenida ante la Cámara Federal porteña: “Es menester señalar que lo requerido tiene el carácter de pertinente y conducente, en atención a la gravedad del hecho investigado y a la vinculación del mencionado al objeto procesal”.

“No existe otra vía alternativa para obtener la información de su celular y determinar la intervención o no del señor Milman. Esta intervención, como bien recuerda mi colega de grado, fue abonada por la querella y marcada por las testimoniales indicadas”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal ante el tribunal de apelaciones.

“La pertinencia se localiza en este caso en la necesidad de determinar si el señor Diputado Nacional se encuentra efectivamente vinculado al hecho según los términos de las testimoniales incorporadas al legajo (Abello y Bohdziewicz)”, agregó el fiscal.

La exsecretaria de Milman, Ivana Bohdziewicz, declaró que el legislador le había facilitado un “perito” para que borrara información de su celular, cuya maniobra se habría realizado en su presencia, en una oficina que atribuyó a la exministra de Seguridad y titular en uso de licencia del PRO, Patricia Bullrich.

Bohdziewicz es una de las dos mujeres que acompañaba a Milman en el bar Casablanca el día en el que el testigo Abello dijo haberlo escuchado referirse al atentado contra la vicepresidenta, días antes de que ocurriera.

La “pista Milman” está bajo investigación en la causa que tiene delegada el fiscal Rívolo, quien el lunes pasado pidió enviar a juicio oral la parte de la causa en la que están detenidos los procesados como autores materiales del hecho, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y como “partícipe secundario”, Gabriel Carrizo.

En ese dictamen, Rívolo remarcó que debe seguir la investigación en pos de establecer si hubo autores intelectuales. Sin embargo, la querella se opone a que el caso vaya a juicio aún y reclamó que se ordenen nuevas medidas de prueba.

La medida que sí habilitó la jueza en relación a la pista Milman era un entrecruzamiento de llamadas limitado al análisis de las llamadas entrantes y salientes de los imputados: allí debía buscarse que existieron comunicaciones entre ellos y el diputado nacional o alguna de sus asesoras.

Ayer jueves, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial (Dajudeco) informó que entre el 1 de agosto del 2022 y el 2 de noviembre del mismo años no existieron comunicaciones entre esos dos grupos de personas.

LC con información de agencia Télam

El fiscal federal Carlos Rívolo pidió enviar a juicio a Fernando Sabag Montiel y a su novia Brenda Uliarte como coautores del intento de asesinato de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina kirchner, el pasado 1 de septiembre en inmediaciones de su departamento de Recoleta. También insistió en que vaya a juicio el denominado “jefe de los copitos”, Nicolás Carrizo, como partícipe secundario.

La fiscalía, la cual tiene delegada la investigación, es quien hizo el pedido en momentos en que la Vicepresidenta, quien es querellante en la causa, solicita más medidas de prueba y vincula a sectores de la oposición como ser el diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman.

Es que 48 horas antes del atentado, un asesor legislativo del bloque de Frente de Todos declaró que en un café cercano al Congreso hubo una reunión enter Milman y dos asesoras suyas, y en el que el legislador le dijo que tenía previsto irse a la Costa Atlántica “cuando la maten” a la Vicepresidenta.

Si bien Milman no fue imputado sí se está investigando a sus secretarias sobre si dijeron o no la verdad respecto a que eso que se le atribuye a Milman es falso.

En el pedido hecho ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, el fiscal aseguró que los acusados actuaron de forma “premeditada”, esto es que “habían ideado un plan para llevar a cabo el asesinato” de Cristina Kirchner. 

“Aprovechándose de la confusión y desprolijidad que generaba la multitud de personas, Sabag Montiel extiende su brazo para pasar la primera línea de individuos que conformaban un cordón humano frente a la Vicepresidenta, apunta el arma de fuego que portaba en dirección a su rostro, la acerca a escasos centímetros y acciona el gatillo, al menos en una oportunidad, llegándose a escuchar incluso el click”, detalló la fiscalía.

La acción de Sabag Montiel fue interrumpida primero por los militantes que aguardaban saludar a la Vicepresidenta en la puerta de su casa, y luego por los custodios de la Policía Federal a cargo del cuidado de Cristina Kirchner.

Además de contar con las imágenes de las cámaras de seguridad y de las tantas que ese día estaban presentes frente al departamento de la Vicepresidenta, el fiscal se valió de otra gran cantidad de pruebas. Entre ellas, los mensajes que Sabag Montiel y Uliarte se mandaron planificando el hecho desde muchos días antes, incluso con la idea de llevarlo a cabo antes, y de los contactos que ellos tuvieron con terceras personas. 

Tal fue la planificación que hasta idearon alquilar un inmueble cercano a la vivienda de la Vicepresidenta y desde un balcón atentar con un arma de fuego, algo que finalmente desistieron según surge de esas conversaciones. 

Respecto a Carrizo, detenido semanas después del hecho, la fiscalía valoró una conversación minutos después del fallido atentado entre él y Uliarte, donde él pensaba que Sabag Montiel había utilizado un arma de fuego provista por él.

“Estamos decididos a matarla a la puta esa”, dijo Carrizo quien además mantuvo una conversación con otras personas donde les hacía saber que él había participado en la planificación del hecho. 

“Corresponde mencionar que, durante la instrucción, al menos hasta este momento y luego de haberse producido numerosas medidas tanto por esta Fiscalía como por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), no se ha podido corroborar, tanto que el ataque investigado haya requerido de una financiación específica, como que los imputados hubieren recibido financiación externa o pago alguno para llevarlo adelante”, concluyó la fiscalía.

“Respecto a la financiación del ataque, resulta objetivo e incontrastable que la logística y la materialidad del acto en sí, no requirió de una gran inversión de dinero u otros recursos, dijo el fiscal y tuvo en cuenta que el arma utilizada incluso pudo llegar de forma gratuita a Sabag Montiel ya que la misma pertenecía a un amigo suyo que había fallecido tiempo atrás y con el cual el ahora acusado había convivido.

“En cuanto a una posible financiación o pago directo a los imputados, la prueba incorporada también permite, por el momento, descartarlos. Sobre ello, indicó que Sabag Montiel apenas tenía ingresos de dinero por trabajar con una aplicación de traslados y ella contaba con un plan asistencial de la ANSES. Carrizo era quien les había cedido a ellos la maquina de hacer copitos de azúcar para poder trabajar en venta ambulante en la vía pública. 

“Los nombrados no recibieron durante los dos años previos al atentado ninguna suma de dinero que hiciera presumir que hubiesen sido financiados para llevar adelante un hecho como el aquí investigado, pues todas las transferencias e ingresos analizados guardan absoluta correlación con las actividades informales que los nombrados realizaban para subsistir”, indicó la fiscalía.

También Rívolo se refirió a la posible vinculación de los imputados con algún partido político o agrupación. “No surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso”, dijo.

“Tampoco lo dicho por los testigos apuntó en dirección a terceras personas, o a la relación de los imputados con agrupaciones o partidos políticos, etc. Toda la prueba reunida hasta aquí revela que los imputados llevaron a cabo el acto por sí solos”, sostuvo.

Ahora la jueza correrá vista a las partes, defensas y querella para que opinen, y luego definirá si la causa pasa a instancias de juicio oral para juzgar a los 3 detenidos. No obstante, un tramo de la causa podría seguir bajo investigación si faltan medidas de prueba por delante. 

Con información de NA.

IG