La directora y productora Patricia Franquesa viajaba a Madrid en verano de 2019 para un encuentro con el que intentar levantar alguno de sus proyectos. Antes de la reunión quedó con una expareja en el centro de Madrid. Exactamente en el bar Brillante situado cerca de la estación de Atocha. Allí, mientras ambos tomaban un café, alguien abrió su mochila y se llevó su notebook. El golpe fue duro no sólo por lo físico sino porque dentro estaba el material que debía presentar. Dossiers de sus películas, guiones, presentaciones… Todo se encontraba dentro del ordenador sustraído. Fue a la policía y denunció el robo, consciente de que poco más se podía hacer.

Lo que no sabía es que lo peor no había ni siquiera empezado. Poco después, un amigo le escribió un mensaje y le dijo que había recibido un correo electrónico muy raro que incluía imágenes íntimas de ella. Franquesa tardó un día en darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando recibió un email con un mensaje muy directo explicándole que si no quería que aquellas fotografías fueran enviadas a todos sus amigos, familiares y contactos laborales; debía pagar una elevada cantidad de dinero. Solo había dos opciones: o pagar o ver cómo su intimidad se publicaba sin su permiso.

La cineasta tomó dos decisiones. La primera, obviamente, fue acudir de nuevo a la policía. La segunda, o quizás el orden es intercambiable, fue convertir aquella pesadilla en el material de un documental narrado en primera persona que ahora vio la luz en el Cinema Jove tras viajar por festivales como el prestigioso SXSW. Aquella extorsión sexual es el centro de My sextortion diary, donde a través de los mensajes, audios de WhatsApp, vídeos de móvil y denuncias policiales construye un filme que funciona como thriller, pero que muestra la indefensión ante los delitos de extorsión sexual como el que ella sufrió.

La inacción de la policía y el laberinto burocrático en el que se encontró no fue lo peor. También fue juzgada en aquellas comisarías, que la hicieron sentir culpable por haberse hecho unas fotos íntimas. Sintió vergüenza, miedo e incomprensión. Y todo ello lo utilizó como gasolina creativa en este trabajo original y que pone en el foco un tema del que no se habla lo suficiente. Ella tuvo claro que tenía que hacer algo con lo que estaba ocurriendo. Recuerda cómo un día después, cuando fue consciente de que estaba sufriendo chantaje, fue a la policía y le dijeron que no había nada que hacer, que esas fotos se iban a enviar y que lo único era mandar un e-mail disuasorio a sus contactos.

Fue escribiendo ese correo cuando en internet empezó a descubrir conceptos como el de sextortion y a leer numerosos testimonios. Ahí se dio cuenta de que tenía que hacer el documental. “Me di cuenta de que no es una cosa solo mía, sino que le está pasando a todo el mundo, entonces dije, ¿cómo no voy a hacer un documental siendo documentalista?”, dice casi cinco años después y sin que todo el proceso judicial haya concluido. 

Escribió lo que define como su “relato emocional”, y creó un excel donde cada pestaña era un día en el que iba reconstruyendo y completando con el material que tenía. Algo que también le sirvió para descubrirse como persona en cuanto a la forma en la que actuaba en todos los grupos de WhatsApp y redes sociales. “Me di cuenta que era una amiga muy pesada, que cuenta mucho y que daba mucho a los demás. Es interesante porque cuando te autonarrás, te ves, y a veces lo que ves no es siempre placentero”, dice con el humor que está siempre presente en su película.

Estoy reapropiándome de mi privacidad. Al final, al yo enseñar mi privacidad lo que hago es una carta de vuelta al hacker. Es un poco de justicia poética

Patricia Franquesa — Cineasta

Esa culpabilización de la víctima, sobre todo si es mujer, que sufrió en aquel momento, reconoce que sigue existiendo. “El otro día salió un artículo de la película y los comentarios en redes sociales y a la noticia eran una salvajada. Me preguntaban que por qué me había hecho y tenía esas fotos, y yo me rebelaba, porque yo puedo tener lo que me dé la gana. Pero parece que pensaban que me lo merecía. Hay algo como de bullying en la sociedad. Hundir más a alguien que ya es una víctima. Otros me decían, bueno, no es para tanto, publica las fotos y ya está. Y yo ahora les digo, venid a ver la película y veréis todo lo que he pasado, porque es muy fácil comentar desde fuera, pero yo tenía 29 años, y era más o menos extrovertida, pero no fue fácil”, añade.

Finalmente, y ante la inacción de la policía y la justicia, Patricia Franquesa decidió reapropiarse de su relato publicando aquellas fotos en Instagram. Era la única forma de desactivar el chantaje del hacker que no cesaba. “Tuve que hacerlo, pero casi porque me obligaron, era lo único que podía hacer, y la película habla de ese proceso. Al final estoy yo contando mi historia, estoy reapropiándome de mi privacidad, y la película también habla sobre qué es la privacidad, qué es la vulnerabilidad. Al final, al yo enseñar mi privacidad lo que hago es una carta de vuelta al hacker. Es un poco de justicia poética, aunque no sé si ha habido justicia”, apunta la realizadora.

Resume lo que sintió en aquellos meses como si hubiera “un fantasma en tu casa”. Un fantasma que creó en ella un estado de desconfianza. Llegó a pensar que su expareja podría estar involucrada, y desconfiaba de cada llamada. Cuando lee sus mensajes de aquella época ve cómo creó una máscara fingiendo que no pasaba nada, pero sintiendo miedo por ese chantaje. Se sentía observada, juzgada y sin saber cuándo terminaría todo.

Su reapropiación tampoco pudo ser completa, ya que las normas de Instagram impidieron que ella las publicara tal como lo estaba haciendo aquel pirata. Esto provocó una ironía perversa, ya que el que comete el delito puede hacer lo que quiera con esas fotos, mientras que ella tuvo que ingeniárselas para poner gifs y emoticonos tapando lo que las redes sociales consideran inapropiado. Un relato valiente que pone el foco en una situación que es más habitual que lo que parece como ella ha podido comprobar en todos los sitios donde ha presentado el filme, donde se encuentra con gente que le cuenta su propia experiencia.

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que incorpora la violencia digital a la Ley 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres, conocido como Ley Olimpia, y que aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo.

El plenario legislativo aprobó por unanimidad -con 230 votos afirmativos- esta iniciativa que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, Provincias Unidas y la izquierda, en una sesión maratónica que comenzó ayer al mediodía.

El proyecto presentado originalmente por la diputada Mónica Macha (FdT) fue impulsado por la propia activista y sobreviviente de violencia digital mexicana Olimpia Coral Melo, que estuvo la semana pasada en Argentina y participó de la sesión en el Senado que dio su aprobación, junto a sobrevivientes argentinas de violencia en entornos digitales.

Macha afirmó que el proyecto de ley “es producto de la definición de distintas organizaciones como Gentic (Organización Género y TIC) y como el grupo de Ley Olimpia en Argentina” y destacó que “muchas de ellas son víctimas y sobrevivientes de la violencia digital y me parece que también es bueno cómo desde el feminismo y el transfeminismo nos organizamos para poner en esta agenda política temas que, tal vez, hasta ahora estaban acallados”.

La legisladora señaló que la definición de violencia digital “es aquella que se ejerce mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y que implique la obtención, reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales, material digital real, simulado, íntimo o de desnudez de las mujeres sin su consentimiento, discursos de odio de género, patrones estereotipados sexistas o que impliquen situaciones de acoso, amenaza, extorsión o control virtual, o acciones que atenten contra la integridad sexual o identidad digital de las mujeres a través de las TIC”.

Asimismo, Macha resaltó que la Ley Olimpia “se complementa” con la Ley Belén.

“La Ley Olimpia apunta a todas las instancias de prevención, de asistencia y acompañamiento a las víctimas y sobrevivientes de la violencia digital, mientras que, la Ley Belén lo que busca es la incorporación de la violencia digital como delito en el Código Penal, de modo que se pueda sancionar a aquellas personas que difunden material íntimo sin consentimiento, aquellos que suben el material y aquellos que lo difunden”, explicó.

Por su parte, la diputada de la UCR, Karina Banfi, celebró “el avance en el recorrido de este proyecto y esperamos también su pronta reglamentación” a la vez que destacó que “nos encontramos en un estado de necesidad con respecto a la violencia que se ejerce sobre las mujeres en el espacio digital”.

La iniciativa, que lleva el nombre de la activista y sobreviviente de violencia digital mexicana Olimpia Coral Melo, ya fue aprobado por ambas Cámaras del Congreso, pero volvió a Diputados por una cuestión técnica.

En México, Olimpia logró que 32 estados de su país tengan ley, propuestas similares se debaten en Ecuador, Guatemala, Honduras, Bolivia y Estados Unidos.

A partir de las modificaciones introducidas por la Cámara baja, el proyecto de ley plantea que se entiende por violencia contra las mujeres “toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el plano analógico o virtual, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal”.

Además, promueve los derechos y bienes digitales de las mujeres, así como su desenvolvimiento y permanencia en el espacio digital; y garantiza que se respete su dignidad, reputación e identidad, incluso en los espacios digitales.

Asimismo, la iniciativa establece la implementación de “un servicio multisoporte, telefónico y digital gratuito y accesible, en forma articulada con las provincias, a través de organismos gubernamentales pertinentes, destinado a dar contención, información y asesoramiento sobre recursos en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen, incluida la modalidad de violencia contra las mujeres en el espacio público” conocida como “acoso callejero”.

A su vez, plantea la obligación de promover programas de alfabetización digital, buenas prácticas en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de identificación de las violencias digitales en las clases de educación sexual integral como en el resto de los contenidos educativo y en la formación docente.

La iniciativa fue impulsada, originalmente, por organizaciones de la sociedad civil nucleadas en un colectivo denominado “Campaña contra la Violencia Digital” que vienen reclamando la ley a través de distintas acciones, que incluyeron una campaña online de recolección de firmas, con 35.000 adhesiones a través de la plataforma digital Change.org.

Quién es Olimpia Coral Melo

Olimpia Coral Melo nació en Huauchinango, Puebla; el 6 de julio de 1990. Es una activista mexicana reconocida como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2021 por la revista Time que impulsó la creación de una ley contra el acoso digital en México que lleva su nombre, la Ley Olimpia.

Después de sufrir extorsión por parte de una expareja que divulgó un video sexual de ella sin su consentimiento, inició una lucha de siete años para crear y promover una ley que penalizara estas prácticas.

En su juventud, su pareja afectiva divulgó un video privado con contenido sexual que rápidamente se viralizó en México. Este episodio tuvo repercusiones emocionales en Olimpia, quien cayó en depresión con intentos de suicidio como ha referido en entrevistas. A partir de esto, formó en Puebla la organización Mujeres contra la violencia de género y después se mudó a la Ciudad de México para fundar junto con otras mujeres el Frente Nacional para la Sororidad, para prevenir la violencia virtual y acompañar a mujeres que la hubieran vivido.

En marzo de 2014, cuando tenía 24 años, presentó una iniciativa de ley en el Congreso de Puebla. Tras su insistencia, logró que se reconociera la violencia digital y se sancionara hasta con seis años de prisión a quienes comparten materiales íntimos sin consentimiento en 2018. Hoy, al menos 28 estados de la República Mexicana reconocen esto como un delito. El 22 de enero de 2020, la Ciudad de México se sumó a estas entidades al publicarla en su Gaceta Oficial.

En 2019, cuando la ley había sido aprobada solamente en 11 estados de México, narró su historia a BBC Mundo, en la que subrayó:

En 2020 el municipio de Huauchinango, Puebla, le otorgó un reconocimiento para declararla huauchinanguense distinguida.

Olimpia Coral Melo fundó el Frente Nacional para la Sororidad, un colectivo cuyo primer objetivo fue dar acompañamiento a mujeres que vivían violencia digital. Después, comenzó a agrupar a feministas independientes y colectivas para tener presencia en diversas entidades de México. En la actualidad, el Frente tiene un grupo específico de defensoras de víctimas de violencia en internet, que contempla también atención legal, psicológica y acompañamiento.

Uno de los objetivos del Frente es seguir luchando contra la violencia digital y evitar que las mujeres sean vistas como objetos sexuales, al poner énfasis en que fotografiarlas o grabarlas implica validar una visión mercantil y sexual hacia ellas. Para sus integrantes, es fundamental la educación digital de todos los sectores de la población.

Con información de agencias.

IG

La “sextorsión” y la “pornovenganza” son algunos de los fenómenos de violencia digital que el avance de la tecnología digital trajo a la vida contemporánea a través de la manipulación y difusión de material íntimo no consentido.

Se trata de acciones ominosas que mancillan la dignidad de personas, especialmente mujeres, y dejan a su paso traumas y huellas psíquicas que en muchos casos no pueden desmontarse jamás.

El estigma moralizante que pesa sobre esas mujeres es doble cuando las víctimas, indefensas, no encuentran respuesta favorable en la Justicia, que se escuda en dudosos argumentos sobre la libertad de expresión. .

La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara baja, presidida por la diputada nacional Mónica Macha (Frente de Todos), logró dar un paso adelante este martes al emitir dictamen favorable sobre un proyecto denominado “Ley Olimpia” que busca cambiar el paradigma del tratamiento de la Justicia de estos flagelos, de manera tal que considere a las víctimas como tales.

El dictamen avalado por unanimidad fue el fruto de la unificación de dos proyectos: uno de Macha y otro de la diputada de Evolución Radical (Juntos por el Cambio) Danya Tavela.

Ahora el proyecto, que modifica el Código Penal y la ley de Protección Integral contra la Violencia de Género 26.485 para tipificar como delito la figura de la violencia digital a través de la extorsión y difusión no consentido de material digital sexual, deberá tratarse en la comisión de Comunicaciones e Informática que preside el también oficialista Pablo Carro.

Este cuerpo no logró reunir quórum este martes para sumarse al plenario que tenía como cabecera la comisión de Mujeres, y por eso el tratamiento queda pendiente para una próxima instancia.

La iniciativa había sido presentada en julio pasado con la presencia de la ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta y está inspirada en la “Ley Olimpia” que se sancionó en México en 2021 en homenaje a una joven mexicana que fue víctima de “porno extorsión” y “porno venganza” por parte de una ex pareja que divulgó una video sexual de ella sin su consentimiento.

La ley Olimpia mexicana es considerada una norma modelo en materia de legislación contra la violencia digital de género, abordando los delitos que violan la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, sancionando la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo.

Al inicio de la reunión de comisión, Macha explicó que el proyecto en debate “se complementa con la Ley Belén” que abreva en sanciones penales a la violencia digital de género.

La diputada del FdT afirmó que la violencia en redes sociales “tiene más efectos en las vidas reales”, y al respecto señaló que “las redes sociales se han convertido en territorio de exposición”.

“La violencia por motivos de género es una pandemia porque que se viralice contenido íntimo genera padecimientos psíquicos, ataques de pánico y aislamiento y necesita acompañamiento, pero es una forma más de violencia por motivos de género”, explicó.

Por su parte, Tavela destacó que la norma sobre la que se está trabajando “forma parte de las leyes de la época” y explicó que ese es el motivo por el cual se logró un consenso interpartidario tan amplio.

La opositora pidió “tener en cuenta el daño que genera la revictimización permanente de quienes sufren violencia digital”, y en ese sentido advirtió que se produce una “restricción a la libertad” de esas mujeres.

La vicepresidenta de la comisión, Silvia Lospennato (PRO) reconoció que “esto es un paso, pero nos queda trabajar sobre el Código Penal para que la Justicia pueda avanzar sobre el castigo en quienes ejerzan este tipo de violencias”.

“La violencia tiene dos objetivos, el castigo y el disciplinamiento, y busca el repliegue de las mujeres a sus vidas privadas”, indicó, y agregó que con esta ley se apunta a proteger “el derecho a la intimidad”.

Por su parte, la diputada nacional Ana Clara Romero (PRO) ponderó el trabajo de la comisión, al que calificó como “un gran avance para dejar de naturalizar cuestiones que padecen las mujeres en la calle, en sus trabajos o en la universidad”.

“Se las discrimina y se las hace cargo de situaciones de las que son víctimas y me parece muy importante que hayamos podido poner luz sobre esta situación”, acotó la chubutense.

La diputada nacional Florencia Lampreabe (Frente de Todos) trajo a colación el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner ocurrido el 1 de septiembre del 2022, y recordó que ese hecho aberrante fue la coronación de discursos de odio de género que circularon con intensidad en redes sociales, alimentados por los medios de comunicación.

 “Estos discursos de odio están cada vez más naturalizados y hay una relación directa entre los discursos de los medios de comunicación y las réplicas de las redes sociales donde hay estrategias para generar hostigamiento”, añadió la legisladora camporista.

Para la diputada María Rosa Martínez (Frente de Todos), “no es casual que los discursos de odio se hayan efectuado previo al intento de magnicidio y luego hayan desaparecido”, en tanto que mencionó el acoso en redes que padeció Florencia Kirchner, la hija de la vicepresidenta.

Con información de NA.

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