Cuando aún no abonó los salarios de febrero, la compañía agroindustrial Vicentin cerró en forma temporal dos de sus plantas, por la caída de contratos.

“En este momento se impone la protección de los activos, lo que permitirá un rápido arranque cuando esto sea factible”, indicó.

“Ante la imposibilidad de obtener contratos de fazón en tiempo oportuno para cumplir regularmente con los compromisos de la sociedad, y en espera de poder revertir la situación una vez que la incertidumbre del proceso judicial sea resuelta, se ha decidido ayer proceder al cierre seguro de todas las plantas en operación (Ricardone y Avellaneda)”, señaló.

El freno de estas operacionas amenaza a más de 1.000 empleados directos y a otros 3.000 puestos indirectos que están vinculados a la cadena productiva del complejo oleginoso. El gremio aceitero ya está en alerta máxima y anticipó que, si no se paga lo adeudado en los próximos días, se podrían activar medidas de fuerza.

Cabe recordar que la justicia de Rosario ordenó la semana pasada la prisión preventiva de cuatro exejecutivos de Vicentin: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti. Los imputados enfrentan cargos por asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta, en un caso que involucra aproximadamente u$s600 millones. Según la investigación, habrían falsificado balances, simulado operaciones comerciales y desviado fondos de manera sistemática, incluso durante el proceso de concurso de la empresa.

MU con información de la agencia NA

La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, deslizó que el Gobierno podría denunciar a empresas de colectivos por la “retención indebida de subsidios que le corresponden a los trabajadores” y afirmó que el paro en el sector en realidad es “un lockout patronal”.

“Es un lockout patronal, en la medida en que se agotó la etapa de la paritaria y definimos un incremento salarial”, sostuvo la funcionaria nacional.

En diálogo con Sin Relato, el programa que conduce Antonio Fernández Llorente en Splendid-AM 990, la titular de la cartera laboral señaló que luego de que se establecieran los aumentos a los sueldos de los choferes de colectivos el Ministerio de Transporte “transfirió la plata y las empresas no han liquidado esos incrementos, aduciendo que tienen mayores costos en otros rubros y en función de eso tienen de rehén a los trabajadores, que decidieron hacer una retención de tareas”.

Al ser consultada sobre cómo puede actuar el Estado ante esta situación, Olmos indicó que podría avanzarse con “una denuncia de Transporte, que es quien transfiere el dinero, ante la retención indebida de los subsidios que le corresponden a los trabajadores”.

Además, aclaró que desde el Ministerio de Trabajo están realizando “una fiscalización respecto a cómo están liquidando los salarios”.

Por otra parte, la integrante del Gabinete también se refirió a la protesta que afectó al tren Sarmiento: “Es una interna entre dos sectores jerárquicos, que no tienen capacidad de parar y uno de esos sectores lo que hizo fue colocarse bloqueando la salida de los trenes y estamos trabajando, tratando de resolver esa situación”.

“Estoy negociando, estamos conversando y tratando de resolver la situación”, manifestó Olmos, quien aclaró que no se puede dictar conciliación obligatoria “no hay un paro definido”.

Con información de NA.

IG