Este domingo 8 terminó la Consulta Popular Ciudadana que abrió la Provincia de Buenos Aires para la nueva Evaluación del Impacto Ambiental de la planta de Atanor ubicada en la localidad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, cerrada desde el 20 de marzo tras la explosión. En términos legales, la consulta no es para que la gente diga si la planta tiene que reabrir o no, sino para que opine sobre si se le debe otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental. Pero eso, por supuesto, se encuentra ligado a si permitirán o no que retome sus tareas.

“La consulta no es vinculante, es decir, el Ministerio no está obligado a acatar la posición mayoritaria pero en caso de que la decisión sea contraria a ésta, el Estado provincial deberá dar fundamentos razonables para su posición”, explica a elDiarioAR Fabián Maggi, abogado de las vecinas y vecinos que denuncian a la empresa desde hace años por contaminación.

En paralelo, el Poder Judicial también debe determinar si la planta está en condiciones de reabrir o si da lugar al pedido de relocalización de vecinas y vecinos, mientras que en el fuero penal se dirime si los directivos de la empresa y funcionarios de organismos de control fueron responsables de infringir la Ley de Residuos Peligrosos por los vertidos de fluidos contaminantes al Río Paraná.

En medio de estos litigios, las y los trabajadores temen perder sus puestos laborales en un país donde la mitad de la población se encuentra bajo la línea de pobreza. Una tensión que se reedita en cada situación donde el cuidado del ambiente y la salud se enfrenta con las necesidades inmediatas de empleo.

La gota que colmó el vaso: la explosión

“Esa noche fue terrorífica. Nos despertamos a las 4 por la explosión. Al rato nos empezaron a arder los ojos, la garganta y entonces ahí ya presentimos de dónde podía venir. Durante horas nadie nos dijo qué hacer, nos fuimos avisando por chat entre los vecinos”, recuerda Gabriel Godoy en diálogo con elDiarioAR sobre la madrugada del 20 de marzo pasado.

Gabriel es vecino del Barrio Química y vive a dos cuadras de la planta de Atanor ubicada en San Nicolás: “Al ratito empezó a caer un polvo blanco como si fuera una lluvia y el viento comenzó a llevarlo como para el oeste, los vecinos nos pusimos del lado para el que no iba el viento y filmamos y sacamos fotos. La policía llegó al rato, el municipio nada, y nadie sabía qué hacer. Por ejemplo, algunas personas querían sacar el polvo con agua y el producto reaccionaba y tiraba vapor, entonces era peor. Yo llamé a los bomberos y nos dijeron que nos encerráramos dentro de nuestras casas, Atanor dijo en un momento que había que lavar con agua y soda cáustica, o sea, nadie sabía nada”, describe sobre el desconcierto que atravesaron aquella madrugada.

Empezó a caer un polvo blanco como si fuera una lluvia. La policía llegó al rato, el municipio nada, y nadie sabía qué hacer. Algunas personas querían sacar el polvo con agua y el producto reaccionaba y tiraba vapor

Gabriel Godoy — Vecino de San Nicolás

En un comunicado, la firma explicó que las explosiones se originaron por “un incremento de presión en el proceso de síntesis química de atrazina”, uno de los herbicidas producidos por la empresa. “Esto dio origen a un incendio en el sector de aminación de la planta –continuó el comunicado– que requirió la intervención de los bomberos de San Nicolás y Ramallo, quienes prontamente pudieron controlar el foco”.

Por el hecho, un operario sufrió heridas graves por el derrame de ácido y fue trasladado de urgencia a la ciudad de Rosario, estuvo varias semanas en terapia intensiva y sobrevivió.

Días después, estudiantes y docentes de la escuela 17 debieron retirarse del establecimiento luego de sentirse descompuestos.

El 22 de marzo, dos días después de la explosión, la organización ambientalista Greenpeace tomó muestras en dos sitios seleccionados aleatoriamente cercanos a la fábrica: “La atrazina, un compuesto tóxico utilizado como herbicida, fue detectada en todos los puntos muestreados, que se encuentran en un radio que va desde los 150 a 350 metros de distancia con la planta”, informó la ONG en un comunicado el 4 de mayo. 

“Después de la explosión la empresa retiró tierras superficiales de los lugares más visibles pero eso no es una remediación, de hecho hay contaminación dispersa en muchísimos lugares”, describe Maggi.

Tras la explosión, el Juzgado en lo Correccional N° 3 de San Nicolás dictó una medida cautelar suspendiendo todas las actividades de la planta.

“En este marco se viene desarrollando una mesa de trabajo del Ministerio de Ambiente de la Provincia con la Autoridad del Agua, el Municipio de San Nicolás, los peritos del juzgado, el Conicet y la empresa Atanor para poder llevar adelante un correcto abordaje de la situación y garantizar que la empresa pueda comenzar a funcionar en forma segura, bajo condiciones controladas y monitoreadas”, informó el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires mediante un comunicado el 29 de agosto en el que anunciaba, además, la apertura de la participación ciudadana en el proceso para determinar si se le otorga el Certificado de Aptitud Ambiental a la planta. En la página se encuentra colgado el nuevo Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Gestión Ambiental presentado por Atanor en el que la empresa contempla el cierre de la Planta de Atrazina. 

“Soy empleado de Atanor hace más de 20 años y gracias a dios no tengo ninguna enfermedad relacionada a la planta. Siendo que estuve en varios sectores trabajando, hay mucha gente que se guía por comentarios y no saben todo lo que la planta realiza día a día para evitar inconvenientes en el medio ambiente”. Las palabras corresponden a Walter Godoy y se pueden leer en la consulta pública. Junto a él, unas 75 personas se expresaron a favor de que la planta se reabra, fundamentalmente justificándose en la necesidad genuina de trabajo. 

El resto de las 253 respuestas piden que la fábrica de Atanor continúe cerrada; la mayoría explica su historia contaminante, y muchísimos piden la relocalización, un reclamo histórico que entienden la necesidad de trabajar pero no quieren convivir con la contaminación que produce la planta.

Atanor y su larga historia contaminante

Atanor es una fábrica productora de agroquímicos que pertenece al grupo multinacional Albaugh LLC, una importante compañía de Estados Unidos con presencia en Canadá, México, Brasil, Argentina y países de Europa.

En Argentina cuenta con una planta en Río Tercero (Córdoba), Pilar (Buenos Aires) y la tercera en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos (Buenos Aires), con una extensión de 500.000 metros cuadrados. La empresa produce glifosato, atrazina y 2,4D, todos agroquímicos contaminantes y nocivos para la salud.

La atrazina, que es el químico que se encontró en los estudios de los días posteriores en las paredes y pisos de las casas de los vecinos, es un herbicida para el control de malezas en cultivos de maíz, sorgo granífero, caña de azúcar, té, entre otros. Entre los impactos documentados a la salud, la atrazina demostró ser un disruptor endocrino que, aún en dosis bajas, puede causar malformaciones congénitas, daños reproductivos y es un posible carcinógeno.

Según el “Informe técnico-científico sobre el uso e impactos del herbicida atrazina en Argentina –un documento de 2021 elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Red de Seguridad Alimentaria de Conicet–, la atrazina es uno de los tres plaguicidas más utilizados en el Argentina. Este mismo informe aclara que el producto se encuentra prohibido en 37 países. 

“Antes de que Atanor pusiera su planta en San Nicolás, en la década del 90, estaba instalada Compañía Química desde mediados de la década de 50. Pero la población del pueblo es muy anterior. Este dato es muy importante porque el argumento que utiliza la compañía para no desplazarse es que la fábrica se instaló antes que el pueblo. De hecho, la escuela 17 tiene 120 años. Igual, aunque las casas no fueran preexistentes, eso no les da derecho a llevarse puesta la vida”, dice Gabriel Godoy.

Y continúa: “Mucho antes de la explosión los vecinos ya vivimos con olores constantemente, y su intensidad depende exclusivamente del viento. Hace unos años, los mismos habitantes del barrio hicimos un censo vecinal en el que demostramos que tenemos al menos 200 muertes por cáncer”.

En 2014, el Foro Medio Ambiental de San Nicolás (FOMEA) presentó un amparo ante la justicia pidiendo el cierre de la planta y su relocalización. Pero recién nueve años después, el 6 de marzo de 2023 la Jueza Luciana Díaz Bancalari, titular interina del Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás, condenó a Atanor por contaminación, admitió que había provocado un daño irreversible al Río Paraná y la obligó a realizar distintas acciones de control y remediación. 

En el fallo, la magistrada reconoció además que la empresa Atanor se encuentra ubicada en una zona urbana a pesar de estar “dentro de la tercera categoría conforme artículo 15 de la ley 11.459 (...) que incluye a los establecimientos que se consideran peligrosos porque su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona graves daños a los bienes y al medio ambiente”, indicó que la planta funcionaba en un “marco de ilegalidad” y que no contaba con “autorización” para el vertido de efluentes gaseosos al aire ni líquidos en el Paraná. 

Entre las medidas que ordenaba la sentencia figuraban la inmediata suspensión de vertido de efluentes líquidos al Río Paraná, también los obligaba a realizar una evaluación de riesgo ambiental en términos cuantitativos, además de un estudio de perturbación del suelo con intervención del Conicet y convocaba a la Universidad Nacional de Entre Ríos a realizar un monitoreo de la calidad de aire en la población circundante, incluyendo domicilios particulares, entre otras.

Como parte de estos monitoreos el Departamento de Preservamiento y Mejoramiento de Recursos de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires remitió un informe en mayo de 2023 en el que constataba la presencia de plaguicidas en un muestreo realizado “en pozos de explotación y de los freatímetros (perforaciones para evaluar las napas de agua) existentes en la zona de producción de atrazina”: “La Atrazina o sus derivados (sobre todo la hidroxiatrazina) se han hallado con valores por encima del límite de cuantificación en todas las muestras”, dice el documento. 

“La empresa no cumplió con nada de lo que ordenaba la sentencia”, asegura Maggi y describe que también existen una causa penal en el fuero de la Justicia Federal, en la que los directivos de la empresa están imputados por el delito de infracción a la ley 24.051 (de Residuos Peligrosos); esto recuerda algo que parece una obviedad pero evidentemente no lo es: contaminar es delito“.

En esta causa penal, el fiscal Matías Di Lello le solicitó al juez Carlos Villafuerte Ruzo que, además de los directivos de la empresa, cite a prestar declaración indagatoria a ocho funcionarios de dos órganos de contralor provinciales (Autoridad del Agua y Ambiente bonaerense), a quienes imputó por su responsabilidad en la contaminación ambiental del río Paraná y el suelo de la zona.

Finalmente, Maggi señala que “también sigue abierta una causa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque el derecho a un ambiente sano es un Derecho Humano fundamental reconocido por pactos internacionales; entonces por ese motivo y fundado en que el Estado argentino no ha cumplido con la protección de ese derecho, se recurrió a esa instancia porque se ha violado la garantía de protección judicial por falta de resolución en plazo razonable; recordemos que estas causas por contaminación contra Atanor llevan diez años y todavía no hay una resolución justa”. 

En las últimas semanas, la jueza Díaz Bancalari también instruyó a que se realicen nuevas pericias por parte de investigadores de Conicet para determinar las condiciones de la planta.

Tras seis meses con la planta clausurada Gabriel Godoy cuenta que los olores disminuyeron. “La estrategia de la empresa es enfrentar a los trabajadores con los vecinos, es terrible. Hubo varias reuniones de entes oficiales, autoridades, gente de Atanor, vecinos, también la jueza, investigadores de Conicet y ahora estamos en esta etapa decisión. Nosotros entendemos la necesidad de trabajar, sabemos el momento que estamos atravesando, por eso pedimos que la planta se relocalice, que se ubique en un lugar donde esté alejado. Es terrible llegar a cada reunión y escuchar a la gente que se le murió el padre, la madre, el esposo, la hija, todos de cáncer. Esperamos que la Justicia nos escuche y podamos terminar con esta historia y dejar de vivir con miedo”, concluye Gabriel. 

NC/MG

Javier Milei cumple dos meses como presidente de la Nación y todavía no tiene sancionada su ley, esa primera norma que todo jefe de Estado le pide al Congreso al iniciar de su gestión y que le sirve de base para implementar su plan de gobierno.

El mandatario envió el 27 de diciembre el proyecto Bases pero la iniciativa se cayó esta semana, en plena sesión, por falta de apoyo opositor. En paralalelo a este proceso sin final feliz para la Casa Rosada, dictó un decreto, el 70/2023, con más de 300 medidas que entraron en vigencia de inmediato. Sin embargo, varias de ellas ya están sin efecto por decisión de la Justicia después de numerosas presentaciones en contra.

La situación de ambos instrumentos no solamente indica que el de Milei es un gobierno débil sino que abre interrogantes hacia el futuro: cómo logrará avanzar en el tan prometido achicamiento del Estado, en la privatización de las empresas públicas y, entre otros propósitos, en modernizar la legislación laboral (la pretendida en el súper-DNU ya fue anulada por la Justicia).

Como Milei no puede no gobernar, porque es el presidente de la Nación, no le queda otra opción que insistir por alguna de las tres vías que ofrece el diseño institucional argentino para avanzar con su agenda: volver a impulsar el proyecto de ley Bases o bien presentar otro u otros; dictar más decretos o convocar a un plebiscito. ¿En qué consiste cada una y qué ventajas y desventajas tienen?

La ley

Es el instrumento más legítimo y democrático para sancionar normas de carácter general y obligatorio. Para que una ley sea aprobada debe contar con el apoyo de la mayoría de ambas cámaras del Congreso (en la mayoría de los casos, de los presentes en el recinto; en otros casos se exige que sea la mitad más uno de los integrantes del cuerpo) y ser promulgada por el Poder Ejecutivo. Eso, así de elemental como una clase de Educación Cívica del secundario, en el gobierno de Milei no parece estar del todo claro.

La ventaja de la ley es que respeta la división de poderes y el equilibrio entre las fuerzas políticas, y que otorga mayor estabilidad y seguridad jurídica a las medidas adoptadas. La desventaja es que requiere de un amplio consenso y negociación, lo que puede demorar o dificultar el proceso legislativo.

En el caso de Milei, la opción de la ley parece la más complicada, ya que su partido, La Libertad Avanza, no sólo no tiene mayoría propia en ninguna de las cámaras sino que dispone apenas del 10% de los senadores y el 15% de los diputados, y enfrenta una oposición intransigente del peronismo, que es la bancada más numerosa en ambas cámaras, además de la izquierda e inclusive algunas expresiones minoritarias de la oposición dialoguista: el radicalismo; Hacemos Coalición Federal, ese variopinto bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto, y otros espacios que gobiernan provincias.

Sólo los bloques de diputados y de senadores del PRO, el partido del presidente Mauricio Macri, se decidieron a acompañar fielmente los planes de la Casa Rosada bajo el mando de Milei.

El Gobierno ya se equivocó con la ley ómnibus y, lejos de intentar acercar posiciones, el presidente Milei salió al día siguiente a tratar de “delicuentes” a los representantes de la “casta” que votaron en contra de su proyecto, además de mencionarlos en una lista de quienes votaron “contra el pueblo”. Antes los había tratado en un par de ocasiones de “traidores” y “coimeros”. Textual.

Podrá volver a intentarlo por esta vía, pero para que el gobierno de Milei tenga su primera ley sancionada —sin perjuicio del contenido— deberá empezar por fortalecer dos aspectos: la negociación y el decoro.

El decreto

Es un acto administrativo del Poder Ejecutivo que tiene fuerza de ley en determinadas materias y circunstancias. Para que un decreto sea válido debe estar fundado en una situación de necesidad y urgencia que lo justifique, y además no debe legislar en materias penal, electoral y tributaria, ni del régimen de los partidos políticos (la Constitución lo prohíbe).

La ventaja del decreto es que permite al Poder Ejecutivo actuar con rapidez y eficacia ante problemas que requieren una solución inmediata, sin depender del Congreso. La desventaja es que puede ser cuestionado por su constitucionalidad, legalidad o conveniencia, y ser derogado o rechazado por el Poder Legislativo o el Poder Judicial, que es precisamente lo que viene ocurriendo con el DNU 70/2023, aquel que fue anunciado por Milei en la cadena nacional del 20 de diciembre último.

Ese DNU, que pretende desregular la economía, elimina más de centenares de normas que considera “obsoletas” o “distorsivas”, y fue impugnado por varios sectores, que lo consideran “inconstitucional”, además de “autoritario” y “arbitrario”. La Justicia, en varios casos ya, les ha dado la razón a esos planteos.

Para Milei, dadas la circunstancia de hiperminoridad, la opción del decreto se presenta como la más tentadora, ya que le permitiría imponer su plan económico sin pasar por el filtro del Congreso, donde no tiene apoyo a menos que negocie. Pero el camino más corto y, por ende, más fácil no garantiza el cumplimiento del objetivo (a la vista está).

Es la moraleja del cuento de Los tres chanchitos: el trabajo, la perseverancia, la responsabilidad y la astucia son los valores que nos ayudan a enfrentar los problemas y a superar las dificultades. Se puede construir consenso sólido con la oposición, ladrillo con ladrillo, o dictar decretos de madera y proyectos de paja. Cada chanchito es libre de elegir cómo hacerlo.

El plebiscito

Ante estos escenarios adversos, aparece una tercera opción institucional: que se exprese el pueblo directamente. ¿Cómo se hace esto en la Argentina? Cada dos años, mediante el voto en las elecciones para la renovación de autoridades (naturalmente) y, durante los mandatos, mediante la consulta popular, también conocida como plebiscito.

La Constitución contempla la posibilidad de que el Presidente someta a consulta popular, por decreto, temas de interés general de forma no vinculante, es decir sin la obligación de que lo que diga el pueblo sea ley. El voto, en esta opción no vinculante de plebiscito, no es obligatorio. Esta alternativa podría operar como una jugada política de Milei para meterle presión al Congreso, en el caso de que la consulta resultara aprobada.

El plebiscito sí puede ser vinculante pero sólo cuando es convocado a través de una ley del Congreso, donde justamente Milei ya ha fracasado por la incapacidad de construir mayorías. Si por un milagro en esta atípica coyuntura política hubiera una ley en tal sentido, y se realizara esta segunda opción de plebiscito, vinculante, el voto pasa a ser obligatorio. Y si la ciudadanía apoyara la propuesta, se convertiría en ley automáticamente.

El plebiscito, tanto el vinculante como el no vinculante, parece ser el camino más desafiante para Milei, ya que implica poner a prueba su popularidad y su capacidad de convencimiento. El Presidente ya expresó su intención de llamar a una consulta popular para ratificar su plan económico, en caso de que el Congreso rechace sus propuestas. Según las últimas encuestas, Milei aún conserva un alto nivel de aprobación pero también pesa sobre él un alto nivel de rechazo, lo que hace que el resultado de un hipotético plebiscito sea incierto, como el de su gobierno.

JJD

Luego del revés legislativo que sufrió el Gobierno nacional esta tarde, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dejó entrever la posibilidad de que el Poder Ejecutivo llame a un plebiscito para avanzar con el proyecto de reforma. “Él (Javier Milei) va a hacer todo lo posible para cumplir con el mandato popular”, expresó en diálogo con LN+.

“El Presidente tiene la decisión tomada desde el 10 de diciembre. Acá no importa lo que hagan los gobernadores y los legisladores. Lo va a ser con las herramientas que la Constitución le permite”, sentenció.

Este martes, la Cámara de Diputados resolvió que el proyecto “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” regresara a comisiones luego que fuera aprobada durante la votación en general la semana pasada. La decisión se tomó luego de que algunos legisladores retiraran su apoyo a artículos específicos del proyecto durante la votación en particular, como la delegación de facultades al Presidente en algunas áreas.

“No vamos a permitir la extorsión, ni que nos desguace la ley, ni que vayan en contra el cambio. Vamos a seguir adelante y vamos a dar vuelta a la Argentina”, sostuvo el portavoz ante esta situación y apuntó duramente contra algunos sectores políticos que, a su criterio, “no están a la altura”. “Hay que ver lo que la gente votó y la gente votó lo que propuso el Presidente. Los que obstruyen que la ley siga adelante son aquellos que quieren vivir en el pasado. Hay un status quo que no pretende ceder”, afirmó.

En línea con el lema “La Casta contra el Pueblo”, que se viralizó en redes sociales a partir de un tuit de Milei, agregó: “La casta sabe que está obstruyendo el cambio que la gente eligió. La ley se va a discutir y se va a terminar aprobando. La Argentina no va a salir adelante si no se desregula”.

Respecto de las consecuencias derivadas de la demora en la aprobación de la ley ómnibus, Adorni planteó que el ajuste tendrá que ser más profundo. “Ya lo explicó bien el ministro (de Economía) Luis Caputo. El tiempo que esperamos para salir adelante de la crisis será un poco más largo y el ajuste será mayor. Vamos a seguir en esa línea. El ajuste será mayor”, expresó.

Según consideró, lo más afectados serán los gobernadores, a quienes esta tarde Milei acusó por la falta de apoyo en la votación en particular.

ACM con información de Télam.

En el país donde el avance del fuego y las topadoras se llevaron más de 7 millones de hectáreas de bosques nativos, los desmontes ilegales y los incendios forestales causados por el ser humano no son castigados penalmente. Por esta razón, la organización ambientalista Greenpeace lanzó este lunes una consulta popular para que la ciudadanía opine si los desmontes ilegales y los incendios de bosques nativos deben ser considerados delitos penales.

En Argentina, se pierde una hectárea de bosques cada 2 minutos y más de la mitad de los desmontes son ilegales, informó la organización Greenpeace en base a datos oficiales. 

A partir de este lunes 10 de julio y hasta el 10 de octubre, la ciudadanía podrá votar si los desmontes ilegales e incendios forestales deben ser un delito penal en el sitio votaporlosbosques.org respondiendo una pregunta: ¿estás a favor de que se establezcan penas de prisión para los responsables de desmontes ilegales e incendios forestales? Los resultados serán entregados al Congreso de la Nación el próximo año.

“Los bosques tienen un rol fundamental en la regulación climática, en el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua, y en la conservación de los suelos. Concentran gran parte de nuestra biodiversidad, nos brindan maderas, alimentos y medicinas, y en ellos viven muchas comunidades indígenas y campesinas”, explicó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. 

“En estos momentos de crisis climática evidente, con efectos concretos en distintas regiones, no podemos seguir postergando las medidas que puedan proteger los ecosistemas frágiles”.

“A pesar de que en Argentina existe una muy buena Ley de Bosques, la mayoría de los desmontes son ilegales; todos los desmontes que se realizaron en la provincia de Chaco desde el año 2020 fueron ilegales, así como el 80% de los ejecutados en Santiago del Estero. Además, 120 mil hectáreas fueron afectadas en Salta y Jujuy por los incendios forestales y rurales”, informó la organización en un comunicado.   

“Es evidente que las multas no son suficientes, los empresarios suelen incluirlas como un costo más de producción”, afirmó Giardini. 

La emergencia en números

En los últimos 25 años, Argentina perdió más de 7 millones de hectáreas de bosques nativos, una superficie similar a la de la provincia de Entre Ríos. 

Sólo en 2022, la deforestación en el norte de Argentina fue de más de 110.000 hectáreas, cifra a la que si se suman los incendios, supera las 200.000 hectáreas afectadas. 

El 75% de los desmontes se concentran en cuatro provincias: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, en particular en los bosques del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica. 

ED/MG