En 2023, y a 40 años de retorno al régimen constitucional, la democracia en Argentina se deterioró debido a la creciente polarización política. Según el índice de Democracia publicado por The Economist, el país cayó cuatro lugares respecto del 2022 hasta el puesto 54 en el ranking mundial que abarca a 167 países.

El informe realizado por la Unidad de Inteligencia de dicha revista atribuyó el retroceso de la Argentina a la creciente polarización entre las principales fuerzas políticas, lo cual se acentuó durante la campaña electoral para los comicios presidenciales.

“El libertario de derecha, Javier Milei, de La Libertad Avanza y el candidato del partido peronista Unión por la Patria, Sergio Massa, y sus partidarios elevaron las apuestas de las elecciones a un punto álgido, argumentando que si perdían la democracia en Argentina estaría en riesgo”, explica el documento elaborado por el medio británico.

Lejos de ser la excepción, el caso argentino acompaña una tendencia de deterioro de los estándares democráticos a nivel mundial en el último año. El estudio revela que la media global de calidad de estos regímenes cayó a su nivel más bajo desde 2006, año en que se creó el índice: llegó a 5,23 de 10.

Las causas de este desgaste global son variadas e incluyen el recrudecimiento de conflictos armados en diversas regiones así como también el deterioro de la situación en países que ya se encontraban bajo regímenes autoritarios. De igual modo, la proliferación de la xenofobia y el sentimiento antiinmigración en múltiples países ha ido socavando la calidad democrática según el informe que tiene en cuenta la cultura política, funcionamiento del gobierno, proceso electoral y pluralismo; participación política y libertades civiles de las naciones.

La pérdida de confianza en los partidos políticos también juega un rol preponderante. Según el último informe de Latinobarómetro para el 2023, en América Latina, el 77% de los encuestados considera que estas instituciones no funcionan correctamente.

América Latina acumula ocho años consecutivos de deterioro democrático

Según advierten desde The Economist, con los resultados del 2023, Latinoamérica y el Caribe experimenta su octavo año consecutivo de retroceso democrático. Sin embargo, continúa erigiéndose a nivel mundial como la tercera región más democrática del mundo, detrás de América del Norte y Europa Occidental. Esta última zona es la única que no registró un deterioro promedio en lo que respecta a calidad democrática.

“El mayor retroceso se produjo en la subregión de Centroamérica, marcado por los descensos en El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras”, explicaron en el informe. Del total de 167 países, Nicaragua se ubica en el puesto 143 y es el país latinoamericano con peor desempeño. Junto con Venezuela (142), Cuba (135) y Haití (129), destaca como uno de los regímenes autoritarios de esta región.

En el extremo opuesto, Uruguay y Costa Rica son los únicos dos países de Latinoamérica que fueron clasificados como “democracias plenas”.

En tanto, El Salvador -donde recientemente se celebraron elecciones presidenciales y Nayib Bukele renovó su mandato por otros cinco años- fue catalogado como un “régimen híbrido”. A pesar de la celebración de comicios y el amplio apoyo a la política de seguridad aplicada por el mandatario, recientemente han aumentado las denuncias internacionales por presuntas detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos en el país.

Al igual que El Salvador (96), Guatemala (100), Honduras (95), México (90), Bolivia (106), Ecuador (85) y Perú (77) también fueron catalogados como regímenes híbridos.

Por su lado, Argentina califica dentro de los regímenes democráticos, pero “deficientes”. En esta misma categoría caen Panamá (48), Brasil (51), Colombia (55), República Dominicana (61) y Paraguay (74). Según el informe de la revista británica, este tipo de regímenes constitucionales cuentan con elecciones libres, pero presentan “debilidades significativas” en lo que refiere a participación política o gobernanza.

ACM

En las PASO de este año, el elector se enfrentará a un verdadero mar de boletas en el cuarto oscuro. No se trata sólo de las candidaturas nacionales. En los distritos como la Provincia de Buenos Aires que no adelantaron las elecciones provinciales el panorama será aún más complejo.

Para las categorías de cargos nacionales, hay 15 partidos políticos o alianzas electorales que presentan 27 fórmulas presidenciales. Casi triplica el número de candidatos de las PASO 2019, donde compitieron 10 fórmulas. Y si esto le parece mucho -amigo elector- piense que hay 237 listas para diputados nacionales y 84 listas para senadores nacionales (y sólo 8 provincias eligen senadores). Sume a esto 230 listas para candidatos a parlamentarios del Mercosur. Para cubrir 197 cargos nacionales se presentan 5076 precandidatos en las listas de 91 agrupaciones políticas.

No se trata de un brote de vocación por el servicio público, ni de la demostración del involucramiento de la ciudadanía en la política, ni del crecimiento de la confianza de los ciudadanos en los dirigentes. Los datos del Latinobarómetro muestran el creciente desapego ciudadano por la política, la falta de confianza que generan los partidos y los dirigentes y las recientes elecciones provinciales han puesto de manifiesto el aumento de la abstención electoral.

Y entonces, ¿por qué tantos partidos y por qué tantas listas? Algunas agrupaciones son absolutamente desconocidas y ni qué decir de la mayoría de los 27 candidatos a presidente, a los que estamos viendo en la publicidad que paga el Estado a todos los competidores. Llevamos casi tres semanas viendo y escuchando avisos de este tenor “Soy Juancito, y voy a solucionar todos tus problemas. Votame”, o “Soy Pepita. El país necesita una presidenta como yo”. Obviamente a Juancito y a Pepita los conoce sólo su familia y no estoy segura de que los vayan a votar.

La razón de esta proliferación de partidos y listas es muy sencilla. En ambos casos la respuesta es: un muy lucrativo negocio.

Un negocio para los “dueños” de esos partidos que son sólo un sello de goma, sin ningún arraigo en la sociedad. Los partidos registrados reciben fondos públicos tanto para su mantenimiento institucional, como para las campañas electorales, en las PASO y en las elecciones generales. Constituir un partido político es relativamente fácil. Creo que ha llegado el momento de revisar la legislación que regula a los partidos y su financiamiento. Es claro que hay que equilibrar el mandato constitucional de contribuir al sostenimiento de los partidos con la necesidad de evitar abusos y terminar con un negocio que no tiene nada que ver con el fortalecimiento de la democracia. Hay que hacer más exigentes los requisitos para crear y sostener partidos y hay que vincular el grueso de los fondos públicos al arraigo de los partidos en la sociedad, en función de los votos obtenidos, y no a la mera registración de la agrupación.

La segunda parte del negocio se refiere a la impresión de las boletas. Un lucrativo negocio para los “dueños” de estos partidos inventados y también para las imprentas contratadas por estos partidos. El Estado distribuye entre todos los partidos que compiten en una elección un aporte por boleta. En nuestro sistema, son los partidos los encargados de imprimir las boletas electorales. En el caso de las PASO, la ley dice que el aporte es igual para todos los partidos -sin importar si son grandes o pequeños, nuevos o viejos- y que corresponde al monto necesario para imprimir 1 boleta por el número de votantes en el padrón en cada distrito. Los electores en el padrón para este año son 35,394,425. Y por cada tramo de la boleta (cada categoría de cargo) que el partido presenta se pagan $ 2,92.

¿Les parece mucha plata, sobre todo para partidos que sacarán muy pocos votos? Pues el negocio de las boletas no termina ahí. Hace algunos años algunos partidos reclamaron que tenían derecho a recibir esa suma, no por agrupación, sino por cada una de las listas que presentaran. La Corte Suprema les terminó dando la razón, creando con eso un incentivo espectacular para la proliferación de listas.

En total, el Estado desembolsará en concepto de aporte por boleta para las PASO 11.433 millones de pesos.

El negocio de las boletas se solucionaría fácilmente -y con menos gasto para el Estado- si se adoptara el sistema de boleta única de papel, como el que existe en Santa Fe y en Córdoba y que es el sistema más utilizado en el mundo.

Dos incentivos sumados para los partidos-sellos-de-goma. Dinero público por crear el partido y más dinero público por presentar listas de candidatos; cuantas más listas, más negocio. Adicionalmente, como ni de cerca tendrán muchos votos, arreglan con alguna imprenta, imprimen menos boletas y se quedan con el resto. Este año la Cámara Nacional Electoral ha anunciado que aplicará controles más estrictos para evitar abusos.

Si se pueden introducir correcciones para acabar con estos negocios, ¿por qué no se implementan? El problema es que son los políticos en el Congreso y en el Ejecutivo los que tienen que votar y promulgar las leyes necesarias.

Probablemente el volumen del abuso y la visibilidad del derroche de fondos públicos que se ha alcanzado en esta ocasión, sumado al hartazgo de la ciudadanía frente a la política, genere la oportunidad de discutir estas reformas. Ya es hora.

Un total de 217 candidatos bajaron su participaron en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia de Buenos Aires después del entrecruzamiento de alrededor de 40.000 precandidaturas oficializadas por la Junta Electoral del distrito.

A fines de la semana pasada, el magistrado Alejo Ramos Padilla había detectado múltiples irregularidades. Se descubrió que varias agrupaciones tenían en sus listas a precandidatos que figuraban simultáneamente en categorías de orden nacional, provincial y municipal. En algunos casos, también aparecían en distintas listas internas de un mismo partido o en aquellas correspondientes a agrupaciones diferentes.

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, Frente Patriota Federal, Confianza Pública, Todos por Buenos Aires, Buenos Aires Primero, Hacemos por nuestro país, Proyecto Joven y Construyendo Porvenir son algunos de los espacios políticos involucrados. También destacan Justicia y Dignidad Patriótica, Partido Unidad Social, Movimiento de Avanzada Socialista, Política Obrera, Movimiento de Organización Democrática, Vocación Social y Partido Política Abierta para la Integridad Social.

Dada la situación de las quince agrupaciones, el Juzgado Federal N°1 de La Plata con competencia electoral las había intimado a regularizar sus listas y ajustarse al marco jurídico. El artículo 22 de la ley nacional 26.571 y el artículo 3 de la ley provincial 14.086 establecen que quienes se presenten como candidatos para las PASO sólo pueden hacerlo para una única agrupación, cargo y categoría.

Con información de agencias.