La Argentina realizará esta semana la presentación de un descargo argumental en la Justicia estadounidense para buscar sostener la suspensión de la entrega de acciones de YPF que ordenó la jueza Loretta Preska.

Los abogados del país presentarán ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York los argumentos pertinentes en favor de que se mantenga la interrupción de la ejecución del fallo de Preska.

De esta manera, se busca que el tribunal superior extienda la decisión durante todo el tiempo que dure el proceso de apelación de fondo. Actualmente la pausa estipulada para cumplir el dictamen se limita al lapso que dure las actuales presentaciones de las partes.

El escrito argentino se dará este martes 22 de julio, luego de que el realizado por los beneficiarios del fallo expresara a la Corte de Apelaciones de Nueva York que no desean quedarse con las acciones de la petrolera, aunque reclaman que Argentina deposite una garantía para tramitar la apelación.

Este cambio de posicionamiento de los beneficiarios del juicio por la expropiación de YPF, que obliga a la Argentina a pagar US$16.100 millones, se da tras el apoyo legal del gobierno estadounidense a la posición argentina mediante un amicus.

En medio de este mejor clima judicial, el país presentará sus consideraciones para evitar desprenderse de las acciones de la compañía en lo inmediato y poder transitar la apelación en la misma instancia bajo otro panorama.

En caso de que el pedido judicial sea rechazado, la orden de Preska se reactivará, obligando a la Argentina a cumplir para no enfrentar el riesgo de desacato que puede conllevar efectos negativos en los mercados internacionales.

La declaración de desacato en Estados Unidos hace referencia a la desobediencia de un fallo judicial y aunque no está previsto para un Estado, puede derivar en una multa y significar otro aliciente negativo que dañe la credibilidad en Argentina de la comunidad global y organismos crediticios, dificultando el acceso a los mercados internacionales.

Horacio Marín está a cargo del directorio de la petrolera y hasta que fue designado por el presidente Javier Milei, se desempeñaba como ejecutivo del grupo Techint y director de Exploración y Producción de Tecpetrol.

MP con información de NA

Axel Kicillof reapareció en escena con una extensa conferencia de prensa en la que, además de repasar las razones técnicas y políticas que llevaron a la expropiación de YPF en 2012, cargó contra el Presidente Javier Milei por lo que calificó como una “omisión deliberada” de la defensa jurídica del Estado en un juicio millonario. “Esta sentencia es un disparate jurídico”, sostuvo el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, en referencia al reciente fallo de la jueza de Nueva York Loretta Preska, que ordenó entregar el 51% de la petrolera como forma de pago a los fondos litigantes.

“Lo que se intenta imponer es el estatuto de una empresa privada por sobre la Constitución Nacional”, argumentó Kicillof. El fallo en cuestión no discute la potestad del Congreso argentino de expropiar una empresa, sino que condena al país por no haber realizado una oferta pública de compra al resto de los accionistas cuando se reestatizó la compañía. Así lo estipulaba una cláusula en el estatuto de YPF.

“Las acciones de YPF no se pueden entregar sin una ley del Congreso aprobada por dos tercios”, enfatizó. Y agregó: “No estuvo mal hecho el proceso de recuperación de YPF. La Argentina tiene razón y está defendiendo su soberanía”.

Kicillof fue más allá en sus críticas: “Milei está alineado con los fondos buitre, no con el interés nacional. Pone en riesgo la soberanía energética y el futuro de la Argentina”. Denunció que el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió que no se puede ir sobre acciones estatales, por ser bienes inmunes. “Esto es una agresión a la soberanía argentina. YPF no se vende, no se entrega y no se regala”, sentenció.

Preska ya había condenado a la Argentina en 2023 a pagar US$16.000 millones, pero el Gobierno de Alberto Fernández apeló. Cuando asumió Milei, en enero de 2024, debía presentar garantías para que esa apelación siguiera su curso. No lo hizo. “Fue esa desidia del Gobierno libertario la que permitió a los fondos buitre avanzar hasta la situación actual”, denunció Kicillof.

Los fondos beneficiarios son Burford Capital, del Reino Unido, y Eaton Park, de Estados Unidos. Burford compró en 2015 los derechos de litigio del Grupo Petersen, que había ingresado a YPF en 2007 sin desembolsar dinero, con la promesa de pagar con futuras ganancias. Esa “argentinización” de YPF se frustró tras la expropiación de 2012, cuando el reparto de dividendos se interrumpió y el grupo de los Eskenazi no siguió pagando.

En su intervención, Kicillof defendió su protagonismo en aquella expropiación, que se realizó mediante una ley aprobada por una abrumadora mayoría del Congreso: 208 votos afirmativos en Diputados y 63 en el Senado, incluyendo sectores de la oposición como la UCR, el socialismo, Proyecto Sur y bloques provinciales.

“Recuperar YPF fue una decisión basada en el interés público y en la Constitución Nacional. Repsol había convertido a la principal petrolera del país en una empresa que producía la mitad que antes, con reservas reducidas en un 50% y sin invertir un solo dólar en Vaca Muerta”, afirmó el gobernador.

Según Kicillof, la gestión privada de Repsol fue “una catástrofe energética y macroeconómica”. Argentina pasó de un superávit comercial energético de US$6.000 millones en 2007 a un déficit de US$3.000 millones en 2011, lo que obligó a importar energía a precios internacionales. “Nos dejaron sin autoabastecimiento y sin dólares”, sentenció.

El gobernador destacó también los logros posteriores a la expropiación: la producción de petróleo creció un 78% y la de gas un 18%, se puso en marcha el desarrollo de Vaca Muerta y en 2024 el país recuperó un superávit energético de US$5.696 millones. “Sin expropiación no habría Vaca Muerta”, remarcó.

Kicillof apuntó además contra el abogado Santiago Castro Videla, actual titular de la Procuración del Tesoro, por conflictos de interés. Recordó que uno de los socios de su estudio había asesorado a Burford en esta misma causa. “¿Quién está defendiendo a la Argentina?”, se preguntó.

En otro tramo de la conferencia, Kicillof advirtió sobre el retorno del discurso privatizador que hoy impulsa el oficialismo libertario. Lo dijo con énfasis: “Privatizar YPF fue una desgracia para la Argentina, y eso es lo que algunos sectores vuelven a proponer como receta mágica para todos los problemas”. Y enseguida, apeló a la memoria histórica: “Hay que recordar cómo terminó esa historia: con la pérdida del autoabastecimiento, el colapso de las reservas y una empresa saqueada”.

Luego apuntó directo al corazón del modelo de negocios que impuso Repsol durante su control de la petrolera: “Repsol vació YPF, pero sacó ganancias extraordinarias. Entre 1997 y 2010 distribuyó dividendos por US$14.000 millones, más de lo que pagó para quedarse con la compañía. El negocio fue brillante para ellos, desastroso para el país”.

Kicillof recordó sus diálogos con el entonces presidente de Repsol, Antoni Brufau, cuando él era viceministro de Economía: “Cuando se le planteó la urgencia de invertir, la respuesta fue: 'esto es una empresa privada, hagan otra cosa'. Ahí comprendimos que la única salida era recuperar el control de la compañía para ponerla al servicio del desarrollo nacional”.

Con gesto didáctico, explicó que la ley de expropiación aprobada en 2012 “no hablaba de las acciones individuales sino del control accionario”. Y remarcó que “por eso se expropió el 51% que estaba en manos de Repsol. Esa fue la base legal de toda la operación y fue respaldada por el Congreso con una mayoría amplísima”.

También hubo lugar para volver sobre el abandono de Vaca Muerta durante la gestión privada. “Repsol no invirtió un solo dólar en Vaca Muerta”, recordó. Y graficó: “Solo quería vender pedazos del yacimiento en presentaciones internacionales. Sin la recuperación de YPF, ese recurso estratégico seguiría dormido”.

Finalmente, el gobernador citó al ex procurador del Tesoro del macrismo, Bernardo Saravia Frías, quien también calificó el fallo como “jurídicamente insostenible” y sugirió un per saltum a la Corte Suprema. “Estamos ante una ofensiva de intereses privados que buscan poner por encima de nuestras leyes una cláusula societaria. Es inaceptable”, concluyó Kicillof.

Una ley del Congreso

Al responder preguntas de periodistas, consultado sobre la posibilidad de que el gobierno de Milei apele la sentencia, Kicillof aclaró que aún si quisiera entregar las acciones de YPF, no podría hacerlo sin una ley del Congreso. “Las acciones de YPF solo pueden disponerse con una ley aprobada por dos tercios del Congreso Nacional”, explicó. Y agregó que el 49% del paquete accionario está legalmente asignado a las provincias argentinas, por lo cual “ni siquiera se trata de un patrimonio exclusivo del Estado nacional”.

Frente a una pregunta sobre el impacto del fallo en la vida cotidiana de los argentinos, el gobernador fue tajante: “La intención del Gobierno es privatizar YPF, pero ni siquiera bajo las formas legales, sino entregarla por la ventana, a través de una sentencia que no corresponde”. Advirtió que la entrega del control de la empresa estatal por esta vía es aún más grave que las privatizaciones de los años noventa y que representa “una amenaza directa a la soberanía nacional”.

En otro pasaje, Kicillof advirtió sobre la posibilidad de una apelación “cosmética” por parte del Ejecutivo: “Si el Presidente dice que va a apelar pero en público le da la razón al fondo buitre, ¿a quién está defendiendo?”. Denunció una contradicción en el discurso oficial y cuestionó la idoneidad del Procurador del Tesoro: “Este juicio es el más importante que enfrenta la Argentina, y el abogado del Estado fue alguien vinculado a los demandantes. Es un escándalo”.

El cierre fue enfático. “YPF no se vende. Y menos aún se regala”, dijo Kicillof. Y responsabilizó directamente a Milei: “Está poniendo en riesgo la principal empresa de hidrocarburos de la Argentina, una compañía que permitió recuperar el superávit energético y activar Vaca Muerta”. También anunció que desde su fuerza política impulsarán investigaciones sobre posibles vínculos entre funcionarios del Gobierno y los fondos buitre.

JJD

La jueza federal de Nueva York Loretta Preska habilitó el embargo de US$210 millones para que fondos buitre que no ingresaron en los canjes que hubo desde entonces se cobren parte de sus deudas por el default de 2001.

Se suma a la decisión del miércoles, cuando bonistas que habían demandado al país por el pago del cupón PBI en Londres lograron ejecutar una garantía de US$325 millones que el país había dejado para poder apelar el fallo en contra.

“La Juez Loretta Preska aprueba el embargo de US$210 millones correspondientes al colateral de los Bonos Brady. En la misma orden, congela otros US$100 millones hasta que dos grupos de acreedores de deuda en default (Attestor Master y Bainbridge Fund), culminen la disputa por estos US$100 millones”, informó Sebastián Maril, un especialista que sigue al detalle las demandas contra el país a nivel internacional.

Esos fondos que se embargan pertenecían a una cuenta que tiene el Banco Central en la Reserva Federal de Estados Unidos, y se utilizaron en su momento para garantizar el pago de los bonos Brady.

Este miércoles los tenedores de los bonos denominados “cupón PBI”, que ganaron el juicio contra el país en el Reino Unido, ejecutaron la garantía de 313 millones de euros (unos US$325 millones) requerida para apelar el juicio por 1.330 millones de euros que se había perdido en primera instancia.

Como la apelación fue rechazada y se confirmó el fallo en contra, Argentina debe empezar a pagar.

Los demandantes fueron los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, que tenían cupones PBI, que estaban atados al crecimiento.

Es decir, recibían un pago en tanto la Argentina superara cierto porcentaje de crecimiento. Estos acreedores acusaron a Argentina de haberlos perjudicado al modificar la forma de medir el PBI y, en consecuencia, haberle pagado menos en 2013.

Los dos embargos sobre activos argentinos por juicios perdidos a nivel internacional llegan en la primera semana de trabajo del nuevo procurador del Tesoro de la Nación, Santiago María Castro Videla, quien reemplazó al despedido Rodolfo Barra.

Uno de los casos más desafiantes es el de los US$16.000 millones que la Argentina debe pagar tras perder el juicio de los accionistas minoritarios por la estatización de la petrolera YPF, en 2012.

Otro fallo adverso en agosto de 2024

Ya en el mes de agosto del año pasado, la jueza Preska le odenó a la Argentina pagar US$142 millones a los bonistas que rechazaron ingresar en los sucesivos canjes de deuda que lanzó el país.

La magistrada se pronunció en el expediente que sigue a solicitud de 12 fondos, entre los que sobresale Bybrook Capital, que decidieron rechazar los sucesivos canjes de deuda que lanzó la Argentina y seguir litigando por los bonos caídos en default en 2001.

Si bien en los tres canjes de deuda (2006, 2010 y 2016) la mayor cantidad de bonistas aceptaron las condiciones de la Argentina para pagar su deuda, otros decidieron quedar al margen y seguir litigando.

En este caso, el grupo de demandantes obtuvo de Preska una orden de sentencia sumaria para recuperar acreencias por ese monto.

Con información de agencias.

IG

La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó la apelación solicitada por la República Argentina contra embargos de bonistas que siguen en default.

El país había intentado evitar un fallo anterior que habilitó a un grupo de acreedores a embargar activos soberanos por unos 310 millones de dólares, que estaban depositados en una cuenta del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la Reserva Federal de Estados Unidos, Alemania y Suiza.

Según trascendió, estos dólares, que están vinculados a los bonos Brady, emitidos durante los años '90 y que vencieron en 2023, serán tomados por los acreedores.

Ya en octubre del año pasado 2024, la Corte Suprema británica emitió un fallo en contra de la Argentina, en el juicio conocido popularmente como ‘Cupón PBI’, que obligó a pagar más de 1.300 millones de euros (sumado intereses) a un grupo de bonistas.

Los beneficiarios de este nuevo fallo realizarán formalmente un pedido de embargo a la jueza Loretta Preska para que, de esa manera ello lo autorice y lo presente en las mesas de entrada de la Reserva Federal de Nueva York, tanto en la sede de Estados Unidos como en las otras dos. 

Con esa autorización, podrían tomar posesión de los 310 millones de dólares, aunque no cubra la totalidad del pago, dado que el monto final es de 450 millones.

Los acreedores integran un grupo de seis holdouts, que seguían sin cobrar una sentencia anterior del juez Thomas Griesa y, como Argentina no abonó lo que correspondía, actualmente poseen 450 millones de dólares en demandas y en sentencias firmes.

Especialistas afirman que se habían pedido el embargo de los bonos Brady que Argentina tiene en la Reserva Federal de Nueva York, que son alrededor de 250 millones de dólares, y en Basilea, unos 58 millones de euros.

Con información de la agencia NA

El Gobierno argentino aceptó dar información acerca del destino del oro de las reservas, en el marco del juicio por la expropiación de YPF que se tramita en tribunales de los Estados Unidos. El especialista Sebastián Maril dio a conocer en su cuenta de “X” el documento en el que se explicita la conformidad del Gobierno argentino.

El compromiso es que la documentación será suministrada entre el 7 de febrero y el 14 de marzo. El Gobierno argentino sacó el oro de las reservas del país a mediados del año pasado, sin dar precisiones acerca de su destino aduciendo problemas de seguridad. La medida fue solicitada por la juez Loretta Preska, magistrada que lleva el caso. La Argentina tiene un fallo adverso por el que debe pagar U$S16.000 millones al fondo de inversión Burford Capital.

Preska solicitó al gobierno de Javier Milei que informe dónde está el oro de las reservas del Banco Central que movilizó el año pasado hacia el exterior. La magistrada responde a favor de la petición de los fondos de cobertura que litigan hace años contra Argentina y pretenden cobrar una cifra multimillonaria en el juicio por la nacionalización de la petrolera YPF. 

Se trata de un nuevo capítulo en el litigio que enfrenta a Argentina con fondos buitre como Burford y Eton Capital por la expropiación del 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 2012, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando su socio mayoritario era Repsol.

En la década previa a la nacionalización, las utilidades de Repsol crecieron exponencialmente y le permitieron a la firma expandir sus activos internacionales, mientras las reservas de gas y petróleo declinaban en forma acelerada, según denunció el Gobierno peronista.

El fondo Burford, con sede en Londres, demandó al Estado argentino tras adquirir los derechos a Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, de la familia argentina Eskenazi.

A instancias de los Kirchner, esa familia había comprado 25% de las acciones a Repsol, en un proyecto fallido de fomentar un control argentino de la petrolera. Los Eskenazi se endeudaron con Repsol para la compra, y, tras la estatización, entraron en quiebra.

La jueza Preska, del Distrito Sur de Nueva York, el año pasado dictó una sentencia de primera instancia en la que determinó que Argentina violó el estatuto de la petrolera cuando se realizó la nacionalización y perjudicó a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, condenó al país a pagar una indemnización de US$16.100 millones más intereses a Burford, pero eximió de responsabilidades a YPF.

El fallo fue apelado, ya que el Estado argentino quiere que se revea la sentencia y los demandantes –los fondos Burford y Capital– piden que se incluya a YPF como culpable de la estatización. Las tres partes (Argentina, YPF y los fondos) ya presentaron los escritos solicitados y ahora están a la espera de una primera audiencia de la Cámara de Apelaciones.

Mientras tanto, los fondos buscan cobrar de forma anticipada la indemnización. Como demandantes pueden solicitar información sobre bienes del demandado, de modo que se puedan identificar los bienes embargables. Así, obtendrán los datos sobre los lingotes de oro que salieron de la bóveda del Banco Central el año pasado y que el Ejecutivo de Milei se negó a explicar a la opinión pública argentina ante reiterados pedidos de información.

Según las estimaciones del mercado, el Gobierno despachó 6 toneladas de oro hacia el extranjero. Se calcula que cerca del 60% de las reservas de oro de la entidad se encontrarían fuera del país, habiendo sido enviadas inicialmente hacia la plaza financiera de Londres. El ministro de Economía, Luis Caputo, en ese momento se limitó a confirmar que había enviado al extranjero los lingotes sin detallar cuántos ni adónde. “Hoy tenés oro en el Banco Central que es como si tuvieras un inmueble adentro, que no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés eso afuera, le podés sacar un retorno”, dijo, justificando la medida para ganar rentabilidad.

JJD, con información de NA

La jueza de Estados Unidos Loretta Preska solicitó al gobierno de Javier Milei que informe dónde está el oro de las reservas del Banco Central que movilizó el año pasado hacia el exterior. La magistrada responde a favor de la petición de los fondos de cobertura que litigan hace años contra Argentina y pretenden cobrar una cifra multimillonaria en el juicio por la nacionalización de la petrolera YPF. 

Se trata de un nuevo capítulo en el litigio que enfrenta a Argentina con fondos buitre como Burford y Eton Capital por la expropiación del 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 2012, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando su socio mayoritario era Repsol. En la década previa a la nacionalización, las utilidades de Repsol crecieron exponencialmente y le permitieron a la firma expandir sus activos internacionales, mientras las reservas de gas y petróleo declinaban en forma acelerada, según denunció el Gobierno peronista.

El fondo Burford, con sede en Londres, demandó al Estado argentino tras adquirir los derechos a Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, de la familia argentina Eskenazi.

A instancias de los Kirchner, esa familia había comprado 25% de las acciones a Repsol, en un proyecto fallido de fomentar un control argentino de la petrolera. Los Eskenazi se endeudaron con Repsol para la compra, y, tras la estatización, entraron en quiebra.

La jueza Preska, del Distrito Sur de Nueva York, el año pasado dictó una sentencia de primera instancia en la que determinó que Argentina violó el estatuto de la petrolera cuando se realizó la nacionalización y perjudicó a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, condenó al país a pagar una indemnización de 16.100 millones de dólares más intereses a Burford, pero eximió de responsabilidades a YPF.

El fallo fue apelado, ya que el Estado argentino quiere que se revea la sentencia y los demandantes –los fondos Burford y Capital– piden que se incluya a YPF como culpable de la estatización. Las tres partes (Argentina, YPF y los fondos) ya presentaron los escritos solicitados y ahora están a la espera de una primera audiencia de la Cámara de Apelaciones.

Mientras tanto, los fondos buscan cobrar de forma anticipada la indemnización. Como demandantes pueden solicitar información sobre bienes del demandado, de modo que se puedan identificar los bienes embargables. Así, obtendrán los datos sobre los lingotes de oro que salieron de la bóveda del Banco Central el año pasado y que el Ejecutivo de Milei se negó a explicar a la opinión pública argentina ante reiterados pedidos de información. 

Según las estimaciones del mercado, el Gobierno despachó 6 toneladas de oro hacia el extranjero. Se calcula que cerca del 60% de las reservas de oro de la entidad se encontrarían fuera del país, habiendo sido enviadas inicialmente hacia la plaza financiera de Londres.

El ministro de Economía, Luis Caputo, en ese momento se limitó a confirmar que había enviado al extranjero los lingotes sin detallar cuántos ni adónde. “Hoy tenés oro en el Banco Central que es como si tuvieras un inmueble adentro, que no lo podés usar para nada. En cambio, si vos tenés eso afuera, le podés sacar un retorno”, dijo, justificando la medida para ganar rentabilidad.

La defensa argentina argumentó a la justicia de EEUU que el oro es propiedad del Banco Central y no del gobierno nacional. Pero la jueza Preska señaló que, sin importar si las reservas de oro están bajo la custodia del Banco Central o no, Argentina tiene la obligación de proporcionar cualquier documentación en su poder sobre estos activos. Este requerimiento subraya la necesidad de cumplir con las órdenes judiciales de Estados Unidos. La magistrada lanzó una advertencia a la Argentina: “Se ha invertido más tiempo y dinero en discutir la entrega de estos documentos que en producirlos y entregarlos”.

El economista Horacio Rovelli señala a elDiario.es que el Ejecutivo argentino debió haber informado al Congreso la salida del oro al extranjero: “El gobierno jamás tendría que haber sacado el oro de las reservas del Banco Central, y menos decirlo alegremente como hizo el ministro de Economía, Luis Caputo. Le tendría que haber informado al Congreso, porque es una atribución del legislativo el manejo de las reservas internacionales. La Asociación Bancaria había demostrado que hubo varios viajes, por un total equivalente a unos 2.500 millones de dólares que sacaron en lingotes de oro. Ahora Caputo tiene que informarle a la jueza Preska a dónde giró ese dinero y yo creo que podría ser embargable, porque está afuera del Tesoro del Banco Central y sujeto a interpretación de la jueza”.

¿Embargable?

Una de las mayores amenazas que ven algunos economistas como Rovelli es el peligro de embargo del oro en el exterior. Ahora bien, bajo las normas de Estados Unidos ese escenario se restringe. Existen tres requisitos: que el bien debe ser del propio demandado, en este caso del Gobierno argentino; que el bien que se pretende embargar debe estar dentro de Estados Unidos y el tercero, que el Estado Nacional use ese bien para una actividad comercial. 

Los fondos buitre están a la espera de cualquier ventaja que puedan sacar con las acciones de la petrolera. Uno de los objetivos de los demandantes es demostrar que Argentina utiliza activos soberanos para actividades comerciales, lo que podría hacerlos embargables. Esto incluye propiedades consulares, cuentas bancarias y también las reservas de oro.

En el fallo de Preska se incluyeron observaciones sobre la integridad de los documentos entregados por Argentina hasta el momento. Es que los papeles solicitados están relacionados con activos estratégicos del país, que generan un alto interés internacional. Los fondos piden que el país entregue información para comprobar que ciertas entidades manejadas por Argentina son extensiones del Estado y que pueden ser parte de la ejecución de la sentencia. El caso por la nacionalización de YPF es considerado una de las disputas más relevantes entre un Estado soberano y acreedores internacionales.

En el marco de los juicios que llevan adelante contra la Argentina, fondos buitre que cuentan con fallos a favor solicitaron a las cortes de Nueva York información sobre el oro que el Banco Central tiene en sus reservas y que en los últimos meses fue movido al exterior por parte de la administración del presidente Javier Milei. 

Los demandantes solicitan a la jueza Loretta Preska forzar al país a detallar sus tenencias y su lugar de custodia, un paso previo a intentar embargar esos activos.

Bainbridge Fund, un holdout de la causa por la reestructuración de deuda en default que litiga contra el Tesoro nacional desde 2016 y ya tiene sentencia firme a su favor por US$ 95 millones más intereses, fue autorizado por el tribunal a hacer un discovery de activos soberanos. 

El discovery persigue el objetivo de detectar bienes y activos potencialmente embargables, de manera tal que los demandantes puedan acelerar el cobro de sus sentencias.

Sebastién Maril, quien sigue en detalle los reclamos, dijo que Bainbridge Fund pide a la Juez Loretta Preska que ordene a la República Argentina “producir información sobre el destino y uso del oro perteneciente al Banco Central actualmente depositado en Europa”. 

Bainbridge se encuentra en pleno discovery de activos para cobrar una sentencia impaga y también busca tomar posesión de las acciones de YPF en manos del Estado“.

El debate legal gira alrededor de un tema clave: si es que el Tesoro Nacional y el Banco Central de la República Argentina son, para fines prácticos, la misma persona. 

Lo que intentan probar los fondos con fallos en contra de la Argentina en sus manos es que se manejan como si fueran la misma.

No es la primera vez que los fondos van por esta estrategia, ya que durante el juicio por la deuda en default que forzó a la Argentina a un pago millonario al fondo NML de Paul Singer, los demandantes ya habían explorado esa posibilidad. 

El ya fallecido juez de Nueva York Thomas Griesa falló en contra en su momento: según su criterio el BCRA y el Tesoro Nacional no eran la misma persona. 

Es el mismo juez que poco después hizo historia al llevar al extremo la causa pari passu que causó, finalmente, la derrota legal del país. Pero en cuanto a si el Tesoro y el Central son alter egos, se inclinó en favor del país.

Pero los fondos creen que eso cambió con el tiempo. Consideran que hoy sí se puede probar que actúan, en los hechos, como si fueran la misma persona jurídica. Bainbridge no fue el único en explorar, una vez más, la posibilidad. 

También beneficiarios del fallo YPF mencionaron en las últimas las posibles decisiones tomadas por el Ministro Caputo y el traslado del oro del BCRA al exterior como prueba de que la autoridad monetaria es un alter ego de la república. 

Citan notas periodísticas que señalan supuestas negociaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, para conseguir préstamos en nombre del Banco Central como prueba.

A principios de septiembre, el Banco Central había comunicado que concluyó exitosamente la transferencia de una parte sus reservas de oro a una cuenta en el exterior. 

Se trata de existencias del metal que estaban alojadas en las bóvedas de la entidad en el país y que fueron trasladadas a Londres.

Al estar fuera del país, las reservas podían atraer la atención de los múltiples demandantes que litigan contra la Argentina.

DM con información de agencia NA

El presidente Alberto Fernández mantuvo hoy una reunión con la legisladora estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, quien días atrás se hizo eco de una investigación periodística en la que se señalaban vínculos y prebendas entre un juez de la Corte Suprema norteamericana y fondos buitre que litigaron contra la Argentina.

El encuentro se realizó en la sede del Consulado argentino en Nueva York, donde el jefe de Estado y la congresista dialogaron por 45 minutos para intercambiar miradas sobre las denuncias que pesan sobre el máximo tribunal de los Estados Unidos por contactos con el magnate Paul Singer.

“Se dialogó sobre la posibilidad de profundizar la investigación y los diversos caminos de acción que Argentina puede tomar para impulsar la investigación”, comentó una fuente de la Presidencia a Télam, único medio en el lugar.

La reunión de hoy, que se desarrolló en tono cordial, cobra especial relevancia porque en el Gobierno encuentran ecos entre la situación en la cúspide del Poder Judicial estadounidense con la causa que en la Argentina se conoce como 'Lago Escondido', que investiga a jueces por la recepción de presuntas dádivas a partir de un viaje VIP a la Patagonia.

Respecto del encuentro de hoy, que se realizó en español, el Presidente mostró su apoyo a lo investigado y transmitió a su interlocutora que en la Argentina se evaluará si el país puede “accionar” en Estados Unidos.

Según trascendió, la cuestión de la injerencia de los fondos buitre en las finanzas de los Estados es un tema del interés de Ocasio-Cortez ya que Puerto Rico, el país de origen de su familia, sufre esas mismas políticas.

El viernes pasado, la congresista demócrata de origen puertorriqueño denunció presuntos sobornos por parte del multimillonario Paul Singer, titular del fondo buitre NML, a un miembro de la Corte Suprema de EEUU, el magistrado Samuel Alito, quien luego falló a favor del magnate en el juicio de los fondos buitre contra Argentina.

Durante un encuentro en el Comité de supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la diputada expuso en detalle la mecánica de la maniobra y sostuvo que Alito habría “aceptado viajes pagados por Singer”.

“Alito usó su asiento en la Corte para fallar a favor de Singer. Y luego de esta decisión, el fondo de inversión de Singer recibió US$ 2400 millones”, denunció la legisladora demócrata.

En ese sentido, la acusación de Ocasio-Cortez mereció la reacción de los principales dirigentes del Gobierno nacional, entre ellos el Presidente, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de justicia, Martín Soria.

Oportunamente, a través de la red social X (ex Twitter), Fernández calificó de “gravísima y escandalosa” la denuncia.

“Así consiguieron fallos los fondos buitre contra la Argentina, como bien señala la vicepresidenta. Nada muy distinto a lo que ocurrió en Lago Escondido y que la Justicia aún hoy no investigó”, cuestionó el Presidente al mencionar un posteo anterior de la Vicepresidenta, con un planteo similar.

En su presentación en el Congreso, Ocasio-Cortez denunció “una corrupción extraordinaria y una compra al por mayor de miembros de la Corte Suprema” .

Al hacer pública una foto de Singer y Alito pescando juntos, la congresista explicó que “el millonario que generosamente pagó ese viaje (por Singer), se presentó ante la Corte al menos diez veces, en casos en que la prensa judicial y los grandes medios habitualmente cubrieron su rol”.

“Así que era públicamente sabido que tenía asuntos ante la Corte. Y en 2014, de hecho, el juez Samuel Alito, y también la Corte, acordaron resolver un tema vital en una batalla de décadas entre el fondo de Singer y la Nación de Argentina”, añadió.

La legisladora estadounidense, tras describir ese episodio, afirmó que Alito “nunca se recusó de este caso y, de hecho, usó su puesto en la Corte Suprema después de todo esto para fallar a favor de Singer”.

“Tras la decisión, el fondo de cobertura del señor Singer recibió finalmente 2.400 millones de dólares debido a este fallo. No es un mal retorno de la inversión para un viaje de pesca allí”, concluyó Ocasio-Cortez.

Soria, por su parte, vinculó la situación con “el viaje a Lago Escondido de jueces argentinos y CEOs de Clarín” que, según dijo, “es la versión criolla de la corrupción judicial anti-Argentina que hoy sale a la luz en EEUU”.

“Desde que lo denunciamos, 'Comodoro PRO' (en alusión a los tribunales federales de Retiro, ubicados en la calle Comodoro Py) solo garantizó silencio e impunidad. Necesitamos una Justicia al servicio de la Patria”, reclamó Soria.

En la causa conocida como 'Lago Escondido', iniciada a partir de una denuncia realizada por el Ejecutivo nacional, se investiga el posible incumplimiento de deberes de funcionario público, admisión de dádivas y presunto cohecho agravado de magistrados y/o tráfico de influencias agravado.

La acusación recae sobre los jueces Julián Ercolini, (Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10), Carlos Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal), Pablo Yadarola (Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo Federal Nº 9) y Juan Bautista Mahiques, actual fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También involucra al exfuncionario porteño Marcelo D'Alessandro, quien al momento de los hechos se desempeñaba como ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires.

Todas estas personas habían sido imputadas por la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, quien también imputó por ofrecimiento de dádivas en los términos del artículo 258 del Código Penal a Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín; Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom; Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis; Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y al empresario Tomás Reinke, especialista en publicidad.

Sin embargo, pese a las diligencias procesales de la justicia federal de Bariloche, la denuncia por el viaje VIP de jueces y fiscales pasó a finales de marzo a los tribunales federales de Comodoro Py, ubicados en el barrio porteño de Retiro, por decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.

La causa quedó a cargo del Juzgado Federal N° 2 de la Capital Federal, a cargo de Sebastián Ramos.

Por Lucas González Monte - enviado especial Télam

La Justicia de Estados Unidos dejó firme hoy el fallo contra la Argentina por la expropiación de YPF, que obliga al estado a pagar una indemnización millonaria al fondo de inversión Burford. Con la decisión de la jueza de Nueva York Loretta Preska, Argentina deberá pagar 16.099 millones de dólares por la estatización impulsada por la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el, entonces ministro de Economía y actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Luego de que se diera a conocer la resolución judicial por la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera en abril de 2012, la ex presidenta acusó a los fondos buitres de “sobornar” a jueces para que fallaran a su favor.

El Gobierno nacional esperaba que el monto a pagar como compensación no superara los 5.000 millones de dólares. Para llegar a esa cifra, se esperaba que se aplicara una tasa de interés anual retroactiva de 0% y que la jueza Preska tomara el 7 de mayo de 2012 como fecha de la expropiación.

Por su parte, el fondo damnificado consideraba que la expropiación se había materializado el 16 de abril, cuando Kicillof fue nombrado interventor de la empresa y desplazó a los accionistas privados. Además, aspiraba a que se le reconociera una tasa retroactiva del 8% anual.

La magistrada a cargo del caso aprobó los dos pedidos de Burford, lo que acumuló una suma de más de 16.000 millones de dólares, la máxima penalización posible para Argentina. De haber aplicado una tasa del 0% como esperaba el gobierno nacional, la indemnización debería haber sido de solo 8.300 millones de dólares.

“La República respetuosamente discrepa de que estas cifras de daños sean correctas y además no está de acuerdo con las sentencias de responsabilidad del Tribunal y se reserva todos sus derechos de apelación”, aclaró la defensa del Estado argentino a cargo del estudio de abogados Sullivan & Cromwell en una carta enviada a la jueza Preska.

ACM con información de agencias.

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, denunció que los fondos buitre apelan a “sobornos” para lograr en Estados Unidos fallos en contra de la Argentina.

Luego de que la jueza estadounidense Loretta Preska fallara la semana pasada en contra del Estado argentino en un reclamo por la nacionalización de YPF, la titular del Senado recurrió a las redes sociales para atacar al Poder Judicial de la potencia norteamericana y a los fondos buitre.

“Hay un viejo aforismo que reza... ´Hay tres cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad´”, comenzó la publicación de la ex mandataria. Para fundamentar su acusación contra los fondos buitre, Cristina Kirchner incluyó un video de una congresista estadounidense demócrata.

“Y si no me creés, mirá y escuchá a la congresista de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU, denunciando sobornos de Paul Singer a un miembro de la Corte Suprema de EEUU que falló a favor de los Fondos Buitre y en contra de nuestro país por la bonita suma de 2.400 millones de dólares”, indicó la vicepresidenta.

Y concluyó: “Que no te mientan más. Es así cómo se logran, en el Poder Judicial de Estados Unidos, fallos a favor de Fondos Buitre y en contra de la Argentina, tu país”.

NB con información de NA.

El presidente Alberto Fernández volvió a cuestionar la postura “ideológica” e “inflexible” del Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que el organismo de crédito procede de la misma manera que un fondo buitre. “Un fondo buitre, como su nombre indica, actúa como un buitre. Nuestros abuelos dirían, son usureros, viven de asfixiarnos con los intereses por la plata que nos prestaron. Ahora, el Fondo nació como prestamista de última instancia. Todo eso se tergiversó”, analizó el mandatario en una entrevista para Radio El Destape.

Fernández destacó que, en el acuerdo suscripto originalmente por el Gobierno, se incorporó un artículo que llama a considerar “los riesgos que puedan sobrevenir y que a veces la economía se ve alterada no por la acción del gobierno, sino por otras cosas”. Sin embargo, a la hora de negociar con el FMI, el staff del organismo encabezado por Kristalina Georgieva se mostró bastante reticente a considerar las consecuencias de la sequía que afectó al país y le costó el equivalente a alrededor de 3 puntos del PBI, según indicó el presidente.

“Lo que se esperaba era que, ante semejante tragedia, hubiera flexibilidad en los objetivos, y eso costó mucho. Algo logramos, pero mucho no lo pudimos lograr”, admitió el mandatario, quien además reconoció que la discusión llevada adelante por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, para evitar un gran ajuste fue muy dura.

En los últimos días, Fernández participó de la cumbre del G20 en Nueva Delhi (India), donde también cuestionó la “dureza” demostrada por el FMI a la hora de renegociar las condiciones y desembolsos. En ese marco, además, pudo dialogar con su par estadounidense, Joe Biden, con quien coincidió en que “el staff del FMI tiene un poder indebido”.

Las críticas al comportamiento del organismo de crédito también llegaron a la reunión que mantuvo el presidente con Kristalina Georgieva. Según indicó el jefe de la Casa Rosada, ante los planteos de la Argentina, el FMI se comprometió a revisar su política de sobrecargos. Se trata de una tasa que cobra la entidad internacional a los países que están sobreendeudados.

En este sentido, el presidente recordó una reflexión del ex mandatario Néstor Kirchner sobre la importancia de aliviar las cargas sobre aquellas naciones en situaciones más críticas. “Más allá del análisis aritmético de una deuda, está el análisis político de la deuda. Néstor (Kirchner) decía que los muertos no pagan. No tiene mucho sentido ahorcar a un país hasta asfixiarlo, porque las posibilidades de pago son menores”, sostuvo.

ACM con información de agencias.

La Argentina sufrió un duro revés judicial, después de que la jueza federal de Nueva York Loretta Preska condenó al Estado Argentino a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF dispuesta en 2012. La cifra significa un tercio de la deuda que el país mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI). ¿Qué pasa si Argentina no paga? ¿La estatización puede ser, al final del camino, un buen negocio?

El beneficiado con la sentencia de la jueza neoyorquina es el fondo especializado en litigios judiciales Burford Capital y las razónes son las supuestas irregularidades en la estatización parcial de la petrolera, aprobada por el Congreso hace 11 años.

En julio, el gobierno de Alberto Fernández le había solicitado pagar US$4.920 millones, el monto mínimo de resarcimiento calculado. Sin embargo, este viernes dicha solicitud fue rechazada por la magistrada, quien coincidió con los planteos del fondo buitre. Por eso, el Gobierno nacional anunció que apelará “inmediatamente” esta resolución y que el Presidente ya evaluó la situación con la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini.

A partir del próximo lunes, los representantes del Estado nacional tendrán la oportunidad de apelar o negociar y Burford Capital podrá empezar a aplicar embargos sobre los activos soberanos.

¿La decisión de expropiar valió la pena?

Juntos por el Cambio cuestionó la expropiación, promovida en 2012 por el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y con Axel Kicillof al frente del Ministerio de Economía. Desde el oficialismo la defienden y plantean que, a la larga, podría ser una decisión favorable para la Argentina pese al fallo.

El 30 de julio último, antes de la sentencia de Preska, la economista Julia Strada, investigadora del Centro de Economía Política (CEPA) y directora del Banco Nación, había señalado a través de un hilo de la red social X que “YPF tiene reservas por US$75.000 millones y recursos que superan los US$200.000 millones para explotar en el largo plazo” y que por lo tanto se trata de US$310.500 millones.

La funcionaria describió a YPF como “una empresa que podría permitirnos superar la restricción externa”. “Los titulares [periodísticos] que pretenden instalar, en el conjunto de la sociedad, la idea de que estatizar YPF fue un mal negocio deberían revisar sus planteos”, remató Strada en su hilo de X.

El fallo de Preska puede, de confirmarse, puede disparar una deuda de US$ 16.000 millones para el Tesoro argentino, en un país sin reservas en el Banco Central.

LC/JJD

Con información de la agencia NA

El gobierno de Alberto Fernández solicitó a la Justicia de Estados Unidos pagar el monto mínimo de resarcimiento calculado para la estatización de la petrolera YPF, ordenada en 2012 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que asciende a US$4.920 millones. La presentación, paso obligado en el trámite que sigue en la causa, implica que, al menos hasta el momento, ese será el mínimo que el país deberá pagar a los fondos de inversión que demandaron al país. Argentina debe luego apelar la sentencia, informaron fuentes odiciales a elDiarioAR.

La jueza Loretta Preska, quien ya falló en contra del país y a favor de los demandantes, debe definir el monto de los resarcimientos que deberá afrontar Argentina y que reclaman los fondos Burford y Eton Park, que, según estimaciones, puede variar entre US$4.920 y US$16.000 millones. Así consta en un escrito presentado este miércoles en Nueva York.

La presentación fue realizada por el estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLT en representación del Estado argentino y forma parte de las audiencias convocadas por el Tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York en el marco del juicio por la estatización de la petrolera.

Los fondos Burford y Eton Park nunca fueron dueños de acciones de YPF cuando la petrolera era propiedad de la empresa española Repsol, denunciada penalmente por el presunto vaciamiento de la petrolera. La causa continúa abierta en el juzgado federal de Ariel Lijo. La denuncia fue iniciada por la dirigente opositora Elisa Carrió en 2012, poco antes de la estatización, e incluye la sospecha de presunta complicidad o negligencia del Ejecutivo en el vaciamiento o la falta de control a Repsol.

Sin embargo, son quienes demandan a Argentina por la estatización de la compañía porque compraron el juicio iniciado previamente por la socia minoritaria de Repsol en YPF: el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, dueños del Banco de la provincia de Santa Cruz y entonces muy cercanos a la familia Kirchner.

Los Petersen tenían alrededor del 25% de YPF durante su última etapa privada de la petrolera e iniciaron el juicio en Nueva York -donde suelen litigar cuestiones entre Argentina y empresas extranjeras que operan en el país, de acuerdo a los contratos firmados- contra Argentina cuando su porcentaje accionario también pasó a manos del Estado argentino. Luego de iniciada la demanda, vendieron el juicio a los fondos de inversión Burford y Eton Park, definidos por el oficialismo como “fondos buitres”.

Para determinar el monto a pagar, la jueza estadounidense analizará los escritos que presenten las partes, entre ellos el presentado por el bufete jurídico que patrocina a la Argentina: Sullivan & Cromwell LLT, en colaboración con el procurador general del Tesoro, Carlos Zannini.

Esa indemnización estaría determinada en función tanto de la fecha en que el Estado nacional obtuvo el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación, como de la tasa de interés que se fije por la demora en la actualización de la indemnización, explicó la agencia estatal Télam.

El Gobierno también podrá apelar la sentencia de la jueza estadounidense. Fuentes del Ejecutivo confirmaron a elDiarioAR que el país apelará la sentencia, pero afirmaron que primero debe fijarse el monto de la demanda.

En cuanto a la fecha en que la Argentina obtuvo el control de las acciones sujetas a expropiación, los dos fondos demandantes señalan que fue el 16 de abril de 2012, fecha en que se envió el proyecto de ley de expropiación al Congreso, al tiempo que por decreto se designó un interventor del Ejecutivo para desplazar al directorio de YPF.

La contraparte, el Estado argentino, responde que los daños económicos deben calcularse tomando como parámetro la fecha del 7 de mayo de 2012, cuando entró en vigor la Ley 26.741 (que declaró la utilidad pública y la expropiación), ya que fue en ese momento que se comenzó a ejercer el derecho político y económico de las acciones.

Los argumentos

El 31 de marzo pasado la magistrada falló contra la República Argentina y eximió de responsabilidades a YPF, pero no determinó el monto a pagar como resarcimiento.

Las audiencias se prolongarán hasta el viernes, aunque no hay fecha cierta para que se conozca el fallo, señalaron las fuentes.

En el escrito, que fue difundido este martes por fuentes oficiales, se hace hincapié en la fecha del traspaso del control de la compañía petrolera como eje central de la argumentación.

La Argentina plantea que “el tribunal debe ejercer discreción para no otorgar intereses previos al fallo” y que “el tribunal no debe inflar aún más las enormes ganancias inesperadas de los demandantes con intereses previos al fallo”.

Los abogados de Argentina consideran que “los demandantes recibirán una ganancia inesperada bajo cualquier escenario, que el grupo Petersen se benefició durante años por el deterioro de YPF que condujo a la expropiación, y que cualquier otra indemnización por daños exacerbará los desafíos económicos actuales de Argentina”.

Los patrocinantes del Estado argentino pusieron énfasis en que “los daños deben basarse en el cálculo corregido del precio de la oferta pública del 7 de mayo de 2012 sin intereses previos al fallo”.

En la diferencia de la base de cálculo se especifica que “usando los datos de ganancias disponibles del cuarto trimestre de 2009, los daños de los demandantes para el 16 de abril de 2012 son casi 3 mil millones de dólares menos”. 

Con información de Télam.

ED