La Justicia ordenó al municipio de San Isidro suspender un protocolo ilegal que impedía a las mujeres poder acceder al aborto en los centros de salud municipales. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N.º 2 hizo lugar a la mayoría de los puntos de la medida cautelar presentada por Amnistía Internacional y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito exigiendonoslas que el municipio garantice el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de los plazos amparados por la ley nacional y con resguardo de la intimidad de las personas que soliciten la práctica.

La resolución establece que las intervenciones deberán realizarse de acuerdo con la Ley 27.610, el Protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y la Guía de la Provincia de Buenos Aires.

Al fundamentar su decisión, la jueza María Paula Vénere señaló que la interrupción del embarazo es una prestación especialmente sensible al paso del tiempo y que las demoras burocráticas pueden terminar impidiendo, en los hechos, el ejercicio del derecho. En esta instancia preliminar, consideró suficientemente acreditado que el protocolo municipal incorporaba exigencias que no están previstas en la Ley 27.610.

“La organización del sistema de salud no es jurídicamente neutra: cuando se diseña o se aplica de modo tal que retarda, fragmenta, descoordina u obstaculiza el acceso efectivo a prestaciones de salud sexual y reproductiva, puede comprometer la responsabilidad estatal y configurar una forma de violencia institucional u obstétrica”, señaló la jueza en su fallo.

El caso se inició en junio, cuando Amnistía Internacional presentó una demanda contra la Municipalidad de San Isidro para solicitar la suspensión del protocolo municipal.

En noviembre de 2024, una nota de elDiarioAR dio cuenta de como la gestión de Ramón Lanús venía poniendo trabas para el cumplimiento de la Ley 27610 que garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Además, se sumó la aparición de distintos grupos antiderechos que montaron un Consultorio de Maternidades Vulnerables del Hospital Municipal Materno Infantil donde se intentaba convencer a las mujeres de no abortar.

El fallo de Vénere da cuenta de la imposición de intervenciones psicológicas, obstáculos adicionales para acceder a la interrupción legal del embarazo por la causal salud, mecanismos que podían comprometer la confidencialidad y circuitos administrativos susceptibles de generar demoras indebidas.

La magistrada analizó esas barreras en el marco de las desigualdades estructurales que afectan a mujeres y personas con capacidad de gestar en el ejercicio de su autonomía corporal, su salud integral y su derecho a una vida libre de violencias. En ese sentido, sostuvo que la organización del sistema sanitario no es jurídicamente neutra cuando su diseño o aplicación retarda, fragmenta, descoordina u obstaculiza el acceso efectivo a prestaciones de salud sexual y reproductiva, y advirtió que esas prácticas pueden comprometer la responsabilidad estatal y configurar violencia institucional u obstétrica.

El fallo también cuestionó el alcance que el protocolo municipal le otorgaba a la causal salud para acceder a la interrupción legal del embarazo. Según la resolución, ese concepto debe ser interpretado de manera integral e incluir sus dimensiones física, psíquica y social, de acuerdo con los estándares establecidos por la normativa vigente.

La organización del sistema de salud

La Justicia no hizo lugar a uno de los pedidos formulados por Amnistía Internacional: que, en esta instancia preliminar, se ordenara garantizar las interrupciones del embarazo también en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). La jueza consideró que no corresponde definir ahora un esquema específico de distribución territorial de la prestación sin contar con mayor prueba y debate.

Sin embargo, la decisión tampoco avala la política municipal de concentrar la atención exclusivamente en el Hospital Materno Infantil. Por el contrario, establece que la suspensión del protocolo obliga al municipio a organizar sus servicios de salud de manera compatible con la Ley 27.610 y con el resto del marco normativo vigente.

De esta manera, la resolución busca impedir que requisitos administrativos, circuitos internos o decisiones sobre la organización del sistema sanitario se conviertan en obstáculos para acceder de manera efectiva y oportuna al aborto en San Isidro.

“Esta resolución constituye un precedente muy relevante porque deja en claro que la organización administrativa de un sistema de salud nunca puede justificar el desconocimiento de derechos reconocidos por ley”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La representante de la organización cuestionó además que las restricciones hayan sido establecidas mediante un protocolo municipal. “Ningún municipio puede pretender reescribir una ley nacional”, afirmó Belski, quien reclamó que San Isidro cumpla de manera inmediata con lo ordenado por la Justicia y garantice el cumplimiento de la legislación vigente.

Macarena Posse, concejala de San Isidro y precandidata a intendenta, hija del actual jefe comunal Gustavo Posse, perdió la interna de Juntos por el Cambio (JxC). Por primera vez desde el retorno de la democracia, el municipio tendrá otro apellido al frente de la administración local.

Ramón Lanús, representante del espacio Con Vocación por el Cambio San Isidro y extitular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) durante la administración de Cambiemos, se quedó con el triunfo en las primarias de JxC al obtener el 51,57% de los votos. Superó a Macarena Posse por 4,42 puntos.

La decisión de Posse padre en junio pasado había sorprendido. Después de casi 24 años y seis mandatos consecutivos al frente de la municipalidad, decidió no volver a competir por el cargo de intendente, tras aceptar ser precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en la fórmula liderada por Diego Santilli.

Posse asumió su primer mandato en 1999 luego de que su padre, Melchor Posse, con 16 años consecutivos al frente del municipio, fuera convocado para integrar la fórmula a la gobernación que encabezaba Graciela Fernández Meijide para la Alianza UCR-Frepaso.

El acuerdo de la candidatura de Melchor Posse incluyó la postulación de su hijo en San Isidro, quien ya había sido funcionario del gabinete local y alcanzó una banca en la Cámara de Diputados provincial en 1995.

Melchor Posse había asumido su primer mandato en 1958 por la Unión Cívica Radical Intransigente y, luego del fin de la dictadura de 1976, volvería a ejercer ese cargo desde 1983.

De cara a los comicios de octubre, Macarena de 28 años había sido elegida para sostener la dinastía Posse en el municipio. Desde el advenimiento de la democracia, el municipio es conducido por la misma familia.

De haber ganado estas primarias y la elección general, la generación de la joven hubiera sido la tercera y la gestión número 12 de la familia Posse al frente de San Isidro.

Ahora, Lanús competirá en las elecciones generales con Federico Meca de Unión por la Patria y Rodolfo José Paolucci de La Libertad Avanza.

LC con información de agencia Télam