A un mes de la intervención oficial al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), la asociación civil que lidera la candidata presidencial Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), la interventora designada por el Ministerio de Justicia no ha podido asumir en sus funciones ni ingresar a la sede de la organización, frente a la negativa de las autoridades de la entidad, de acuerdo a los documentos y fuentes consultadas por elDiarioAR en los últimos días. En ese marco, la Cámara de Apelaciones en lo Civil hizo lugar este miércoles suspendió la intervención hasta que el tribunal analice el caso. La decisión se tomó tres días después de las elecciones en las que Bullrich se impuso en la interna de su partido, luego de una apelación de la abogada de la candidata, Silvina Martínez, el 21 de julio último.

En las últimas cinco semanas, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) bloqueó a la asociación la posibilidad de emitir facturas para cobrar sus “aportes” de terceros -que para la interventora se trataría de aportes ocultos de campaña de empresas y empresarios-, se detectaron supuestos seminarios “fantasmas” -también para presuntamente camuflar aportes de campaña- y se se cruzaron duras cartas documento entre la institución presidida por Bullrich y la interventora oficial.

Las sospechas sobre los ingresos del IEES podría tener consecuencias penales para la candidata de Juntos por el Cambio. Aún así, Bullrich resiste el ingreso de la interventora a la sede y “no descarta” que la intervención “responda a fines persecutorios”. “La medida dispuesta es absolutamente excepcional. No hay irregularidad en el funcionamiento. La Asociación ha colaborado y ha aportado toda la información solicitada”, publicó el IEES en su sitio web. Bullrich denunció además al ministro Martín Soria por la intervención.

elDiarioAR se comunicó con el vocero y dos miembros del equipo político de Bullrich pero ninguno de ellos respondió o quiso dar su versión de los hechos.

Cerrado por vacaciones

¿Qué es IEES? Una asociación civil presidida por Bullrich e integrada por miembros de su espacio político, incluido su esposo, Guillermo Eduardo Yanco, a quien se le adjudica la creación de la entidad; y su exjefe de campaña, el diputado Gerardo Milman. Ambos ya no figuran en la lista de equipo y autoridades publicadas en el sitio web, como hasta hace un corto tiempo. “Buscamos investigar, generar conocimiento y promover estrategias para el desarrollo social, económico, cultural y ambiental de nuestro país en un entorno seguro y sustentable”, asegura el IEES en su página web.

La interventora designada por el Ministerio de Justicia, que encabeza Martín Soria, un duro del kirchnerismo, es la contadora Norma Alicia Cristóbal. La intervención fue motivada por un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), que lidera Ricardo Nissen, otro duro del oficialismo, luego de que la ex secretaria administrativa del diputado Milman, declarar ante el fiscal Carlos Rívolo que había sido citada en la sede de la asociación a finales de 2022 para que un perito informático borrara el contenido de su teléfono, el de Milman y el de una segunda colaboradora del diputado, cuando se preveía que iban a tener que entregar sus dispositivos a la Justicia, en el marco de la investigación por el caso del atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

Tras las actuaciones de la IGJ, el hallazgo de supuestas irregularidades en el manejo financiero y un pedido ante la Justicia civil, que se negó a intervenir la entidad, el ministerio de Justicia ordenó la intervención el 12 de julio último por el plazo de 180 días. Aún así, la interventora no ha podido ingresar a la sede de la asociación ni acceder a la documentación contable completa. Sólo ha podido acceder a las facturas y remitos registrados por el IEES ante la AFIP y a la documentación entregada por la organización de Bullrich durante la inspección de la IGJ. 

El fallido intento de ingresar a la sede de la asociación civil, ubicada en el tercer piso de un edificio de Avenida de Mayo 953, desató un intercambio de cartas documento.

La interventora Norma Alicia Cristóbal había comunicado el 17 de julio mediante dos cartas documento dirigidas a Bullrich que asumiría la intervención. Bullrich respondió el 20 y 24 de julio. Martín Siracusa, quien asumió como presidente del IEES en marzo -aunque en el sitio web figura Bullrich en ese mismo cargo-, ya había respondido la notificación de la intervención con otra carta documento el 12 de julio último en el que catalogó la medida como “arbitraria”, “absolutamente avasallante”, “contra una asociación civil independiente que se financia totalmente con recursos privados”. “La Justicia se pronunció en contra de lo que hoy intentan por vía administrativa y de forma ilegítima”, sostiene el IEES.

El 25 de julio, la contadora nombrada como interventora se presentó junto a un escribano público en el lugar, pero se encontró con un cartel que rezaba: “Cerrado por vacaciones del 24 al 31 de julio”. No pudo ingresar y nadie atendió sus llamados a la puerta. 

El 2 de agosto, la interventora envió una tercera carta documento reclamando a la institución que le permitan asumir su función y cumpla con la disposición del Ministerio de Justicia. En dicho documento, la contadora Cristóbal llamó “burda e infantil maniobra” al cierra por “vacaciones”, adelantó que denunciaría penalmente a los responsables del instituto y dijo a Siracusa: “Parece obvio que usted no ha comprendido los alcances que implica, en derecho, la intervención”.

100 millones

De acuerdo con el análisis presentado por Cristóbal en el expediente de la IGJ, en base a lo registrado en AFIP y al que accedió elDiarioAR y adelantó la revista Crisis, la interventora detectó facturas por más de $100.000.000 y recibos por montos más pequeños por otros $28,6 millones en lo que va del 2023. Lo que llamó la atención de la contadora designada por Justicia fueron los tipos de gastos y de “aportes” sin ningún tipo aparente de relación con la actividad del instituto o sin información que permita corroborar la existencia de los servicios de la asociación.

Por ejemplo, entre las supuestas irregularidades detectadas, Cristóbal detectó que Bullrich recibía un salario del instituto fondeado con los ingresos por la realización de “seminarios”. También se encontraron ingresos por “encuentros” y “almuerzos”, “en los cuales, bajo la pantalla de un seminario se ventilaban asuntos que poco y nada tenían o tienen que ver con el objetivo social” de la asociación civil.

El instituto opera en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias y “muchas veces” -escribió la interventora- esos ingresos y gastos iban “al compás del movimientos de campaña política que tenían como protagonista a la propia señora Bullrich”. Cristóbal cree que se trata de “un sistema de ingresos destinados a financiar -en todo o en parte- acciones de proselitismo político”, en decir, que el instituto sería una pantalla para ocultar aportes de empresas y empresarios a la campaña de Bullrich.

Gastos

Los gastos van desde servicios de catering, alquiler de salones de eventos, pasajes aéreos nacionales e internacionales, servicio de consultoría, expertos en minería de datos y estrategias digitales, bases de datos, relevamientos y monitores de clima sociales, hasta pago de honorarios a personas vinculadas a la campaña de Bullrich y centros de cómputos.

Durante 2022, además, los miembros de la comisión directiva percibieron unos $9.000.000, con “posibles y notorias incompatibilidades”.

También se costeó la impresión del libro de Patricia Bullrich, “Guerra sin cuartel”, se abonaron honorarios a Bullrich por “seminarios” y “gastos de librería, reuniones y desenvolvimiento institucional” por $1.410 a una empresa inscrita para comercializar lencería en 2019.

Ingresos

El instituto ha facturado por “aportes” y “aportes débito mensual” por más de $100 millones en los primeros seis meses del año, entre el 1° de enero de 2023 y el 20 de julio último, pero en los remitos no se especifica a qué se refieren con “aportes”, que aumentaron en 2002 y 2023 con respecto a otros años.

Además, la interventora se quejó porque durante el periodo de “vacaciones”, la asociación continuó facturando por “aportes” $300.000, $5.000 y $90.000. Por esa razón, además, AFIP bloqueó al instituto la emisión de facturas y remitos para que no pueda seguir cobrando por sus “seminarios” y “asesoramientos” millonarios.

¿A quiénes factura por sus servicios al IEES? La interventora destacó en su último informe a algunos de los “clientes” del instituto, a los que calificó como donantes “encubiertos”, entre ellos figura una entidad financiera de Rosario, que pagó $6.000.000 por “seminarios”; un empresario de depósitos fiscales que pagó casi $5.000.000; una fábrica de calzado que pagó casi $12.000.000; una fundación de Mendoza; y una empresa de servicios bursátiles y financiera, entre otros.  

“El aumento de la actividad del Instituto, y por ende de sus ingresos, tiene su explicación en el simple hecho de que durante los años 2016-2019 muchos de sus integrantes estuvieron abocados a la función pública”, afirmó el IEES en un comunicado en su web. “Luego vino la pandemia y con el regreso a la normalidad, comenzaron a desplegarse los seminarios y cursos proyectados. Vale recordar que en el año 2022 no hubo elecciones y en 2021 Patricia Bullrich no participó de las mismas. En consecuencia, los argumentos de la utilización de los recursos de una entidad civil para una campaña electoral carecen de todo asidero”, aseguraron.

“No hay nada de llamativo. Muchas empresas abonan diferentes cursos y seminarios para su personal y directivos en materia de políticas públicas y coyuntura. Algunas empresas eligen un curso básico, pero luego solicitan replicarlo a más asistentes”, sostuvo el IEES en su sitio web.

“Para parar las injusticias del Ministerio de la Injusticia daremos intervención a los organismos internacionales, advirtiendo la gravedad de los hechos descritos que solo buscan hacer peligrar la democracia y el proceso electoral en la Argentina. Y ampliaremos las denuncias penales correspondientes”, anunció el IEES.

ED/MG