En lo que va del año, el fuego consumió en Córdoba 69.500 hectáreas de bosques nativos, el equivalente a tres veces y media la superficie de la Ciudad de Buenos Aires con un total de 20.000 hectáreas. La falta de una estrategia a largo plazo, el retaceo de recursos y el desfinanciamiento del Plan del Manejo del Fuego, el avance de la frontera de los cultivos de soja y los establecimientos ganaderos, el déficit habitacional y la necesidad de mudarse a zonas donde los incendios son moneda corriente y los proyectos urbanísticos sin control son algunas de las razones que explican por qué, desde 1987, en Córdoba se quemaron más de 2 millones de hectáreas.

“Todo fuego es político”, repiten en Córdoba cada año, cuando los incendios devoran día a día miles de hectáreas de bosque nativo. Las estimaciones de brigadistas, bomberos voluntarios, del Instituto Gulich –creado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)– y del Plan Provincial de Manejo del Fuego señalan que en lo que va de 2024, los incendios forestales consumieron casi 70.000 hectáreas. Es un número inexacto porque existen muchos focos que no son captados por las imágenes satelitales, por eso, los ambientalistas y brigadistas sostienen que la cifra podría llegar a las 113.000 hectáreas consumidas por el fuego.

Lo cierto es que ya la cifra de 69.500 hectáreas coloca a los incendios de este 2024 como uno de los peores de la provincia.

Andrés Lighezzolo, coordinador de la Unidad de Emergencias y Alertas Tempranas de la CoNAE dice que hasta el martes 24 se habían quemando sólo en la zona Capilla del Monte cerca de 39.000 hectáreas, a los que se suman los fuegos en Chancaní y Villa Berna (en los departamentos Pocho y Calamuchita, en el oeste provincial) que ya consumieron otras miles de hectáreas.

“Nosotros con nuestro equipo de la CoNAE vamos relevando, estamos ascendiendo a 69.500 hectáreas en el 2024”, señala Lighezzolo a elDiarioAR, y compara esa cifra con los incendios desatados en los últimos cinco años: “En 2020 hubo 340.000 hectáreas quemadas; y los años posteriores, 2021, 2022 y 2023, hubo entre 40.000 y 80.000 hectáreas quemadas”.

36 años, 2 millones de hectárea quemadas

El Instituto Gulich mantiene un relevamiento desde el año 1987 sobre los incendios en la provincia. En en base al análisis de imágenes satelitales tomadas a lo largo de 36 años, hasta 2023, se pudo determinar que en Córdoba se consumieron por incendios forestales 2.182.805 de hectáreas, una superficie equiparable con 38 veces el tamaño del departamento de la Capital donde está asentada la ciudad de Córdoba.

Entre 1987 y 1998, durante los gobiernos de los radicales Eduardo Angeloz y Ramón Bautista Mestre, el fuego arrasó 927.744 hectáreas de bosque nativo, siendo 1988 el peor año, con 350.145 hectáreas consumidas por el fuego.

Mientras que entre 1999 y 2023, durante los gobiernos del peronismo cordobesista de José de la Sota y Juan Schiaretti, los fuegos acabaron con 1.255.061 hectáreas de monte virgen. Con 341.000 hectáreas de bosque incendiado, 2020 se presentó como el peor año para las administraciones cordobesistas en materia de daño ecológico.

¿La intencionalidad puede ser el descuido? Los fuegos de las últimas décadas demuestran que no. Si nos vamos al norte de Córdoba, donde años atrás se quemaron más de 30 mil hectáreas, los incendios pasaron por muchos establecimientos ganaderos que pueden verse beneficiados por estos fuegos

Joaquín Deón — Geógrafo, becario del CONICET, brigadista voluntario

Por su parte,  el investigador Joaquín Deón, geógrafo, becario del CONICET, brigadista voluntario e integrante de la Coordinadora  Ambiental y de DD.HH. de Sierras Chicas explicó que “un bosque con especies como las que crecen en nuestras sierras necesita al menos 30 años para recuperarse. Para Córdoba, estos incendios implican un impacto enorme a escala ambiental, por eso los investigadores hablamos de emergencia climática global, no de cambio climático. Vivimos una crisis sistémica donde se relacionan lo económico, lo social y lo ambiental. No es el fuego, es el capitalismo voraz que depreda y hace negocios sobre lo depredado”.

Para este investigador cordobés “los fuegos ahora son más desastrosos por dos razones: se levantó la emergencia nacional, apenas asumió Milei, esa emergencia nacional llegaba hasta enero del 2024. Y además se desfinanció el Sistema Federal de Manejo del Fuego, contribuyendo lamentablemente eso a una pérdida de coordinación entre las fuerzas nacionales”.

Deón señaló que esta vez los incendios forestales arrasaron con decenas de viviendas porque “debido al empobrecimiento de las condiciones de vida, muchas personas buscan terrenos baratos para irse a vivir; no puedo pagar alquiler, ‘compro terrenito y me voy a las sierras’. Son muchas familias que se han mudado en una condición de déficit habitacional enorme, donde la carencia de vivienda y la necesidad de dejar pagar alquiler les ha llevado a adquirir posesiones o inmuebles y hasta viviendas con título en zonas riesgosas de incendio, no dotadas con servicios. Por ahí muchas casas no tienen agua para poder contener o frenar el fuego. Y al mismo tiempo son esas familias las que están sufriendo también la presión tras cada incendio, por ser desalojadas. ¿Por qué? Porque al perderlo todo, se desvaloriza su propiedad, se desvalorizan los costos; pero a la vez no tienen poder adquisitivo para poder reconstruir”.

Este militante de la Coordinadora  Ambiental y de DD.HH. de Sierras Chicas pone en duda los verdaderos motivos sobre una intención en los incendios: “¿La intencionalidad puede ser el descuido? Los fuegos de las últimas décadas demuestran que no. Si nos vamos al norte de Córdoba, donde años atrás se quemaron más de 30 mil hectáreas en Ischilín o Charbonier, los incendios pasaron por muchos establecimientos ganaderos que pueden verse beneficiados por estos fuegos. En esta zona el avance ganadero va de la mano con la sojización. A medida que la sojización avanza en los llanos del norte de Córdoba, se desplaza la ganadería”, advierte Deón.

Las 69.000 hectáreas que hasta ahora se han quemado, en realidad se agregan a todas las hectáreas quemadas anteriormente; porque de esas más de 300.000 hectáreas quemadas en 2020 no se recuperaron todas. Pero va quedando cada vez menos biodiversidad nativa

Raúl Montenegro — Presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM)

El biólogo Raúl Montenegro preside la prestigiosa Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) y en 2004 recibió el premio Right Livelihood Award. En diálogo con elDiarioAR asegura: “Hay que dejar en claro que cuando se produce un incendio forestal, no sólo está esta parte trágica de las viviendas que se queman y obviamente el riesgo para las personas, lo que se está destruyendo es biodiversidad, no se trata solamente de que se estén quemando árboles, arbustos y pastizales; sino que se destruyen miles de especies que conforman esos ecosistemas y que por lo tanto la pérdida es mucho más grave de lo que uno puede llegar a percibir”.

Y precisa: “Las 69.000 hectáreas que hasta ahora se han quemado, en realidad se agregan a todas las hectáreas quemadas anteriormente; porque de esas más de 300.000 hectáreas quemadas en 2020 no se recuperaron todas. Pero va quedando cada vez menos biodiversidad nativa, menos posibilidades hay de que se recompaginen esos ambientes, de hecho, esta violenta destrucción sistemática característica de Córdoba, una de las provincias ambientalmente peor manejadas de Argentina, hace que los procesos de recuperación con esta suma de superficies quemadas se va haciendo cada vez más lento, dificultoso y seguramente con pérdidas irrecuperables”.

El biólogo cordobés aseguró que “estos incendios son el precio que hay que pagar en Córdoba de decisiones políticas que no se tomaron: ante la detección temprana de fuego, debió tomarse una acción rápida para evitar que alcance dimensiones difíciles de controlar, que es lo que está pasando en estos momentos. No hay que olvidar que durante el gobierno de Juan Schiaretti, que yo creo que va a pasar a la historia como una de las gestiones que más contribuyó a la destrucción del ambiente en Córdoba, se descartaron todos los sistemas de torres vigías para la detección temprana de fuegos. Y ahora estamos pagando el precio por políticas cambiantes, con ideas poco claras; que coinciden a nivel nacional con un Plan de Manejo del Fuego que no está ni remotamente disponible de lo que debería estar”.

El presidente de la FUNAM advirtió que “lo venimos diciendo desde hace años, el agronegocio en Córdoba, tanto por la expansión de los cultivos transgénicos, como para la expansión de la ganadería intensiva, está detrás de los desmontes, sigue habiendo desmonte, y estos incendios terminan facilitando mucho esta tarea”.

Agronegocios y déficit hídrico

Christine Edward es una inglesa que vive en Córdoba desde hace más de medio siglo, y eligió La Granja como su lugar en el mundo. Militante ambientalista y pacifista en Inglaterra desde los años ’60, hace poco más de una década, en 2012, ayudó a fundar la Mesa del Agua y Ambiente La Granja, en las Sierras Chicas de Córdoba, a pocos kilómetros de esta Capital. “Los incendios de ahora tienen una mayor intensificación, porque hay mucha más gente afectada –cuenta–. Antes era sólo bosque nativo, ambiente. Ahora, el fuego afectó a la gente, por eso la mirada es distinta. Las urbanizaciones crecieron exponencialmente después de la pandemia, muchas veces, la gente edificó sin planificación, fuera de las zonas urbanas, invadiendo las áreas naturales, con todos los riesgos que hay, en este caso, del fuego”. La Granja tuvo uno de los focos más activos de incendios forestales de la última semana.

Muchas veces, la gente edificó sin planificación, fuera de las zonas urbanas, invadiendo las áreas naturales, con todos los riesgos que hay

Christine Edward — Mesa del Agua y Ambiente La Granja

Para Edward no escapa “el cambio climático” a la hora de la mayor actividad de los fuegos: “Cuando hace calor, hace mucho más calor; y la sequía es mucho más pronunciada, es más larga, abarca la época de invierno y primavera. Se nota la falta de agua, el déficit hídrico”.

Ya en épocas del inicio del tercer gobierno de José de la Sota (2011-2015), esta ecologista anglocordobesa denunciaba la falta de políticas ambientales por parte del Estado: “Hubo una histórica alianza entre los sectores del agronegocio y el Gobierno de Córdoba, pasó con De la Sota, durante el gobierno de (Juan) Schiaretti su política atacó deliberadamente el medioambiente, es como si fuera una venganza. En La Granja trabajamos por un plan de desarrollo urbano con ordenamiento ambiental. Pero avanzaron en toda la zona de las Sierras Chicas los desarrollos inmobiliarios, sin importar la falta de agua. Por los medios nos inundan con publicidad del Gobierno que dice que las autovías traerán desarrollo y conectividad, pero las autovías serán más anchas, tendrán más tráfico y traerán más problemas. Esperemos que con Llaryora la situación cambie; porque muchas veces las autoridades, los funcionarios, no se organizan y no defienden como se debe, lo que deben defender”.

Medardo Avila Vázquez es médico integrante de la Red Universitaria de Ambiente y Salud y secretario general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba). Investigador desde hace más de dos décadas de la acción de los agroquímicos en los pueblos fumigados.

Para este especialista cordobés, los fuegos que aún persisten en las sierras de Córdoba, tienen directa relación con los fuegos de hace cuatro años atrás: “El incendio del 2020, que se quemó Córdoba, todas las sierras, el Pan de Azúcar, es fundamental para entender los fuegos de 2024: ese incendio fue el que decidió la construcción de las brigadas comunitarias. Todo el mundo vio cómo se quemaba todo y desde el Plan de Manejo del Fuego se limitaban a mirar cómo corría el fuego hasta que se apagó solo, porque el problema de base es ese, para quiénes dirigen el Plan de Manejo del Fuego no es prioridad apagar el monte, ni el bosque, ni el pastizal, para ello el monte se quema normalmente, naturalmente, periódicamente. Aparte de terminar con el bosque nativo, esa zona queda habilitada para un negocio inmobiliario, urbanístico o de agronegocios. Ya lo vimos, lo venimos viendo desde 1999”.

Avila Vázquez, uno de los opositores a la traza de la autovía de la Ruta 38 que atraviesa el valle de Punilla destacó ante elDiarioAR que “el de 2020 no fue un incendio casual”.

La autovía de montaña cuya traza fue defendida por el gobierno de Juan Schiaretti tenía varios problemas de alto impacto ecológico, por caso, atravesaba yacimientos de uranio, con el peligro que ello conlleva. “En 2019 se frenó el desmonte, hubo una audiencia pública que fue gigantesca,  movilizaciones y al final Schiaretti levantó el proyecto ¿Y qué pasó al año siguiente? En 2020, cuando llegó la época de sequía, le prendieron fuego a toda la traza de altura, de media altura que tenía el proyecto de la autovía, que nosotros lo habíamos prohibido para cuidar el monte. Le prendieron fuego a todo, y quemaron más de 300.000 hectáreas”, denunció Avila Vázquez.

Las 2,2 millones de hectáreas arrasadas por los fuegos en estas casi cuatro décadas no son sólo números de Excel, sino como sostienen especialistas, es la destrucción de la biodiversidad, desde bacterias imperceptibles hasta comadrejas y pumas, desde pequeños arbustos hasta imponentes quebrachos. En los expedientes judiciales y de la Secretaría de Ambiente de la Provincia se niega la existencia de ese bosque, se lo invisibiliza y sólo se habla de los incendios a secas, sin dimensionar el ecocidio que sufre Córdoba desde hace décadas: “El desmonte es consecuencia de la complicidad de los actores privados con el poder político municipal, provincial y nacional; con estudios de pre factibilidad para explotación agraria, minera o inmobiliaria, como queda evidenciado en los expedientes oficiales. El Estado provincial no es ajeno al desmonte”, denuncia Deón.

Para los ambientalistas cordobeses, el combo sequía-incendios-inundación es el terreno ideal para que los empresarios generen proyectos urbanísticos y amplíen el avance de los agronegocios donde antes había bosques nativos.

GM/MG

Ocho provincias ubicadas en las regiones centro y norte del país sufrieron en los primeros 20 días de agosto los efectos devastadores de incendios forestales que arrasaron miles de hectáreas y viviendas, interrumpieron el tránsito de vehículos en rutas nacionales y obligaron a la evacuación de poblaciones campesinas, todo en un escenario de lluvias escasas, una prolongada sequía y temperaturas que en pleno invierno superaron durante varias jornadas los 30 grados centígrados.

Diferentes zonas de Córdoba, San Luis, Catamarca, Jujuy, Chaco, Entre Ríos, Formosa y Tucumán fueron afectadas por el fuego que, en más del 90% de los casos, fue originado por la acción humana, según el testimonio de expertos y brigadistas.

Durante el último fin de semana largo, los bomberos combatieron distintos focos en las localidades cordobesas de Villa Yacanto, Santa María de Punilla y Traslasierra, donde las llamas, avivadas por el fuerte viento Zonda que llegó a soplar a una velocidad de 100 kilómetros por hora en la región, arrasaron con la vegetación y varias cabañas destinadas al turismo. 

Los incendios también alcanzaron áreas pobladas de las sierras centrales, en San Luis; una de las ciudades afectadas fue Potrero de los Funes, donde el descenso de la temperatura, la merma del viento y una leve garúa favorecieron el trabajo de los bomberos en un territorio de varios kilómetros de extensión.

En forma recurrente, los incendios forestales arrasaron en los últimos años cientos de miles de hectáreas a lo largo y ancho de la Argentina, una situación que llevó a un grupo de científicos sociales a trazar un análisis que permitiera dar con las causas de estos hechos. Lo hicieron en el libro “Argentina en llamas. Voces urgentes para una ecología política del fuego”, en el que con distintos abordajes concluyeron en la existencia de un patrón de producción de las llamas impulsado por distintos actores que buscan “liberar” tierras para usos agrícola-ganaderos, madereros o inmobiliarios.

“Los incendios registrados en Argentina y, suponemos, que en toda la región latinoamericana, tienen en común un mismo patrón extractivo: aprovechar temporadas de sequías –derivadas, por ejemplo, de la corriente de La Niña, la bajante histórica del Paraná y del cambio climático- para quemar a gran escala y lograr un cambio de usos del suelo allí donde antes no se podía, ya sea para extender la frontera agrícola ganadera, para desarrollar proyectos de urbanización, para fines turísticos”, explicó a elDiarioAR Marina Wertheimer, politóloga por la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigadora del Conicet.

Wertheimer es junto Soledad Fernández Bouzo, socióloga y también investigadora del Conicet, compiladora de un libro en el que doce autoras y autores exploraron, desde una “ecología política de las llamas”, los factores humanos y no humanos detrás de los incendios ocurridos y provocados desde 2020 y su vínculo con los modelos productivos extractivistas, las diferencias de género y clase en la producción del fuego, el rol del Estado y la pérdida de biodiversidad y diversidad cultural en las zonas afectadas.

Si bien la expansión de la frontera agrícola-ganadera y el desarrollo de proyectos de urbanización para fines turísticos son básicamente los principales motivos de origen de los incendios forestales en el país, Wertheimer consideró “necesario complejizar un poco la mirada” de la situación porque, aseguró, “no todos los fuegos son para el extractivismo, sino que muchos fueron y siguen siendo para la reproducción de la vida o la producción a pequeña escala”.

“Lo que agrava los incendios –destacó la politóloga- es el contexto de cambio climático y sequía, que favorece la propagación del fuego. Al haber muchos arroyos secos, hay menos humedad en el ambiente y más material combustible. O como ocurrió y ocurre en el delta del Paraná, que debido a la bajante del río quedaron al descubierto las islas para desmontar y ganar tierras para la ganadería”, indicó. 

Las llamas no solo ocasionan pérdidas económicas para los productores, sino también en la biodiversidad en un contexto de calentamiento de la Tierra y alteración del régimen de lluvias. Sin embargo, de lo que menos se habla, según Wertheimer, es de los perjuicios que padecen los habitantes rurales, quienes sufren el incendio de sus casas y sus pequeños campos. Lo que se produce “es un eco-etnocidio”. 

“En este contexto de producción de incendios a gran escala, otra cosa que también pierden los habitantes del campo -tanto sea de las sierras cordobesas, de las islas del delta o de campos correntinos, por ejemplo- es la posibilidad de seguir con sus prácticas tradicionales de uso del fuego. No es lo mismo un fuego, una quema y un incendio”, aseveró la investigadora del Conicet.

En un escenario “que busca encontrar culpables rápidamente –agregó-, las miradas acusatorias recaen casi siempre sobre el pequeño. Y los productores rurales que usaron el fuego para cocinar, clarear pequeñas parcelas, espantar mosquitos o para quemar basura, como sucede en pequeños poblados donde ni siquiera hay recolección de residuos, encuentran dificultades adicionales para seguir reproduciendo sus prácticas de vida, porque son señalados como los culpables de la producción de fuego a gran escala”, detalló Wertheimer.

El libro “Argentina en llamas” también procuró dejar en evidencia que también hay una desigualdad de clase en a quienes afecta el fuego y en la posibilidad de reponerse de sus consecuencias. 

“Otra de las dimensiones que el libro trata –se explayó la compiladora– es la política entendida en un sentido amplio. Por un lado, el accionar de las distintas administraciones responsables de la gestión del fuego, que es insuficiente o, cuando no, corresponsable. Pero también aborda la politicidad de las nuevas brigadas que nacieron al calor de las llamas”, indicó.

El trabajo destacó que en los últimos años emergieron en Córdoba “más de 30 brigadas autogestionadas para hacer lo que el Estado falló en hacer por acción u omisión. Primero intuitivamente, salieron a apagar el fuego de sus casas cuando los bomberos no llegaban. Hoy, muchas de ellas se fueron formando y profesionalizando, pero se sustentan en el apoyo económico y emocional de la comunidad que las rodea”, afirmó.

¿Puede explayarse sobre ese concepto de “ecología política del fuego”? ¿Hacia dónde apunta?

Wertheimer: La ecología política es una corriente de pensamiento y acción que propone entender los daños ambientales dentro de las relaciones de poder y de las disputas por el acceso, el control y la distribución de los bienes naturales. Busca entender los problemas ambientales no meramente como cuestiones biológicas, sino vincularlos con las relaciones sociales y políticas. Por eso propusimos la idea de una ecología política del fuego. Queremos entender, como sintetizan distintos movimientos socioambientales, que “todo fuego es político”. Es decir, mostrar sus causas políticas vinculadas al extractivismo y al despojo.

¿Qué reacción encuentran en el Estado nacional, en los gobiernos provinciales y en la Justicia ante los incendios? 

Wertheimer: En general, el Estado, en sus distintos niveles, tolera –cuando no apoya– la expansión de las actividades productivas en nuevos territorios en pos de aumentar exportaciones e ingreso de divisas, lo que genera condiciones permisivas para la proliferación de los incendios. Esto se traduce en que faltan medidas de prevención y en un poder de policía muy acotado. Como cuentan dos autoras en el libro, Mariana Schmidt y Malena Castilla, un grupo de funcionarios provinciales encargados de la prevención y reducción de incendios afirma que solo la lluvia es capaz de controlar el fuego, dejando su propio rol muy desdibujado. También fue muy particular que, por ejemplo, en Rosario sus habitantes decidieron salir a protestar por los incendios aun en pleno aislamiento por Covid-19. Así quedó expuesta a la situación de que no había salud que cuidar si ni en sus casas podían respirar por el humo que se filtraba por puertas y ventanas. Esta contribución muestra que la atención a la salud no es solamente sanitaria —la arista en la que se concentraron, mayormente, los esfuerzos del gobierno— sino que la salud humana va de la mano de la salud de los ecosistemas y cuidando también las condiciones de producción. 

¿La sequía registrada entre fines de 2022 y principios de este año causó un agravamiento en el panorama de incendios forestales? ¿Estiman que un fenómeno climático como el que se da actualmente en Europa, con extensas olas de calor y una disminución de los recursos hídricos, puede traer consecuencias graves al país en este aspecto?

Wertheimer: La tierra está más caliente. Se siente en Europa y se siente acá con este invierno sin tanto frio. Las consecuencias para Argentina ya han llegado. Son las olas de calor cada vez más largas, el derretimiento de los hielos de la Antártida, la sequía que nos dejó sin dólares, y la búsqueda de divisas por canales alternativos que solo son más extractivismo: gas de Vaca Muerta y litio de Jujuy.

GT/MG