¿En qué pensamos cuando pensamos en “inseguridad”? Los politólogos y doctores en ciencias sociales Gabriela Seghezzo y Nicolás Dallorso –que también es abogado– investigan con un enfoque disruptivo ese fenómeno. Dentro del Instituto Gino Germani de la Facultad Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) integran un equipo de investigación que apunta a los empresarios poderosos que con sus evasiones y elusiones impositivas, con sus corrupciones y con sus contaminaciones ambientales producen más daño en la sociedad que los delicuentes en los que se centran los medios de comunicación.

–¿Qué es lo que están investigando concretamente?

Gabriela Seghezzo: –Durante muchos años estuvimos trabajando cómo se construía la inseguridad como problema, porque aparecía como un eje central de la agenda política, mediática, incluso académica. Y la cuestión es que esa forma de construcción hegemónica de la seguridad invisibiliza otras prácticas que en algunos casos son delitos, pero son profundamente dañosas para el conjunto social, como son los ilegalismos de los poderosos. Es decir, las prácticas en un continuum legal e ilegal que llevan adelante grupos de poder. A fines de los 90, en paralelo al resquebrajamiento de la hegemonía de la convertibilidad, había habido una fuerte caracterización social peyorativa de estas tramas que protagonizaban los poderosos. Por ejemplo, sobre las privatizadas y los bancos, dos sectores que habían sido claros ganadores durante los 90.

Nicolás Dallorso: –En general, en la agenda mediática aparecen los delitos que se llaman callejeros, que llevan adelante los sectores populares y eso desconoce que las tramas de ilegalidad atraviesan todo el cuerpo social y sobre todo, quedan invisibilizados los que llevan adelante los sectores más poderosos.

–Imagino por qué, ¿pero qué opinan ustedes del motivo de esa invisibilización?

Dallorso: –En la criminología se habla de una selectividad penal, es decir, muchas de las prácticas que producen daño que llevan adelante los sectores poderosos ni siquiera son tipificadas en el Código Penal. Eso es lo que se llama un déficit en la criminalización primaria. Entonces, por ejemplo, una empresa puede generar un daño ambiental muy grande y no necesariamente eso es delito porque no fue tipificado, pero eso no quiere decir que no produzca daño. Segundo, hay algunos daños, algunos delitos que sí están tipificados en el Código Penal, como la evasión impositiva, el fraude de balances, el tráfico de información privilegiada, las coimas, pero hay un déficit en la política criminal, es decir, no se persiguen esos delitos. Son delitos que en general cometen sectores poderosos. Entonces no se persiguen. Por último, en los casos en que está tipificado el delito y se los persigue, en general por su condición de poderosos, no son condenados. Entonces ahí tenemos un déficit en la criminalización secundaria y terciaria. Por todas estas razones, además de la cobertura mediática, la percepción social y el propio funcionamiento del aparato penal criminal, quedan por fuera estas prácticas que algunas son legales, algunas ilegales. Pero esto no quiere decir que no generen gran daño social. Hay una corriente de estudio europea anglosajona que se llama zemiología, con z, que proviene de la criminología, que trae aportes de la criminología crítica y se centra no tanto en los delitos, sino en las prácticas que generan daño.

–¿Qué daños?

Dallorso: –Daño ambiental, daño económico, daño en la salud, daño en las condiciones laborales. Empieza a fijarse en eventos como pueden ser un genocidio, que no necesariamente se lo persigue penalmente pero obviamente genera un gran daño social, o desastres ecológicos, o grandes empresas que no pagan cargas sociales y que eso afecta a las condiciones laborales de sus trabajadores, o políticos y empresarios que no declaran sus bienes, entonces no pagan impuestos. Todas estas cuestiones, que no necesariamente son delitos siempre, sino que a veces entran y salen también de los plexos normativos y de la persecución del Estado, o sea, de la persecución criminal.

Seghezzo: –La criminología crítica pudo poner en palabras esta dimensión geopolítica y política primero de la cuestión de los ilegalismos. Hay ciertas prácticas que son consideradas delito y en algún momento dejan de estar en los plexos normativos. Por ejemplo, hace poquito (Donald) Trump eliminó una legislación que impedía pagar por parte de empresas norteamericanas sobornos en terceros países. Fíjate vos qué clave, ¿no? No todas las prácticas que hoy señalamos como delitos fueron históricamente consideradas delitos. Y prácticas que habíamos considerado delitos luego salen de algunos plexos normativos y se impiden la persecución de esas prácticas. Entonces, esa tolerancia o intolerancia respecto de la criminalidad económica, sobre todo, está estrechamente vinculada con la disputa política y con la disputa geopolítica en nuestros países. A nosotros nos interesa mirar qué pasa con estos grandes casos.

–¿Qué sectores están investigando?

Seghezzo: –Puntualmente estamos trabajando en tres sectores: energético, agroalimentario y pesquero. Pero en el horizonte seguiremos avanzando sobre otros. En este recorrido nos aparecen una serie de figuras clave para pensar cómo se producen estas prácticas, cuando hablamos de catástrofes ambientales, evasión impositiva de los grandes grupos económicos, subfacturaciones, coimas o prácticas que están al borde de la legalidad: aparecen lo que nosotros llamamos cross informal advisors, que son una suerte de asesores informales con la particularidad de que ponen en relación al sector privado del que forman parte con el sector público. Y esos contactos que tienen o articulan les permiten llevar a cabo esas prácticas que producen grandes daños sociales. Pero además estas figuras clave de este ilegalismo económico organizado permiten una extracción neocolonial de las economías periféricas hacia las economías centrales. En ese juego geopolítico de grandes compañías que extraen plusvalor no solo del trabajo que se desarrolla en los países periféricos, sino también y sobre todo de estos ilegalismos económicos organizados, los cross informal advisors permiten esa articulación porque ponen en relación un saber local, por ejemplo, el conocimiento de los plexos normativos, de las normas del derecho en los países periféricos, de los huecos legales que permitan, legitiman y avalan esa prácticas de extracción de valor hacia las las economías globales.

–¿Ya han detectado algún hallazgo en estas investigaciones que vienen haciendo de estos tres sectores en particular?

Dallorso: –Estamos teniendo hallazgos por ahora preliminares: encontramos prácticas que generan grandes daños sociales, principalmente en estos tres tipos de daño: lo que podríamos llamar al erario público, en el sentido de que se genera evasión impositiva, fuga de capitales o van reduciendo la capacidad recaudatoria del Estado. Una segunda área de daños está vinculada a los daños ambientales: tanto la industria agroalimentaria, el sector energético, sobre todo petrolero, y el sector pesquero hacen un uso abusivo del ambiente, generando daños permanentes y en muchos casos no se pueden retrotraer. Y el tercer tercer tipo de daño que logramos identificar está vinculado con el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores que contratan estas empresas. Si bien tienen una cantidad importante de trabajadores con las condiciones laborales en blanco, también hay una serie de subcontrataciones que no están directamente ligadas a la empresa, pero que generan inseguridad laboral en las condiciones de vida de los trabajadores.

AR/DTC

Cada vez son más los países que se plantean introducir leyes que tipifiquen como delito el ecocidio. México es el ejemplo más reciente en el que los políticos aspiran a desincentivar los daños medioambientales —y conseguir justicia para sus víctimas— mediante la criminalización. Karina Marlen Barrón Perales, diputada por Nuevo León, ha presentado al Congreso mexicano un proyecto de ley que introduce el nuevo delito de “ecocidio”.

Aunque dañar el medio ambiente ya es un delito en la mayoría de los países, el reconocimiento del ecocidio eleva los casos más atroces a la categoría de delito, con las penas correspondientes.

El nuevo proyecto de ley mexicano pretende tipificar como delito “cualquier acto ilícito o gratuito cometido a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que se produzca un daño grave y generalizado o a largo plazo para el medio ambiente”. Si se aprueba, cualquier persona declarada culpable de ecocidio podría ser encarcelada hasta 15 años y multada con hasta 1.500 pesos mexicanos (90 dólares) al día.

El proyecto de ley mexicano utiliza una definición de ecocidio elaborada por un grupo internacional de expertos jurídicos en 2021. La definición estaba destinada principalmente a ser adoptada por la Corte Penal Internacional mediante una enmienda al Estatuto de Roma —objetivo clave de la Stop Ecocide Foundation—, pero ahora también se está utilizando para la legislación nacional.

Sólo unos pocos Estados de todo el mundo han tipificado como delito el ecocidio, entre ellos Vietnam, Ucrania y Rusia. El procurador general de Ucrania ya está investigando un posible caso de ecocidio contra Rusia por la rotura de la represa de Nova Kakhovka.

Francia se convirtió en 2021 en el primer país de la UE en tipificar el ecocidio, aunque la redacción no es tan contundente como esperaban los activistas. Un caso testigo que involucra productos químicos cancerígenos está actualmente en los tribunales.

En otros países, como Holanda, se han presentado proyectos de ley similares. Bélgica está a punto de finalizar su propia versión de la ley, mientras que el Parlamento catalán está liderando los esfuerzos para tipificar el ecocidio como delito en el Código Penal español.

En Escocia, la diputada laborista Monica Lennon está intentando introducir un proyecto de ley sobre ecocidio y lanzará una consulta pública al respecto en otoño.

En Brasil, donde la deforestación de la selva amazónica se ha calificado reiteradamente como delito, el partido político PSOL presentó en junio un proyecto de ley de ecocidio en el Congreso.

Rodrigo Lledó, director de Stop Ecocide Americas y miembro del grupo que elaboró la definición de ecocidio, afirmó que el de Brasil era el primer proyecto de ley de este tipo en América Latina que entraba formalmente en una cámara legislativa nacional. Otros países de la región, como Argentina y Chile, también han manifestado un interés creciente.

Lledó subrayó que todos estos proyectos de ley requieren aún la aprobación parlamentaria y que pocos cuentan con el apoyo del partido gobernante. “Pero es importante que la gente hable de ello y que surjan nuevos proyectos de ley”, afirmó.

Durante una investigación parlamentaria islandesa a principios de año sobre si el país debía reconocer el ecocidio, la primera ministra, Katrín Jakobsdóttir, dijo a los diputados que su gobierno estaba siguiendo “muy de cerca” los trabajos sobre un marco jurídico internacional sobre ecocidio.

Aunque su aplicación sería “complicada”, afirmó que era “sólo cuestión de tiempo que esta cuestión se convirtiera en la más importante en el ámbito de los derechos humanos”.

En enero, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó una resolución en la que pedía a los Estados miembros que actualizaran sus legislaciones para codificar un delito de ecocidio.

Dos meses después, el Parlamento Europeo apoyó la inclusión de los delitos ecológicos en la nueva directiva de la UE sobre delitos contra el medio ambiente. Si se aprueba en el plenario legislativo de la UE, los Estados miembros deberán tipificar el ecocidio como delito en su legislación nacional.

Jojo Mehta, cofundadora y directora ejecutiva de Stop Ecocide International, afirmó que el interés por la idea de tipificar como delito el ecocidio ha crecido enormemente en los últimos años.

En su opinión, la amplitud de la definición jurídica, que se centra en las consecuencias medioambientales más que en actividades concretas, ha sido muy útil. “Desde el punto de vista político, parece haber tenido bastante éxito, porque no señala a ningún sector ni a ninguna empresa”.

“También asegura que la definición perdure en el tiempo, porque una de las cosas trágicas de nuestra actitud hacia la extracción del planeta es que nunca podemos saber con certeza de un año para otro qué terribles resultados vamos a obtener”.

La iniciativa de tipificar como delito el ecocidio en México se produce en un momento en que el gobierno del país se enfrenta a críticas por su enorme proyecto de tren maya, que amenaza a las comunidades indígenas y podría causar graves daños medioambientales.

La diputada Barrón Perales, cuyo partido, el PRI, está actualmente en la oposición, instó a sus compañeros legisladores a dejar de ignorar la destrucción del medio ambiente de México con la aprobación del nuevo proyecto de ley. “Es momento de reaccionar y señalar estas fallas en nuestra legislación para que [estos actos nocivos] sean castigados con la gravedad que merecen. Que no sigan quedando impunes”.

Mehta, que lleva muchos años trabajando para que el Tribunal Penal Internacional reconozca el ecocidio, dijo que en el pasado le preocupaba que la atención sobre la legislación nacional fuera una distracción de este objetivo superior.

“Pero en realidad, parece que se refuerzan mutuamente. En última instancia, se supone que el propósito del derecho penal internacional es abordar los peores crímenes en el plano internacional, en lugar de inventar nuevos. Y a medida que más y más gobiernos nacionales empiezan a hablar de ecocidio, más Estados empiezan a escuchar a nivel internacional.”

Traducción de Santiago Armando

Una nueva iniciativa mundial para combatir los delitos contra el medioambiente se ha puesto en marcha. La recién lanzada Alianza contra los Delitos contra la Naturaleza buscará ponerle fin a las redes delictivas ambientales, cuyas actividades ilícitas generan hasta 280.000 millones de dólares al año, según informó el proyecto.

La alianza ―dirigida por los gobiernos de Noruega, Estados Unidos y Gabón― reunirá a Estados, organismos internacionales, fuerzas de seguridad y organizaciones de la sociedad civil para luchar contra la explotación ilegal de los recursos naturales y la fauna y flora silvestres.

Según expertos, los delitos contra el medioambiente son cuarta actividad delictiva actividad delictiva más lucrativa del mundo, por detrás del tráfico de drogas, la trata de personas y la falsificación, con la deforestación ilegal, la conversión de tierras, la minería, la pesca y el comercio de especies silvestres, entre las formas más frecuentes.

La alianza fue anunciada el miércoles en una reunión del Fondo Mundial para el Medioambiente ―el mayor fondo multilateral del mundo para la acción ambiental― y pretende aumentar la voluntad política, incrementar los compromisos financieros e impulsar la capacidad internacional para combatir los delitos contra el ambiente.

“Los delitos contra la naturaleza amenazan nuestra seguridad colectiva. Socavan el Estado de derecho, alimentan la corrupción, destruyen ecosistemas y llevan a las especies al borde de la extinción, mientras proporcionan miles de millones de dólares a los grupos delictivos transnacionales”, declaró Jennifer Littlejohn, subsecretaria de la Oficina de Océanos y Medioambiente de Estados Unidos, en la presentación de la alianza en Vancouver, Canadá.

Es hora de actuar a escala mundial para ponerles fin a la explotación criminal y la degradación de la naturaleza con fines lucrativos

Ghada Waly — Directora Ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

Aunque en los últimos años han surgido muchas organizaciones públicas, privadas, comunitarias y de la sociedad civil para luchar contra los delitos contra el medioambiente, estos esfuerzos han estado normalmente fragmentados, algo que la Alianza contra los Delitos contra la Naturaleza pretende solucionar proporcionando un foro de colaboración y coordinación.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) e Interpol también se han sumado a la iniciativa, junto con organizaciones de la sociedad civil como TRAFFIC, el Instituto de Recursos Mundiales y la organización Indigenous Peoples Rights International (IPRI). En total hay 22 miembros y se espera que se unan más socios, ya que la alianza empezará a funcionar oficialmente en los próximos meses.

Yulia Stange, directora de la Alianza contra los Delitos contra la Naturaleza, declaró que los miembros trabajarán en áreas clave en las que su enfoque colaborativo y multisectorial puede tener un gran impacto. Entre ellos figuran proyectos para identificar y desbaratar los flujos financieros vinculados a los delitos contra el medioambiente, iniciativas para acelerar el uso de la tecnología y trabajos para reforzar la capacidad de los defensores ambientales.

“Los delincuentes ven en los delitos contra el medioambiente una oportunidad de obtener grandes beneficios y un bajo riesgo. La opinión pública lo considera un delito sin víctimas, cuando en realidad tiene un gran impacto en las personas”, declaró Stange en la presentación de la iniciativa. “La alianza quiere mover la aguja en materia de delitos contra el medioambiente. Queremos convertirlos en una actividad de alto riesgo y baja recompensa para los delincuentes de todo el mundo”.

Delitos contra el medioambiente

Expertos han afirmado que la prevalencia de los delitos contra el ambiente constituye un obstáculo importante para avanzar en la lucha contra el cambio climático, hacer frente a la pérdida de biodiversidad, reducir futuras pandemias y lograr un desarrollo sostenible. La escala de los delitos es inmensa y sus autores suelen estar vinculados a delitos financieros, así como a violaciones de los derechos humanos y laborales. La Alianza contra los Delitos contra la Naturaleza informa que los crímenes contra el medioambiente generan cada año entre 110.000 y 281.000 millones de dólares en ingresos delictivos, y pueden tener repercusiones indirectas de hasta 2 billones de dólares anuales.

Las operaciones mineras ilícitas destruyen bosques y contaminan ríos en toda la cuenca del Amazonas y otros ecosistemas forestales vitales. Las actividades pesqueras ilegales interrumpen cadenas alimentarias cruciales que sirven tanto a las poblaciones humanas como a la vida marina. El tráfico de vida silvestre también amenaza la supervivencia de numerosas especies emblemáticas, como tigres, jaguares, elefantes y rinocerontes.

La abundancia de flora, fauna y recursos minerales en América Latina hace que la región sea especialmente vulnerable a los delitos contra el medioambiente. Informes han revelado que muchos grupos delictivos organizados que históricamente se dedicaban al tráfico ilegal de drogas ahora se han centrado en los delitos contra el ambiente, aprovechando los bajos riesgos, los altos beneficios y la corrupción general.

Al albergar casi una cuarta parte de los bosques tropicales del mundo, América Latina es un punto caliente en el comercio ilegal de madera, cuyo valor global se estima en hasta 150.000 millones de dólares anuales.

Por ejemplo, el año pasado, una operación en 12 países dirigida por Interpolcondujo a la recuperación de más de 80 camiones cargados de madera ilegal procedente de bosques de América Latina y el Caribe, valorados en más de 700.000 dólares estadounidenses. Durante la operación de Interpol se denunciaron casi 300 incidentes y se detuvo a 69 personas.

América Latina es también la región más peligrosa del mundo para los defensores del medioambiente, con frecuencia en el punto de mira de los delincuentes medioambientales. Desde 2012, más de 1.700 activistas han sido asesinados en todo el mundo, y casi el 70% de los casos se han producido en América Latina. Brasil ha registrado el mayor número de asesinatos, que han afectado especialmente a indígenas o afrodescendientes, seguido de Colombia.

La selva amazónica se ha convertido en punto caliente de delitos medioambientales y la violencia contra los defensores del ambiente, en parte por su abundancia de recursos naturales.

A principios de este mes ocho países amazónicos se reunieron en la ciudad brasileña de Belém, y firmaron una declaración en la que se comprometían a reforzar la cooperación contra los delitos medioambientales. La declaración incluía la creación de una fuerza conjunta de policía ambiental con sede en Manaos, en el estado brasileño de Amazonas.

Aunque ningún gobierno latinoamericano se ha unido aún a la nueva alianza contra los delitos ambientales, fuentes de la Asamblea del GEF dijeron a Diálogo Chino que algunos habían expresado interés en formar parte.

Si bien la Alianza contra los Delitos contra la Naturaleza es un paso en la dirección correcta, ahora tendrá que abordar los numerosos obstáculos transversales que se han identificado previamente. Entre ellos se encuentran las élites políticas y económicas que protegen a los beneficiarios de los delitos, el alcance transnacional de las actividades y la naturaleza globalizada y compleja de las cadenas de suministro de recursos naturales, entre otros.

“Los grupos de delincuencia organizada están profanando frágiles ecosistemas mediante el tráfico de especies silvestres, la minería ilegal, el tráfico de residuos y otras actividades ilícitas”, declaró Ghada Waly, Directora Ejecutiva de la UNODC, en la presentación de la alianza. “Es hora de actuar a escala mundial para ponerles fin a la explotación criminal y la degradación de la naturaleza con fines lucrativos”.

Por el momento no se han anunciado compromisos financieros firmes para luchar contra los delitos contra el medioambiente a través de la nueva alianza, aunque se espera que en los próximos meses se aclaren los detalles sobre sus funciones y capacidades.

FK/MG

Este artículo fue realizado con el apoyo de la red Earth Journalism Network de Internews. Y fue publicado originalmente en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/