Abrir la canilla y que salga agua limpia parece un gesto simple, casi automático. Sin embargo, el Gobierno redujo al mínimo en 20 años los fondos para obras de agua potable y cloacas, dejando a millones de personas frente al riesgo de perder un derecho tan elemental como invisible. Hoy, la política de ajuste del primer presidente liberal libertario de la historia universal, como se jacta Javier Milei de serlo, llevó el presupuesto nacional para estas obras a su piso histórico, con recortes que golpean especialmente a la provincia más poblada del país: Buenos Aires.

En los barrios donde las napas se contaminan y las cloacas nunca llegaron, el recorte en agua y saneamiento suena como una condena más. Entre 2024 y 2025, la inversión nacional cayó a su nivel más bajo en dos décadas, justo cuando más falta hace, según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

En Argentina, más de 6 millones de personas viven sin baño. Esto incrementa el riesgo de diarreas, infecciones, parasitosis y problemas de piel, y genera además barreras sociales y comunitarias. Cada año se reportan 1 millón de casos de diarrea aguda, una de las principales causas de mortalidad infantil. El 40% podría prevenirse con el lavado de manos, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina.

Especialistas en políticas sanitarias, infraestructura y agua coincidieron en que esta caída presupuestaria no es un problema técnico menor, sino que produce efectos acumulativos graves. En un estudio reciente del Conicet, la investigadora doctora en Ciencias Sociales Verónica Cáceres advirtió que la falta de obras de expansión y la concentración de inversiones en zonas rentables dejó a hogares de menores ingresos sin acceso al saneamiento, lo que multiplicó los riesgos de enfermedades en barrios populares.

Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre gobernanza del agua en Argentina, “garantizar la seguridad del agua a largo plazo es esencial para adaptarse al cambio climático, y lograr un desarrollo inclusivo y sustentable”. Aclaran que eso exige planificación eficaz, financiamiento estable, coordinación multinivel entre jurisdicciones, y una institucionalidad capaz de sostener proyectos más allá de los ciclos políticos.

Organizaciones sociales también se manifestaron. En el Observatorio Ciudad señalaron que “en la Argentina, por cada dólar invertido en agua, el recupero es de 2.5 dólares, mientras que para saneamiento es de 8.2 dólares… La mirada de la rentabilidad a través del cobro de tarifas está completamente superada”.

Los riesgos concretos que advirtieron los especialistas

• Aumento de enfermedades vinculadas al agua sucia o cloacas sin tratamiento, como diarreas, leptospirosis y otras infecciones gastrointestinales.

• Impactos diferenciados en barrios vulnerables, asentamientos informales y zonas periurbanas que ya enfrentan precariedad en infraestructura.

• Pérdidas hídricas crecientes y desperdicio de recursos que agravan la crisis del agua en regiones secas o semiáridas.

• Deterioro de redes existentes por falta de mantenimiento, que luego demandará costos mucho mayores para recuperar.

• Amenaza al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en particular el ODS 6 (agua y saneamiento para todos).

Desde la economía política del agua se remarcó que, sin financiamiento constante y regulaciones claras, los proyectos se planifican a corto plazo, con falta de previsibilidad para las provincias y los municipios. El trabajo “Economía política de la política de agua y saneamiento en la Argentina” elaborado por Carlos H. Acuña y colaboradores señaló que “la falta de ley marco de agua y saneamiento que fije políticas y criterios comunes” ha sido un obstáculo permanente para la sostenibilidad de las políticas.

En la provincia de Buenos Aires, donde viven decenas de municipios con déficit en infraestructura sanitaria, la escasez presupuestaria puede traducirse en riesgos reales: inundaciones más frecuentes, contaminación de napas, ampliación de enfermedades, degradación ambiental y mayores costos indirectos para los hogares (agua embotellada, remedios, ausentismo laboral).

El gobierno actual invocó el equilibrio fiscal como justificación principal para los recortes. Sin embargo, según los expertos, recortar en saneamiento no solo compromete derechos básicos sino que también puede generar gastos futuros mucho mayores (hospitalizaciones, limpieza de cuencas, mitigación de contaminación) que podrían sobrepasar lo que se ahorra hoy.

JJD/MG

En la región de Latinoamérica y el Caribe 17 millones de personas, un 3 % de la población, tiene un acceso limitado básico al agua o la consumen de fuentes no aptas, mientras más de 160 millones carecen de acceso a agua segura, datos que se enmarcan en el Día del Agua, que este año tiene como lema 'Agua para la paz'.

Según los datos de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, de una población en la región de casi 650 millones de personas repartidos en 33 países, más de 430 millones no tienen acceso a saneamiento seguro, derechos recogidos en el listado de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2015-2030 de Naciones Unidas.

Asimismo, 300 millones de personas en las urbes no tienen sistemas de alcantarillado y más de diez millones defecan al aire libre, lo que conlleva un riesgo muy alto y grave para la salud y la seguridad de las personas.

A pesar de que Latinoamérica posee el 31 por ciento de fuentes de agua dulce y de que hubo progresos en la provisión de los servicios de abastecimiento de agua, sigue existiendo una brecha entre el abastecimiento de agua gestionada de forma segura en zonas rurales (53 %) frente a las zonas urbanas (81 %), según datos del Programa conjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Unicef y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismos dependientes de Naciones Unidas.

El cambio climático y la influencia del fenómeno meteorológico de El Niño han provocado el incremento del estrés hídrico en la región, con sequías más persistentes, como la que afecta desde hace aproximadamente cuatro años al sur de Latinoamérica, en Argentina, Paraguay o Uruguay, donde miles de hectáreas de cultivos de soja o maíz no han progresado.

Lo mismo sucede en casi toda Centroamérica, con consecuencias económicas graves y que está provocando la migración de cientos de miles de personas de toda la región hacia el norte global, creando conflictos sociales y políticos con países como México y Estados Unidos ante su llegada.

Según datos del Banco Mundial, después de la pandemia, la región latinoamericana y caribeña es la que menos creció desde 2020, un descenso en el crecimiento influenciado por el cambio climático, cuyos impactos suponen en la región 1,7 puntos del Producto Interior Bruto (PIB) anual.

El impacto del cambio climático y el estrés hídrico en la región ha afectado, además, al canal de Panamá, donde el caudal de agua se ha reducido tanto que no se acumula de forma suficiente para alcanzar los niveles para llenar las esclusas para el paso de los barcos de mercancías que atraviesan la infraestructura.

La contaminación de las fuentes de agua con la minería legal e ilegal es otro de los graves problemas, como en Argentina y Bolivia con la extracción de litio, uno de los componentes más utilizados en la tecnología para las energías renovables y los vehículos eléctricos. Para producir una tonelada de litio se requieren 2,2 millones de litros de agua, según datos del informe de la Unesco publicado esta semana.

Los expertos señalan que la financiación climática y el multilateralismo son esenciales para superar los problemas del agua en Latinoamérica y el Caribe.

Con información de EFE.

IG

AySA, la empresa de agua potable y saneamiento del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que Javier Milei quiere privatizar, propuso a la Secretaría de Obras Públicas un aumento del 138% de la tarifa para compensar los costos a diciembre pasado. Ni hablar todavía de lo que aumentaron sus gastos en enero y lo que suben en febrero...

Al mismo tiempo, para compensar el rojo de sus cuentas, la empresa que preside Marcelo Papandrea anunció que subastó 292 autos usados después de que su antecesora, Malena Galmarini, renovara antes de dejar la gestión la flota con compras de 620 vehículos que la Justicia sigue investigando.

A fin de contribuir lo más rápido posible a la reducción de la brecha entre ingresos tarifarios y costos de operación y mantenimiento de los servicios, la AySA de Milei propone un ajuste tarifario de emergencia. A partir de que la inflación en 2023 fue superior a lo previsto, del 212% anual, la tarifa resultó insuficiente para sostener los gastos. Con el aumento sugerido, la factura promedio pasará de $6.400 a $15.000. Se mantendría el beneficio de tarifa social y comunitaria y el subsidio del 15% a los zonales bajos. El secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, deberá aceptar, modificar o rechazar la propuesta.

El directorio entero de AySA fue renovado por Milei y a él se integró incluso el nuevo secretario de Empresas del Estado, Mauricio González Botto, quien debería encargarse de todas las privatizaciones si es que algún día el Congreso las aprueba. La venta de compañías públicas iba a ser votado ayer en la ley Bases en la Cámara de Diputados, pero la falta de consenso al respecto hizo caer la sesión. En tanto, Papandrea es un ex empleado del Grupo Macro, de la familia Brito, de buena relación con el exministro de Economía Sergio Massa. Debajo del directorio, los ejecutivos de AySA siguen siendo los mismos que había dejado la esposa de Massa. No es de extrañar: así como el expresidente Mauricio Macri tendió puentes con Milei, también lo ha hecho el excandidato presidencial peronista.

Quizá así se pueda entender mejor por qué la nueva conducción de la firma no puso en cuestión la compra de autos nuevos en 2023, como sí habían denunciado los diputados Ricardo López Murphy y Marcela Campagnoli. “AySA realizó una importante subasta de vehículos con el objetivo de reducir los costos de mantenimiento de la flota y generar nuevos ingresos para cubrir los gastos operativos”, comunicó este miércoles la empresa de aguas y cloacas.

“En 2023, AySA adquirió más de 600 vehículos utilitarios livianos, utilitarios eléctricos y tipo pick ups, lo que permitió renovar la flota reduciendo los gastos de mantenimiento de unidades que contaban con un promedio de ocho años de antigüedad”, destacó la compañía ahora bajo el mando libertario.

“Es por este motivo que, la empresa realizó la convocatoria abierta a la subasta de los vehículos que fueron reemplazados y ya no se encontraban operativos. El llamado fue publicado en el Boletín Oficial el día 19 de enero, para que cualquier persona pueda presentar su oferta. Dicha subasta adjudicada, el pasado viernes 2 de febrero, reportará ingresos por $1.138 millones, lo que equivale aproximadamente US$1.342.000 al dólar oficial. A la fecha, se han dado de baja otras 150 unidades, representando otro ahorro importante en gastos de mantenimiento. Adicionalmente, esas 150 unidades podrían ser subastadas sumando nuevos ingresos al momento en que sea efectuada la venta”, completó AySA.

AR/CRM

Los microplásticos están, lamentablemente, de moda. Se encontraron en los hielos de la Antártida, en la leche, y en la sangre, los pulmones y el cerebro humano. Todo indica que, en muchos lugares del mundo, también se pueden encontrar en el agua potable.

“Microplásticos” es como se denominan las pequeñas partículas de plástico de menos de 5 milímetros de longitud. Pueden ser de dos tipos:

Los microplásticos pueden llegar al agua potable de las ciudades a través de diferentes vías. Las principales fuentes de los microplásticos identificadas en ríos y mares son estas:

Los microplásticos también son arrastrados por el viento. Los científicos registraron 365 partículas microplásticas por metro cuadrado que caían diariamente del cielo en los Pirineos en el sur de Francia. Eso ocurría a 100 kilómetros de la ciudad más cercana.

Cómo llegan los microplásticos al agua 

Aunque las estaciones de tratamiento de aguas están diseñadas para eliminar contaminantes, no todas están equipadas para filtrar microplásticos. Estas partículas, al ser tan pequeñas, pueden pasar a través de los sistemas de filtrado y finalmente llegar a los cuerpos de agua desde donde se extrae el agua potable.

Otra fuente de microplásticos es el agua embotellada. En una revisión de estudios de 2022 se llega a la conclusión de que en el proceso de envasado del agua embotellada, esta se contamina con microplásticos del propio polietileno (PET) de la botella, o en el caso de las botellas de vidrio, del tapón. Esto corrobora los hallazgos de un estudio de Orb Media que concluye que el 83% de las muestras de agua embotellada de todo el mundo contenían partículas de microplásticos.

En el estudio de 2022 se encontró que la concentración de microplasticos en el agua del grifo era menor que en el agua embotellada, lo que indica una alta tasa de eliminación en las plantas de tratamiento de agua potable. 

Esto sería razón suficiente para no volver a consumir agua embotellada, además de la más evidente contaminación por las botellas de plástico. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que la presencia de microplásticos en el agua potable no parece suponer un riesgo para la salud en los niveles actuales, pero aconseja su monitorización, sobre todo por los posibles impactos en la salud de las partículas más pequeñas, menores de 150 micras, especialmente en sitios donde el tratamiento de aguas es deficiente. 

En un estudio coordinado por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Alcalá se encontraron microplásticos en el agua del grifo de la mayor parte de las ciudades españolas, con la mayor concentración correspondiente a Madrid, aunque no había grandes diferencias entre localidades y en cantidades muy pequeñas.

A pesar de que el riesgo es de momento reducido consumiendo agua del grifo, la llegada de microplásticos al agua potable plantea preocupaciones tanto ambientales como de salud pública, y ha impulsado investigaciones y esfuerzos para mejorar los sistemas de filtración y tratamiento de agua. Una posible solución son los filtros de agua caseros.

Cómo filtrar el agua en casa para eliminar microplásticos

Algunos filtros de agua para el hogar están diseñados para ser lo suficientemente eficientes como para filtrar microplásticos. La capacidad de un filtro para eliminar microplásticos depende de varios factores. Aunque se considera microplásticos a las partículas que miden menos de 5 milímetros, las más pequeñas, llamadas nanoparticulas, son las más preocupantes, ya que pueden pasar a los tejidos en el organismo. 

Para asegurar la eliminación efectiva de estas naopartículas, el filtro debe tener un tamaño de poro lo suficientemente pequeño. Los filtros que tienen un tamaño de poro de un micrómetro o menos son generalmente eficaces en la eliminación de la mayoría de los microplásticos.

Además hay diferentes tecnologías de filtración disponibles en el mercado:

La mayoría de los sistemas de filtrado caseros constan de dos o tres etapas de filtrado. En la primera se eliminan las impurezas por métodos mecánicos de filtrado. Después pasan por cartuchos de carbón o de resina de intercambio iónico, que atrapan metales pesados, bacterias, e impurezas químicas. 

¿Cómo saber cuál es la capacidad de filtración? El fabricante debe proporcionar esta información sobre las membranas de los filtros, que se clasifican de este modo según el tamaño del poro:

Estos dispositivos, sean los que se colocan bajo el fregadero, entre la toma de agua y el grifo o los que se ponen en la salida de agua directamente en el grifo, necesitan mantenimiento. Los cartuchos de filtro mecánicos se deben cambiar con frecuencia, entre uno y cuatro meses, según las indicaciones del fabricante, pero también de la calidad del agua entrante. Los filtros de carbón se cambian una vez cada 12 meses y los de ósmosis inversa son los que tienen mayor duración, hasta 10 años.

Filtrar el agua de casa no va a eliminar otras fuentes de microplásticos, como el aire que respiramos todos los días y los alimentos, como el pescado, contaminados con ellos. Sin embargo, es una forma de limitar la exposición.