La jueza federal del distrito sur de la ciudad de Nueva York Loretta Preska condenó al Estado Argentino a pagar hasta US$ 16.000 millones al fondo especializado en litigios judiciales Burford Capital, por supuestas irregularidades en la estatización parcial de YPF, llevada a cabo en 2012. Esa firma británica había comprado el derecho a litigar al Grupo Petersen, un conglomerado con vínculos sólidos con los Kirchner y otros sectores políticos en la Argentina, y al fondo Eton Park, ambos accionistas minoritarios en la petrolera cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió la participación de la española Repsol.

El Gobierno argentino anunció que apelará “inmediatamente” esta resolución y que el presidente Alberto Fernández ya evaluó la situación con la Procuración del Tesoro a cargo de Carlos Zannini, un hombre con una histórica relación con la familia Eskenazi, propietaria del Grupo Petersen. “Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres”, indicó la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, en un posteo en X.

La expropiación de YPF se realizó bajo la segunda Presidencia de Cristina y con el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, como viceministro de Economía e interventor en la petrolera. Tras años de negociaciones y marchas y contramarchas, la jueza Preska ya había fallado contra Argentina en marzo pasado, eximiendo a YPF de responsabilidades. El monto de la indemnización había sido diferido por la magistrada para la segunda mitad de 2023.

Derrota en todos los planos

En los últimos meses el eje del debate en el juzgado de Preska estuvo centrado en qué tasa debía aplicarse a los intereses, y a partir de qué fecha debían correr. En la aspiración del Estado argentino, el monto final no debía exceder los US$ 4.900 millones. Para Burford Capital, debía estirarse hasta US$ 16.000 millones. Preska coincidió con el fondo buitre.

Antes, Argentina había perdido el argumento de fondo. Según los abogados de la Procuración del Tesoro, a cargo de Zannini y del jurista Sebastián Soler, la ley de expropiación de Argentina prevalecía sobre lo establecido en el estatuto de YPF redactado en el momento de la privatización, en 1993, y validado ante las autoridades bursátiles de Nueva York, donde comenzó a cotizar la companía. De allí que Kicillof considerara en su momento que era propio de un “tarado” aplicar el estatuto de la empresa, una declaración mencionada por Preska a la hora de fallar contra Argentina.

Además, la Procuración también cuestionó la jurisdicción, ya que consideraba que el reclamo de Petersen debía ser tratado en tribunales argentinos.

De su lado, Petersen/Burford pretendieron hacer valer el estatuto de 1993 que establecía que un cambio accionaro superior a 15% debería disparar una oferta obligatoria de compra de otros accionistas minoritarios a un precio agravado. Según el Estado argentino, esa previsión, no exótica en el derecho comercial, tenía por destino proteger a los propietarios minoritarios ante una oferta de compra hostil de una parte del equity en manos de un accionista en quiebra.

Petersen adujo que la expropiación, la crisis de reputación y el corte del giro de dividendos derivaron en la quiebra de sus empresas españolas que manejaban su participación en YPF, y entró en liquidación en un juzgado de Madrid. Allí apareció Burford.

Tras ocho daños de litigio, la jueza Preska rechazó todos los argumentos del Estado argentino. Terminó dándose la situación llamativa de que la magistrada se arrogó el derecho de establecer una indemnización según lo que establece el Código Comercial argentino en cuanto a intereses y derechos de las partes en litigio. Para ello, debió hacerse de copias traducidas de la ley argentina, que aplicó con desconocimiento de la jurisprudencia local.

Documentos aportados a la causa demuestran que, en el convenio firmado el 4 de marzo de 2015, se estableció que el fondo radicado en Londres recibiría 70% de los eventuales beneficios del juicio y Petersen, 30%.

Para YPF, el de Preska es “es un fallo positivo” porque “la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del Estado nacional” y que por eso “sus activos están fuera de riesgo”. La contracara es la del Estado argentino, controlante del 51% de la petrolera que estaba en manos de Repsol. La condena de Preska es por el máximo monto demandado por el fondo buitre británico. No obstante, tanto la jueza como Burford admiten en sus textos oficiales que se abre una vía de negociación sobre el monto final y la forma de pago, en caso de que la sentencia sea confirmada.

La pista madrileña

En 2015, Burford Capital compró al Grupo Petersen el derecho a litigar en España, donde tramitaba la quiebra de dos empresas creadas por los Eskenazi. Esa familia accionista del Banco de Santa Cruz —donde Zannini fue director por la provincia homónima entre 2015 y 2019— y de firmas agropecuarias había creado dos sellos fantasma en Madrid como controlantes de la participación de 25% en YPF.

A través de esas empresas, los Eskenazi recibían giros y pagaban a Repsol su ingreso a YPF, que a su vez era financiado por los propios dividendos de la petrolera argentina. Para que el esquema funcionara, Repsol y los Eskenazi aceleraron el reparto de dividendos de YPF, en detrimento de las inversiones y de la producción. Eton Park, por su parte, había comprado 1,63% del capital de YPF en 2010, por unos US$ 250 millones.

En junio de 2019, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó un pedido de la Argentina para ponerle fin a la demanda de los exaccionistas de YPF. A partir del próximo lunes, los representantes del Estado Nacional tendrán la oportunidad de apelar o negociar y Burford Capital podrá solicitar embargos sobre los activos soberanos.

Tras la noticia, las acciones de Burford tuvieron un salto superior al 30% en la plaza londinense. El derecho a litigar en nombre de Petersen es el principal activo del fondo buitre, que podría recibir en poco tiempo un beneficio que multiplicaría por cientos de veces su capital inicial.

Los Eskenazi, con derechos sobre el reclamo

En 2008, la familia Eskenazi fue introducida en el accionariado de YPF a instancias de Néstor Kirchner, con el supuesto objetivo de limitar el desmanejo de la española Repsol, que controlaba la petrolera argentina desde fines de la década de 1990s.

El primer paso de Petersen/Eskenazi en YPF consistió en el compromiso de pago de US$ 2.235 millones a cambio de una participación de 15%. Más tarde, el grupo de los Eskenazi amplió su inversion hasta 25% de YPF con otros US$ 1.000 millones.

Las vinculaciones de los Eskenazi con los Kirchner eran estructurales en territorio patagónico. El litigio por YPF no impidió que el grupo mantuviera el control del Banco de Santa Cruz

Como informó la agencia estadounidense REDD Intelligence, la jueza Preska dio por probado que los empresarios argentinos mantuvieron múltiples reuniones con negociadores de Buford para discutir la estrategia legal. Documentos aportados a la causa demuestran que, en el convenio firmado el 4 de marzo de 2015 mediante el que Burford compró a la filial de los Eskenazi en España el derecho a litigar, por USD 15,1 millones, se estableció que el fondo radicado en Londres recibiría 70% de los eventuales beneficios y Petersen, 30%.

El vendedor de los derechos fue el síndico de la quiebra de los sellos de Petersen en España. Fuentes con acceso a la causa indicaron que habría que dilucidar cuánto del 30% que les toque a los Petersen deberá saldar deudas con otros acreedores.

Las vinculaciones de los Eskenazi con los Kirchner eran estructurales en la provincia de Santa Cruz. El litigio por YPF no impidió que el grupo mantuviera el control del Banco de Santa Cruz, que funciona hasta el día de hoy como casa financiera principal en ese territorio patagónico.

Además de intereses financieros, el Grupo Petersen tiene activos en el agronegocio y en la obra pública. Es uno de los aportantes clave de la Fundación Mediterránea, que acaba de presentar el programa económico de Patricia Bullrich a cargo de Carlos Melconian. A su vez, el Grupo era señalado dentro del PRO como el principal sustento privado de la fallida candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, con quien Sebastián Eskenazi tendría una relación cercana.

SL/JJD