En la localidad bonaerense de Avellaneda, el arroyo Sarandí apareció hoy teñido de rojo, lo que desató la preocupación y especulaciones de los vecinos. El intenso color rojo de las aguas se pudo apreciar a la altura del barrio Villa Inflamable, y algunos vecinos adjudicaron el tono a los desechos industriales.

Los vecinos de la zona se mostraron molestos frente a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR): “Es una lástima que le hayan sacado el control”. Además, cuestionaron que “es un desastre el estado del agua” y se quejaron por el olor.

“Mi marido salió de nuestra casa y me dijo que estaba todo rojo. Si bien es rojo, otras veces fue amarillo, con un olor ácido que nos hace mal hasta en la garganta. Vivo a una cuadra del arroyo. Hoy, olor no tiene. No hay muchas fábricas en la zona, aunque sí depósitos”, aseguró Silvia, una vecina de la zona en declaraciones a C5N.

Y agregó: “En otros días tuvimos una espesa amarilla que dejó la parte de arriba dura y un olor ácido. Igualmente, en la canilla no tengo problema y hay agua potable”.

Con información de la agencia NA

Ambientalistas de Argentina cuestionaron este miércoles la decisión de la Corte Suprema de dar por cerrado el prolongado proceso judicial por la contaminación de la cuenca del río Matanza-Riachuelo, severamente afectado por todo tipo de residuos.

El máximo tribunal resolvió por unanimidad este martes dar por finalizada la supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada por la propia Corte Suprema en 2008, rechazar el reclamo por daño ambiental colectivo y ordenar el archivo del caso, una de las causas judiciales por cuestiones ambientales más importantes que se hayan tramitado en Argentina.

“En 2008, la Corte Suprema fue la autoridad institucional que definió que el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo sea considerado una auténtica política de Estado. En 2024, fue la que decidió que deje de serlo”, lamentó este miércoles la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en un comunicado.

La cuenca Matanza-Riachuelo, cuyas aguas desembocan en el Río de la Plata tras recorrer 64 kilómetros y atravesar 14 municipios de la provincia de Buenos Aires y la capital argentina, es una de las más contaminadas del país.

En el área, de 2.047 kilómetros cuadrados, viven unos 4,7 millones de personas, el 10 % de la población argentina.

Las principales causas de la contaminación son los efluentes cloacales, los residuos sólidos urbanos y los efluentes líquidos industriales en una cuenca donde operan unos 4.200 establecimientos fabriles.

En 2004, un grupo de vecinos interpuso una demanda contra el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y 44 empresas instaladas en la cuenca por daños y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación del Riachuelo.

En 2008, la Corte Suprema ordenó a los tres Estados demandados a sanear el Riachuelo, tarea que quedó bajo responsabilidad de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y cuya supervisión quedó en manos del propio máximo tribunal.

Según la FARN, la decisión adoptada este martes por la Corte de dejar de supervisar ese proceso y cerrar el caso representa “una salida fácil e indiferente frente al control robusto del cumplimiento de todos los objetivos trazados en la sentencia” de 2008 que ahora, 16 años después, “permanecen mayoritariamente incumplidos”.

Desde 2006 y hasta 2023, el Estado nacional, la provincia y la ciudad de Buenos Aires y Acumar han hecho millonarias inversiones en la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la cuenca, que ha alcanzados diversos grados de ejecución.

Pese a los avances que Acumar asegura haber concretado, FARN advirtió en su comunicado que “subsisten demoras en la ejecución de obras”, como las de expansión de redes de agua y cloaca y de infraestructura destinada a urbanización, y que los indicadores “dan cuenta del bajo nivel de cumplimiento respecto de lo ordenado por el máximo tribunal en 2008”.

La FARN también observó que en 2018 la propia Corte había advertido sobre la “marcada debilidad institucional de la Acumar y un desempeño de escaso rendimiento”, “deficiencias que se ven profundizadas en la actualidad” a partir de 40 despidos en ese organismo y una caída del 28,2 % en términos reales en el presupuesto para el saneamiento de la cuenca desde que Javier Milei inició su Gobierno en diciembre pasado.

El comunicado completo de FARN: “Un golpe a los avances logrados en el saneamiento de la cuenca”

El 22 de octubre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le puso un punto final a un proceso judicial histórico por la recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo. Por unanimidad, los jueces que integran el máximo tribunal del país decidieron dar por finalizada la supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada por la propia Corte Suprema el 8 de julio de 2008, rechazar el reclamo por daño ambiental colectivo y ordenar el archivo de los cientos de legajos que conforman esta megacausa judicial, una de las más importantes dentro de la jurisprudencia ambiental de nuestro país.

En el año 2008, la Corte Suprema decidió brindar una solución a la problemática de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, ordenando la elaboración de un Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) que tenía como metas mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelos) y prevenir futuros daños con suficiente y razonable grado de predicción. Para cumplir estos objetivos, el Tribunal estableció ocho mandas consistentes para la puesta en marcha de un programa de: información pública; cesación de la contaminación de origen industrial; saneamiento de basurales; limpieza de los márgenes del río; expansión de la red de agua potable; extensión del sistema de desagües pluviales y saneamiento cloacal. Por último, estableció también un plan sanitario de emergencia.

Luego de esa decisión, la Corte monitoreó durante años el cumplimiento de esa sentencia, requiriendo informes y convocando a audiencias públicas. También lo hizo a través de los jueces de ejecución de la sentencia.

Ejecutar una sentencia estructural que persigue una política pública fundamental como es el saneamiento ambiental de una de las cuencas más contaminadas de la Argentina tiene un alto grado de complejidad. Justamente, por eso, se amerita un esfuerzo titánico en el monitoreo de la sentencia. El archivo de la causa, tal como lo ha propuesto ayer la Corte, representa lo contrario: una salida fácil e indiferente frente al control robusto del cumplimiento de todos los objetivos trazados en la sentencia del año 2008 que hoy, 16 años después, permanecen mayoritariamente incumplidos.

Desde la perspectiva de la Corte, los mega procesos judiciales se consideran culminados una vez que: (i) se han definido claramente las metas a cumplir; y (ii) se ha establecido el órgano a cargo de su instrumentación. Sobre la base de estos parámetros, los jueces concluyen que los objetivos institucionales propuestos por la sentencia se encuentran cumplidos con la aprobación del PISA —que fija los objetivos a llevar a cabo para lograr la recomposición del bien colectivo— y con la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), a cargo de su cumplimiento. Siguiendo esta lógica, la intervención de la Corte debería haber cesado hace años. En efecto, la ACUMAR fue creada en el año 2007 y el PISA fue aprobado en el año 2010. No obstante ello, el máximo tribunal del país continuó monitoreando su propia sentencia.

El reciente fallo de la Corte omite explicar de qué manera han sido satisfechos y cumplidos los objetivos ambientales trazados en el año 2008, los cuales fueron reemplazados por el cumplimiento de objetivos institucionales que nunca fueron explicitados en la causa. 

Esta reciente sentencia resulta contradictoria con el posicionamiento adoptado en las últimas décadas y, en concreto, con una resolución de la propia Corte del 12 de abril de 2018, en la que los jueces advirtieron una marcada debilidad institucional de la ACUMAR y un desempeño de escaso rendimiento. Estas deficiencias se ven profundizadas en la actualidad a partir de los 40 despidos acontecidos en la ACUMAR, el retroceso institucional en su estructura organizativa y funcional, el congelamiento presupuestario –entre los meses de enero y agosto de 2024, las partidas relacionadas al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo cayeron un 28,2% en términos reales– y la parálisis de las obras de saneamiento. A todo ello, se suma el retroceso en el acceso a la justicia ambiental. 

Desde FARN siempre hemos valorado los avances alcanzados en la causa, pero esto no quita el alto grado de incumplimiento en el que se encuentra el fallo.

La Corte Suprema afirmó ayer que ha cumplido su propósito de generar la reforma estructural que resultaba imprescindible para alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución. Sin embargo, subsisten demoras en la ejecución de obras –como las de expansión de redes de agua y cloaca, de infraestructura destinada a urbanización, la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos y el Sistema Riachuelo, entre otras– y los indicadores presentados en los informes de la ACUMAR dan cuenta del bajo nivel de cumplimiento respecto de lo ordenado por el máximo tribunal en 2008.

Sólo la Corte Suprema podía y debía adoptar una decisión para revertir este cuadro de situación. En su lugar, eligió cerrar el caso. En este contexto, el nivel de cumplimiento efectivo de las acciones y medidas dispuestas para la solución del caso no sólo continuarán siendo insuficientes, sino que se agravarán, frustrando el principio de progresividad (artículo 4 de la Ley General del Ambiente) referido al cumplimiento de metas graduales y paulatinas y vulnerando también el principio de no regresión (artículo 3 del Acuerdo de Escazú). El pasado 17 de junio de 2024, desde el Cuerpo Colegiado le solicitamos a la Corte Suprema que convoque a una audiencia pública para debatir la efectividad del PISA y del cumplimiento de las mandas judiciales. También para que especialistas en materia ambiental, hídrica, toxicología, gestión de residuos, entre otras disciplinas, pudieran exponer ante el Tribunal su conocimiento técnico, brindando mayores herramientas para una decisión judicial razonable y eficaz. Desde el Cuerpo Colegiado también solicitamos que sean convocados el Auditor General de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría General de la Nación y la Defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, entre otros.

La Corte nunca convocó a esa audiencia pública. De haberlo hecho, el alto nivel de incumplimiento de la sentencia habría adquirido una enorme visibilidad ante la sociedad.

Esta sentencia implica un cambio drástico en el posicionamiento de la Corte dado que toma como base para su decisión los informes de la ACUMAR, organismo que antes criticaba por considerar insuficientes las medidas adoptadas e incumplidos los objetivos trazados en el calendario fijado. Repentinamente, esos informes son validados sin importar sus puntos ciegos, deficiencias y problemas metodológicos, todos los cuales fueron señalados por el Cuerpo Colegiado en su última presentación. 

Asimismo, llama la atención la ausencia de disidencias en una sentencia tan a contramano con el camino recorrido por la Corte y sorprende que los jueces ordenen que la ejecución del plan de saneamiento continúe su trámite ante juzgados locales, que nunca han absorbido la complejidad de esta problemática.

Coincidimos con la afirmación dispuesta en el fallo de que las obligaciones de recomposición ambiental son permanentes, pero disentimos con el hecho de utilizarla como pretexto para finalizar una ejecución de sentencia que, dado su escaso nivel de cumplimiento, mantiene relevantes asuntos pendientes que merecen un seguimiento judicial. Con el cierre de la causa en estas circunstancias, se ponen en riesgo todos los avances logrados.

Tampoco compartimos el argumento de la Corte para rechazar el daño ambiental colectivo, considerando únicamente que las autoridades se encuentran trabajando en la recomposición del ambiente. La causa por daño ambiental colectivo ha sido tramitada en la Corte por 16 años sin que se haya avanzado un sólo paso. 

En el año 2008, la Corte Suprema fue la autoridad institucional que definió que el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo sea considerado una auténtica política de Estado. En 2024, fue la que decidió que deje de serlo.  

¿A quién beneficia esta sentencia? ¿A los habitantes de la cuenca, a la ACUMAR o a la propia Corte?

Con información de EFE.

IG

El Riachuelo conserva, en el ideario general, uno de los peores recuerdos en materia de gestión del medio ambiente. Basura, desechos industriales, olor nauseabundo y barcos abandonados son algunas de las imágenes que arrojaba la zona. Si bien los vecinos de la zona aseguran que “sigue siendo un río contaminado” y que el impacto de su saneamiento en los barrios es todavía es “escueto”, desde el histórico fallo “Mendoza” que dictó la Corte Suprema de Justicia en 2008, la historia comenzó a cambiar. 

ElDiarioAR participó de una jornada de navegación desde el muelle de ACUMAR, ubicado al lado del Puente Bosh, hasta la desembocadura del Riachuelo en el Río de la Plata. A lo largo del recorrido puede constatarse que las obras de saneamiento dieron como resultado la recuperación de su paisaje natural: peces, juncos, tortugas acuáticas y una gran variedad de aves. Antes de fin de año, un tramo podrá utilizarse para la navegación con fines turísticos.

El histórico fallo “Mendoza”

En 2008 un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación obligó a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) ―que había sido creada a través de un decreto presidencial firmado por el ex presidente Néstor Kirchner en 2006― a realizar un programa con los objetivos de mejorar la calidad de vida de la población de la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes y prevenir daños.

“En ese momento se empezó a trabajar en el primer Plan de Saneamiento Ambiental, que después se fue modificando”, apunta Antolín Magallanes, director general de Gestión Política y Social de ACUMAR.

El proceso de saneamiento

Una de las principales tareas del saneamiento es la “limpieza del espejo de agua”, que se lleva adelante a través de barreras flotantes que contienen los residuos sobrenadantes. En función del caudal del río, los vientos, las mareas y el terreno, los residuos fluyen por el agua hasta ser interceptados por estas barreras. Además, se emplean catamaranes para recolectar los objetos más pequeños que quedan en el agua.

Otras medidas que se llevaron a cabo durante este proceso fueron la erradicación de grandes basurales, algunos de hasta 10 o 12 hectáreas, y el control industrial. ACUMAR se encargó de realizar el empadronamiento de un total de 1400 empresas. Luego, se determinó cuáles eran contaminantes y cuáles no. “Estábamos en 800 empresas que eran agentes contaminantes y ahora estamos en 500, pero no todas son lo mismo. Hay 20 que son las más grandes aportantes y sobre esas está puesto el foco. Todas tienen su plan de reconversión y todas están cumpliendo”, resume Magallanes.

Un punto a destacar es que el año pasado el ex Mercado de Hacienda dejó de volcar residuos orgánicos. Fabio Márquez, director de la Comisión de Participación Social de ACUMAR, cuenta que “el año que viene entrará en funcionamiento el parque industrial curtidor en Lanús para el tratamiento de las decenas de curtiembres que están en la cuenca”.

Magallanes también menciona la importancia que tuvo la ampliación de la red cloacal por parte de Aysa. Cuando empezó el proceso de saneamiento había un 20% de capacidad y hoy en día es de un 60%. “El objetivo es llegar a un 80 o un 85%. Se estima que se alcanzará dentro de 5 años”. Los desechos cloacales representan el 70% de la contaminación del agua. El restante 30% es industrial y otros residuos.

En algunas zonas del Riachuelo, sobre todo en la llamada Vuelta de Badaracco, aún se pueden ver montículos de arena que recuerdan los 84 barcos que estaban varados y abandonados y que ACUMAR se encargó de desguazar y quitar, al igual que 100 automóviles.

El plan también contempla la limpieza de las márgenes del río. Del lado de la Ciudad de Buenos Aires esa tarea es realizada por una empresa privada contratada por el GCBA. Del lado de la provincia de Buenos Aires, lo limpian cooperativas. Ahora en los bordes crecen juncos y flores acuáticas que antes no se veían.

A su vez, hace poco se incorporaron los llamados “guardianes ambientales”, que salen en duplas compuestas por un inspector y una persona vinculada a la prevención y que recorren la cuenca todos los días.

“Todos estos procesos hacen que el río no tenga más ese olor a huevo podrido histórico y que el espejo de agua esté más limpio. Además, un ambiente tan contaminado podía traer consecuencias en la salud como migrañas permanentes, problemas respiratorios, de piel, etc.”, advierte Magallanes. 

Cambios en el paisaje, flora y fauna

Hoy en día existen 150 variedades de peces en toda la cuenca, que ingresan, cada vez en mayor cantidad, con la sudestada desde el Río de la Plata. También es común ver garzas, tortugas de agua, gallaretas y sapos. “Eso da cuenta de la mejora de la calidad acuática. De a poco el río va recuperando su paisaje original”, asegura Márquez.

Magallanes describe que ahora mucha gente va a tomar mate, entrenar y correr en la rivera. “Este año Pompeya y Barracas festejaron su aniversario del barrio al lado del Riachuelo, algo que no había pasado nunca”.

Las mejoras también provocaron la desaparición de la niebla, una característica del Riachuelo que sirvió de inspiración para tangos y cuadros del artista plástico Quinquela Martín. “La niebla es un fenómeno atmosférico. Cuando se conjuga con un fenómeno de contaminación ambiental aéreo, genera esos frentes muy espesos de niebla. Este año tuvimos un frente de niebla fuerte, natural, y la gente en La Boca sacaba fotos como si fuera una novedad”, afirma Magallanes.

La posibilidad de la navegación

Tras un pedido del ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, la justicia federal habilitó, después de doce años, la circulación de embarcaciones turísticas en un tramo corto del Riachuelo.

Por ahora son 300 metros que formarán parte de un circuito que irá desde Tigre hasta Quilmes. Esto permitirá que, antes de fin de año, comience a haber un movimiento fluvial con fines turísticos con desembarcos en un muelle que se construirá al lado del transbordador Nicolás Avellaneda, entre La Boca e Isla Maciel.

Márquez sostiene que, en la medida que continúe el saneamiento, se podrá avanzar aguas arriba e ir recuperando más navegabilidad. “Imaginamos que pueda ser con lanchas colectivas sostenibles, con motores eléctricos, y que algún día puedas tomarte una lancha en Pompeya y terminar en La Boca, Barracas, o Puerto Madero, como una alternativa de transporte. Esto sería darle una utilidad al río en la cual nos revinculemos con él de un modo práctico”, agrega.

Aspectos pendientes

Más allá de los significativos avances, para Márquez aún resta mejorar la calidad de los espacios urbanos; implementar más infraestructura; realizar intervenciones para recuperar biodiversidad, tanto en el curso principal como en los arroyos; proteger y activar los humedales; y mejorar la conectividad de sistemas cloacales y la provisión de agua potable.

“Es un espacio de 5 millones de habitantes en el área metropolitana de Buenos Aires con déficit de infraestructura y mucha inequidad socioeconómica. La cuenca puede ser un testimonio de cómo equilibrar esas situaciones. Esto requerirá de tiempo y de mucha participación social”, concluye.

Dentro de los objetivos de ACUMAR, se encuentra el reordenamiento del territorio. Para eso, algunos barrios fueron relocalizados, como “El Pueblito”, y otros fueron reurbanizados, como una zona de la villa 21-24.

“También estamos mudando la zona del Meandro de Brian. Es la parte más compleja porque es la famosa zona de quema de CABA, entonces el terreno se elevó a medida que se iba llenando de basura”, apunta Magallanes. 

Las voces de los vecinos y vecinas

Para Diana Aiva, directora del comedor comunitario Casa Usina de Sueños, las obras de saneamiento tuvieron un impacto beneficioso para los vecinos y vecinas de la Villa 21-24 ya que muchos pudieron mudarse a otros predios cercanos al lugar de pertenencia. “Salvo los primeros que tuvieron que irse a Castañares, porque no se pudo hacer otra cosa”, puntualiza.

“Después de muchos años se pudieron concretar placitas y espacios de recreación. El camino es bien espacioso y está cementado. Muchos pudieron cambiar radicalmente su forma de vida. Aunque las edificaciones no son lo que esperábamos, es mejor a como estaban viviendo antes”, señala. Remarca que “falta muchísimo”, y reclama que a muchos vecinos del Camino de Sirga aún no se les adjudicaron departamentos“.

En ese sentido, describe que muchas personas se encontraban viviendo en casas precarias con diversos problemas de salud. “El plomo en sangre estuvo siempre en el barrio, más en esa zona”.

Y agrega: “aunque está penado, algunas empresas siguen tirando algunos residuos al Riachuelo y eso hace que, de vez en cuando, sintamos un olor nauseabundo o tengamos cerca de nuestras casas la basura que se genera en otros lados”.

Por su parte, Nelson Santacruz, también vecino de la Villa 21-24, coincide con Diana respecto a los avances de las obras y destaca que no haya más barcos hundidos, basura flotante, ni  sobrenadantes de nafta, petróleo o aceite. Sin embargo, sostiene que “sigue siendo un río contaminado”. Además, advierte que el impacto de las obras en los barrios todavía es “escueto” y cuenta que, por ejemplo, en Villa Inflamable los vecinos tienen muchas dificultades para acceder al agua potable.

Nelson afirma que aún quedan 1700 familias por relocalizar. “Esto significa que están sufriendo la contaminación del aire, con afecciones respiratorias, y también microbasurales, la presencia de ratas y espacios donde se acumula agua, lo que trae aparejado la proliferación del mosquito del dengue. Somos el barrio popular que más casos tuvo el verano pasado”, dice. 

Santacruz considera “clave” la organización de la comunidad que luchó y marchó tanto en los Tribunales, como en la calle y en los pasillos del barrio. “Sin la insistencia del territorio, esto no hubiese existido. La política pública que vamos consiguiendo como barrio es a partir de la lucha organizada del cuerpo de delegados de la 21-24, los vecinos y vecinas y la fundación Temas”, enumera.

Qué dicen las organizaciones ambientalistas

Giselle Munno Dithurbide es responsable de asuntos legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), una de las cinco organizaciones que integran el cuerpo colegiado encargado de realizar un seguimiento del cumplimiento y la ejecución del fallo Mendoza. 

La especialista destaca las tareas de limpieza que se realizaron en los márgenes del río y en el espejo de agua. Además, resaltó el avance que se produjo en materia de obras de red de agua potable, desagües pluviales y saneamiento cloacal. “Una de las obras más importantes de esta categoría es el Sistema Riachuelo de Aysa, que se inauguró hace poco”. 

Luego se refirió a los informes trimestrales que se realizan para medir la calidad del agua y del aire y remarcó que reflejan varias deficiencias. “En estos puntos hay que hacer una mejora importante”, aseveró.

En materia de relocalizaciones, la abogada señaló que hasta la fecha se avanzó en un 35%. Es decir, que hay un 65% que se encuentra pendiente. “Lo que se avanzó fue con soluciones habitacionales para las viviendas que estaban ubicadas en el Camino de Sirga”, detalló. 

Una de las críticas más fuertes es sobre el régimen de vertidos industriales. “Nosotros señalamos la necesidad de acelerar los planes de reconversión industrial de aproximadamente 600 agentes contaminantes. Hay algunos que están en esta situación hace muchísimos años, lo cual es un indicador de que hay que ser más rigurosos en que estos planes se inicien, se ejecuten y se finalicen”.

La abogada señaló que otra deuda pendiente es la designación de un Defensor del Pueblo, un puesto que se encuentra vacante hace 14 años, y que sería “clave” para el seguimiento de la ejecución de esta sentencia.

Por último, enfatizó que hay que continuar trabajando en el saneamiento de los basurales a cielo abierto y que desde ACUMAR se debe fortalecer la gestión y protección de las áreas protegidas y reservas naturales y seguir las recomendaciones legales y técnicas que dan instituciones académicas y otros organismos.

AIC/DTC

Un tramo del Riachuelo, que comprende 200 metros entre su desembocadura y el puente Transbordador Nicolás Avellaneda, volverá a ser navegable para la realización de un proyecto turístico, tras una resolución del Juzgado Federal Nº2 de Morón que hizo lugar a un pedido de los ministerios de Turismo nacional y porteño, se informó oficialmente,

“Habilitar la navegación, incluso en este pequeño tramo, es un paso muy importante para recuperar la relación de la sociedad con el río, visibilizar los avances y generar conciencia para sostener su cuidado”, destacó el presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Martín Sabbatella.

Además, reconoció que se trata de “una nueva etapa del proceso de saneamiento”.

Luego de un periodo de análisis de la cuenca y una audiencia pública impulsada por Acumar en diciembre del año pasado para conocer la opinión de la ciudadanía, el juzgado competente resolvió el 7 de septiembre pasado otorgar esta concesión para llevar adelante las navegaciones comerciales.

La resolución se dio tras un pedido de las carteras de Turismo de Nación y la Ciudad de Buenos Aires para llevar adelante el proyecto turístico “Paseo náutico ­Circuito turístico Quilmes­ Tigre”, informó Acumar a través de un comunicado de prensa.

El circuito pasará por varios puntos de interés, entre los que se incluyen La Boca, con el puente Transbordador Nicolás Avellaneda como epicentro de la actividad.

Desde 2011 se encontraba prohibida la navegación del río, cuando el entonces juzgado de instrucción de la “Causa Mendoza”, radicado en Quilmes, declaró a la cuenca y especialmente al cauce del río como “zona crítica de protección especial con servidumbre de paso ambiental”, mientras suspendió provisoriamente y de manera total su navegación comercial.

La prohibición se hizo en pos de facilitar los trabajos de remoción de embarcaciones y autos hundidos, así como favorecer el libre escurrimiento de las aguas y el trabajo de limpieza del espejo de agua.

El histórico fallo de la denominada Causa Mendoza que la Corte Suprema de Justicia expidió hace 15 años ordenó el saneamiento de la cuenca por parte de Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, luego de una demanda presentada por vecinos de Villa Inflamable, en el municipio de Avellaneda, y organizaciones ambientalistas.

El reciente fallo del juzgado de Morón señala que “algunas circunstancias han variado” con respecto al 2011 ya que “se han retirado las embarcaciones abandonadas y hundidas, existe un servicio permanente de limpieza del espejo de agua y de la sirga, con el reciente complemento del reperfilado de arroyos que Acumar lleva adelante”.­

La medida se propone como una excepción a la prohibición ordenada en marzo de 2011 y comprende la navegación a lo largo de 200 metros, entre la desembocadura del Riachuelo, conocido como Cuatro Bocas, hasta el mismo Puente Transbordador.

En los últimos años, Acumar retiró más de 80 embarcaciones hundidas y/o abandonadas, y 100 autos y partes de carrocería que se hallaban en el lecho del río, mientras se liberó casi en su totalidad el Camino de Sirga y se comenzaron a reforestar y recuperar las riberas para el uso recreativo.

En este sentido, actualmente del lado de provincia de Buenos Aires la liberación del camino ribereño es del 100% y el trabajo que realizan las cooperativas locales pasó de ser de limpieza y recolección de residuos a mantenimiento y parquización.

Además, se retiran todos los meses cerca de 300 toneladas de residuos del espejo de agua y unas 1.500 toneladas de las riberas.

“Acumar acompañó la propuesta de navegabilidad entendiendo su importancia para promover la recuperación territorial, cultural y económica en la Cuenca. La idea es incorporar este proyecto al que ya estamos llevando adelante entre las dos orillas de La Boca – Isla Maciel, para que el Riachuelo no sea un límite, sino un lugar de encuentro”, indicó Sabbatella.

Con información de agencias.

IG

El Mercado de Hacienda de Liniers, emblema del sector ganadero en Argentina, abandonó en mayo de 2022 el predio que ocupaba en Lisandro de la Torre 2406, en el barrio porteño de Mataderos, para reubicarse en la localidad de Cañuelas. De acuerdo a un informe judicial, dejó un pasivo ambiental del que nadie se hace cargo y sobre el que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y de la Administración de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) no ordenaron ninguna sanción hasta el momento. Así surge de un documento y consultas hechas por elDiarioAR a fuentes judiciales, a la empresa involucrada y a los organismos responsables.

El juez federal Sebastián Casanello elevó en agosto último un informe sobre el estado del predio donde se trasladaba el ganado antes de la faena. El escrito fue dirigido a distintas autoridades de la Ciudad y Nación con el objetivo de que tomen cartas en el asunto, luego de una investigación que el juzgado viene realizando sobre la presunta contaminación del arroyo Cildañez -que desemboca en el Riachuelo- y que se debería al vuelco de los desechos del ganado por parte de la empresa que administraba el predio. 

La ganadería es una de las principales actividades apuntadas por los ambientalistas ante el avance de la deforestación de bosques nativos para la extensión de los campos de cría de ganado y la plantación de soja y otras fuente de alimentación de los animales que terminan siendo llevados, en parte, al Mercado de Liniers y a los frigoríficos del país y el exterior para el consumo de carne vacuna.

Desde 2017, las autoridades del Mercado de Liniers vienen siendo investigadas y procesadas por volcar al arroyo Cildañez los “efluentes líquidos provenientes de corrales de ganado vacuno generados a su vez por el lavado de camiones y escurrido de agua en el sector de corrales y atracaderos de esa empresa, sin el permiso correspondiente y en infracción a la normativa ambiental”, según uno de los fallos analizados. El arroyo desemboca en parte de la Cuenca Matanza-Riachuelo, en el sur de la Ciudad.

El predio fue propiedad del Estado Nacional, luego transferido al Estado porteño, pero era explotado por la empresa privada Mercado de Liniers SA. En mayo de 2022, tras las denuncias e investigaciones por contaminación del agua y suelo con los desperdicios del ganado, la compañía trasladó su actividad a un predio en la localidad de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, pero dejó el predio de Mataderos sin remediar el pasivo ambiental. Las autoridades, según determinó el juez, no hicieron nada. 

elDiarioAR se comunicó con la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad (APRA) y con la Administración de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) para conocer sus versiones de los hechos. Ambos organismos deslindaron responsabilidades. Acumar apuntó a APRA y APRA no acusó recibo.

El informe que recibieron de parte del juzgado constata, en base a inspecciones y una pericia, que entre 2019 y 2020 se detectaron sustancias contaminantes en el suelo y aguas subterráneas del predio, entre ellas, hidrocarburos, nitritos, cobre y plomo. Aún así, la empresa siguió funcionando.

Cuatro años más tarde, “APRA no ha aprobado un Plan de Remediación”, sostiene el juzgado. “Existen informes relevados por la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Social de Acumar que sugieren que se evite el contacto de la población con el agua subterránea, en atención a los parámetros advertidos en exceso (de sustancias contaminantes), y a la fecha no se ha determinado el impacto ambiental y en la salud”, afirma el escrito consultado.

¿Cuánto pagaron como sanción económica la compañía y sus responsables por la contaminación? Apenas $3.000.000 a nivel nacional y otros $15.000 en la Justicia Contravencional de la Ciudad, donde incluso admitieron haber contaminado el arroyo Cildañez.

¿Tuvieron los responsables de la empresa consecuencias penales? Si bien Casanello procesó dos veces al ex presidente de Mercado Central SA, Roberto Juan Arancedo, por contaminación del arroyo Cildañez, el caso no sólo no llegó al juicio sino que terminó en una probation. En agosto último, el juez también procesó al actual presidente de la compañía, Oscar Alberto Subarroca, por otros vuelcos posteriores, ocurridos en 2020, pero la Sala II de la Cámara Federal porteña revocó el procesamiento en los últimos días por considerar que el fiscal Carlos Stornelli debe revisar si los hechos de la acusación son o no los mismos investigados en la Justicia porteña, a pesar de que se trata de diferentes acusados.

Ante la consulta de elDiarioAR para conocer su versión de los hechos, Subarroca respondió que esta nota es “extemporánea” y motivada, según su parecer, “a no tener nada que hacer o hacer alguna maldad innecesaria”. Para la Justicia federal, el pasivo ambiental que dejó a su pasó la empresa que dirige no tiene nada de extemporáneo. En su descargo ante el juzgado, Subarroca dijo que la muestras tomadas para analizar el vuelco al arroyo habían sido tomadas de manera errónea y que no se habían seguido los protocolos. 

¿Qué responde APRA ante el escrito que le envió el juzgado? El organismo a cargo de Renzo Morosi se desentendió del tema. “La causa es de carácter reservado y la Agencia no es parte en ella, por lo que no es posible dar ninguna precisión al respecto”. elDiarioAR había preguntado qué medidas tomarían ante el oficio sobre el pasivo ambiental dejado por la empresa que envió el juzgado a APRA.

En Acumar, a cargo de Martín Sabbatella, respondieron que el organismo “viene trabajando en eso desde diferentes áreas” y que “en julio de 2023 se solicitó información ampliatoria en relación al Expediente que se tramita ante la Agencia de Protección Ambiental (APRA)”, pero agregó que aún no ha recibido información de la Ciudad. Por otro lado, solicitó un nuevo informe sobre el pasivo ambiental, a pesar de que el ya existente no generó ninguna medida que resolviera el problema. El organismo “se está ocupando de instar a resolver la situación”, agregaron desde Acumar, donde explicaron que las solicitudes a la Ciudad son medidas tomadas en el caso si bien no son sanciones a los investigados.

Este medio también preguntó cuál fue el destino que se le dio a los $3.000.000 que recibió Acumar de Mercado de Liniers SA y sus pasadas autoridades como parte de la pena por contaminar el arroyo. El dinero ingresó efectivamente al organismo el 17 de julio último y fue destinado al Fondo de Compensación Ambiental, “a través del cual el organismo recauda los fondos provenientes de las distintas sanciones que se imponen a las empresas ante los incumplimientos de la normativa ambiental vigente”, dijo Acumar. “Este Fondo es destinado, según lo indica la ley, prioritariamente a la protección de los derechos humanos y a la prevención, mitigación y recomposición de los daños ambientales”. El organismo no especificó si lo destinará a solucionar la contaminación del Cildañez.

Casanello también envió copia del informe sobre el pasivo ambiental al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a cargo de Juan Cabandié; y a la Secretaría de Ambiente porteña, que dirige Inés Gorbea. Aysa también recibió el informe, pero en la empresa estatal de agua dijeron a elDiarioAR que el agua presuntamente contaminada no está conectada a la red de consumo de la Ciudad.

Nota: este artículo se modificó el 15 de septiembre de 2023 para agregar una réplica solicitada por Acumar en la que el organismo explicó que ha tomados medidas al solicitar información a la APRA, aunque no sean medidas sancionatorias, y que “se está ocupando de instar a resolver la situación”.

ED/DTC