El Mercado de Hacienda de Liniers, emblema del sector ganadero en Argentina, abandonó en mayo de 2022 el predio que ocupaba en Lisandro de la Torre 2406, en el barrio porteño de Mataderos, para reubicarse en la localidad de Cañuelas. De acuerdo a un informe judicial, dejó un pasivo ambiental del que nadie se hace cargo y sobre el que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y de la Administración de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) no ordenaron ninguna sanción hasta el momento. Así surge de un documento y consultas hechas por elDiarioAR a fuentes judiciales, a la empresa involucrada y a los organismos responsables.

El juez federal Sebastián Casanello elevó en agosto último un informe sobre el estado del predio donde se trasladaba el ganado antes de la faena. El escrito fue dirigido a distintas autoridades de la Ciudad y Nación con el objetivo de que tomen cartas en el asunto, luego de una investigación que el juzgado viene realizando sobre la presunta contaminación del arroyo Cildañez -que desemboca en el Riachuelo- y que se debería al vuelco de los desechos del ganado por parte de la empresa que administraba el predio. 

La ganadería es una de las principales actividades apuntadas por los ambientalistas ante el avance de la deforestación de bosques nativos para la extensión de los campos de cría de ganado y la plantación de soja y otras fuente de alimentación de los animales que terminan siendo llevados, en parte, al Mercado de Liniers y a los frigoríficos del país y el exterior para el consumo de carne vacuna.

Desde 2017, las autoridades del Mercado de Liniers vienen siendo investigadas y procesadas por volcar al arroyo Cildañez los “efluentes líquidos provenientes de corrales de ganado vacuno generados a su vez por el lavado de camiones y escurrido de agua en el sector de corrales y atracaderos de esa empresa, sin el permiso correspondiente y en infracción a la normativa ambiental”, según uno de los fallos analizados. El arroyo desemboca en parte de la Cuenca Matanza-Riachuelo, en el sur de la Ciudad.

El predio fue propiedad del Estado Nacional, luego transferido al Estado porteño, pero era explotado por la empresa privada Mercado de Liniers SA. En mayo de 2022, tras las denuncias e investigaciones por contaminación del agua y suelo con los desperdicios del ganado, la compañía trasladó su actividad a un predio en la localidad de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, pero dejó el predio de Mataderos sin remediar el pasivo ambiental. Las autoridades, según determinó el juez, no hicieron nada. 

elDiarioAR se comunicó con la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad (APRA) y con la Administración de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) para conocer sus versiones de los hechos. Ambos organismos deslindaron responsabilidades. Acumar apuntó a APRA y APRA no acusó recibo.

El informe que recibieron de parte del juzgado constata, en base a inspecciones y una pericia, que entre 2019 y 2020 se detectaron sustancias contaminantes en el suelo y aguas subterráneas del predio, entre ellas, hidrocarburos, nitritos, cobre y plomo. Aún así, la empresa siguió funcionando.

Cuatro años más tarde, “APRA no ha aprobado un Plan de Remediación”, sostiene el juzgado. “Existen informes relevados por la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Social de Acumar que sugieren que se evite el contacto de la población con el agua subterránea, en atención a los parámetros advertidos en exceso (de sustancias contaminantes), y a la fecha no se ha determinado el impacto ambiental y en la salud”, afirma el escrito consultado.

¿Cuánto pagaron como sanción económica la compañía y sus responsables por la contaminación? Apenas $3.000.000 a nivel nacional y otros $15.000 en la Justicia Contravencional de la Ciudad, donde incluso admitieron haber contaminado el arroyo Cildañez.

¿Tuvieron los responsables de la empresa consecuencias penales? Si bien Casanello procesó dos veces al ex presidente de Mercado Central SA, Roberto Juan Arancedo, por contaminación del arroyo Cildañez, el caso no sólo no llegó al juicio sino que terminó en una probation. En agosto último, el juez también procesó al actual presidente de la compañía, Oscar Alberto Subarroca, por otros vuelcos posteriores, ocurridos en 2020, pero la Sala II de la Cámara Federal porteña revocó el procesamiento en los últimos días por considerar que el fiscal Carlos Stornelli debe revisar si los hechos de la acusación son o no los mismos investigados en la Justicia porteña, a pesar de que se trata de diferentes acusados.

Ante la consulta de elDiarioAR para conocer su versión de los hechos, Subarroca respondió que esta nota es “extemporánea” y motivada, según su parecer, “a no tener nada que hacer o hacer alguna maldad innecesaria”. Para la Justicia federal, el pasivo ambiental que dejó a su pasó la empresa que dirige no tiene nada de extemporáneo. En su descargo ante el juzgado, Subarroca dijo que la muestras tomadas para analizar el vuelco al arroyo habían sido tomadas de manera errónea y que no se habían seguido los protocolos. 

¿Qué responde APRA ante el escrito que le envió el juzgado? El organismo a cargo de Renzo Morosi se desentendió del tema. “La causa es de carácter reservado y la Agencia no es parte en ella, por lo que no es posible dar ninguna precisión al respecto”. elDiarioAR había preguntado qué medidas tomarían ante el oficio sobre el pasivo ambiental dejado por la empresa que envió el juzgado a APRA.

En Acumar, a cargo de Martín Sabbatella, respondieron que el organismo “viene trabajando en eso desde diferentes áreas” y que “en julio de 2023 se solicitó información ampliatoria en relación al Expediente que se tramita ante la Agencia de Protección Ambiental (APRA)”, pero agregó que aún no ha recibido información de la Ciudad. Por otro lado, solicitó un nuevo informe sobre el pasivo ambiental, a pesar de que el ya existente no generó ninguna medida que resolviera el problema. El organismo “se está ocupando de instar a resolver la situación”, agregaron desde Acumar, donde explicaron que las solicitudes a la Ciudad son medidas tomadas en el caso si bien no son sanciones a los investigados.

Este medio también preguntó cuál fue el destino que se le dio a los $3.000.000 que recibió Acumar de Mercado de Liniers SA y sus pasadas autoridades como parte de la pena por contaminar el arroyo. El dinero ingresó efectivamente al organismo el 17 de julio último y fue destinado al Fondo de Compensación Ambiental, “a través del cual el organismo recauda los fondos provenientes de las distintas sanciones que se imponen a las empresas ante los incumplimientos de la normativa ambiental vigente”, dijo Acumar. “Este Fondo es destinado, según lo indica la ley, prioritariamente a la protección de los derechos humanos y a la prevención, mitigación y recomposición de los daños ambientales”. El organismo no especificó si lo destinará a solucionar la contaminación del Cildañez.

Casanello también envió copia del informe sobre el pasivo ambiental al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a cargo de Juan Cabandié; y a la Secretaría de Ambiente porteña, que dirige Inés Gorbea. Aysa también recibió el informe, pero en la empresa estatal de agua dijeron a elDiarioAR que el agua presuntamente contaminada no está conectada a la red de consumo de la Ciudad.

Nota: este artículo se modificó el 15 de septiembre de 2023 para agregar una réplica solicitada por Acumar en la que el organismo explicó que ha tomados medidas al solicitar información a la APRA, aunque no sean medidas sancionatorias, y que “se está ocupando de instar a resolver la situación”.

ED/DTC