–¿En serio [me estás preguntando] cuánta plata está invirtiendo ahora Patagonia Gold? Todavía no empieza a trabajar, tiene nueve empleados. Cortá, cortá, cortá. Perdoname, pero me estás haciendo preguntas que no sé responder. Si querés hablar, flaca, yo laburé mucho tiempo en periodismo, 28 años, y a veces sé cómo son las “preguntas” que uno quiere hacer. 

Así respondía el intendente de la localidad rionegrina Ingeniero Jacobacci, José Mellado, ante la consulta de elDiarioAR sobre el dinero invertido y el reparto de regalías en torno a un debatido proyecto de megaminería metalífera, que propone cambiar la matriz productiva de la zona. Fue poco después de la audiencia pública realizada el 30 de agosto, en el gimnasio municipal, donde las escasas voces disidentes fueron abucheadas por asistentes y miembros de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) que se encontraban afuera, con el aval silencioso de autoridades y moderadores.

El “Proyecto Calcatreu”, ubicado a unos 60 kilómetros de la ciudad, persigue la explotación de oro y plata a cielo abierto (17% y 83%, respectivamente), en un área de 16.921 hectáreas. Estará a cargo Minera Aquiline Argentina SAU, subsidiaria de Patagonia Gold S.A., empresa argentina que cotiza en la bolsa de Toronto.

Según el cronograma establecido en el texto presentado por la firma, la ejecución constaría de tres instancias: seis meses de construcción, cinco años de operación y doce años de cierre de la mina. Se estima la generación de un total de 463 de puestos de trabajo (entre empleados propios y “contratistas en servicios varios”), distribuidos a lo largo de las tres etapas. 

La iniciativa –propiedad de diferentes empresas mineras hasta su adquisición total por Patagonia Gold S.A. en 2018)– encontró apoyos y resistencias desde el comienzo. Se realizaron exploraciones, análisis, escritos. Casi tres décadas más tarde, el fuerte aval de los gobiernos nacional, provincial y local le dio un impulso fundamental a la actividad.

Los funcionarios que respaldan el plan –el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el intendente Mellado, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez y la secretaria de Energía y Ambiente en Río Negro, Andrea Confini– aseguran que implicaría un impulso para la región. Hablan de “un nueva oportunidad”, que permitiría compatibilizar los rubros minero, turístico, ganadero y comercial, “con sustentabilidad ambiental”. El presidente de la cámara minera utilizó la palabra “revancha”. Expertos, ambientalistas, vecinos y miembros de las comunidades originarias plantean serias dudas.

El debate se circunscribe solo en apariencia a Jacobacci. Ya hay decenas de iniciativas de explotación de distintos metales, hidrógeno verde, uranio y litio a lo largo de todo el territorio, capaces de reconfigurar biomas, economías y formas de vida. Si bien el punto de partida es local, el corazón del debate lo ocupa la soberanía sobre los recursos naturales de la Nación, así como las nociones y los “costos” del desarrollo.

Un dato curioso: el expediente del Proyecto Calcatreu incluye un reporte técnico de 233 páginas, escrito enteramente en inglés, preparado para Patagonia Gold S.A. por la consultora australiana Cube Consulting Pty Ltd.  

El trabajo y la esperanza

“Tenemos que apoyar a todos los proyectos mineros, no solo en Calcatreu y en la Provincia de Río Negro. Cuando hablamos de energía renovable y de transición energética, estamos hablando de apoyarnos en minerales”, plantea Confini, a cargo de la cartera de Energía y Ambiente provincial. 

“Sufrimos diez años de sequías y la explosión de los volcanes chilenos, aunque ocurrió en 2011, sigue afectando de manera muy seria a la región. La recuperación del stock ovino es muy difícil de sostener. La gente joven se ve obligada a emigrar, muchas veces a los cordones urbanos de las ciudades más grandes de la provincia. La minería, con respeto a la tierra, a la ciudadanía, al agua y a las comunidades originarias, con mucho compromiso y control del Estado, es posible y puede ser una solución posible a este problema”, asegura.

Sin embargo, los números provistos por la empresa no parecen muy prometedores para transformar la configuración laboral. Aun si se aceptan las proyecciones de Confini, quien refiere a “300 puestos directos” en un “primer anillo” –directamente afectado por la explotación de la mina– y “450 puestos indirectos”.

De acuerdo con el censo de 2022, Ingeniero Jacobacci contaba con 8.112 habitantes. La ministra menciona 12.000. Para ella, se debe tener en cuenta que cada trabajador ganaría “el doble” respecto de los salarios actuales (es decir, pasaría a cobrar un promedio de $600.000) y podría así “formar una familia”, por lo cual se beneficiaría “un 10% de la población”. El cálculo resulta forzado. Especialmente, considerando la corta duración del proyecto, la habilitación a contratar mano de obra calificada proveniente de afuera y la cantidad de personas que llevan la ilusión de ser contratados por la minera.

Luciana es empleada de casas particulares y hace changas para mantener a sus tres hijos. Es madre soltera, trabaja por hora y se las arregla –aclara– para pasar el día a día. “Estaría bueno tener un trabajo fijo, aunque sea por unos años”, dice. ¿En qué le gustaría desempeñarse? “Lo que más hago es cocina y, después, limpieza”. Se movilizó para apoyar a la mina con una bandera de la UOCRA.  

Hace un año, el sindicato de la construcción se hizo presente en la audiencia de Sierra Grande a favor del puerto petrolero de Vaca Muerta Sur, impidiendo el ingreso de los opositores. Esta vez también llevó sus estandartes. No hubo violencia física, aunque sonaron bombos durante las pocas disquisiciones discrepantes de la audiencia. 

Mario Pichiman es el referente de UOCRA en Jacobacci. Luego de expresarse públicamente, comentó a elDiarioAR: “Las medidas que tomó el gobierno de Milei hizo que los pueblos de toda la provincia, especialmente en la Región Sur de Río Negro, nos quedemos sin trabajo, porque dependemos de la obra pública. Esto no es Bariloche, acá no hay obra privada. Por eso apoyamos el Proyecto Calcatreu”. 

Sabe que la contaminación es una posibilidad. “La gente eligió autoridades a través del voto popular y nosotros tenemos que apostar a que ellos sean los responsables de la seguridad, de la educación pública, y, en este caso, del control de una mina, no el trabajador que tiene que ir a ganarse el pan”. Ha tenido conversaciones con la empresa y con el gobierno, donde le aseguraron cien puestos de trabajo, durante un año o un año y medio, lo cual sirve “para sobrellevar la situación”. De todas formas, no piensa en la minería como una solución: Pichiman señala que el Estado tiene que generar además otras obras, otros empleos.

La Asociación de Obreros Mineros (AOMA) congregó a trabajadores de distintas localidades para dar el “sí” afuera del gimnasio. Entre ellos, Carlos García, de Cipolletti, obrero de corazón, familia y pueblo minero. “Queremos que florezca bienestar, salud”. Es consciente de las contradicciones subyacentes. Su mamá era mapuche, también sus abuelos y los abuelos de sus abuelos. “No conozco bien la región o qué necesidades tiene cada población, por ahí falta agua, no hay buena vegetación, ni energía”, reflexiona. Considera que debería haber un diálogo entre la empresa y los pueblos que rechazan la actividad, para “beneficiarse mutuamente”.

La ilusión de Carlos se refleja en muchos habitantes de Jacobacci –desocupados, con o sin estudios, jóvenes o adultos mayores, laburantes pobres–, que genuinamente ponen sus esperanzas en el oro y en la plata. Algunos, desinteresadamente, se expresaron en una audiencia que, igualmente, dejó cierto halo de montaje. 

No casualmente, días atrás, el obispo de General Roca, monseñor Alejandro Pablo Benna, pidió un “diálogo transparente”, renegando de los eventos que funcionan como “obras de teatro en el que todos los actores están pagos”. En ese sentido, remató: “Le pedimos a Dios que estos proyectos como Calcatreu, estos proyectos mineros, no hipotequen el agua y la tierra”.

Un territorio con historia

Anticipando el repudio que genera el proyecto en un sector de la sociedad, el gobernador Weretilneck reivindicó por Twitter la presencia de policía montada, unidades antiexplosivos y vallas en la antesala de la audiencia pública. Los controles vehiculares también se multiplicaron. En total, había al menos 200 uniformados.

Aquellos que defienden el agua y los recursos naturales contra la explotación minera, realizaron reuniones pacíficas. El frente “No a Calcatreu” nucleó a una larga lista de agrupaciones y activistas: la Asamblea Wawel Niyeo de Ingeniero Jacobacci, que actúa desde el terreno como parte de las Asambleas de Curru Leufu; el Parlamento Mapuche; secciones de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de ATE y la CTA-A; la Pastoral Social; Comarca Marítima; la Asamblea por la Tierra y el Agua; Participación Vecinal; comunidades costeras organizadas; la Asamblea Antimegaminería de Bariloche; y la Coordinadora de Jubilados y Jubilados de Río Negro son solo algunas firmas, sin contar a los autoconvocados, ONGs y especialistas.

“Otra vez se persigue un supuesto progreso, construido sobre las ruinas de los pueblos originarios. ¿Ha terminado la Conquista al Desierto? ¿O está hoy la colonización más presente que nunca?”, se pregunta Orlando Carriqueo, werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche en la Provincia de Río Negro. En vez de acudir a la audiencia, con apoyo de la militancia, la Coordinadora realizó un acto propio, en una plaza. Un cuerpo de la policía montada dio vueltas por el lugar.

“Estamos en una jornada de reclamo, de protesta, rechazando un proyecto extractivo que se quiere poner en marcha en un terreno comunitario indígena. Denunciamos el proceso de militarización de estos días, que busca atemorizar, para defender un proyecto que no tiene consenso ni licencia social y, lo que es peor, que se ha hecho sin la consulta libre, previa e informada, que es un derecho que tenemos los pueblos indígenas en Argentina, Latinoamérica y en el mundo, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, reforzó el werken. 

Junto a sus compañeros, están en contacto con Francisco Calí Tzay, el relator de Naciones Unidas. Ya enviaron cartas al Gobierno y a la empresa para hacer cumplir la legislación que los respalda. “Ñuke Mapu no los perdones, ellos saben lo que hacen”, se leía en uno de los carteles. En otro, “no es tierra fiscal, es territorio ancestral mapuche”. El emprendimiento minero afecta a cuatro comunidades que habitan la reserva Lipetren (creada en el 1900) y otras colindantes, aunque el gobierno solo mantiene intercambios con Peñi Mapu, la única que apoya el proyecto. 

La explotación minera de metales está inscrita en los orígenes de la colonización y el genocidio de los pueblos originarios de Sudamérica. La pancarta “La ‘plata’ de hoy es hambre para mañana”, tiene una significancia histórica.

“Nosotros trabajamos los proyectos, sean mineros o de cualquier otro tipo, con la comunidad que está afectada directamente con el emplazamiento del proyecto. Hoy esa comunidad está acá, compartiendo con nosotros, a favor del proyecto. Con ellos hemos hablado, ellos han participado tanto de la consulta libre, previa e informada. Entendemos su necesidad de trabajar”, respondieron desde Energía y Ambiente.

Sed de agua, sed de oro

“El agua vale más que el oro” es una consigna que los ambientalistas han levantado por décadas. Los voceros de Patagonia Gold, al igual que investigadores –geólogos, ingenieros–, funcionarios y legisladores prominería aprovecharon la audiencia para explicar que los ríos no se verían afectados.

“El sistema contempla un mecanismo de agua en circuito cerrado, donde el agua del proceso y la mina es reciclada, sin vuelco de efluentes al medio. También existe pérdida de agua por evaporación, por lo que se requiere agua agregada, proveniente principalmente del desagüe de las obras en mina y pozos existentes habilitados para uso industrial”, indica el informe de la empresa. Y concluye: “Considerando una vida útil de cinco años del proyecto, y teniendo en cuenta los consumos de agua, estos representan 31% de la recarga estimada para la Microcuenca alta, por lo que, con esa tasa de extracción, no se generaría sobreexplotación del recurso hídrico”.

Pese a que el propio texto apunta a que el “transporte, manipulación y almacenamiento de sustancias peligrosas”, el “retiro de suelo y capa vegetal”, los “derrames accidentales”, “el aumento de sólidos que origina el desmonte”, la “disminución de cobertura vegetal” y la “pérdida de hábitat de las comunidades vegetales” son peligros potenciales, minimiza el asunto, por la corta duración de cada etapa del plan y la falta de lo que denominan “impactos críticos”. Esto no fue explicitado en la audiencia.

Tampoco se mencionaron las consecuencias sobre el variado ecosistema, consistente de pastizales, arbustos, mallines y premallines, donde viven reptiles, anfibios, aves y mamíferos característicos, como el choique (o “ñandú patagónico”), el guanaco y chinchillón. Las huellas antropológicas y arqueológicas fueron otro tema silenciado.

De local, sin visitantes

El evento del viernes pasado no fue vinculante, ni resolutivo, pero reflejó el tratamiento que el gobierno busca dar a los proyectos de megaminería, más allá de aquel día: sugirió un nuevo plan de ruta, en forma y contenido. 

Luego de palabras oficiales, la empresa abrió el juego con ochenta minutos pautados, que se extendieron sin peros. Luego vinieron una seguidilla de discursos (casi trescientos) que se autoafirmaban a través de aplausos a los propios y escraches a quienes atinaban a la crítica, acaso moderada.  

El momento más tenso ocurrió cuando le tocó exponer a Maristella Svampa, doctorada en Sociología e investigadora superior del CONICET, reconocida autora y rionegrina. 

Luego de agradecer la posibilidad de participar (turno 113), compartió los resultados de décadas de estudio multidisciplinario y comparativo sobre la minería. “Estamos ante un modelo de ocupación territorial que utiliza sustancias químicas contaminantes y, de la mano de grandes empresas, suele violentar procesos de decisión ciudadana”, comenzó.

A la vez, explicó que científicos de distintas áreas han demostrado que la megaminería no resuelve el desempleo. “La impresión que tengo es que hay una fuerte manipulación de la esperanza, de las expectativas de gente humilde que realmente quiere trabajo; y, por otro lado, de gente que efectivamente busca promover un modelo a gran escala que tiene enormes cuestionamientos a nivel ambiental y muy escasos resultados económicos”, pronunció la experta. Inmediatamente, comenzaron a sonar los redoblantes de militantes de UOCRA, que seguían el discurso desde afuera, a través de altoparlantes.

“La minería metalífera a cielo abierto no representa trabajo intensivo, sino capital intensivo. A nivel mundial, solo emplea al 1% de la población económicamente activa. En Argentina, en 2024, emplea solo a 12 mil personas”, continuó Svampa, ante un público cada vez más irritado. 

Cuando se adentró en la pobreza característica de provincias mineras como San Juan y Catamarca, la percusión fue acompañada de gritos desaforados, frente al mutismo de la organización. Desde la primera fila, comenzaron los gestos. Para cuando la especialista se refirió a la falta de pruebas de los circuitos cerrados (como el propuesto por Patagonia Gold S.A.) y mencionó la crisis climática, costaba escucharla. Sin más, procedieron a cortarle el micrófono. 

Una moderadora hizo mención del reglamento: la realidad es que la mayoría de los oradores se excedieron de los cinco minutos previstos sin problemas. El incidente no fue el único momento desconcertante de la noche. Un minero que habló hacia el final de la jornada, aseguró que, con 70 años, era la prueba viviente de que “el cianuro no mata”. El intendente aplaudió.

La audiencia cerró con abrazos de los funcionarios. Sobre el escenario, veinte minutos tras haberse apagado los micrófonos, continuaban las fotos oficiales, selfies, palmadas en la espalda, aplausos. Hacia la noche, con el mismo cielo oscuro con el que arrancó la jornada, la policía comenzó a desconcentrar lentamente. Las vallas –decoración desentonada para las tranquilas calles de Ingeniero Jacobacci– fueron desmanteladas. En la ciudad, en apariencia desierta y dormida, las autoridades y empresarios anticipaban un nuevo ciclo; también las comunidades originarias, los activistas, los productores y pobladores opositores al proyecto. La explotación minera se asoma como realidad pronta, pero la última palabra no está dicha. Los vientos patagónicos, vigorosos, persistentes, inevitables, anuncian silenciosamente su llegada.

El viaje a Río Negro para realizar esta nota fue financiado por la ONG Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y organizado íntegramente y de manera independiente por elDiarioAR.

Nota: este artículo se corrigió el 4 de septiembre a las 21:19 para modificar una referencia errónea al curriculum de Svampa.

JB/DTC

A dos años del mayor derrame de petróleo en el mar peruano, el balance que hacen las organizaciones civiles ambientales, de derechos humanos e incluso el propio Congreso de Perú sobre las acciones de reparación y compensación es negativo.

Tras el vertimiento de más de 11.000 barriles de crudo en las costas de Lima y Callao el 15 de enero de 2022 en la terminal marítima La Pampilla operada por la multinacional Repsol, la pesca artesanal, el comercio y el turismo, entre otras actividades económicas, que eran el sustento de miles de familias, continúan paralizadas. Por lo mismo, “los impactos sociales se han recrudecido”, concluye un informe de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso Nacional.

“Estamos tan molestos con esto que ya estamos tristes”, le dijo Alejandro Huaroto Arnáez, pescador artesanal de Bahía Blanca, a los investigadores de Oxfam y CooperAcción mientras realizaban un estudio de valorización de los daños sufridos por las familias pescadoras.

“Nos han quitado nuestra felicidad, nuestra libertad”, dice Huaroto. De hecho, son numerosos los pescadores que han debido migrar a otras zonas del país o reinventarse en otros oficios, como el transporte o la agricultura, para dar sustento a sus familias, asegura el sociólogo de CooperAcción, Alejandro Chirinos. Las compensaciones económicas que recibieron por parte de la empresa no sólo representan apenas un tercio de su real pérdida económica, concluye el estudio de valorización, sino que fueron definidas de manera “arbitraria” por la empresa, asegura Jean Pierre Araujo, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Los montos se establecieron “en procesos de negociación privada entre Repsol y los damnificados”, indica Araujo y en momentos en que muchos afectados, presionados por la desesperación, aceptaron, explica Ana Leyva, abogada de CooperAcción.

En medio de la crisis social que se extiende sin luces de que llegue una pronta solución para los afectados, los planes presentados por la empresa para rehabilitar los ecosistemas impactados continúan en evaluación y “no hay alguien que lidere y articule” las acciones para enfrentar el desastre, asegura la congresista Ruth Luque.

El ambiente es de incertidumbre y la falta de información sobre el avance de los distintos procesos judiciales que se llevan adelante agudizan la desesperación de quienes esperan por soluciones.

La situación penal y civil

Una de las preguntas que más inquieta a los peruanos es qué ha pasado con la denuncia penal. En ese sentido, el procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán, aseguró a Mongabay Latam que “los actos de investigación ya se están culminando”, y que se espera que la acusación fiscal esté lista para mediados de junio.

Llegado ese momento se iniciará una etapa intermedia “que es muy corta”, precisó Guzmán, “donde el fiscal presenta una acusación formal contra los que él considera responsables de los hechos”. En ese momento, agregó, se postulará la reparación civil por el daño ambiental (daño ecológico puro) para lo cual “estamos utilizando una valoración económica del daño, que elaboraron los peritos del Ministerio Público” que ronda los 1.600 millones de soles, unos US$420 millones. Ese monto, sin embargo, podría aumentar o disminuir. Se trata de “una pretensión temporal”, explica Guzmán, “porque como la investigación no ha concluido puede aparecer algo que haga elevar o disminuir esa cifra”.

En todo caso, frente a las dudas de si el plazo para presentar una demanda civil había vencido al cumplirse los dos años del derrame, el Procurador aseguró que el Estado peruano ya ha promovido un pedido formal de reparación civil y este se encuentra pendiente de ser resuelto por el Poder Judicial. “Cuando la reparación del daño nace de un delito, tienes la posibilidad de plantear la pretensión mientras persista la acción penal, es decir, mientras existe una investigación en curso”, explicó. Además, agregó que “en el modelo peruano la reparación civil también se puede solicitar dentro del proceso penal y eso es lo que hemos hecho en este caso”.

Repsol puso directamente las condiciones para calificar y cuantificar los daños por familia o por persona en un proceso cerrado.

Jean Pierre Araujo — Abogado de la SPDA.

Sobre los tiempos, Guzmán sostuvo que “para finales de este año deberíamos tener ya resuelto el tema”, lo que, en su experiencia, corresponde a los tiempos manejados en las investigaciones frente a grandes desastres naturales. “Estamos dentro del tiempo habitual de investigación y procesamiento de este tipo de casos”, aclaró.

Compensaciones insuficientes

Asunto aparte es la reparación civil a los pescadores y comerciantes cuya fuente laboral ha sido destruida.

En 2022, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) presentó, en representación de más de 700 mil personas afectadas, una demanda civil de indemnización por daños y perjuicios que asciende a 4.500 millones de dólares. Henry Carhuatocto, director ejecutivo del Instituto de Defensa Legal del Ambiente (IDLADS Perú), organización que se sumó a la demanda del Indecopi como tercero interesado, aseguró a Mongabay Latam que el proceso aún se encuentra en trámite y que no ha habido audiencias. “Están en el proceso de notificación de las partes, con traducción incluida, y las contestaciones de la demanda”, detalló el abogado, quien agregó que no les han notificado mayor avance y que “falta interés del Estado de mover el caso más rápido”.

Por otra parte, tras ocurrido el derrame, la Presidencia del Consejo de Ministros, en articulación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), elaboraron en 2022 el Padrón Único de Afectados, en el cual se registraron a 10.300 personas.

La empresa sostuvo que ese año el 98% de las personas inscritas en el padrón cobraron las compensaciones y que en 2023 lo hizo el 93%. Sin embargo, dicho padrón ha sido altamente criticado por subestimar la cantidad de damnificados. Con miras a ampliar el padrón único de afectados, el Consejo de Ministros ha registrado a otros miles de ciudadanos. Sin embargo, su inclusión aún es incierta y permanecen como “eventualmente afectadas por el derrame de petróleo”.

La razón es que “la norma establece que es la empresa quien determina quiénes son los afectados”, explica Miguel Lévano, coordinador de programa y alianzas de Oxfam Perú. Y en este caso, Repsol exige acreditación de la actividad económica previa al derrame, a través de un documento o medio probatorio emitido por una autoridad. El problema, advierten tanto las organizaciones civiles como el informe del Congreso, es que un gran número de personas desarrollaban sus actividades en condiciones de informalidad por lo que no cuentan con los documentos exigidos. “Es fundamental hacer una modificación a esa norma porque no es posible que el Estado le traslade a la empresa una función que debería hacer él”, opina Lévano.

Mediante un comunicado, Repsol informó que a enero del 2024 han registrado aproximadamente 62.000 solicitudes adicionales, las cuales están siendo evaluadas por la empresa.

Mientras no haya plan aprobado, no solamente no hay un proceso de rehabilitación sino que se van distanciando las posibilidades de recuperación del mar para que las familias pescadoras puedan volver a sus labores.

Miguel Lévano — Oxfam.

Para la congresista Luque, con la elaboración de un padrón que ha subestimado la cantidad de damnificados, “el Estado perdió una oportunidad, a través del Ejecutivo, de generar un acuerdo que pudiera garantizar que el Estado estaba a cargo de un registro único de afectados. Incluso, perdió la oportunidad de formular propuestas normativas o cambios legislativos a raíz de este desastre ecológico”. Además, todavía está pendiente determinar si las compensaciones continuarán este 2024.

Los problemas en torno a las compensaciones no sólo tiene que ver con el padrón, sino también con los montos. Las compensaciones —que se encuentran entre los 50.000 y 70.000 soles (entre 13.000 y 18.300 dólares)— “fueron un proceso de negociación privada entre Repsol y los damnificados”, explica Araujo, el abogado de la SPDA. “Repsol puso directamente las condiciones para calificar y cuantificar los daños por familia o por persona en un proceso cerrado”, agrega.

La Defensoría del Pueblo indicó, además, que en las mesas de negociación que se llevaron a cabo entre 19 organizaciones de pescadores y la empresa con el fin de llegar a acuerdos sobre las compensaciones “la empresa presentó una propuesta inamovible desde el primer día”, a pesar de que “por norma la compensación debe acordarse con los afectados”. Según detalla Ana Leyva, “la empresa amenazó (diciendo) ‘si no acepta me voy’ y la gente por necesidad terminó aceptando sus condiciones”.

La economista de Oxfam, Kely Alfaro, titular del estudio de valorización del daño, asegura que durante las mesas de negociación “se presionó para que la empresa muestre la información” con la que había determinado los montos. Lo que presentó, dice, fue “el censo de pescadores que no tiene datos económicos, donde los mismos pescadores dicen: ”Ese censo no sirve porque nosotros no hemos dicho cuánto ganamos“. La empresa también presentó, según la experta, un estudio sobre necesidades básicas. Sin embargo, el informe de valorización da cuenta de que cada familia ha perdido anualmente el equivalente a 149.714,86 soles (39.240 dólares), una cifra muy por encima de la canasta básica y hasta tres veces el monto entregado por Repsol.

“En el proceso de negociación no ha habido un trato justo para los afectados”, concluyó la Defensoría del Pueblo. La posición inamovible de la empresa durante el proceso de compensación junto con la falta de precisión de la metodología utilizada para calcular los montos “afecta la determinación de la compensación y, por ende, el derecho a una reparación integral”, informó.

Para la congresista Luque, “hay una negligencia de un liderazgo y seguimiento constante del Estado”, pero “lo más grave”, dice, es que “la empresa se da cuenta de ese desorden, de ese vacío, de esa falta de liderazgo, y se aprovecha porque las compensaciones siguen bajo el direccionamiento que ellos quieren”.

Como una alternativa para recibir una indemnización mayor, la Fundación Holandesa de Derechos Ambientales y Fundamentales, que representan a 30.000 peruanos afectados por el derrame, interpuso una demanda en contra de Repsol a través del bufete de abogados británico Pogust Goodhead. La demanda es por 1.000 millones de libras esterlinas, unos US$1.200 millones.

Planes de rehabilitación que no llegan

La empresa presentó un total de 18 planes de rehabilitación al Ministerio de Energía y Minas, de los cuales cuatro fueron declarados como no presentados por no cumplir los requisitos mínimos de admisibilidad. Los 14 planes restantes se encuentran en proceso de revisión.

Para Jean Pierre Araujo “es preocupante que la empresa haya presentado planes de rehabilitación con problemas formales, habiendo tenido un año para contratar a las empresas consultoras ´para que hagan estos planes”. Además, a los pescadores y a las organizaciones civiles les inquieta el tiempo que pueda tardar la evaluación de los planes de rehabilitación que tienen por objetivo recuperar los ecosistemas afectados por la contaminación. La razón es simple, explica Leyva, y es que no pueden iniciarse las tareas de remediación si no hay planes, y “la evaluación está demorando”. “Todavía no sabemos si esos planes van a entrar en evaluación. Depende de si los han completado, entonces pasarán a ser evaluados, pero si no los han completado, tienen que volver a presentarlos”, asegura la experta.

Nos han quitado nuestra felicidad, nuestra libertad.

Alejandro Huaroto Arnáez — Pescador artesanal.

Miguel Lévano, de Oxfam, agrega que junto con ello el problema radica en que “el marco normativo no establece un plazo (para presentar un nuevo plan luego de ser rechazado el primero)”, por lo que “pueden pasar varios años sin un plan aprobado”. Además, dice, “mientras no haya plan aprobado, no solamente no hay un proceso de rehabilitación sino que se van distanciando las posibilidades de recuperación del mar para que las familias pescadoras puedan volver a sus labores”.

La compañía afirmó, en un comunicado del 15 de enero, que los planes de rehabilitación no “son necesarios para la reactivación y apertura de las zonas”. Según la empresa, “las playas de Lima Norte, especialmente las de Ancón, así como en Ventanilla, Santa Rosa, Chancay y Aucallama, están listas desde hace meses para la pesca, el comercio y las actividades recreativas”, ya que “cumplen con los estándares de calidad ambiental tanto nacionales como internacionales, y esto lo sustentan los informes de laboratorios reconocidos y certificados, así como los diversos informes de las autoridades”.

Sin embargo, el último informe técnico del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), elaborado a partir de estudios realizados entre el 12 y 26 de junio de 2023, indica que “no se cuenta con las evidencias concluyentes que permitan señalar que la zona afectada por el derrame esté libre de presencia de petróleo”. Actualmente, el Imarpe se encuentra elaborando un informe técnico actualizado a partir de la evaluación biológica ambiental realizada entre el 24 de noviembre y el 7 de diciembre de 2023.

Para Luque, la falta de liderazgo por parte del gobierno también se refleja en el silencio tras los comentarios de Repsol. “Como puede ser que nadie le responda a la empresa cuando dice que todo está bien, que todo ya se puede hacer. Nadie del Gobierno les dice lo contrario”.

ED

Conforme el nivel del mar se incrementa, los caribeños perciben que, debajo de sus pies, hay cada vez menos centímetros de costa. 

“La evaluación que hemos hecho nos indica que para el año 2050 puede ser que haya más de 50 millones de personas que estén migrando de las áreas insulares a áreas continentales”, declaró Rodolfo Sabonge, secretario general de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), a la Agence France-Presse (AFP) en mayo, con motivo de la reunión anual de esta organización que agrupa a 25 países y siete asociados desde su fundación en 1994.

“Ahora no necesitamos palabras, necesitamos acciones concretas y soluciones para los pueblos de esta región”, manifestó, a su vez, Albert Ramdin de Surinam, actual presidente de la AEC. 

Cerca de 250 millones de personas viven en el Gran Caribe, y sus actividades producen menos del 0,1% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) que generan el cambio climático. Pero, aunque su aporte al problema es mínimo, los riesgos asociados al incremento de la temperatura los hace vulnerables más allá de las medidas que puedan tomar.

Precisamente, el término pérdidas y daños se refiere a los impactos inevitables que no han podido eludirse mediante acciones de mitigación y adaptación. Al igual que el Gran Caribe, países en América Latina, África, Asia y Oceanía se encuentran en la misma situación. 

“Se ha detectado y atribuido una creciente gama de pérdidas económicas y no económicas a los fenómenos climáticos extremos y de evolución lenta en el marco de los aumentos observados de las temperaturas mundiales, tanto en los países de renta baja como en los de renta alta”, destaca el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) en su sexto ciclo de informes de evaluación.

Si bien tanto los países de renta alta como de media y baja están expuestos a los embates del cambio climático, la diferencia yace en la capacidad y rapidez con que cada uno vuelve a ponerse en pie: allí es donde la brecha se ensancha.

“Si el cambio climático futuro bajo escenarios de altas emisiones continúa y aumentan los riesgos, sin medidas de adaptación fuertes, las pérdidas y los daños se concentrarán probablemente entre las poblaciones vulnerables más pobres”, proyecta el IPCC.

La desigualdad exacerba la vulnerabilidad

En noviembre de 2020, los países centroamericanos aún estaban lidiando con la emergencia sanitaria y la crisis económica provocada por el Covid-19 cuando los huracanes Eta e Iota —ocurridos con apenas semanas de diferencia— impactaron fuertemente la región. Ambas tormentas, categoría 4, dejaron a su paso una serie de pérdidas y daños.

En el caso de Costa Rica, las lluvias y fuertes vientos de Eta afectaron a 325.000 personas en los primeros días. De ellas, 2.056 fueron trasladadas a 77 albergues temporales en plena crisis del Covid, cuando el mandato sanitario era distanciamiento social y lavado constante de manos.

De hecho, el suministro de agua potable también se vio impactado, lo que obligó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) a invertir 421 millones de colones (unos 794.373 dólares) en obras para garantizar el abastecimiento.

La infraestructura vial también se vio afectada. De hecho, 29 comunidades quedaron aisladas debido a la crecida de los ríos o la obstrucción de caminos. Un total de 18 cantones —en las provincias de Puntarenas, Guanacaste y San José— reportaron daños en puentes, alcantarillas, tomas de agua, cortes de fluido eléctrico y diques. Sólo la rehabilitación de caminos tuvo un costo aproximado de 1.626 millones de colones (unos 3.068 millones de dólares), según la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

El impacto de Eta sobre Costa Rica fue indirecto, y las instituciones tuvieron que echar mano a las fuerzas restantes para hacer frente a Iota casi de inmediato. Nicaragua y Honduras sí lidiaron con ambos huracanes de forma directa, con el agravante de que ambos países tienen los menores Índices de Desarrollo Humano en la región centroamericana, incluso a nivel América Latina.

No en vano, el IPCC dice que “la vulnerabilidad determina cómo los países experimentan los efectos del cambio climático”. Y explica: “Es un fenómeno multidimensional y dinámico, determinado por la intersección de procesos históricos y contemporáneos de marginación política, económica y cultural. Las sociedades con altos niveles de desigualdad son menos resistentes al cambio climático”.

A nivel mundial, alrededor de 3.300 millones de personas viven en países con alta vulnerabilidad y están surgiendo zonas transfronterizas altamente vulnerables como resultado de problemas interrelacionados con la salud, la pobreza, la migración, los conflictos, la desigualdad de género, la falta de equidad, la educación, la elevada deuda, la debilidad de las instituciones, la falta de capacidad de gobernanza e infraestructura. 

De hecho, los medios de subsistencia sensibles al clima se concentran en regiones con mayor vulnerabilidad socioeconómica y menor capacidad de adaptación, lo que agrava las desigualdades ya existentes. 

“Incluso con el actual cambio climático moderado, las personas vulnerables experimentarán una mayor erosión de la seguridad de sus medios de subsistencia que puede interactuar con las crisis humanitarias, como el desplazamiento y la migración involuntaria, la violencia y los conflictos armados, y conducir a puntos de inflexión social”, dice el IPCC. “En escenarios de emisiones más altas y peligros climáticos crecientes, el potencial de riesgos sociales también aumenta.” 

Para encontrar las raíces de la vulnerabilidad, hay que mirar la historia. “Los complejos patrones de vulnerabilidad humana están moldeados por acontecimientos pasados, como el colonialismo y su legado actual, que se ven agravados por riesgos compuestos y en cascada y están socialmente diferenciados”, indica el IPCC.

Colonialismo

“Los impactos del cambio climático no afectan a todos por igual, hay gente más vulnerable que otra, qué es lo que en este reporte llamamos vulnerabilidad sistémica. Son vulnerabilidades que ya tiene la gente y no necesariamente están relacionadas al cambio climático”, explica Debora Ley, una de las autoras de los informes IPCC, en entrevista con Ojo al Clima.

Y continúa: “El término de colonialismo es importante porque, cuando tratas de atacar las raíces de la vulnerabilidad, muchas de las razones —al menos en Latinoamérica y en África— se deben al colonialismo”.

Los historiadores han documentado cómo el crecimiento económico del Norte Global fue favorecido, en gran medida, por los recursos naturales y la mano de obra del Sur Global, los cuales fueron apropiados a la fuerza en el período colonial.

Y, aunque se cree que esa apropiación ya terminó con los procesos de independencia, lo cierto es que —desde la década de 1960— historiadores y economistas argumentan que la estructura general de la economía colonial aún se mantiene, ya que el crecimiento industrial del Norte sigue dependiendo del Sur. Para poner tan solo un ejemplo: el litio que se extrae de Argentina, Bolivia y Chile (Sur Global) se utiliza para producir las baterías de los automóviles eléctricos con que el Norte Global pretende descarbonizar su economía. Lo que pasa es que, al hacer las sumas y las restas, los tres países sudamericanos quedan con un saldo de comunidades desplazadas, falta de agua y deterioro tanto de sus medios de vida como de sus ecosistemas, al tiempo que el desarrollo económico prometido por esta extracción no se concreta.

No sólo eso, los países del Norte Global aprovechan su dominio geopolítico y comercial para abaratar los precios de esos recursos y mano de obra provistos por el Sur Global. “Como resultado, por cada unidad de recursos y mano de obra incorporados que el Sur importa del Norte, tiene que exportar muchas más unidades para pagarlas, lo que permite al Norte lograr una apropiación neta a través del comercio. Esta dinámica fue teorizada por Emmanuel (1972) y Amin (1978) como un proceso de intercambio desigual”, explican Jason Hickel, Christian Dorninger, Hanspeter Wieland e Intan Suwandi, autores de un estudio publicado en Global Environmental Change.

Precisamente, los investigadores estimaron la escala y el valor de la fuga de recursos del Sur Global. Así se dieron cuenta que, en 2015, el Norte se apropió de materias primas, tierra, energía y mano de obra por un valor de 10,8 billones de dólares; “cantidad suficiente para acabar con la pobreza extrema 70 veces”, concluyen.

Visto a lo largo del período 1990-2015, ese monto es de 242 billones de dólares. “Una importante ganancia inesperada para el Norte, equivalente a una cuarta parte de su Producto Interno Bruto (PIB). Mientras tanto, las pérdidas del Sur por el intercambio desigual multiplican por 30 sus ingresos totales por concepto de ayuda durante el período”, se lee en el estudio.

“Nuestro análisis confirma que el intercambio desigual es un importante motor de la desigualdad mundial, el desarrollo desigual y el colapso ecológico”, mencionan los autores.

Y completan: “Estos resultados demuestran que el patrón general de apropiación que caracterizó el período colonial se ha mantenido e incluso ampliado en la era poscolonial a través del mecanismo del intercambio desigual, a pesar de los importantes cambios en la estructura de la economía mundial. En un mundo equitativo, el déficit comercial de recursos que el Norte mantiene en relación con el Sur se financiaría con un déficit comercial monetario paralelo. Pero, en realidad, el déficit comercial monetario es muy pequeño, equivalente sólo a un 1% de los ingresos comerciales mundiales, y fluctúa entre el Norte y el Sur. En efecto, esto significa que el Norte consigue gratis su gran apropiación neta de recursos y mano de obra del Sur”.

Ese dinero faltante en el bolsillo es precisamente el que necesitan los países del Sur Global para reducir su desigualdad y, por ende, su vulnerabilidad. “El problema central es que los países de renta baja y media están integrados en la economía mundial en condiciones fundamentalmente desiguales. Rectificar este problema es fundamental para garantizar que los países del Sur Global dispongan de los recursos financieros, físicos y humanos que necesitan para mejorar los resultados sociales”, indican los investigadores.

¿Qué ha pasado? Para financiar acciones de mitigación y adaptación, así como obras de reconstrucción tras el impacto de eventos extremos, los países vulnerables han recurrido a préstamos. 

En el caso de América Latina y el Caribe, el monto de créditos supera el 90% del total del financiamiento para atender la crisis climática, según se desprende de un análisis realizado por La Data Cuenta y Ojo al Clima a partir de bases de datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre financiamiento vinculado con el clima, entre los años 2000 y 2020.

“Por cada 10 dólares para acción climática que capta América Latina y el Caribe, 7 dólares llegan por la vía de los préstamos, cuyos acreedores son mayoritariamente bancos multilaterales de desarrollo y países ricos”, se lee en el análisis de periodismo de datos.

Tampoco les ha quedado de otra. La mayoría de los países latinoamericanos están calificados como “renta media”, lo que les limita ser candidatos a subvenciones a pesar de las desigualdades y la pobreza subyacente que viven.

Por si fuera poco, casi dos tercios de los créditos recibidos por los países de la región son “no concesionales”, es decir, carecen de condiciones favorables y tasas de interés reducidas. Esto provoca que la deuda externa se incremente cada vez más, comprometiendo la sostenibilidad financiera a largo plazo y obstaculizando la acción climática porque no se cuenta con suficiente dinero para invertir.

“Es un sistema neocolonial que perpetúa y reproduce dinámicas asimétricas de poder entre el Norte Global y el Sur Global en términos económicos. Lo vemos reflejado en ese mecanismo de repago de deuda de nuestros países, donde ven reducida su capacidad de autonomía política, donde se les exige austeridad, privatización, promoción de actividades extractivas para pagar la deuda a costo de vulnerar derechos humanos, con impactos ambientales, con actividades que nos alejan de la transición energética y producen GEI”, dijo Leandro Gómez, coordinador del Programa Inversiones y Derechos del área de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en entrevista con La Data Cuenta y Ojo al Clima. 

Sin dinero para adaptación

Para evitar llegar a las pérdidas y daños, los países deben invertir en medidas de adaptación. Sin embargo, este rubro es poco financiado desde que se adoptó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en la década de 1990. 

De hecho, y según el recientemente publicado Adaptation Gap Report 2023, el actual déficit de financiación se calcula en 194.000 - 366.000 millones de dólares anuales. Visto en el tiempo, los flujos de financiación pública multilateral y bilateral para la adaptación disminuyeron un 15%.

Mientras los países cuentan las monedas, la temperatura global sigue incrementando y, con ella, los sistemas naturales y sociales llegan a sus límites. “La superación de esos límites duros y evolutivos provoca extinciones y desplazamientos locales de especies si existen hábitats adecuados”, apunta el IPCC. 

Y añade: “En los sistemas humanos, gestionados y naturales, ya se están experimentando límites blandos. Las restricciones financieras son determinantes clave de los límites de adaptación en los sistemas humanos y gestionados, sobre todo en entornos de bajos ingresos”.

El IPCC diferencia entre límites duros y blandos. Los límites blandos son aquellos para los que actualmente no son viables las actuales opciones de adaptación, pero que podrían estar disponibles en el futuro; mientras que los límites duros son aquellos para los que las opciones de adaptación existentes dejarán de ser eficaces y no será posible disponer de opciones adicionales. 

“Los límites duros aparecerán cada vez con niveles de calentamiento más elevados”, dice el grupo de expertos. “Las barreras biofísicas, institucionales, financieras, sociales y culturales pueden dar lugar a límites de adaptación blandos y duros, sobre todo cuando se combinan”, agrega, y completa: “Tanto la pobreza como la desigualdad presentan importantes límites a la adaptación”. 

De allí la importancia de un sistema financiero que se edifique sobre principios de justicia climática: para darle oportunidad a todas las personas de sobrevivir y ojalá aspirar a una vida digna.

Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina. Fue producido en el marco de la iniciativa “Comunidad Planeta en la COP28”.

El número de ballenas y otros grandes animales marinos que mueren cada año por colisiones con barcos es desconocido. Las estimaciones van desde unos pocos centenares a varios miles, pero no hay forma de saberlo, porque muchos de estos ‘atropellos’ en las autopistas del mar pasan desapercibidos y los animales se hunden en el océano sin dejar rastro. Para abordar el problema, la Comisión Ballenera Internacional (IWC, por sus siglas en inglés) puso en marcha en 2007 una base de datos global de colisiones con barcos (Global Ship Strikes Database), que está sirviendo sobre todo para establecer los “puntos calientes” donde las rutas de los cetáceos y las de los grandes cargueros se cruzan.

Pero no es suficiente. A pesar de las medidas de concientización y coordinación, con un tráfico marítimo que va en rápido aumento, los choques con embarcaciones se están convirtiendo en una de las principales causas de mortalidad de ballenas y tiburones, según recalcan los autores de un comentario publicado en la revista Nature. “La humanidad y algunos de los animales salvajes más carismáticos del mundo están en curso de colisión en los océanos”, escriben, a la vez que señalan que, según algunos informes recientes, a partir de 2050 se espera que el tráfico marítimo aumente hasta un 1.200 %. 

Estas cifras, combinadas con datos sobre dónde se superponen las redes de transporte marítimo con los movimientos y agregaciones de animales marinos, presentan un panorama “alarmante”, advierten, aunque recalcan que poniendo en marcha una serie de medidas de mitigación y prevención a escala global se podrían reducir el impacto. Porque los datos sugieren que los choques con barcos podrían estar contribuyendo a impulsar la disminución de la población de muchos animales, lo que tendría efectos profundos en todos sus ecosistemas, afirman.

La “punta del iceberg”

“Varias líneas de evidencia indican que los registros existentes de colisiones con barcos representan la punta del iceberg de los daños actuales y futuros de la industria naviera a la biodiversidad marina”, señalan el investigador David Sims y sus compañeros en este artículo de análisis. Su afirmación se basa en diversos trabajos, como el que demostró en 2019 que los choques con barcos son una de las principales causas de mortalidad inducida por el hombre para la ballena franca del Atlántico norte (Eubalaena glacialis), en peligro crítico de extinción, o el estudio de 2020 que identificó más de 75 especies marinas en riesgo de sufrir daños por impactos. 

Proyección del aumento de tráfico marítimo para 2050

Número de movimientos previstos para 2050

6.300

63.000

0

2.000

12.500

20.000

33.000

142.000

620.000

Fuente: Anthony Sardain et al. Nature Sustainability, 2019

Proyección del aumento de tráfico

marítimo para 2050

Número de movimientos previstos para 2050

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33.000

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Fuente: Anthony Sardain et al. Nature Sustainability, 2019

“No hay estimaciones fiables de cuántos animales mueren en colisiones con barcos”, indica Sims a elDiario.es. “Una estimación conservadora general sería de cientos a nivel mundial por año”. Sin embargo, es probable que el número de colisiones letales a buques sea bastante más elevado, según los pocos datos disponibles. “Encontramos evidencia en nuestro propio estudio publicado de que el 8% de los tiburones ballena rastreados probablemente fueron golpeados por barcos y murieron”, asegura. “Y en el artículo mencionamos que en cuatro sitios de estudio estadounidenses unas 80 ballenas por año murieron por colisiones en un área de 800.000 km2”.  

La humanidad y algunos de los animales salvajes más carismáticos del mundo están en curso de colisión en los océanos

El foco de preocupación se dirige más allá de las ballenas, a toda la megafauna marina, que incluye tiburones, tortugas marinas y otros organismos con una masa corporal de 45 kilogramos o más, muchos de los cuales están en peligro de extinción. Los informes de impactos tienden a centrarse en unas pocas especies que tienen más probabilidades de verse flotando cuando están muertas, como las ballenas, los delfines y las tortugas, subrayan. Pero “la mayoría de los animales marinos, y todos los peces cartilaginosos (tiburones, rayas, rayas, etc.), se hunden cuando están muertos y, por lo tanto, no serán observados”, subraya Sims.

Un “drama escondido”

Para Natacha Aguilar, bióloga marina en el Centro Oceanográfico de Canarias (CSIC) que trabaja en el estudio de cetáceos, este artículo en Nature es “magnífico” porque evidencia que las soluciones existen y coincide en que estamos viendo solo una pequeña proporción de las muertes. “Las colisiones con buques son el drama escondido de la megafauna marina”, explica. “El problema es grave a nivel internacional, y esto incluye a España. Canarias es el lugar del mundo con más registros de varamientos de cachalotes con signos de colisión, y sabemos que ocurren en otras zonas como Baleares o Gibraltar”. El problema en Canarias es grave desde hace décadas, insiste, y podría afectar a nivel poblacional al cachalote en el archipiélago, uno de los pocos sitios del Atlántico Norte donde estos animales se reproducen y residen todo el año. 

“Evidentemente, las colisiones son un problema”, asegura Antonio Fernández, catedrático de patología veterinaria de la Universidad Las Palmas (IUSA-ULPGC), quien realizó la autopsia de cientos de estos animales que aparecen muertos en las costas de Canarias. “De media, vienen varando en torno a 50 o 60 individuos cada año en Canarias”, informa. “Y animales grandes, en torno a dos o tres anualmente, con algunos picos”. Pero no es lo mismo la pérdida de unos pocos individuos en una población grande que en una pequeña y con otras características, advierte. “Los cachalotes son poblaciones que luego tardan mucho en crecer y reproducirse”, asegura Fernández. “La muerte de una hembra adulta que esté en época reproductora empieza a contar más que cinco delfines en una población de doscientos, porque lo importante es mantener los niveles poblacionales”.

El comentario de Sims y sus coautores pone una nota de esperanza al observar que, en comparación con otras amenazas a la biodiversidad marina, como la contaminación y el cambio climático, el problema de los choques con barcos se puede enfrentar con una serie de medidas que ya se probaron eficaces. Los investigadores exponen lo que se necesita para abordar este problema a escala global: mejores datos sobre dónde, cuándo, con qué frecuencia y para qué especies se producen los choques; un mayor compromiso con el problema, tanto de la industria naviera como del público; regulaciones que desvían los barcos o reducen su velocidad cuando viajan por ciertas áreas; y el seguimiento del cumplimiento de dichas restricciones. “Hacer que los choques con barcos sean una mayor prioridad a nivel mundial es una forma inmediatamente alcanzable de ayudar a conservar las especies marinas más vulnerables e icónicas del mundo”, concluyen.

En el caso de Canarias, se aplica la tecnología y estas políticas desde hace tiempo, aunque hay mucho margen para mejorar, según los expertos. “Conocemos este problema desde hace décadas y ahora por fin estamos investigando, gracias al proyecto europeo Intemares, la evolución de la abundancia del cachalote en Canarias y la posibilidad de aplicar tecnología infrarroja para mejorar la detectabilidad de los animales y, con ello, facilitar que las navieras maniobren para evitar la colisión”, subraya Natacha Aguilar. “Dado que Canarias fue identificado por la OMI como un punto caliente de colisiones a nivel mundial, es ya urgente tomar acciones concretas”, insiste. “Para ello se requiere que el gobierno canario y de España creen un grupo de trabajo dedicado a esto, que defina un Plan de Ruta para la Prevención de Colisiones en Canarias”.

“El mensaje es claro”, concluye Fernández, “es evidente que la actividad humana está in crescendo y si miras el tráfico marítimo, como pasa con los aviones, cada vez queda menos hueco. La ciencia puede aportar soluciones, pero hay que usarlas entre todos, tiene que haber una acción conjunta a nivel regional, nacional y global, si queremos que estos grandes animales tengan futuro”.

LC

Cada vez son más los países que se plantean introducir leyes que tipifiquen como delito el ecocidio. México es el ejemplo más reciente en el que los políticos aspiran a desincentivar los daños medioambientales —y conseguir justicia para sus víctimas— mediante la criminalización. Karina Marlen Barrón Perales, diputada por Nuevo León, ha presentado al Congreso mexicano un proyecto de ley que introduce el nuevo delito de “ecocidio”.

Aunque dañar el medio ambiente ya es un delito en la mayoría de los países, el reconocimiento del ecocidio eleva los casos más atroces a la categoría de delito, con las penas correspondientes.

El nuevo proyecto de ley mexicano pretende tipificar como delito “cualquier acto ilícito o gratuito cometido a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que se produzca un daño grave y generalizado o a largo plazo para el medio ambiente”. Si se aprueba, cualquier persona declarada culpable de ecocidio podría ser encarcelada hasta 15 años y multada con hasta 1.500 pesos mexicanos (90 dólares) al día.

El proyecto de ley mexicano utiliza una definición de ecocidio elaborada por un grupo internacional de expertos jurídicos en 2021. La definición estaba destinada principalmente a ser adoptada por la Corte Penal Internacional mediante una enmienda al Estatuto de Roma —objetivo clave de la Stop Ecocide Foundation—, pero ahora también se está utilizando para la legislación nacional.

Sólo unos pocos Estados de todo el mundo han tipificado como delito el ecocidio, entre ellos Vietnam, Ucrania y Rusia. El procurador general de Ucrania ya está investigando un posible caso de ecocidio contra Rusia por la rotura de la represa de Nova Kakhovka.

Francia se convirtió en 2021 en el primer país de la UE en tipificar el ecocidio, aunque la redacción no es tan contundente como esperaban los activistas. Un caso testigo que involucra productos químicos cancerígenos está actualmente en los tribunales.

En otros países, como Holanda, se han presentado proyectos de ley similares. Bélgica está a punto de finalizar su propia versión de la ley, mientras que el Parlamento catalán está liderando los esfuerzos para tipificar el ecocidio como delito en el Código Penal español.

En Escocia, la diputada laborista Monica Lennon está intentando introducir un proyecto de ley sobre ecocidio y lanzará una consulta pública al respecto en otoño.

En Brasil, donde la deforestación de la selva amazónica se ha calificado reiteradamente como delito, el partido político PSOL presentó en junio un proyecto de ley de ecocidio en el Congreso.

Rodrigo Lledó, director de Stop Ecocide Americas y miembro del grupo que elaboró la definición de ecocidio, afirmó que el de Brasil era el primer proyecto de ley de este tipo en América Latina que entraba formalmente en una cámara legislativa nacional. Otros países de la región, como Argentina y Chile, también han manifestado un interés creciente.

Lledó subrayó que todos estos proyectos de ley requieren aún la aprobación parlamentaria y que pocos cuentan con el apoyo del partido gobernante. “Pero es importante que la gente hable de ello y que surjan nuevos proyectos de ley”, afirmó.

Durante una investigación parlamentaria islandesa a principios de año sobre si el país debía reconocer el ecocidio, la primera ministra, Katrín Jakobsdóttir, dijo a los diputados que su gobierno estaba siguiendo “muy de cerca” los trabajos sobre un marco jurídico internacional sobre ecocidio.

Aunque su aplicación sería “complicada”, afirmó que era “sólo cuestión de tiempo que esta cuestión se convirtiera en la más importante en el ámbito de los derechos humanos”.

En enero, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó una resolución en la que pedía a los Estados miembros que actualizaran sus legislaciones para codificar un delito de ecocidio.

Dos meses después, el Parlamento Europeo apoyó la inclusión de los delitos ecológicos en la nueva directiva de la UE sobre delitos contra el medio ambiente. Si se aprueba en el plenario legislativo de la UE, los Estados miembros deberán tipificar el ecocidio como delito en su legislación nacional.

Jojo Mehta, cofundadora y directora ejecutiva de Stop Ecocide International, afirmó que el interés por la idea de tipificar como delito el ecocidio ha crecido enormemente en los últimos años.

En su opinión, la amplitud de la definición jurídica, que se centra en las consecuencias medioambientales más que en actividades concretas, ha sido muy útil. “Desde el punto de vista político, parece haber tenido bastante éxito, porque no señala a ningún sector ni a ninguna empresa”.

“También asegura que la definición perdure en el tiempo, porque una de las cosas trágicas de nuestra actitud hacia la extracción del planeta es que nunca podemos saber con certeza de un año para otro qué terribles resultados vamos a obtener”.

La iniciativa de tipificar como delito el ecocidio en México se produce en un momento en que el gobierno del país se enfrenta a críticas por su enorme proyecto de tren maya, que amenaza a las comunidades indígenas y podría causar graves daños medioambientales.

La diputada Barrón Perales, cuyo partido, el PRI, está actualmente en la oposición, instó a sus compañeros legisladores a dejar de ignorar la destrucción del medio ambiente de México con la aprobación del nuevo proyecto de ley. “Es momento de reaccionar y señalar estas fallas en nuestra legislación para que [estos actos nocivos] sean castigados con la gravedad que merecen. Que no sigan quedando impunes”.

Mehta, que lleva muchos años trabajando para que el Tribunal Penal Internacional reconozca el ecocidio, dijo que en el pasado le preocupaba que la atención sobre la legislación nacional fuera una distracción de este objetivo superior.

“Pero en realidad, parece que se refuerzan mutuamente. En última instancia, se supone que el propósito del derecho penal internacional es abordar los peores crímenes en el plano internacional, en lugar de inventar nuevos. Y a medida que más y más gobiernos nacionales empiezan a hablar de ecocidio, más Estados empiezan a escuchar a nivel internacional.”

Traducción de Santiago Armando