Cuando un joven de 20 años de Texas fue detenido a principios de este año por intentar, presuntamente, quemar la sede de OpenAI y la casa de Sam Altman, consejero delegado de esa empresa, las autoridades encontraron un manifiesto contra la IA, una garrafa de querosé y un encendedor. Este fue uno de los episodios de una oleada de ataques que encendió las alertas entre investigadores, la industria tecnológica y las fuerzas de seguridad ante el auge del extremismo antitecnológico.

En abril, un influencer de Instagram italiano de la corriente “nature pilled” (movimientos en redes obsesionados con el retorno radical a la naturaleza) fue detenido en Roma y acusado de planear una serie de ataques antitecnológicos inspirados en Ted Kaczynski, conocido como el “Unabomber”.

El mes pasado, dos personas que se autodefinen como “ecofascistas” perpetraron un ataque mortal antimusulmán en una mezquita de San Diego (EE.UU.). Entre sus motivaciones para la violencia, resumidas en un manifiesto, también citaron el contenido basura generado por IA (“AI slop”) y los vínculos de JD Vance con Palantir.

A principios de este año, un concejal de la ciudad de Indianápolis se despertó sobresaltado por el sonido de disparos efectuados contra su casa, antes de encontrar una nota en la que se leía: “NO MÁS CENTROS DE DATOS”.

La creciente reacción pública ante el rápido despliegue de la inteligencia artificial por parte de la industria tecnológica adoptó formas en su inmensa mayoría no violentas, como la organización de comunidades locales en contra de los centros de datos o candidatos políticos que prometen una mayor supervisión. Sin embargo, en los márgenes de ese movimiento, los investigadores avisan de las quejas contra la industria de la IA y sus líderes están reavivando antiguos movimientos extremistas violentos y fomentando otros nuevos.

La IA se está convirtiendo en un motor de la violencia política, y ese es un fenómeno muy nuevo

Jordyn Abrams — Investigadora sobre Extremismo de la Universidad George Washington (EEUU)

“La IA se está convirtiendo en un motor de la violencia política, y ese es un fenómeno muy nuevo”, afirma Jordyn Abrams, investigadora del Programa sobre Extremismo de la Universidad George Washington.

Aunque gran parte del debate público inicial en torno a la IA generativa y el extremismo se centra en cómo actores maliciosos, como grupos terroristas, podrían dar un mal uso a productos como ChatGPT para fines propagandísticos o para planear atentados, más recientemente se está prestando atención a cómo la propia industria de la IA en su conjunto puede radicalizar a las personas. Lo que motiva a alguien a ejercer la violencia extremista puede no ser una conversación con un chatbot, según los investigadores, sino la sensación de un cambio impuesto a toda la sociedad, la narrativa de amenaza existencial y la falta de rendición de cuentas que acompañaron al auge de la IA.

De la misma manera que la IA llegó a impregnar muchas facetas de la vida moderna, esta tecnología también se filtró en la forma en que los extremistas conciben el mundo. Ya se trate de grupos violentos antigubernamentales que se oponen a la vigilancia masiva, ecofascistas con reivindicaciones medioambientales, aceleracionistas neonazis empeñados en colapsar infraestructuras tecnológicas críticas o el hombre que presuntamente atacó la casa de Altman preocupado por que una inteligencia artificial superpoderosa destruya a la humanidad, la IA se convirtió en una fijación en todo el espectro extremista.

Estamos viendo a muchos grupos diferentes y muchas ideologías distintas articularse a través de una óptica en contra de la IA. Trasciende las dicotomías de izquierda y derecha

Yannick Veilleux-Lepage — profesor asociado en el Real Colegio Militar de Canadá

“Realmente trasciende las dicotomías de izquierda y derecha”, señala Yannick Veilleux-Lepage, profesor asociado en el Real Colegio Militar de Canadá. “Estamos viendo a muchos grupos diferentes y muchas ideologías distintas articularse a través de una óptica en contra de la IA”.

Demasiado rápido

El movimiento antitecnológico moderno tiene un largo linaje. Históricamente, los periodos de cambio tecnológico vienen acompañados de una reacción violenta por parte de los más afectados; los investigadores suelen señalar la rebelión ludita de principios del siglo XIX, cuando los trabajadores textiles británicos destruían las máquinas de tejer automatizadas mientras exigían más derechos laborales. Los siguientes 200 años trajeron oleadas de disputas laborales violentas y violencia política asociadas a las perturbaciones del mercado provocadas por la tecnología, la acumulación desigual de la riqueza y la pérdida de derechos de los trabajadores.

En la década de los 90, se produjo un rechazo cultural contra el auge de la PC y el temor a cómo desestabilizaría a la sociedad. Entre las quejas habituales figuraban el miedo a la sustitución de los trabajadores humanos, el daño medioambiental y el desmoronamiento de las estructuras sociales saludables.

“¿No te enteraste? Quiere tu trabajo. Te vende obscenidades. Corrompe a tus hijos. Es frío, estéril, inhumano. Quizá está bien odiar a tu computadora”, se leía en una nota de portada de la revista New York Magazine de 1995 sobre los “nuevos luditas”.

El mismo año en que New York Magazine publicó su portada, el Washington Post y el New York Times difundieron el manifiesto antitecnológico del Unabomber, un panfleto de 35.000 palabras contra la sociedad industrial que se propagó por internet desde entonces y se convirtió en lo más parecido a un texto fundacional para el extremismo antitecnológico.

Lo que separa al extremismo contra la IA de estas oleadas anteriores de rechazo tecnológico es, según los investigadores, en parte la velocidad y la escala con la que la IA está provocando cambios económicos, sociales y políticos. “No solo se trata de cambios que afectan a toda la sociedad y que son realmente disruptivos, sino que además están ocurriendo muy rápido”, explica Veilleux-Lepage. “La gente no tiene tiempo para desarrollar resiliencia o para inmunizarse frente a estas transformaciones”.

No solo se trata de cambios que afectan a toda la sociedad y que son realmente disruptivos, sino que además están ocurriendo muy rápido. La gente no tiene tiempo para desarrollar resiliencia

Yannick Veilleux-Lepage — profesor asociado en el Real Colegio Militar de Canadá

Los trillados argumentos de la propia industria de la IA —que aseguran que esta tecnología revolucionará el mundo, si es que no termina con él— también alimentan una narrativa de radicalización que postula que la IA representa una amenaza existencial y debe ser detenida a toda costa.

Cuando Veilleux-Lepage da charlas a responsables políticos sobre el extremismo antitecnológico, una de sus diapositivas muestra sencillamente una serie de citas de consejeros delegados. “Para radicalizar a la gente, en realidad no necesitás teóricos ni ideólogos que llamen a la violencia contra la IA, porque los directivos tecnológicos ya están haciendo un trabajo bastante eficaz en ese sentido”, afirma Veilleux-Lepage.

“Espero que ocurran cosas realmente malas”

Altman planteó muchas veces los cambios que traerá la IA como algo que puede ser difícil, pero que en última instancia será positivo. Sobre todo, describe el cambio como inevitable “Espero que ocurran cosas realmente malas a causa de esta tecnología, algo que también sucedió con tecnologías anteriores”, declaró Altman el año pasado en el podcast de la firma de capital riesgo Andreessen Horowitz.

Aunque los directores ejecutivos de las tecnológicas se muestran públicamente optimistas sobre la resiliencia de la sociedad y el cambio que provocará la IA, también está claro que en el ámbito privado les preocupa la amenaza de la violencia política. El gasto en seguridad personal para directivos se disparó en los últimos cinco años a raíz de incidentes como el asesinato del consejero delegado de UnitedHealthcare, Brian Thompson, mientras que líderes tecnológicos como Elon Musk destinan ahora millones a su propia protección. SpaceX reveló en su documentación para salir a bolsa a principios de este año que el año pasado pagó 4 millones de dólares a la empresa de seguridad privada de Musk, el doble de lo que había gastado apenas dos años antes.

A lo largo del último año se aprecian indicios de que la industria de la IA está cambiando su retórica mientras lidia con una desconfianza pública generalizada. Altman afirmó el mes pasado que la IA probablemente no provocará el “apocalipsis laboral” del que habló en su momento, a pesar de que empresas como Meta están despidiendo a decenas de miles de trabajadores.

Mientras tanto, OpenAI y Anthropic anunciaron este año la creación de fondos y laboratorios de ideas (think tanks) destinados a ayudar a las instituciones civiles a adaptarse a la IA. En concreto, la organización sin ánimo de lucro de OpenAI comprometió 250 millones de dólares en subvenciones para programas que ayuden a los trabajadores a afrontar las perturbaciones de la IA.

Las principales empresas de IA están contratando a expertos en seguridad nacional, inteligencia y armamento para supervisar las amenazas y el mal uso de su tecnología, incluidos algunos con experiencia en investigación sobre extremismo y contraterrorismo. El jefe de inteligencia de OpenAI trabajó anteriormente como uno de los principales expertos académicos en el Estado Islámico y escribió un libro sobre la creencia del grupo de que estaba provocando el apocalipsis. OpenAI y Anthropic no respondieron a las solicitudes de entrevistas con sus expertos en inteligencia o seguridad.

Sin recursos no violentos

El cierre de vías legítimas para canalizar la oposición pública a la IA, así como la sensación de que se está imponiendo esta tecnología a la sociedad, está creando lo que los investigadores describen como una brecha en la rendición de cuentas que puede incentivar aún más el terrorismo y la violencia política. Donald Trump, en sintonía con los líderes tecnológicos, promulgó el año pasado una orden ejecutiva para intentar bloquear cualquier legislación a nivel estatal que frenara el desarrollo de la IA, y aseguró que nada ralentizará a Estados Unidos en la carrera global de la IA. Los multimillonarios tecnológicos también están invirtiendo millones de dólares en lobby y gasto político en un intento de evitar la regulación de la IA.

“Cuando las autoridades están demasiado ocupadas, o simplemente no les importa lo suficiente regular y tomar medidas, entonces las personas afectadas van a pasar a la acción”, señala Mauro Lubrano, profesor de la Universidad de Bath y autor de Paren las máquinas: el auge del extremismo antitecnológico.

Cuando las autoridades están demasiado ocupadas, o simplemente no les importa lo suficiente regular y tomar medidas, entonces las personas afectadas van a pasar a la acción

Mauro Lubrano — profesor de la Universidad de Bath y autor de 'Paren las máquinas: el auge del extremismo antitecnológico'

Documentos de las fuerzas de seguridad federales obtenidos por Wired y The Intercept muestran que las autoridades de EE.UU. vigilan cada vez más los movimientos antitecnológicos, al tiempo que declararon que perseguirán penalmente de forma contundente los ataques violentos. Tras el intento de incendio provocado en la casa de Altman a principios de este año, las autoridades prometieron que “el FBI no tolerará amenazas contra los líderes de la innovación de nuestra nación”.

No obstante, los investigadores advierten que las autoridades corren el riesgo de confundir las protestas a escala nacional y las peticiones de una mayor regulación de la IA con posturas extremistas antitecnológicas más marginales, lo cual es tanto erróneo como contraproducente. Los programas orientados a la vigilancia masiva y los intentos de silenciar los movimientos no violentos contra la IA inevitablemente tendrán efectos adversos, según Lubrano, empujando aún más a la gente hacia las respuestas violentas si sienten que sus demandas legítimas no son atendidas.

“Tenemos la oportunidad de ser proactivos en esto evitando al mismo tiempo errores que hemos cometido en el pasado al responder a otras formas de extremismo”, afirma Lubrano. “Algo me dice que no empezamos con buen pie”.

La última semana de octubre el equipo alemán de fútbol Bayern Múnich jugaba un partido en Estambul contra el Galatasaray turco. Una fantástica ocasión, pensaron los ultraderechistas de los respectivos equipos, para partirse la cara un rato antes del encuentro. Ese mismo día, los Biris Norte del Sevilla FC también intercambiaron pareceres con aficionados del Arsenal londinense poco antes del choque deportivo entre sus clubes. Unos miles de kilómetros al norte, seguidores del Newcastle y el Borussia de Dortmund alemán se peleaban en las calles de la ciudad inglesa. La visita del neerlandés PSV Eindhoven –que tiene un sector ultra especialmente violento– a Lens, Francia, dejó 24 heridos por el mismo motivo.

Todo esto sucedió el mismo día, un martes cualquiera de octubre. Fue una jornada de Liga de Campeones especialmente prolífica en violencia alrededor del fútbol, pero no atípica. De un tiempo a esta parte, advierten los expertos en extremistas y corrobora la policía, los altercados violentos en torno al deporte rey están en claro auge en todo el continente.

Lo saben bien en Grecia, donde semanas de enfrentamientos entre la policía y extremistas, con heridos de por medio, terminaron en una decisión histórica hace tres semanas: todos los partidos de la SuperLiga helena se jugarán sin público hasta el 12 de febrero ante el incremento de la violencia relacionada con el fútbol en la calle. Tienen experiencia los griegos con este fenómeno, aunque no consiguen atajarlo: el pasado agosto un joven de 22 años murió en Atenas en una pelea multitudinaria entre ultras del AEK y del Dinamo de Zagreb croata pese a que los fanáticos visitantes tenía prohibido viajar a Grecia.

En Francia, la violencia entre extremistass e incluso de los ultras hacia sus propios equipos si la cosa no va como a ellos les gustaría se está empezando a descontrolar. En las últimas semanas las agresiones se suceden, con partidos suspendidos incluidos, y el Ejecutivo ya está tomando medidas. El Gobierno galo prohíbe viajar a las aficiones visitantes cuando consideran que el riesgo de incidentes es alto. Lo comprobó el Sevilla este mismo mes: las autoridades no permitieron desplazarse a los Biris Norte a Lens para el partido que disputó allí el club andaluz precisamente por los incidentes registrados poco días antes con los aficionados del Arsenal. La prohibición incluía multas por acercarse al estadio o aparcar en determinadas calles de la ciudad.

Un renacer tras 'Jimmy'

España no está siendo ajena a este fenómeno. “Ha habido un aumento muy significativo de la actividad ultra”, sostiene Joan Caballero, especialista en grupos urbanos violentos y delitos de odio, que elaboró un par de estudios sobre el fenómeno para la Generalitat de Catalunya. “Cuando murió Jimmy [miembro de los Riazor Blues del Deportivo de la Coruña, fue arrojado al río Manzanares por ultras del Atlético de Madrid tras una pelea multitudinaria] se retiraron un poco de la escena pública”. Y los clubes se pusieron más serios y los sacaron de los estadios, donde llegaban a tener hasta pequeños cuartos para guardar su material. “Pero ahora ha habido un renacer peligroso. Por ejemplo de los Boixos Nois, luciendo esvásticas y otros símbolos neonazis en una copa del rey en Sevilla hace no mucho. Son hechos objetivos”, retoma Caballero. Una simple búsqueda en Google evidencia que las peleas y agresiones son constantes en España, fin de semana tras fin de semana.

La policía confirma este auge de la violencia extremista. En las últimas dos temporadas se registraron 80 y 87 altercados respectivamente, y en lo que va de la presente se registraron una veintena, lo que califican de “pequeño repunte”, informa Efe. El anuario del pasado año de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, un órgano del Gobierno español, recoge también “un aumento significativo de las sanciones” en la temporada 21/22. Este informe no se centra exclusivamente en el mundo ultra, pero las actividades que son sancionables (altercados, invasión del terreno de juego, portar armas, apedrear autobuses o sacar bengalas, entre otras) sí están entre las que practican estos colectivos. Eliminado el sesgo de la pandemia, que vació los estadios durante meses, durante la última temporada sin restricciones (2018/2019) se propusieron 1.204 propuestas de sanción frente a las 1.667 de la 21/22, una subida del 38,4%.

“En Primera y Segunda División se ha observado un aumento de la presencia de aficionados de riesgo en los estadios”, señala el informe, “al igual que un incremento en los desplazamientos, si bien no se ha llegado a los niveles existentes antes de la pandemia, lo que pone de manifiesto que las medidas que se están tomando para combatir la presencia de estos aficionados de riesgo van en la dirección correcta, si bien se debe seguir trabajando en este sentido”, añade.

El aumento de la actividad extremista, coinciden expertos y policía, está ahí. Aunque la policía rebaja su impacto en España. “No lo podemos comparar con lo que pasa en el resto de Europa, donde cada dos por tres hay apuñalados y asesinados. España es uno de los países más seguros del continente, y en el fútbol también”, subrayan fuentes policiales.

Las fuerzas de Seguridad calculan que en España los miembros de grupos ultras activos son unos 10.000. Caballero recuerda que su investigación cifraba hace pocos años en 382.277 los seguidores que tienen estos grupos en X (antes Twitter), con lo que la masa de apoyo que hay detrás, sostiene, sería mayor.

Más allá de los clubes grandes

Parte del problema, desarrolla el investigador, es que el fenómeno no es exclusivo de los clubes grandes –de primera o segunda división– que más allá de que a veces tengan más voluntad que otras para combatirlos lo que sí tienen son los medios. Pero clubes de divisiones regionales también tienen seguidores violentos. Hace poco saltaron a la prensa los del CD Numancia, de Soria, y el UE Cornellá –en el tercer escalón del fútbol nacional entonces– por una reyerta que se saldó con un aficionado en la UCI y 20 detenidos. Caballero recuerda también que el FBI llegó a investigar a los ultras del equipo de fútbol de Talavera por una posible conexión con el Ku Klux Klan.

Estas son otras dos características recurrentes del movimiento, señalan expertos como Caballero: las alianzas con grupos de ultras de otros países (y contra otros) y el carácter transversal, salirse del ámbito deportivo para tener presencia y hacer proselitismo en otros ambientes. Un ejemplo reciente fueron las manifestaciones frente a la sede del PSOE en Madrid contra la amnistía, donde se destacó la presencia de grupúsculos escindidos de Ultras Sur y el Frente Atlético, rivales deportivos pero compañeros de ideología neonazi. Otros colectivos de ultraizquierda son habituales en manifestaciones pro Palestina o en acciones contra los desahucios, sostiene el investigador.

Pero el fútbol se configura como un buen espacio de reclutamiento. “Es un escenario de radicalización más de muchos escenarios que existen”, apunta Caballero. “Muchos [jóvenes] empiezan a ir a los estadios con 14-16 años y entran en contacto con los hooligans. Ven la animación, que son gente comprometida, van a conciertos de música contracultural pero politizada... Es una especie de sociedad paralela en la que van entrando poco a poco”. Y se radicalizan.

LaLiga y los clubes se tomaron en serio la amenaza en su momento, expulsaron a los ultras de los estadios y su presencia pública disminuyó. Pero precisamente en este éxito reside parte del rebrote actual, según Caballero. “Hay una ley del deporte que sacó a los grupos de los estadios. Les prohibió la exhibición de simbología extrema, esto se consiguió. Pero hay otras amenazas. La del terrorismo islamista y otras derivaron muchos recursos de los cuerpos de seguridad del Estado y las amenazas internas, estos chicos que van a la universidad y tienen unas esvásticas, quedan un poco relegadas. Dejan un herido un día, una paliza, pero no mataron a nadie últimamente... Y han ido creciendo hasta que ha llegado un momento en el que están descontrolados”, observa.

Hace unas semanas saltó a la prensa la draka que se había celebrado en Madrid entre ultras del Atlético de Madrid y del Feyenoord. Las drakas son peleas organizadas, con origen en Rusia, en las que dos grupos de personas se citan para pegarse durante un tiempo establecido y sin armas. “Lo vemos cada semana, prácticamente”, sostiene Caballero, “y acabarán haciendo sus propias ligas, como ya sucede en Polonia”, advierte. La policía no está muy preocupada por este fenómeno, según le explicó un inspector a Efe. “Es un divertimento para ellos, no son grupos que queden a pegarse porque se odian. En España son pocas y no es una cosa que nos preocupe en demasía, pero el día que haya algún lesionado grave y denuncie, habrá que tomar las medidas oportunas para erradicarlas”.

Un análisis de 200 elecciones europeas de los últimos 40 años concluye que las políticas de recortes en el gasto público reducen la participación electoral, elevan el voto a partidos “extremistas” y también provocan una mayor fragmentación parlamentaria.

La investigación, que publicó la Universidad de Bonn (Alemania) en mayo, demuestra que la austeridad fiscal que aplicaron los gobiernos tras la crisis financiera de 2008 y la posterior crisis del euro para rebajar los déficits favoreció el ascenso de la ultraderecha, que hoy campa prácticamente por todo el Viejo Continente, y, asimismo, un mayor apoyo a los partidos más a la izquierda y a los nacionalistas.

“Si bien las consecuencias económicas de los ajustes fiscales se estudiaron ampliamente, los costos políticos de la austeridad se comprenden menos”, apuntan los investigadores para justificar su informe (titulado The Political Costs of Austerity, en inglés). Y es cierto que hasta el FMI (Fondo Monetario Nacional) —que impulsó la troika del austericidio en la UE desde 2010, mano a mano con la Comisión Europea y el BCE— reconoció recientemente que los recortes no sirven para bajar el endeudamiento.

La investigación de la Universidad de Bonn da un paso más y detecta que “las recesiones propiciadas por la austeridad amplifican considerablemente los costos políticos de las crisis económicas al aumentar la desconfianza en el sistema”.

“Destacamos la estrecha relación entre los acontecimientos económicos perjudiciales y el apoyo de los votantes a los partidos extremistas, al observar que la austeridad induce graves costos económicos, al reducir el PBI, el empleo, la inversión privada y los salarios”, explican los economistas de la universidad alemana.

“Es importante destacar que demostramos que las recesiones que aplican medidas de austeridad amplifican significativamente los costos políticos de las crisis económicas en comparación con las recesiones sin medidas de austeridad”, inciden. La media del porcentaje de votos a partidos extremistas según sus criterios es del 14% desde 1980 [los países estudiados son Austria, Finlandia, Alemania, Italia, España, Portugal y Suecia]. En todos los periodos de austeridad fiscal desde entonces, sobre todo a mediados de los 90 y desde 2011 a 2015, este porcentaje creció varios puntos, alcanzando su máximos en el 23% del total en 2014.

Un recorte de 1 punto eleva 3 puntos el voto en los extremos

La investigación obtuvo el siguiente cálculo medio: “Una reducción del gasto público del 1% provoca un crecimiento del porcentaje de votos de los partidos extremistas [de derecha o de izquierda] de alrededor de 3 puntos porcentuales”.

Más en detalle, “los efectos son algo más fuertes en las regiones rurales y pobres”, señala. Además, “los costos políticos de la austeridad también dependen significativamente de la inclinación política del partido que implementa las medida de austeridad. Encontramos que el aumento del voto extremo es mucho mayor cuando la consolidación es implementada por un gobierno de centro izquierda”.

El mapa político actual en Europa es una evidencia de las conclusiones del informe, con un sesgo hacia la ultraderecha. Partidos que defienden y proponen ideas y medidas xenófobas, homófobas, que desprecian los derechos humanos y el estado del bienestar o anti feministas ganaron importantes cuotas de poder por toda Europa, a nivel local, regional o estatal. En Italia, el líder de La Liga Matteo Salvini o la primera ministra Giorgia Meloni son dos de los principales exponentes, junto a los gobiernos de Hungría, Polonia, Suecia...

En Francia, Le Pen repitió en 2022 como candidata presidencial más votada en primera vuelta. En Alemania, la AfD está cada vez más reforzada en algunas regiones. Y en España, Vox entró en los gobiernos de muchos ayuntamientos y de algunas comunidades autónomas, aunque es el único partido de extrema derecha que claramente perdió terreno.

Las nuevas reglas fiscales

La investigación de la Universidad de Bonn debería servir de advertencia para la recta final de las negociaciones de las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE), que se retomarán en 2024, tras ser suspendidas en 2020 por el shock de la COVID.

Los socios europeos se permitieron déficits disparados y un incremento del endeudamiento histórico para poder gastar y favorecer una salida de la pandemia sin graves consecuencias económicas. Y, ahora, en pleno ciclo de subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), que está elevando el coste de la deuda, decidieron darse nuevos límites presupuestarios.

“Europa enfrenta serios desafíos ambientales, económicos y geopolíticos que requieren reformas e inversiones públicas significativas. Mientras tanto, el fantasma de la crisis del euro todavía moldea las percepciones sobre la deuda pública, impidiendo tomar las medidas necesarias”, lamenta Ludovic Suttor-Sorel, experto de la ONG Finance Watch.

La propuesta que hay sobre la mesa desde abril mantiene las referencias del 3% de déficit respecto al PIB (Producto interior bruto) y de un 60% para la deuda. La gran diferencia es que la amenaza de ajustes fiscales no sobrevuela por el incumplimiento de estos objetivos sino que está relacionada con el compromiso con los planes a medio plazo de cada país para alcanzar esos objetivos. Este mismo jueves, el Banco de España publicó una cuadro que lo resume.

Según la propia institución, España cerrará 2023 con un déficit cercano al 4%. Apenas algo más de un tercio de los socios europeos lo hará con un desequilibrio presupustario inferior al 3%. Lo mismo para el endeudamiento, que en España se quedará en alrededor del 110% del PIB al final de año.

Por otra parte, la gran novedad es un límite al incremento del gasto público para cada socio. Para nuestro país es del 2,6%. La estimación es que en 2024 se elevará solo un 1,4%.

Por último, suma “orientaciones cualitativas sobre las medidas en materia de inversión y energía”, en línea con las reformas (como la laboral, de las pensiones, en la política de vivienda...) exigidas por el Plan de Recuperación, y que el Gobierno ha realizado desde 2021 en algo menos de un 10% del total en el caso de las inversiones y en un 60% en el de las reformas.

“A los mercados financieros [en referencia a los inversores en deuda de los Estados] les importa menos el volumen de deuda que la fortaleza y la resiliencia”, comenta Ludovic Suttor-Sorel, de Finance Watch. “Las agencias de calificación evalúan la sostenibilidad de la deuda pública ponderando su stock de deuda (deuda respecto al PIB) con su asequibilidad (pago de intereses frente a los ingresos), composición (vencimiento promedio, base de propietarios) [...] y, fundamentalmente, el apoyo de su banco central”, continúa.

Según opina, los socios de la UE “pueden permitirse la deuda que necesitan” para las inversiones y reformas orientadas al futuro. A pesar del volumen de deuda comparativamente alto, “los costes [el pago de intereses] de Italia son manejables: representan el 8,4% de sus ingresos públicos. En el Reino Unido alcanza el 8,1%, en Estados Unidos el 14,3% y la India el 23% [en España algo más de un 5%]”, finaliza.