La última semana de octubre el equipo alemán de fútbol Bayern Múnich jugaba un partido en Estambul contra el Galatasaray turco. Una fantástica ocasión, pensaron los ultraderechistas de los respectivos equipos, para partirse la cara un rato antes del encuentro. Ese mismo día, los Biris Norte del Sevilla FC también intercambiaron pareceres con aficionados del Arsenal londinense poco antes del choque deportivo entre sus clubes. Unos miles de kilómetros al norte, seguidores del Newcastle y el Borussia de Dortmund alemán se peleaban en las calles de la ciudad inglesa. La visita del neerlandés PSV Eindhoven –que tiene un sector ultra especialmente violento– a Lens, Francia, dejó 24 heridos por el mismo motivo.

Todo esto sucedió el mismo día, un martes cualquiera de octubre. Fue una jornada de Liga de Campeones especialmente prolífica en violencia alrededor del fútbol, pero no atípica. De un tiempo a esta parte, advierten los expertos en extremistas y corrobora la policía, los altercados violentos en torno al deporte rey están en claro auge en todo el continente.

Lo saben bien en Grecia, donde semanas de enfrentamientos entre la policía y extremistas, con heridos de por medio, terminaron en una decisión histórica hace tres semanas: todos los partidos de la SuperLiga helena se jugarán sin público hasta el 12 de febrero ante el incremento de la violencia relacionada con el fútbol en la calle. Tienen experiencia los griegos con este fenómeno, aunque no consiguen atajarlo: el pasado agosto un joven de 22 años murió en Atenas en una pelea multitudinaria entre ultras del AEK y del Dinamo de Zagreb croata pese a que los fanáticos visitantes tenía prohibido viajar a Grecia.

En Francia, la violencia entre extremistass e incluso de los ultras hacia sus propios equipos si la cosa no va como a ellos les gustaría se está empezando a descontrolar. En las últimas semanas las agresiones se suceden, con partidos suspendidos incluidos, y el Ejecutivo ya está tomando medidas. El Gobierno galo prohíbe viajar a las aficiones visitantes cuando consideran que el riesgo de incidentes es alto. Lo comprobó el Sevilla este mismo mes: las autoridades no permitieron desplazarse a los Biris Norte a Lens para el partido que disputó allí el club andaluz precisamente por los incidentes registrados poco días antes con los aficionados del Arsenal. La prohibición incluía multas por acercarse al estadio o aparcar en determinadas calles de la ciudad.

Un renacer tras 'Jimmy'

España no está siendo ajena a este fenómeno. “Ha habido un aumento muy significativo de la actividad ultra”, sostiene Joan Caballero, especialista en grupos urbanos violentos y delitos de odio, que elaboró un par de estudios sobre el fenómeno para la Generalitat de Catalunya. “Cuando murió Jimmy [miembro de los Riazor Blues del Deportivo de la Coruña, fue arrojado al río Manzanares por ultras del Atlético de Madrid tras una pelea multitudinaria] se retiraron un poco de la escena pública”. Y los clubes se pusieron más serios y los sacaron de los estadios, donde llegaban a tener hasta pequeños cuartos para guardar su material. “Pero ahora ha habido un renacer peligroso. Por ejemplo de los Boixos Nois, luciendo esvásticas y otros símbolos neonazis en una copa del rey en Sevilla hace no mucho. Son hechos objetivos”, retoma Caballero. Una simple búsqueda en Google evidencia que las peleas y agresiones son constantes en España, fin de semana tras fin de semana.

La policía confirma este auge de la violencia extremista. En las últimas dos temporadas se registraron 80 y 87 altercados respectivamente, y en lo que va de la presente se registraron una veintena, lo que califican de “pequeño repunte”, informa Efe. El anuario del pasado año de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, un órgano del Gobierno español, recoge también “un aumento significativo de las sanciones” en la temporada 21/22. Este informe no se centra exclusivamente en el mundo ultra, pero las actividades que son sancionables (altercados, invasión del terreno de juego, portar armas, apedrear autobuses o sacar bengalas, entre otras) sí están entre las que practican estos colectivos. Eliminado el sesgo de la pandemia, que vació los estadios durante meses, durante la última temporada sin restricciones (2018/2019) se propusieron 1.204 propuestas de sanción frente a las 1.667 de la 21/22, una subida del 38,4%.

“En Primera y Segunda División se ha observado un aumento de la presencia de aficionados de riesgo en los estadios”, señala el informe, “al igual que un incremento en los desplazamientos, si bien no se ha llegado a los niveles existentes antes de la pandemia, lo que pone de manifiesto que las medidas que se están tomando para combatir la presencia de estos aficionados de riesgo van en la dirección correcta, si bien se debe seguir trabajando en este sentido”, añade.

El aumento de la actividad extremista, coinciden expertos y policía, está ahí. Aunque la policía rebaja su impacto en España. “No lo podemos comparar con lo que pasa en el resto de Europa, donde cada dos por tres hay apuñalados y asesinados. España es uno de los países más seguros del continente, y en el fútbol también”, subrayan fuentes policiales.

Las fuerzas de Seguridad calculan que en España los miembros de grupos ultras activos son unos 10.000. Caballero recuerda que su investigación cifraba hace pocos años en 382.277 los seguidores que tienen estos grupos en X (antes Twitter), con lo que la masa de apoyo que hay detrás, sostiene, sería mayor.

Más allá de los clubes grandes

Parte del problema, desarrolla el investigador, es que el fenómeno no es exclusivo de los clubes grandes –de primera o segunda división– que más allá de que a veces tengan más voluntad que otras para combatirlos lo que sí tienen son los medios. Pero clubes de divisiones regionales también tienen seguidores violentos. Hace poco saltaron a la prensa los del CD Numancia, de Soria, y el UE Cornellá –en el tercer escalón del fútbol nacional entonces– por una reyerta que se saldó con un aficionado en la UCI y 20 detenidos. Caballero recuerda también que el FBI llegó a investigar a los ultras del equipo de fútbol de Talavera por una posible conexión con el Ku Klux Klan.

Estas son otras dos características recurrentes del movimiento, señalan expertos como Caballero: las alianzas con grupos de ultras de otros países (y contra otros) y el carácter transversal, salirse del ámbito deportivo para tener presencia y hacer proselitismo en otros ambientes. Un ejemplo reciente fueron las manifestaciones frente a la sede del PSOE en Madrid contra la amnistía, donde se destacó la presencia de grupúsculos escindidos de Ultras Sur y el Frente Atlético, rivales deportivos pero compañeros de ideología neonazi. Otros colectivos de ultraizquierda son habituales en manifestaciones pro Palestina o en acciones contra los desahucios, sostiene el investigador.

Pero el fútbol se configura como un buen espacio de reclutamiento. “Es un escenario de radicalización más de muchos escenarios que existen”, apunta Caballero. “Muchos [jóvenes] empiezan a ir a los estadios con 14-16 años y entran en contacto con los hooligans. Ven la animación, que son gente comprometida, van a conciertos de música contracultural pero politizada... Es una especie de sociedad paralela en la que van entrando poco a poco”. Y se radicalizan.

LaLiga y los clubes se tomaron en serio la amenaza en su momento, expulsaron a los ultras de los estadios y su presencia pública disminuyó. Pero precisamente en este éxito reside parte del rebrote actual, según Caballero. “Hay una ley del deporte que sacó a los grupos de los estadios. Les prohibió la exhibición de simbología extrema, esto se consiguió. Pero hay otras amenazas. La del terrorismo islamista y otras derivaron muchos recursos de los cuerpos de seguridad del Estado y las amenazas internas, estos chicos que van a la universidad y tienen unas esvásticas, quedan un poco relegadas. Dejan un herido un día, una paliza, pero no mataron a nadie últimamente... Y han ido creciendo hasta que ha llegado un momento en el que están descontrolados”, observa.

Hace unas semanas saltó a la prensa la draka que se había celebrado en Madrid entre ultras del Atlético de Madrid y del Feyenoord. Las drakas son peleas organizadas, con origen en Rusia, en las que dos grupos de personas se citan para pegarse durante un tiempo establecido y sin armas. “Lo vemos cada semana, prácticamente”, sostiene Caballero, “y acabarán haciendo sus propias ligas, como ya sucede en Polonia”, advierte. La policía no está muy preocupada por este fenómeno, según le explicó un inspector a Efe. “Es un divertimento para ellos, no son grupos que queden a pegarse porque se odian. En España son pocas y no es una cosa que nos preocupe en demasía, pero el día que haya algún lesionado grave y denuncie, habrá que tomar las medidas oportunas para erradicarlas”.

Un análisis de 200 elecciones europeas de los últimos 40 años concluye que las políticas de recortes en el gasto público reducen la participación electoral, elevan el voto a partidos “extremistas” y también provocan una mayor fragmentación parlamentaria.

La investigación, que publicó la Universidad de Bonn (Alemania) en mayo, demuestra que la austeridad fiscal que aplicaron los gobiernos tras la crisis financiera de 2008 y la posterior crisis del euro para rebajar los déficits favoreció el ascenso de la ultraderecha, que hoy campa prácticamente por todo el Viejo Continente, y, asimismo, un mayor apoyo a los partidos más a la izquierda y a los nacionalistas.

“Si bien las consecuencias económicas de los ajustes fiscales se estudiaron ampliamente, los costos políticos de la austeridad se comprenden menos”, apuntan los investigadores para justificar su informe (titulado The Political Costs of Austerity, en inglés). Y es cierto que hasta el FMI (Fondo Monetario Nacional) —que impulsó la troika del austericidio en la UE desde 2010, mano a mano con la Comisión Europea y el BCE— reconoció recientemente que los recortes no sirven para bajar el endeudamiento.

La investigación de la Universidad de Bonn da un paso más y detecta que “las recesiones propiciadas por la austeridad amplifican considerablemente los costos políticos de las crisis económicas al aumentar la desconfianza en el sistema”.

“Destacamos la estrecha relación entre los acontecimientos económicos perjudiciales y el apoyo de los votantes a los partidos extremistas, al observar que la austeridad induce graves costos económicos, al reducir el PBI, el empleo, la inversión privada y los salarios”, explican los economistas de la universidad alemana.

“Es importante destacar que demostramos que las recesiones que aplican medidas de austeridad amplifican significativamente los costos políticos de las crisis económicas en comparación con las recesiones sin medidas de austeridad”, inciden. La media del porcentaje de votos a partidos extremistas según sus criterios es del 14% desde 1980 [los países estudiados son Austria, Finlandia, Alemania, Italia, España, Portugal y Suecia]. En todos los periodos de austeridad fiscal desde entonces, sobre todo a mediados de los 90 y desde 2011 a 2015, este porcentaje creció varios puntos, alcanzando su máximos en el 23% del total en 2014.

Un recorte de 1 punto eleva 3 puntos el voto en los extremos

La investigación obtuvo el siguiente cálculo medio: “Una reducción del gasto público del 1% provoca un crecimiento del porcentaje de votos de los partidos extremistas [de derecha o de izquierda] de alrededor de 3 puntos porcentuales”.

Más en detalle, “los efectos son algo más fuertes en las regiones rurales y pobres”, señala. Además, “los costos políticos de la austeridad también dependen significativamente de la inclinación política del partido que implementa las medida de austeridad. Encontramos que el aumento del voto extremo es mucho mayor cuando la consolidación es implementada por un gobierno de centro izquierda”.

El mapa político actual en Europa es una evidencia de las conclusiones del informe, con un sesgo hacia la ultraderecha. Partidos que defienden y proponen ideas y medidas xenófobas, homófobas, que desprecian los derechos humanos y el estado del bienestar o anti feministas ganaron importantes cuotas de poder por toda Europa, a nivel local, regional o estatal. En Italia, el líder de La Liga Matteo Salvini o la primera ministra Giorgia Meloni son dos de los principales exponentes, junto a los gobiernos de Hungría, Polonia, Suecia...

En Francia, Le Pen repitió en 2022 como candidata presidencial más votada en primera vuelta. En Alemania, la AfD está cada vez más reforzada en algunas regiones. Y en España, Vox entró en los gobiernos de muchos ayuntamientos y de algunas comunidades autónomas, aunque es el único partido de extrema derecha que claramente perdió terreno.

Las nuevas reglas fiscales

La investigación de la Universidad de Bonn debería servir de advertencia para la recta final de las negociaciones de las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE), que se retomarán en 2024, tras ser suspendidas en 2020 por el shock de la COVID.

Los socios europeos se permitieron déficits disparados y un incremento del endeudamiento histórico para poder gastar y favorecer una salida de la pandemia sin graves consecuencias económicas. Y, ahora, en pleno ciclo de subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), que está elevando el coste de la deuda, decidieron darse nuevos límites presupuestarios.

“Europa enfrenta serios desafíos ambientales, económicos y geopolíticos que requieren reformas e inversiones públicas significativas. Mientras tanto, el fantasma de la crisis del euro todavía moldea las percepciones sobre la deuda pública, impidiendo tomar las medidas necesarias”, lamenta Ludovic Suttor-Sorel, experto de la ONG Finance Watch.

La propuesta que hay sobre la mesa desde abril mantiene las referencias del 3% de déficit respecto al PIB (Producto interior bruto) y de un 60% para la deuda. La gran diferencia es que la amenaza de ajustes fiscales no sobrevuela por el incumplimiento de estos objetivos sino que está relacionada con el compromiso con los planes a medio plazo de cada país para alcanzar esos objetivos. Este mismo jueves, el Banco de España publicó una cuadro que lo resume.

Según la propia institución, España cerrará 2023 con un déficit cercano al 4%. Apenas algo más de un tercio de los socios europeos lo hará con un desequilibrio presupustario inferior al 3%. Lo mismo para el endeudamiento, que en España se quedará en alrededor del 110% del PIB al final de año.

Por otra parte, la gran novedad es un límite al incremento del gasto público para cada socio. Para nuestro país es del 2,6%. La estimación es que en 2024 se elevará solo un 1,4%.

Por último, suma “orientaciones cualitativas sobre las medidas en materia de inversión y energía”, en línea con las reformas (como la laboral, de las pensiones, en la política de vivienda...) exigidas por el Plan de Recuperación, y que el Gobierno ha realizado desde 2021 en algo menos de un 10% del total en el caso de las inversiones y en un 60% en el de las reformas.

“A los mercados financieros [en referencia a los inversores en deuda de los Estados] les importa menos el volumen de deuda que la fortaleza y la resiliencia”, comenta Ludovic Suttor-Sorel, de Finance Watch. “Las agencias de calificación evalúan la sostenibilidad de la deuda pública ponderando su stock de deuda (deuda respecto al PIB) con su asequibilidad (pago de intereses frente a los ingresos), composición (vencimiento promedio, base de propietarios) [...] y, fundamentalmente, el apoyo de su banco central”, continúa.

Según opina, los socios de la UE “pueden permitirse la deuda que necesitan” para las inversiones y reformas orientadas al futuro. A pesar del volumen de deuda comparativamente alto, “los costes [el pago de intereses] de Italia son manejables: representan el 8,4% de sus ingresos públicos. En el Reino Unido alcanza el 8,1%, en Estados Unidos el 14,3% y la India el 23% [en España algo más de un 5%]”, finaliza.