En el último día de gestión de Alberto Fernández se publicó este viernes en el Boletín Oficial el polémico decreto que autoriza a las asociación civil CADRA a cobrarle a profesorados, bibliotecas y universidades un canon por las fotocopias o digitalizaciones que realizan para los estudiantes.

Ya en septiembre pasado estaba anunciada la firma de ese decreto presidencial, pero se suspendió a último momento a causa de las fuertes protestas de varios sectores, especialmente de la Asociación de Bibliotecarios.

Las críticas se dirigen puntualmente al hecho de que CADRA podrá exigir el pago de un canon con el fin de proteger los derechos de autor por las fotocopias o digitalizaciones de libros que realizan para los estudiantes con fines educativos.

CADRA se formó en el año 2000, según afirma su página, para “proteger y gestionar colectivamente los derechos de autor”. La integran buena parte de las editoriales del país, pero una pequeña minoría de sus autores.

A mediados de 2015, la entidad consiguió que el Rectorado de la UBA firmara un acuerdo por el que se comprometía a pagarle un canon mensual por dejar material en las fotocopiadoras de los centros de estudiantes para que los estudiantes accedan a las lecturas. Luego se agregaron también las digitalizaciones.

Con el decreto firmado por Fernández, CADRA podrá actuar ahora en todo el país. Este señala que se le otorga a la entidad “la legitimación exclusiva judicial y administrativa dentro del territorio nacional para la defensa de los derechos intelectuales de los autores y las autoras, sus herederos/as y los editores y las editoras de obras literarias y científicas por los derechos de reproducción reprográfica analógica parcial, parcial o total en caso de la reproducción digital o de cualquier otro tipo”.

El decreto aclara que quedan exentos de pagar el canon las bibliotecas públicas y populares, los archivos y los museos y añade que “las Universidades Públicas y/o instituciones representativas de colectivos económicamente desfavorecidos podrán solicitar al MINISTERIO DE CULTURA la reducción o eximición del pago de la tarifa exigible cuando estas demuestren que, por su onerosidad, su cumplimiento pone en riesgo el acceso al material educativo y/o con fines de investigación por parte de la población usuaria”.

CRM

El 12 de septiembre pasado estaba anunciada la firma de un decreto presidencial que otorgaba a la asociación civil CADRA el reconocimiento oficial para que pueda perseguir judicial y administrativamente a quienes reproduzcan libros sin permiso. El acto se suspendió a último momento a causa de protestas de varios sectores, especialmente de la Asociación de Bibliotecarios. Ni los bibliotecarios ni nadie más objetan que se proteja el derecho de autor: al contrario, ese es un punto de acuerdo general. Las críticas se dirigieron puntualmente al hecho de que CADRA está exigiendo a los profesorados, bibliotecas y universidades que le paguen un canon por las fotocopias o digitalizaciones de libros que realizan para los estudiantes con fines educativos.

CADRA se formó en el año 2000, según afirma su página, para “proteger y gestionar colectivamente los derechos de autor”. La integran buena parte de las editoriales del país, pero una pequeña minoría de sus autores. En verdad, actúa más en defensa de las primeras que de los segundos. De las catorce personas que forman su Comisión Directiva, ocho tienen su asiento en representación de editoriales, incluyendo multinacionales como Riverside Agency, Planeta o Penguin Random House.

CADRA persigue las violaciones al derecho de autor porque las editoriales le han dado esa potestad. Salvo los pocos que son socios, los autores no hemos dado ningún aval ni autorización para que nos represente. Nadie nos consultó. Quienes enseñamos en la UBA, por caso, nos fuimos enterando de a poco de la existencia de CADRA luego de mediados del año 2015. Ese año, la entidad consiguió que el Rectorado firmara un acuerdo por el que se comprometía a pagarle un canon mensual para seguir haciendo lo que siempre hizo: dejar material en las fotocopiadoras de los centros de estudiantes para que los estudiantes accedan a las lecturas (luego se agregaron también las digitalizaciones).

Es importante resaltar que CADRA cobra por cabeza, no por texto usado. No importa si el estudiante fotocopió o no: se paga por estudiante inscripto.

Adicionalmente, CADRA les cobraría también a los centros de estudiantes por cada máquina que tuvieran. El acuerdo establece pagos con independencia de cuánto o qué autor se fotocopie: la UBA pagaría un monto fijo por estudiante. Desconozco cuánto está pagando actualmente, pero el tarifario de CADRA en vigencia indica que se arrogan el derecho a percibir $1.515 por alumno por año (también las bibliotecas deben pagar eso por cada usuario). La UBA tiene más de 300.000 estudiantes: a valores actuales, eso significa que CADRA podría reclamarle más de 450 millones de pesos en 2023. Ahora imaginen cuánto daría la cifra si añadimos todas las universidades, todas las escuelas, todas las bibliotecas del país. De acuerdo a datos de la propia CADRA, a principios de 2022 ya había conseguido vender 59 licencias a universidades; al menos 18 casas de estudio ya tenían acuerdos para pagos regulares, como el de la UBA. También habían vendido licencias a 8 centros de enseñanza de nivel inferior (incluyendo al menos un profesorado público) y 8 a bibliotecas.

Es importante resaltar que CADRA cobra por cabeza, no por texto usado. No importa si el estudiante fotocopió o no: se paga por estudiante inscripto. Si leyó solamente a Aristóteles, Hegel y Kant, se paga igual, aunque esos autores no vayan a reclamar sus royalties. Si leyó libros de editoriales que CADRA no representa, lo mismo. CADRA cobra sin tener la representación formal de los autores leídos, que ni sabe cuáles fueron: presupone que algunos de los suyos habrá, calcula un número y cobra.

¿Adónde va el dinero que recauda? Uno imaginaría a los bolsillos de los autores, pero no. De acuerdo a su reglamento, CADRA tiene el derecho de quedarse con hasta un 45% para gastos administrativos y para un fondo de reserva. Otro 10% lo envía a entidades extranjeras similares con las que tiene convenios de reciprocidad. Ya queda menos de la mitad de lo recaudado. De ese resto, CADRA distribuye un 10% directamente entre sus socios (5% a las editoriales, 5% a los autores que se asociaron hasta ahora). El resto se reparte por igual entre todos los títulos que se hayan publicado en los últimos 5 años, pero nuevamente en este caso, mitad va para las editoriales y mitad para los autores, quienquiera que sean, hayan sido sus libros fotocopiados o no. En fin, de los fondos, los autores reciben poco y sin relación con el uso que hayan tenido las obras de su autoría.

Llevo publicados unos cuantos libros, varios con editoriales de las más grandes, de las que integran CADRA. Algunos son material de estudio y me consta que se fotocopian mucho. Yo mismo entrego a mis estudiantes escaneos de partes de mis libros. Hasta ahora nunca recibí un centavo de recaudaciones de CADRA. Entiéndase bien: esto no es contra el derecho de autor. Está bien que los autores ganemos algo por nuestro trabajo, como todos. Claro que me encantaría que los estudiantes puedan comprar mis libros y todos los demás que necesiten. Pero sé que eso no es posible. Estudié con fotocopias en una universidad pública que no tenía fondos siquiera para pagar la calefacción. Hubo inviernos en que nos moríamos de frío en las clases. La biblioteca no tenía dinero para comprar libros y yo compré muy pocos como estudiante. Como tantos otros, no tenía un peso. No podría haber estudiado sin infringir el derecho de autor. No existe educación pública, hoy, sin poder contar con reproducciones de libros. El derecho de autor no puede ponerse por encima del derecho a la educación.

A cuento del derecho de los autores, las editoriales se apropian de dineros estatales por partida doble.

Pero además no es razonable que se obligue a las universidades a pagar a los autores, al menos no a los de libros académicos. Porque las universidades y el CONICET son justamente las que nos pagan a los académicos que los escribimos. Nos pagan literalmente para que escribamos los libros que luego los estudiantes leerán. Si las universidades pagan un canon mensual para (supuestamente) darnos derechos de autor, estarían pagando por nuestro trabajo dos veces. Lo que sucede es que, a cuento del derecho de los autores, las editoriales se apropian de dineros estatales por partida doble: con los fondos de las universidades que hicieron posible que escribamos los libros que ellas publican y con los que luego obtienen con las licencias que les venden por usarlos. Por usar los libros cuya escritura ellas mismas financiaron.

Tampoco lo que digo es contra CADRA. No está mal que haya una entidad de gestión colectiva de los derechos de autor, como las hay en muchos países. No me parece mal que persigan a los sellos pirata que imprimen libros sin que los autores o las editoriales originales se enteren. Me parecería bien que quien use con fines de lucro los textos –como Google–, pague los derechos que correspondan. Pero no me parece correcto que, en nombre de los autores, extraigan fondos del sistema educativo que terminarán, en verdad, más bien en manos de los editores.

A los autores académicos no nos beneficia en nada que se vendan licencias a las universidades. Los pocos pesos que eventualmente nos lleguen –si llegan– no nos van a cambiar la vida. Nadie hace dinero escribiendo libros académicos. El problema del fotocopiado y escaneado sí afecta, en cambio, a las editoriales que publican textos académicos. Es un problema real que hay que resolver de alguna manera: las editoriales académicas son necesarias y es verdad que se ven acorraladas por la cultura de la reproducción. La cuestión debe resolverse, sin embargo, sin que se cobren licencias genéricas a los establecimientos educativos. Y, sobre todo, sin invocar el derecho de los autores, cuando lo que está en juego es en verdad el derecho de los editores.

El Estado no debería otorgarle un aval a CADRA si se propone seguir extrayendo fondos de la educación pública. CADRA debería eximir completamente a los establecimientos educativos de toda persecución. O, si desea continuar, debería hacerlo en nombre de los editores y no de los autores, que en esto no tenemos voz ni voto. Con eso en claro, se podrá abrir una mesa de diálogo franca entre usuarios, autores y editoriales para encontrarle la vuelta al sostenimiento de la publicación académica.

EA