En la madrugada del jueves murió en Córdoba, a los 85 años, Rubén Arroyo, ex integrante de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) y presidente honorario de la Regional Córdoba de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba).

Nacido en Mar del Plata, “El Petiso” Arroyo, como lo conocían todos en el ambiente sindical, político y de los organismos de Derechos Humanos llegó a Córdoba muy joven, al igual que Ernesto “Che” Guevara, a curarse su dolencia en los pulmones. Pero se quedó a vivir, comenzó a estudiar Medicina y luego viró hacia el Derecho y allí se quedó, defendiendo las causas que él creía justas, las de los oprimidos y perseguidos.

Su primera militancia fue en el Partido Reformista Ortodoxo (PRO), un grupo estudiantil con ramificaciones sindicales, que durante el Cordobazo del 29 de mayo de 1969 organizó el comedor universitario de la resistencia en el barrio Clínicas. En esa revuelta obrero-estudiantil que provocaría el debilitamiento de la dictadura del general Juan Carlos Onganía , Arroyo fue el organizador de la toma de barrio Pueyrredón, que duró durante todo el 29 y bien entrado el 30 de mayo.

Durante casi medio siglo ejerció como abogado laboralista, fue docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), pero su huella quedó marcada por su militancia a favor de los Derechos Humanos y contra las dictaduras desde mediados de la década del ’60.

En 2010, Arroyo convocó a la entonces legisladora Liliana Montero; al ex viceintendente Carlos Vicente; al padre Rafael Velasco, entonces rector de la Universidad Católica de Córdoba (UCC); al médico y dirigente social David Dib; al abogado Gerardo Battistón y al ex preso político Luis Baronetto, y pusieron en marcha, nuevamente a la APDH Córdoba.

En estas horas, el organismo defensor de los derechos humanos emitió un comunicado donde expresa: “Lo despedimos con dolor, pero con el orgullo de haber compartido el camino por Memoria, Verdad y Justicia y para que Nunca Más el autoritarismo y el terrorismo de Estado imperen en nuestro país”.

Mientras alternaba su militancia política y sindical como abogado laboralista con la lucha contra las violaciones de los derechos civiles a manos de la dictadura que en junio de 1966 había derrocado al presidente Arturo Illia, e imbuido en el ejemplo de la Revolución Cubana, Arroyo decide junto a sus compañeros del reformismo ortodoxo, sumarse al Partido Comunista.

En esos años, como abogado del sindicato de Luz y Fuerza, trabó amistad con Agustín Tosco, líder del Cordobazo, hasta su muerte en la clandestinidad y perseguido por la Triple A, en noviembre de 1975. También, desde 1972 fue abogado del SMATA Córdoba, donde conoció y compartió militancia y amistad con su secretario general René Salamanca, un dirigente del sindicalismo clasista y del maoísta Partido Comunista Revolucionario (PCR), quién fue secuestrado el 24 de marzo de 1976, el mismo día del golpe de Estado. A Salamanca se lo vio en el centro clandestino de detención La Perla y todavía continúa desaparecido.

52 desaparecidos antes del golpe

Cuando el gobernador cordobés Ricardo Obregón Cano fue derrocado por la Policía cordobesa, en febrero de 1974, Rubén Arroyo tuvo una activa participación en defensa de los perseguidos por el golpista Antonio Navarro, el interventor Raúl Lacabanne y las bandas estatales y paraestatales del Comando Libertadores de América: “El genocidio no comenzó con la dictadura, no hay que olvidar que a un gobernador constitucional como (Ricardo) Obregón Cano lo derrocaron dos años antes del 24 de marzo del '76; que el terrorismo de Estado comenzó en 1974 y que el Comando Libertadores de América operó bajo el amparo del Estado”, remarcaba el presidente honorario de la APDH Córdoba.

Tenía razón: el presidente Juan Perón avaló el Navarrazo y Córdoba quedó en manos de la derecha peronista, que acusaba a Obregón Cano de ser periférico de la Tendencia Revolucionaria; o sea, de la JP y Montoneros.

Durante el gobierno de Isabel Perón las acciones de la banda de ultraderecha Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) que había organizado el ministro de Bienestar Social, José López Rega asolaban el país, y Córdoba no era la excepción, donde ya imperaba el terrorismo de Estado con bandas paraestatales como el Comando Libertadores de América que dirigía el capitán del Ejército, Héctor Pedro Vergez. El 16 de septiembre de 1974, el vicegobernador depuesto siete meses antes, Atilio López –participó del Cordobazo con Tosco, como dirigente de la UTA- fue asesinado en Buenos Aires por la Triple A.

El “Comando”, a diferencia de la banda lopezreguista, nunca fue declarado ilegal; incluso actuó en connivencia con el Ejército y la Policía, y después del golpe de 1976, sus miembros se incorporaron a los grupos de Tareas del Ejército y la Policía provincial. En noviembre de 2006, antes de que se iniciaran los juicios contra el terrorismo de Estado, Arroyo convocó a los abogados María Elena Mercado (Familiares de Detenidos Desaparecidos); María Teresa Sánchez (Abuelas de Plaza de Mayo), Carlos Vicente, Miguel Ceballos y Luis Reinaudi, y presentaron una denuncia ante la fiscal federal Graciela López de Filoñuk para que investigue por genocidio a los integrantes del Comando Libertadores de América, entre los que se destacaban el capitán Héctor Pedro Vergez y el comisario Carlos Yanicelli: “Los hechos aberrantes que denunciamos, de ninguna manera pueden ser tratados como excesos o hechos aislados, son delitos de lesa humanidad que componen la figura del genocidio”, señaló Rubén Arroyo al fundamentar la denuncia.

Meses previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en ese clima donde la vida no valía nada, Arroyo se dedicó a defender a las víctimas del terrorismo de Estado y denunciar las violaciones a los derechos humanos; como fue el caso de Alberto Caffaratti, obrero de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC); dirigente de Luz y Fuerza muy cercano a Agustín Tosco, e integrante más joven del Comité Central del PC; quien fue secuestrado el 12 de enero de 1976 y llevado al centro clandestino de detención Campo de la Ribera.

Tres meses antes, en octubre de 1975, el dirigente sindical y comunista había regresado de la Unión Soviética, donde había viajado clandestinamente, pero la Inteligencia militar que en Córdoba operaba bajo el mando del general Luciano Benjamín Menéndez –recibió 11 cadenas perpetuas por genocidio-, sabía de sus movimientos. Tres días después del secuestro de Caffaratti, Arroyo acompañó al diputado comunista de la Alianza Popular Revolucionaria (APR) Jesús Mira y el dirigente comunista Rodolfo Ghioldi hasta el Edificio Libertador donde se entrevistaron con el entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, general Roberto Viola. Allí los recibió el secretario privado de Viola: “Nosotros teníamos el dato que el compañero Alberto Caffaratti estaba secuestrado en el Campo de la Ribera, hasta esa época, nadie sabía que allí funcionaba un campo de concentración -confió Arroyo mientras preparaba la denuncia contra Vergez-. En la reunión de 1976, el secretario privado de Viola se mostró sorprendido con nuestra denuncia, recuerdo que este militar se comunicó con Córdoba y al rato nos respondió que el Ejército no sabía que en la prisión militar de Campo de la Ribera existiera un centro clandestino de detención”. En los juicios por la verdad, antes de que los genocidas fueran juzgados por cometer delitos de Lesa Humanidad, el entonces jefe de la cárcel militar de Campo de la Ribera, teniente coronel Juan Carlos Lona, declaró ante el juez federal Gustavo Becerra Ferrer que en los primeros días de diciembre de 1975 tuvo que desalojar la cárcel militar y trasladarse con el personal y los detenidos a los cuarteles del Tercer Cuerpo de Ejército.

Alberto Caffaratti es uno de los 52 desaparecidos desde marzo de 1975 hasta el 24 de marzo de 1976, 40 hechos se cometieron a partir de diciembre de 1975, según consta en el Capítulo Córdoba del Informe Nunca Más de la CONADEP que elaboró, entre otros, Rubén Arroyo.

Denunciar a la dictadura en dictadura

Luego de iniciada la dictadura cívico militar del Proceso de Reorganización Nacional, Rubén Arroyo siguió militando, los hábeas corpus rechazados, las visitas a las sedes policiales, militares y eclesiásticas buscando respuestas que salvaran vidas, eran una constante. 

“Conocí a Rubén en 1980, cuando entré a trabajar a Tribunales; y de ahí comencé a hacer una relación personal y política. En plena dictadura, él era abogado de presos políticos, era de los escasos abogados que en Córdoba intervenían en causas de presos políticos, como el caso de su socio y amigo Luis Reinaudi, que estaba preso a disposición del PEN desde 1978. Y también era abogado de personas desaparecidas, secuestradas por grupos de tareas del terrorismo de Estado de los años ’70. Arroyo era abogado de víctimas de casos emblemáticos del terrorismo de Estado en nuestra provincia, como el asesinato de Raúl ”Paco“ Bauducco en la cárcel UP-1 de barrio San Martín en el año ‘76. A partir de ahí, conocí los casos de los 31 fusilados que eran presos a disposición del PEN, que habían sido puestos a disposición del juez federal (Adolfo) Zamboni Ledesma, que estaban alojados desde los años 1974 y 1975 en la cárcel de San Martín y que fueron fusilados entre marzo y octubre del año 1976. Arroyo era uno de los pocos abogados que seguía estas causas en una situación muy difícil, en plena ejecución de los actos de terrorismo de Estado; y encontró el camino de abrir causas judiciales, de sostener causas judiciales, de abrir denuncias y de construir pruebas con enormes dificultades, de lo que después fueron los distintos juicios que empezaron a ventilarse en los años ’80 y tuvieron proceso y condena en el siglo 21”, lo recordó Carlos Vicente, ex viceintendente de la ciudad de Córdoba y actual co-presidente de la APDH Córdoba en una extensa charla con elDiarioAR.

Entre los abogados que trabajaron a la par de Arroyo denunciando los crímenes y desaparición de opositores durante el último período del gobierno de Isabel Perón y en la dictadura se encuentran Salomón Gerchunoff, Néstor David “El Pibe” Gallina, Héctor González, Luis Reinaudi y Alfredo “Cuqui” Curutchet. Por caso, a Curuchet lo asesina la Triple A en septiembre de 1974, mientras que Reinaudi, Gerchunoff y González fueron secuestrados y legalizados, quedando presos a disposición del PEN.

En plena dictadura, Arroyo queda casi en soledad batallando contra los represores y milita en la clandestinidad en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) junto a Francisco Melani, padre de Norma Melani, una joven que aún permanece desaparecida. En septiembre de 1979, como abogado de “La Liga”, Arroyo organiza junto a su colega María Elena Mercado, abogada de la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos las reuniones en Córdoba con los observadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, presentando testimonios sobre lo que sucedía en Córdoba bajo el mando del general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército. Los delegados de la CIDH estaban en el Hotel Crillón y los sobrevivientes y familiares de los desaparecidos hacían cola bajo la vigilancia intimidante de los represores; y ahí, una vez más, “El Petiso”, se agrandaba y les daba protección. En base al trabajo realizado en dictadura y en democracia por Arroyo y un puñado de abogados, Menéndez fue condenado a 12 cadenas perpetuas por delitos de Lesa Humanidad.

En 1981, “La Liga” sale a la superficie y empieza a emitir comunicados firmados por los copresidentes de la Regional Córdoba: Rubén Arroyo, Carlos Vicente y Anita Contreras, esposa de Miguel Contreras, uno de los fundadores del Partido Comunista argentino y miembro de la Federación Obrera de Córdoba que apoyó la Reforma Universitaria de 1918. Los hijos de los Contreras, Rodolfo y Miguel habían sufrido también la represión, el primero secuestrado y liberado por la Triple A; y el segundo, preso cinco años en dictadura. “Además de las denuncias, Rubén se ocupaba de los presos y desaparecidos, pero también de sus familias, sostenerlos anímicamente y de las cosas elementales como asegurarles comida, escuela, pagar el alquiler; organizaba la solidaridad para sostener a esas familias víctimas del terrorismo de Estado”, recordó Vicente, que en esa época militaba en Franja Morada y la Juventud Radical.

A la par de su activismo como abogado defensor de derechos humanos, Arroyo militó activamente en forma clandestina en el PC.

Democracia, Partido y debate

Con el regreso de la democracia y a instancias del presidente Raúl Alfonsín se conforma la Comisión Nacional de Desaparición de Personas que dirige el escritor Ernesto Sábato y en Córdoba la presidencia queda en manos del rector de la UNC, el arquitecto Luis Rébora; mientras que los abogados Francisco “Pancho” Delgado, Arroyo y Mercado son los encargados de sistematizar la carga de denuncias de la represión ilegal desde 1974 a 1983.

A fines de 1982 y principios de 1983, Arroyo comienza a relacionarse con estudiantes a través del movimiento de derechos humanos y ya durante la primavera alfonsinista establece una estrecha relación con los dirigentes de la recuperada Federación Universitaria de Córdoba (FUC).

En 1987, el levantamiento carapintada de Semana Santa se inició en Córdoba por la sedición de Ernesto “Nabo” Barreiro, quien se amotina en predios del Regimiento de Infantería 14 del Ejército, de camino a La Calera, el jueves 16 de abril, para evitar declarar en una causa que llevaba adelante Rubén Arroyo y por la que el represor debía presentarse el lunes 20 ante el juez federal Miguel Rodríguez Villafañe. Inmediatamente el levantamiento cordobés es apoyado por oficiales y suboficiales liderados por Aldo Rico y ese conato, a su vez es repudiado por masivas movilizaciones en todo el país defendiendo la naciente democracia, que terminó con el famoso discurso del presidente Alfonsín “la casa está en orden y no hay derramamiento de sangre. Felices Pascuas”.

Dos años después, en 1989, Arroyo y Graciela Barsky escribieron un libro donde se estudió, analizó y cuestionó los indultos de ese año del ex presidente Carlos Menem por su carácter inconstitucional, fue el primer trabajo realizado desde el punto de vista jurídico y político, donde se cuestionó el perdón presidencial a los genocidas condenados en el juicio a las Juntas militares.

El sisma del XVI Congreso del PC y todo el proceso de unidad de la izquierda que comenzó con la alianza del PC y el trotskista Movimiento al Socialismo (MAS) en el Frente del Pueblo de 1985; el Frente Amplio de Liberación (FRAL) de 1987 y la Izquierda Unida de Néstor Vicente en 1989 también tuvieron a Arroyo como un actor de relevancia.

Federico Nanzer, actual secretario político del PC de Córdoba le dijo a elDiarioAR: “Se nos fue ”el Petiso“ Arroyo, un picante de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Un picante del Derecho en clave militante, en clave de defensa de las y los militantes. Había que pararse de manos cuando la defensa de los derechos humanos no tenía tanta prensa del progresismo y los sectores populares, ”el Petiso“ caminaba todos los juzgados federales de Córdoba pidiendo por las compañeras y compañeros que empezaban a ser chupados en Campo de la Ribera, en el D-2, en La Perla. Fue un batallador incansable, cuando cayó la dictadura y se abrió esta democracia tutelada y restringida, Arroyo recorría una a una cada familia de los compañeros que cayeron presos, de los desaparecidos, de los que nunca volvieron, para ir armando las causas de lo que después fue la CONADEP; fue un pionero de lo que después fue la arquitectura jurídica para juzgar a los responsables de los delitos de terrorismo de Estado y Lesa Humanidad en Córdoba”.

Nanzer destacó que “el Petiso era comunista, comunista de pura cepa, rojo, con debates y con diferencias con el Partido Comunista, como muchas y muchos tuvieron, pero como me decía hoy su hijo, se fue con su ideología y sus ideas íntegras, y así es y así hay que recordarlo, como el abogado comunista que luchó por la Justicia, la Memoria y la fraternidad”.

Carlos Vicente coincidió con Nanzer en que “Rubén Arroyo creía en la emancipación del hombre y de los pueblos; militó siempre con esa idea, de que la humanidad y los pueblos debían ser libres; asumió la emancipación del hombre como objetivo y como proyecto revolucionario, y lo mantuvo desde distintas ideas. Se educó y se formó en el marxismo y pensaba en la construcción del socialismo, creía que el socialismo debía ser democrático. Luchó dentro del movimiento comunista internacional durante décadas, y luchó dentro del movimiento de derechos humanos, fue militante de este movimiento por más de sesenta años hasta hoy”.

En la Convención Constituyente del año 1994, el arquitecto Rébora fue elegido convencional por Córdoba por el Frente Grande y otra vez, “El Petiso” tuvo una actuación de importancia en Santa Fe.

“Yo conocí a Rubén cuando rearmamos la FUC, y compartí la experiencia de la reforma de la Constitución en Santa Fe”, señaló a elDiarioAR el concejal Ricardo Aizpeolea del bloque Frente Cívico – Córdoba Cambia; quién en la sesión de este jueves recordó a Arroyo: “Este querido abogado fallece hoy, y en estos días se conmemora el 39° aniversario del Informe Córdoba de la CONADEP, el Capítulo Córdoba fue entregado en la Casa de Gobierno por una comisión creada en su momento por el gobernador Eduardo César Angeloz y fue entregado a él mismo, ese informe, donde tuvo una activa participación Rubén. En oportunidad de la Convención Constituyente de 1994, junto con el doctor Arroyo fuimos asesores de otra importante personalidad de la democracia cordobesa, como fue el arquitecto Luis Armando Rébora, que presidiera la CONADEP Córdoba y fuera elegido democráticamente como el primer rector de la Universidad Nacional de Córdoba, luego de la normalización democrática. En esa Convención tuve la oportunidad de compartir con el doctor Arroyo y de conocer su pensamiento político, sus ideas, su defensa inclaudicable de los Derechos Humanos, sino también su estatura personal, su carácter único, su buen humor, sus ideas que junto con su colega y compañero de estudio, Luis Reinaudi, siempre fueron luchadores que defendieron trabajadores, defendieron siempre causas ligadas a la defensa de los Derechos Humanos y de los derechos laborales; y recordemos que Rubén Arroyo fue abogado de Luz y Fuerza y amigo de Agustín Tosco, a quién acompañó hasta su muerte en la clandestinidad en el año ’75. Posteriormente también acompañó a la familia de Alberto Caffaratti, otro desaparecido de Luz y Fuerza”.

Aizpeolea también les dijo a sus pares del Concejo Deliberante que “este Capítulo Córdoba de la CONADEP tuvo un impulsor en la Municipalidad de Córdoba –el intendente era Ramón Bauitista Mestre-, el querido ”Negro“ Cingolani, que editó ese informe. En momentos en que la democracia argentina no está pasando su mejor momento es muy importante buscar estos modelos, estos referentes y hoy se nos acaba de ir uno de ellos, siempre presente en la pelea por la Verdad, por la Justicia y por la Memoria”.

En la Convención de 1994, Arroyo se reencontró con otro viejo compañero de luchas denunciando el genocidio, el obispo emérito de Neuquén Jaime Francisco de Neváres; que presidió la APDH Neuquén en dictadura y en Santa Fe llegó como convencional constituyente del Frente Grande.

Solidaridad sin fronteras ni tiempos

Tras la recuperación democrática, a mediados de la década del ’80, en Argentina comenzaron a funcionar los movimientos de solidaridad con Chile. La resistencia al dictador iba por dos caminos desde 1983, la vía política y la insurreccional, cuyo punto más alto fue el atentado contra el dictador Augusto Pinochet de septiembre de 1986 a manos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) la guerrilla armada por el PC trasandino.

Hace dos años, elDiarioAR publicó en exclusiva que José Joaquín Valenzuela Levi, jefe de esa operación militar contra Pinochet, vivió en Córdoba y también encontró refugio en Arroyo y Raúl “El Negro” Cingolani, que en esa época era subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba durante la intendencia de Ramón Bautista Mestre. No sólo el comandante rodriguizta, sino cientos de chilenos exiliados en Córdoba, muchos de ellos nucleados en el Comité Chile Democrático, recibieron la mano cálida y desinteresada de Arroyo, Reinaudi y Pedro Salazar.

En el velorio del dirigente, Gerardo Battistón, abogado de la Secretaría de DDHH de la Nación y secretario de Lesa Humanidad de la APDH Córdoba contó que “con Rubén nos conocimos cuando yo estaba en la Facultad en los ’90, pero no teníamos tanto contacto. Cuando me recibí comenzamos a trabajar algunas causas juntos, pero lo que fue determinante, fue cuando falleció su hijo Diego; en el velorio yo me quedé con él y cuando hicieron la cremación. Cuando yo me estoy por ir, lo voy a saludar y me dice ‘vos no te vas’, me abrazó y ahí empezamos una relación diaria que duró hasta hoy, y acá estoy”.

Battistón recordó que “ahí trabajamos las causas de la UP-1, entablamos una relación profesional y de mucho afecto; cuando le pidieron desde Buenos Aires un abogado para la Secretaría, él me propuso, ingresé al Ministerio de Justicia por su recomendación. Después estuvimos en el rearmado de la APDH Córdoba, donde Rubén siempre decía que había que tener un organismo defensor de los Derechos Humanos independiente, realmente independiente y autónomo de los partidos y del Gobierno. A Rubén también le debo mi relación con Mercedes, a Mercedes la conocí por él”. Mercedes Crespi, pareja de este colega y amigo de Arroyo es la defensora oficial de los Tribunales federales de Córdoba.

La “necesidad de organismos independientes” era otro reclamo de Arroyo a sus compañeros de militancia, porque entendía que “los que violan los derechos humanos son los gobiernos, que son el rostro del Estado”. Y durante este siglo, fue muy crítico de la alineación nacional de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández; y a nivel provincial con el gobierno de Juan Schiaretti.

La última causa en la que Battistón y Arroyo “trabajaron” juntos, fue el homicidio de Blas Correas, el chico de 17 años asesinado por la Policía de Córdoba. La madrugada del 6 de agosto de 2020, cuando Soledad Laciar se enteró del crimen de su hijo, lo primero que hizo fue llamar a Ana Arroyo, una de sus mejores amigas: “Anita, necesito a tu papá, que trabaja en Derechos Humanos, la Policía mató a Blas”. Inmediatamente, Arroyo llamó a su amigo y colaborador y le contó las novedades. Battistón emparejó el camino para que la familia de Blas Correas y los sobrevivientes de la balacera pudieran llegar hasta la fiscalía y relatar cómo ocurrieron los hechos. Otra vez el Estado atentado contra ciudadanos, otra vez la violencia institucional.

“A Rubén lo conozco desde los 13, 14 años. Lo veía como el ‘papá gran compañero’ de mi amiga. Compartimos infinitos momentos todas nosotras con él. Siempre buena onda, nos llevaba a todos lados; por ejemplo, con Rubén conocí el hipódromo. Pasando los años, empecé a entender quién era Rubén Arroyo, y comencé a sentir una profunda admiración. Escucharlo hablar era un placer. Sentir con la convicción y pasión que hablaba de cada tema era extraordinario”, recuerda emocionada Soledad Laciar.

También le contó a elDiarioAR que “cuando Blas murió, fue el gran consultor, a través de Anita aprendí mucho sobre todo lo que iba a vivir en este nuevo mundo que me tocaba. Vino a casa, me habló, y desde ahí siempre me acompañó. No tengo palabras para describirlo. Simplemente escuchar hoy a mi amiga mientras íbamos en el auto camino a su casa, hablar con tantísimo agradecimiento hacia su papá creo que no amerita más palabras. Su hija sentía un gran orgullo. Y creo que es lo que sentimos todos los que tuvimos el placer de compartir parte de la vida con él”.

Complicidad civil

Una de las espinas que le quedó a Arroyo, fue no haber podido sentar en el banquillo de los acusados a los funcionarios judiciales federales que desde 1974 avalaron el terrorismo de Estado y se conoce como “la causa de los Magistrados”: el ex juez federal Miguel Angel Puga, el ex secretario Luis Rueda; el ex fiscal federal Antonio Cornejo; los ex defensores oficiales Ricardo Haro y Luis Eduardo Molina; y Carlos Otero Alvarez, ex secretario penal del juez federal Adolfo Zamboni Ledesma, ya fallecido. En septiembre de 2012 habían sido detenidos Puga, Cornejo, Haro, Molina y Otero Alvarez; este último jubilado desde 2009, fue uno de los camaristas que en 2008 sentenció al general Menéndez por la Causa Brandalisis, la primera en Córdoba por delitos de Lesa Humanidad. En 2012 los magistrados estuvieron detenidos menos de dos meses y luego recuperaron su libertad.

En 2017 sólo Puga fue condenado a tres años de prisión. En tanto que Rueda llegó a ser juez de la Cámara Federal de Córdoba y murió en 2021, sin someterse a la Justicia. Una de las causas que comprometía a Rueda, el secuestro y asesinato del militante del Peronismo de Base, Rubén Amadeo “Pocho” Palazzesi, recién se juzgó en marzo pasado y el represor Ernesto Barreiro fue condenado a 24 años de cárcel. Rubén Arroyo había señalado reiteradamente que a Rueda había que investigarlo, precisamente por el secuestro y homicidio de Palazzesi. Desde la APDH Córdoba habían advertido a elDiarioAR que “la causa de ”Pocho“ Palazzesi estaba lista para ser elevada a juicio en 2008, hace 15 años, pero la pisaron para no investigar la participación de Rueda”.

Su trabajo de abogado, su militancia comunista, la clandestinidad y el intento de salvar vidas en medio del terror, no le impidió a Arroyo ser un padre presente con sus hijos Ana, Diego, Juan y Miguel. Lector voraz, gran cocinero, amigo de los amigos, hincha fanático de Talleres, abuelo malcriador, Rubén Arroyo fue, al decir de Bertolt Brecht, un imprescindible.

GM