El exproductor de Hollywood Harvey Weinstein ha sido declarado culpable de un delito de agresión sexual en primer grado por un jurado de Manhattan (Nueva York). El tribunal juzgaba tres acusaciones por delitos sexuales en un proceso que se repetía tras la anulación producida en 2020 por un error en el procedimiento.

Weinstein se enfrenta a un máximo de 25 años de cárcel por ese delito, cuando el juez publique su sentencia.

Hasta ahora, solo se ha conocido el veredicto sobre dos de las acusaciones. En una de ellas, la de Miriam Halley, ha sido declarado culpable. De la acusación realizada por la productora polaca Kaja Sokola y cuya incorporación a la causa se realizó con posterioridad al primer juicio, ha sido absuelto.

El jurado no ha llegado a un veredicto sobre el tercero, relativo a la acusación de la asistente de producción Jessica Mann. Se espera que el jurado regrese este jueves para continuar deliberando sobre el cargo final.

Weinstein acudió a la celebración de este proceso judicial, que se prolongó durante tres semanas, desde la prisión, pues ya cumplía una condena de 16 años tras otro juicio por el mismo tipo de delitos celebrado en California.

Los procesos judiciales contra Harvey Weinstein llegaron tras dos investigaciones periodísticas que encendieron la llama del movimiento MeToo: la que realizaron Jodi Kantor y Megan Twohey para The New York Times y la que hizo Ronan Farrow para The New Yorker.

Los delitos sexuales cometidos durante la última dictadura militar fueron “parte parte del contexto del ataque sistemático a la población civil”. Fueron “actos inhumanos” y no se trataron de “hechos aleatorios o aislados”. Así lo acaba de ratificar la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que una vez más volvió a catalogarlos como crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto imprescritibles.

De esta manera, la Cámara, máximo tribunal penal, rechazó un recurso presentado por Jorge Eduardo Acosta, alias “el Tigre”, uno de los represores más temidos y quien estuvo a cargo Inteligencia de la Unidad de Tareas 3.3.2 en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Acosta había sido condenado el 13 de agosto de 2021 a 24 años de prisión por violación agravada reiterada, abuso deshonesto reiterado, privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos que tuvieron como víctimas a tres prisioneras de aquél centro clandestino de detención. La pena fue unificada con condenas anteriores en una única condena a prisión perpetua.

En aquel fallo, el Tribunal Oral Federal N°5 de la ciudad de Buenos Aires también había condenado por los mismos delitos sexuales a Alberto Eduardo González, alias “Gato”, o “González Menotti”, quien recibió una pena de 20 años de prisión. El ex oficial de la Armada, quien no recurrió la sentencia, es uno de los “mentores” en materia de la vicepresidenta Victoria Villarruel en la idea impulsar la denominada “memoria completa” en la que se busca equiparar los crímenes cometidos por las organizaciones guerrilleras con los delitos de lesa humanidad de la dictadura.

El accionar de González en los delitos sexuales se ve reflejado en el libro La Llamada, de Leila Guerriero, que describe las violaciones a las que sometía a Silvia Silvia Labayru, una sobreviviente de la ESMA. Allí, Labayrú, quien testificó también contra Acosta en el juicio por delitos sexuales, cuenta que González la sacaba del centro clandestino para violarla junto a su mujer en su propia casa.

Ahora, el fallo de la sala II, firmado por Guillermo Jorge Yacobucci, Angela Ester Ledesma y Alejandro Walter Slokar, confirmó la sentencia contra Acosta y González.

El tribunal sostuvo que los delitos sexuales fueron parte del ataque generalizado “independientemente de la existencia de una orden directa para su perpetración” y que Acosta convalidó específicamente esa violencia.

“Independientemente de la existencia de una orden directa para su perpetración, surgen como parte del contexto del ataque sistemático a la población civil, de acuerdo a la política estatal del momento”, sostuvieron Yacobucci, Ledesma y Slokar sobre los delitos sexuales, y añadieron al respecto que “no se muestran como hechos aleatorios o aislados”.

El tribunal revisor sostuvo que del relato de las víctimas “surge un patrón o política preconcebida en la comisión repetida o continua de estos actos inhumanos” y que su “sistematicidad se desprende de una política altamente organizada y orquestada a fin de implementar el plan de persecución, del que los perpetradores se valieron para consumar sus crímenes y garantizar su impunidad”.

Agregó que “la situación de vulnerabilidad a la que fueron sometidas las víctimas dentro de ese contexto, muestra que esos ilícitos se integraban dentro de la orientación planificada de sujeción y agresión”.

En ese sentido, la Cámara Federal de Casación citó al tribunal oral para reafirmar que los delitos sexuales formaron parte “al igual que las vendas, las ataduras, los golpes, el paso de corriente eléctrica, los insultos, las vejaciones, la prohibición del habla, etc., del conjunto de prácticas criminales que integraron de modo expreso o implícito el dispositivo represivo diseñado”.

Por otro lado, rechazó el planteo la afectación de la garantía de no ser juzgado dos veces por un mismo hecho presentado por la defensa de Acosta. El tribunal indicó que los hechos atribuidos relativos a la violación, abuso deshonesto, privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos que se individualizaron en la sentencia son comportamientos históricos que no fueron imputados durante la tramitación de procesos anteriores.

La Cámara Federal de Casación agregó que “el escenario de sometimiento y exposición de las víctimas debe ser comprendido desde una perspectiva de género, que permite inferir de parte del acusado la representación dolosa de una consecuente ofensa a la integridad sexual de las víctimas”.

El juicio contra Acosta y González duró más de diez meses y terminó de manera virtual a raíz de la pandemia de coronavirus. Acosta fue condenado por los delitos cometidos contra Labayrú, Mabel Zanta y María Rosa Paredes. Además, el año pasado, la Sala II de Casación Penal, volvió a sumar una nueva condena contra el represor luego de revisar un fallo del TOF 5. El Tribunal incluyó una condena por los abusos sexuales que sufrió Graciela García Romero en la ESMA.

Con el auspicio del CELS, Romero fue la primera mujer que denunció, en 2005, los abusos sexuales cometidos por represores y reclamo que sean juzgados como un delito independiente de otras torturas.

CRM/MG

Un total de 501 menores fueron condenados en España por delitos sexuales en 2022, lo que supuso un incremento del 14,1% respecto a 2021, según datos de la Estadística de Condenados del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por Europa Press.

De los 501 menores condenados cometieron un total de 636 delitos, un 4,4% más que en 2021, de los cuales 389 fueron considerados abuso y agresión sexual a menores de 16 años, 134 abuso sexual y 27 agresión sexual, de las cuales cuatro fueron consideradas violación.

También en 2022, 3.201 adultos fueron condenados por delitos sexuales, lo que supuso un aumento del 0,2% respecto al ejercicio anterior. Estos cometieron 3.835 delitos, un 3,2% menos, de los cuales 762 fueron considerados abuso o agresión sexual a menores de 16 años, 1.458 abuso sexual y 462 agresión sexual, de las que 46 fueron violaciones.

Según el INE, tanto en el caso de los condenados adultos como en el de los menores, todos inscritos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, el 97% fueron varones y el 3% mujeres.

Más de 14.000 menores condenados por otros delitos

Por otro lado, el número de menores condenados por sentencia firme en 2022 también se elevó un 3,2% respecto a 2021, hasta los 14.026 --de entre 14 y 17 años--. De ellos, el 80,1% fueron varones (un 2% más) y el 19,9% mujeres (un 8,2% más).

La mayoría de estos menores tenía nacionalidad española, un 79,3%, si bien la tasa por cada 1.000 habitantes de 14 a 17 años fue algo más del doble en el caso de los de nacionalidad extranjera (14,3) que en los de nacionalidad español (6).

El total de estos menores cometieron 25.822 infracciones penales, un 2% menos que en 2021, todas ellas delitos. Por tipología, un 31,4% fueron lesiones, un 17,5% robos y 8,6% amenazas.

Lugar de condena

En relación con el lugar de condena, Andalucía fue la comunidad con más menores inscritos en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal, con el 19% del total. Le siguieron Comunitat Valenciana (13,3%) y Comunidad de Madrid (12,2%), según el informe.

Además, las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta (con 39,0 y 32,5, respectivamente) e Islas Baleares (12), registraron las mayores tasas de menores de entre 14 y 17 años condenados por cada 1.000 habitantes del mismo rango de edad. Por su parte, Galicia (4,3), Cataluña (4,8) y País Vasco (5,7) presentaron los valores más bajos.

En cuanto a las infracciones penales cometidas por los menores, por cada 1.000 habitantes de 14 a 17 años, las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta (con 96,2 y 87,0, respectivamente) e Islas Baleares (26,8) registraron las mayores tasas. Por el contrario, Galicia (7,7), Comunidad de Madrid (9,3) y Región de Murcia (9,4) presentaron los valores más bajos.

Europa Press.

IG