En medio de un enorme espacio verde, un muro de concreto. La Universidad Nacional de Cuyo es el mayor centro de educación superior de Mendoza. Tiene 12 facultades, tres institutos y siete escuelas. Recientemente quedó posicionada como la segunda más sustentable del país por QS World University Rankings. La caracteriza, entre otras cosas, estar ubicada dentro del Parque General San Martín, lo que hace que su campus esté plagado de naturaleza. Hasta ahora, que se puso en marcha la construcción de un muro de cemento de mil metros al mejor “estilo Trump” con la frontera con México o el más reciente ejemplo local: el alambrado de Patricia Bullrich en la frontera de Salta con Bolivia. La pared, que ocupa un cuarto de todo el perímetro de la casa de altos estudios, ya desató críticas en la provincia.

Arquitectos reclaman por el tipo de construcción y su impacto en la urbanización. Científicos alertan sobre el daño ambiental que implica la obra y advierten sobre cuánto puede aumentar la temperatura de la zona. Docentes murmuran por lo bajo que pasaron un año con pocos y magros aumentos por falta de presupuesto, aunque el trabajo que se despliega es millonario. Y vecinos acusan discriminación y criminalización de sus barrios a la vez que señalan el impacto negativo que tiene para sus vidas esta muralla. Detrás de todo hay un problema transversal: la inseguridad.

El muro separará a la UNCuyo de las vivendas ubicadas al norte y al oeste de la ciudad capital. Son casas de los barrios Flores y Olivares, con atrasos en su urbanización y graves problemas habitacionales. “El barrio Flores era antes zona roja, nadie quería entrar. Llamabas a un flete y te decía 'no, ahí no voy'”, dijo a elDiarioAR Juana, una ciudadana boliviana que vive en el lugar desde hace 30 años y encabeza labores solidarias para sus vecinos como juntar ropa o preparar algunas meriendas y comidas en su propia casa.

“Nosotros quedaríamos encerrados, sin poder pasar. Nos sentimos discriminados. La verdad es que es muy triste. A veces nos sentamos en el pastito a tomar mates o a jugar con los chicos, nos gusta salir ahí. Muchos del barrio también van a la universidad. Entonces para ir tendríamos que dar la vuelta y se hace más difícil. Además, a nosotros también nos roban. No podemos dejar la casa sola ni nada afuera, pero vienen a robar de otros lados. Aprovechan que se dice que acá es inseguro para venir a robar de otras partes”, contó visiblemente apenada.

Juana describió que “la mayoría” de sus vecinos “no estaba de acuerdo” con que se hiciera el muro, pero que no hubo expresiones en contra ni protestas porque “el barrio esta en su segunda etapa de urbanización” donde está previsto que se instalen luminarias, por ejemplo. Temen que si hay reclamos, las obras se frenen. “No hicimos nada porque estamos esperando”, agregó aunque ya está confirmada una reunión vecinal para la próxima semana.

Federica Schervosky, docente e investigadora de la facultad de Filosofía, reflexionó: “En términos sociales me parece problemático porque es un muro ciego que implica un proceso de segregación, separación y distanciamiento que, como señal de la universidad, es muy fuerte. Simbólicamente me resulta muy duro. Por otro lado creo que si como universidad lo único que podemos generar como respuesta es eso, tenemos bastante poco para ofrecer a la sociedad”.

El muro

La Universidad Nacional de Cuyo anunció la obra en octubre del año pasado. A través de un comunicado dijo que “el objetivo principal de este cierre es garantizar la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo, así como controlar el acceso al campus universitario”. Y aclaró que fue diseñado “con criterios de alta durabilidad y adaptabilidad, utilizando materiales que aseguran tanto resistencia estructural como una estética acorde al entorno”.

Según la planificación, el cierre se haría con “placas de hormigón preelaborado, fabricadas en una planta especializada y luego transportadas para su montaje”. Asimismo, su instalación sería “sobre fundaciones de hormigón armado de alta resistencia, garantizando una estructura estable y duradera”. Para la realización se contemplaban tres etapas “priorizando los sectores con mayores problemas de seguridad”.

La obra fue adjudicada a la firma PREAR PRETENSADOS ARGENTINA S.A., que firmó el contrato el 2 de octubre de 2024, y el presupuesto contemplaba una inversión de 590 millones de pesos.

“Con el cierre perimetral, se espera reducir el acceso no autorizado y mejorar la vigilancia en áreas estratégicas del campus, lo que proporcionará un ambiente más seguro para estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo”, justificaron desde la casa de estudios cuando anunciaron el trabajo. Detrás de la decisión hubo como detonante una serie de seis hechos delictivos con el uso de armas blancas, dijeron desde la Universidad a este medio.

Asimismo, en los fundamentos originales del proyecto, afirmaron que “la implementación de un cierre perimetral modular y ampliable asegura que el campus pueda adaptarse a futuras expansiones o cambios en su infraestructura sin comprometer la estética ni la funcionalidad del espacio”. Pero todos los argumentos fueron rebatidos por distintos agentes sociales. El muro puede alterar la temperatura del ambiente, tapa el paisaje cordillerano y segrega a vecinos de barrios aledaños.

Polémica, inhabilitación y puesta en pausa

Apenas la gente comenzó a ver el muro lo compartió en redes sociales y habilitó la discusión sobre la instalación. Esto trascendió a los medios y, de este modo, la municipalidad de Mendoza advirtió que los papeles para tal ejecución no estaban en orden. La obra se interrumpió. Aunque se espera que se reanude en las próximas horas no hay certezas de que lo que se hizo hasta el momento sea correcto y puede suceder que la universidad deba dar marcha atrás o replantear lo que está haciendo.

“Cualquier obra que se tiene que realizar en cualquier jurisdicción tiene que pasar por una aprobación municipal. No importa si es de la universidad o si es del gobierno provincial. Cualquiera que haga un muro de esas características tiene que abrir un expediente y presentar la documentación en el municipio. A la universidad se le ha pasado esa formalidad. Cuando se hizo la inspección y se constató que no había nada, se les intimó a presentarla, entonces se pidió que se paralice la obra”, dijo a elDiarioAR un vocero municipal.

Esto es, fundamentalmente, para saber que “todo está acorde a la normativa con el código de edificación”. “Si hay algo que corregir, porque ya empezaron la obra, se tendrá que corregir”, agregó la fuente consultada, y aclaró que la pausa no corresponde a “una cuestión de oposición, ni ideológica ni institucional, entre el municipio y la universidad” sino que se trata “solamente de una cuestión administrativa de cumplimiento de la normativa”.

A consecuencia de esto, desde la universidad llamaron a una reunión de último momento este jueves. Se resolvió no volver a dar declaraciones a la prensa aunque se emitió un comunicado en el que señalaron: “La integridad física de las personas que integran la comunidad de la UNCuyo, así como de aquellos que transitan por su campus, es prioritaria”. Y agregaron: “La obra se encuentra momentáneamente demorada preventivamente hasta tanto se resuelva un pedido de suspensión de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza”.

Las críticas

Un grupo de arquitectos y científicos del Conicet fue el primero en levantar la mano y alertar sobre las implicancias de la construcción. A través de una nota enviada a la rectoría universitaria señaló su preocupación y ofreció colaboración para pensar alternativas más amigables con el entorno y los valores universitarios.

“La elevación de un muro perimetral ciego (...) colisiona fuertemente con el planteamiento urbano-arquitectónico del Centro Universitario. (...) La muralla en construcción terminará confinando y escindiendo a la UNCuyo del tejido urbano y territorial”, alertó.

“Además, esta muralla deja afuera las 32 hectáreas aproximadas que se encuentran en litigio con Dalvian —un barrio cerrado lindero—, lo que pareciera indicar que la UNCuyo estaría resignando sus derechos de propiedad sobre esas tierras ocupadas”, lanzó.

El aspecto ambiental no es menor, de hecho es uno de los que más preocupa a la opinión pública: “Este muro de paneles de hormigón en sus caras al norte y al oeste produce una acumulación energética que particularmente en verano puede alcanzar una temperatura superior a los 80º, incrementando la isla de calor urbana que, en contextos de cambio climático, adquiere ribetes de mayor dramatismo”, apuntó el reclamo científico. Aunque con la obra paralizada, parte del muro sigue en pie, tanto o más como la polémica que despertó en Mendoza.

MM/MC

El Gobierno de Joe Biden en Estados Unidos ordenó reforzar “de inmediato” la construcción del muro fronterizo con México en una de las áreas donde más cruces de migrantes se registraron, según un documento publicado este miércoles. La medida supone el primer gran uso del poder ejecutivo del Gobierno, que tuvo que levantar 26 leyes federales en la zona de Texas afectada.

Las labores de construcción, que se llevarán a cabo en varias zonas del valle del Río Grande, incluirán la edificación tanto de barreras físicas como de vías para “prevenir la entrada” irregular de migrantes a territorio estadounidense, detalla el escrito.

Esta área fronteriza, al sureste de Texas, es la segunda zona donde se produjeron más detenciones de migrantes en los últimos meses, según datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP). El propio documento señala que entre octubre de 2022 y agosto de este año las autoridades estadounidenses apresaron a más de 245.000 personas intentando cruzar la frontera con México en esta zona.

Para llevar a cabo las labores de construcción, que tendrán lugar en el condado de Starr, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) eximirá el cumplimiento de más de 26 leyes, incluyendo normativas referidas a protecciones ambientales, de salud pública y de conservación cultural.

La decisión fue criticada por la organización defensora del medioambiente Center for Biological Diversity, la cual aseguró que se trata de la primera vez que el Gobierno demócrata usa su autoridad para saltarse leyes de este tipo.

“Es desalentador ver al presidente Biden rebajarse a este nivel, dejando a un lado las leyes ambientales fundamentales de nuestra nación para construir muros fronterizos ineficaces que acaban con la vida silvestre”, dijo en un comunicado Laiken Jordahl, uno de los portavoces de la organización.

El anuncio por parte del Gobierno de Biden llega días después de que se conociera que las detenciones de migrantes intentando cruzar la frontera sur aumentaron un 36% en agosto, con más de 181.059 arrestos.

En concreto, en el sector del valle del Río Grande se produjeron un 26% de esas detenciones, según datos de CBP analizados por la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA).

Este aumento se produce a pesar de la imposición de medidas más restrictivas al movimiento de personas en la frontera sur por parte del Gobierno demócrata el pasado mayo, que limitan el acceso al asilo en territorio estadounidense.

“En la actualidad existe una necesidad aguda e inmediata de construir barreras físicas y carreteras en las proximidades de la frontera de Estados Unidos con el fin de impedir las entradas ilegales en Estados Unidos en las zonas del proyecto”, remarcó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.