Marcos Levin, de 90 años, exdueño de empresa de colectivos de larga distancia La Veloz del Norte, de Salta, murió en el Hospital Italiano en la Ciudad de Buenos Aires. Fue el primer empresario argentino condenado por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura cívico militar, un símbolo de la estrecha relación que hubo entre los autores del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y sectores del poder económico. Cumplía dos condenas, con arresto domiciliario, por su participación en los secuestros y violaciones a los derechos humanos en contra de trabajadores de su empresa. 

Levín, quien también fundó las firmas La Veloz Seguro, Salnet, construyó la Terminal de Ómnibus de Salta y el Hotel Alejandro I —de uso habitual para conferencias y escenario de actos políticos, como la reciente visita de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, para la presentación del partido La Libertad Avanza— atravesaba un grave problema de salud. Por eso, la Justicia Federal autorizó la desactivación de la pulsera electrónica con la que cumplía condena en su domicilio para su traslado al Hospital Italiano. Falleció este sábado 21, durante la mañana.

El expropietario de La Veloz del Norte fue condenado por la Justicia Federal salteña en 2016 a 12 años de prisión, por delitos de lesa humanidad y por la privación ilegítima de la libertad de Víctor Cobos, exempleado de su empresa que era delegado gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Cobos fue secuestrado en enero de 1977 y trasladado a la Comisaría 4° de capital salteña, en donde fue sometido a castigos físicos y tormentos. Se convirtió así en el primer caso de un empresario argentino condenado por haberse asociado al aparato represor. Levín, además, presidía en aquellos años la Federación de Empresarios Salteños del Transporte (Festap) y se constató que tenía un estrecho vínculo con la Policía provincial y el Ejército. Fue entonces cuando la UTA puso en marcha una serie de reclamos gremiales y se valió de esas relaciones para sofocar las protestas salariales. 

El secuestro de Cobos se “blanqueó” a través de causa fraguada de supuesta defraudación, jamás comprobada. Por los tormentos a los que fue sometido, sufrió roturas de ligamentos de los hombros que no fueron atendidas a tiempo y tuvo secuelas permanentes. Fue liberado en abril de 1977 y exonerado de La Veloz. En su alegato, los fiscales consideraron probado que Levín no sólo reclamó la intervención de militares y policías en un conflicto gremial y la aplicación de la ley antisubversiva, sino que también “aportó” a la Policía “información de inteligencia relativa a los trabajadores”: las listas de los empleados de la empresa, los diagramas de servicio que permitieron conocer los lugares donde fueron secuestrados, sus domicilios y los datos sobre su actividad gremial.

La segunda condena fue en noviembre de 2023, a la pena de 18 años de prisión, por haber sido considerarlo coautor del delito de privación ilegal de la libertad, uso de violencia y amenazas, en contra de 16 trabajadores de su empresa que fueron secuestrados en Salta y en Tucumán. Las víctimas revelaron que fueron sometidas a sesiones de “picana eléctrica” y otros tormentos. Contaron que los policías solían encender una radio a todo volumen y también el motor de una motocicleta que estaba pegada a una pared, para tapar los gritos de dolor. Para la Fiscalía, quedó acreditado con certeza “el accionar conjunto de las fuerzas estatales represivas y el empresariado”, representado por Levín. 

“No nos alegra”

“La muerte de ninguno de los represores juzgados y condenados no nos alegra, ni a la familia Cobos, ni a los organismos de Derechos Humanos que llevamos décadas luchando por Memoria, Verdad y Justicia”, sostuvo Cristina Cobos, integrante del Comité para la Prevención de la Tortura y referente en DDHH en Salta, hermana de Víctor Cobos, el gremialista de UTA perseguido por Levín, y de Martín Cobos, secuestrado y acribillado en un paraje salteño en septiembre de 1976.

“Pretendíamos que cumpla su condena en una cárcel común pero esto no ocurrió con Levín, ni con muchos de los genocidas que ya fallecieron por ser personas de avanzada edad. La impunidad biológica nos ganó a todos los familiares que desde hace 40 años venimos pidiendo justicia. La justicia cuando llega muy tarde ya no es justicia. Y eso es lo que pasó en el caso Marcos Levín, fue condenado cuando ya tenía una avanzada edad y le otorgaron la prisión domiciliaria”, sostuvo la una consulta sobre la muerte de Levín.

“Los familiares de las víctimas jamás hemos recusado tales decisiones de la justicia, hemos sido respetuosos de todos los procesos que se realizaron. Lamentablemente no hemos tenido el tiempo suficiente para que la justicia les abarque a todas las víctimas. Siempre los familiares hemos pedido en cada juicio que si el dolor es perpetuo, que la condena también sea perpetua”, sostuvo.

DC/JJD

La Cámara Federal de Casación confirmó la prisión preventiva en su modalidad domiciliaria para el empresario Marcos Levín, ex dueño de la empresa La Veloz del Norte, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

Un tribunal oral de Salta dispuso en octubre del año pasado la preventiva de Levín y otros imputados por “privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a 17 trabajadores de La Veloz del Norte en 1977”.

A principios de noviembre de este año, el mismo tribunal condenó a Levín –quien ya afrontaba una pena anterior a 12 años de cárcel- a 18 años por estos nuevos hechos.

Como las condenas no están firmes, a prisión continúa siendo preventiva y contra ella recurrió la defensa del empresario y de los otros imputados: Víctor Hugo Almirón, Enrique Víctor Cardozo y José Antonio Grueso.

Ahora, la Casación, en un fallo firmado por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Alejandro Slokar, ratificó la prisión preventiva.

Además de la pena de 18 años para Levín fueron condenados a 16 años de prisión el ex comisario Víctor Almirón y el ex jefe de personal de la empresa, José Antonio Grueso.

Los secuestros de los 17 trabajadores se produjeron entre el 20 y el 24 de enero de 1977 “a partir de una denuncia falsa por estafa presentada por Levín contra sus empleados que fue utilizada para dar cobertura legal a la persecución”, informó la Secretaría de Derechos Humanos, querellante en el expediente.

Todos fueron llevados a la Comisaría Cuarta, donde permanecieron varios días y fueron torturados, y desde allí fueron luego liberados o en algunos casos trasladados al Penal de “Villa Las Rosas”.

Los trabajadores relataron que Levín y su jefe de personal, Grueso, estaban en la comisaría mientras eran torturados.

Qué había dicho Casación

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el pasado 2 de noviembre la condena del dueño de la empresa de ómnibus La Veloz del Norte por secuestros y torturas a gremialistas cometidos durante la última dictadura cívico-militar, informaron fuentes judiciales.

El máximo tribunal penal del país rechazó los recursos de las defensas de Marcos Jacobo Levin, dueño de esa firma, y de los policías de Salta que cumplían funciones de seguridad en la empresa por las torturas y secuestros de los trabajadores y dirigentes gremiales de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

El tribunal, integrado por los jueces Daniel Petrone, Gustavo Hornos y Alejandro Slokar, desestimó por unanimidad los planteos de las defensas y afirmó que los hechos cometidos en perjuicio de Víctor Cobos, trabajador y representante gremial de la UTA, resultaban crímenes de lesa humanidad.

En esta causa se tuvo por probado que Cobos -quien a la fecha de los hechos se desempeñaba como chofer de la empresa La Veloz del Norte- fue detenido por personal de la Policía de Salta el 22 de enero de 1977 en el galpón de la empresa cuando se disponía a salir de viaje de servicio.

El dirigente fue llevado en un Falcon celeste de propiedad de un directivo o de la empresa La Veloz del Norte a la Comisaría Cuarta en calle Lerma 656 de la ciudad de Salta, lugar en el que fue torturado y permaneció alojado alrededor de una semana; tras lo cual fue trasladado al Penal de Villa Las Rosas, establecimiento del que recuperó su libertad el 19 de abril de 1977.

La víctima relató en el juicio que en su cautiverio “el sufrimiento que padeció es indescriptible. Explicó que las torturas que recibió consistieron en golpes y en la aplicación de picana eléctrica. Sobre los golpes, dijo que conocía el dolor que producían porque, como cualquier persona, en alguna etapa de su vida se había peleado”, según se recordó en el fallo de este 1 de noviembre.

“Tratándose de la picana, en cambio, dijo que el dolor que le provocaba la electricidad era terrible y lo condujo a gritar de una manera de la que nunca imaginó que podría ser capaz. Agregó que mientras se les aplicaba la picana a los detenidos siempre encendían una radio muy fuerte o arrancaban una moto vieja sin escape y la aceleraban, eso para provocar un ruido que tapara los gritos de los torturados”, se recordó.

Según fundamentó el juez Slokar en la sentencia, “los acontecimientos bajo análisis en el presente proceso se inscriben dentro de un contexto ineludible, que parte del enorme porcentual de trabajadores y representantes gremiales dentro de los millares de detenidos-desaparecidos que expusiera el informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) elaborado en 1984, desde donde se reveló el nexo entre la represión ilegal del genocidio dictatorial y la eliminación de derechos laborales”.

Este “diseño represivo se expandió hacia todas las actividades económicas, entre ellas -conforme se observa en el sub lite- la vinculada al transporte colectivo de pasajeros, cuyos trabajadores se encontraban bajo la órbita de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), siendo que la víctima en estos actuados -Víctor Manuel Cobos- revestía el carácter de delegado gremial de 'la Veloz del Norte' -Salta- ante la mencionada corporación de trabajadores al momento de los hechos cometidos en su perjuicio”, argumentó

A la vez, remarcó que “los militares que quebraron el orden democrático y usurparon el Gobierno el 24 de marzo de 1976, en alianza con los sectores más concentrados del poder económico y sus núcleos intelectuales, implementaron dictatorialmente desde una hegemonía neoliberal la reestructuración económico-social más significativa y dramática de la historia reciente, cuyas consecuencias - en continuidades y reversiones- se conservan hasta la actualidad”.

En esa línea sostuvo que “entre los propósitos básicos del golpe de Estado se procuró dinamitar el proceso de industrialización nacional, para lo que se trató de reprimir y hasta aniquilar a dirigentes para el indispensable disciplinamiento del movimiento obrero, de modo de reestructurar las bases económicas, políticas y sociales de un relativo estado de bienestar en el país, con consecuencias persistentes que se proyectaron en posteriores crisis reeditadas”.

“En definitiva, la participación durante la última dictadura de la plana directiva de la empresa La Veloz del Norte en la persecución y represión de sus trabajadores y dirigentes gremiales resulta a todas luces un caso relevante de esos lazos funcionales”, concluyó.

El caso volvió a la Cámara de Casación luego de que el año pasado la Corte Suprema de Justicia revocara la sentencia de ese tribunal que, con otra composición, en 2017 había anulado la condena impuesta al empresario dueño de La Veloz del Norte, y a otros tres policías acusados del secuestro y las torturas al trabajador de la empresa Víctor Cobos.

Levín fue el primer empresario condenado por delitos de lesa humanidad, la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Carlos Mahiques, consideró que los delitos por los que había sido condenado junto con los policías Víctor Almirón, Víctor Bocos y Enrique Cardozo, no calificaban como delitos de lesa humanidad, por lo cual consideraron prescripta la acción penal y revocaron sus condenas.

Ese fallo fue revertido por la Corte Suprema.

Con información de agencias.

IG

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles la condena del dueño de la empresa de ómnibus La Veloz del Norte por secuestros y torturas a gremialistas cometidos durante la última dictadura cívico-militar, informaron fuentes judiciales.

El máximo tribunal penal del país rechazó los recursos de las defensas de Marcos Jacobo Levin, dueño de esa firma, y de los policías de Salta que cumplían funciones de seguridad en la empresa por las torturas y secuestros de los trabajadores y dirigentes gremiales de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

El tribunal, integrado por los jueces Daniel Petrone, Gustavo Hornos y Alejandro Slokar, desestimó por unanimidad los planteos de las defensas y afirmó que los hechos cometidos en perjuicio de Víctor Cobos, trabajador y representante gremial de la UTA, resultaban crímenes de lesa humanidad.

En esta causa se tuvo por probado que Cobos -quien a la fecha de los hechos se desempeñaba como chofer de la empresa La Veloz del Norte- fue detenido por personal de la Policía de Salta el 22 de enero de 1977 en el galpón de la empresa cuando se disponía a salir de viaje de servicio.

El dirigente fue llevado en un Falcon celeste de propiedad de un directivo o de la empresa La Veloz del Norte a la Comisaría Cuarta en calle Lerma 656 de la ciudad de Salta, lugar en el que fue torturado y permaneció alojado alrededor de una semana; tras lo cual fue trasladado al Penal de Villa Las Rosas, establecimiento del que recuperó su libertad el 19 de abril de 1977.

La víctima relató en el juicio que en su cautiverio “el sufrimiento que padeció es indescriptible. Explicó que las torturas que recibió consistieron en golpes y en la aplicación de picana eléctrica. Sobre los golpes, dijo que conocía el dolor que producían porque, como cualquier persona, en alguna etapa de su vida se había peleado”, según se recordó en el fallo de este 1 de noviembre.

“Tratándose de la picana, en cambio, dijo que el dolor que le provocaba la electricidad era terrible y lo condujo a gritar de una manera de la que nunca imaginó que podría ser capaz. Agregó que mientras se les aplicaba la picana a los detenidos siempre encendían una radio muy fuerte o arrancaban una moto vieja sin escape y la aceleraban, eso para provocar un ruido que tapara los gritos de los torturados”, se recordó.

Según fundamentó el juez Slokar en la sentencia, “los acontecimientos bajo análisis en el presente proceso se inscriben dentro de un contexto ineludible, que parte del enorme porcentual de trabajadores y representantes gremiales dentro de los millares de detenidos-desaparecidos que expusiera el informe final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) elaborado en 1984, desde donde se reveló el nexo entre la represión ilegal del genocidio dictatorial y la eliminación de derechos laborales”.

Este “diseño represivo se expandió hacia todas las actividades económicas, entre ellas -conforme se observa en el sub lite- la vinculada al transporte colectivo de pasajeros, cuyos trabajadores se encontraban bajo la órbita de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), siendo que la víctima en estos actuados -Víctor Manuel Cobos- revestía el carácter de delegado gremial de 'la Veloz del Norte' -Salta- ante la mencionada corporación de trabajadores al momento de los hechos cometidos en su perjuicio”, argumentó

A la vez, remarcó que “los militares que quebraron el orden democrático y usurparon el Gobierno el 24 de marzo de 1976, en alianza con los sectores más concentrados del poder económico y sus núcleos intelectuales, implementaron dictatorialmente desde una hegemonía neoliberal la reestructuración económico-social más significativa y dramática de la historia reciente, cuyas consecuencias - en continuidades y reversiones- se conservan hasta la actualidad”.

En esa línea sostuvo que “entre los propósitos básicos del golpe de Estado se procuró dinamitar el proceso de industrialización nacional, para lo que se trató de reprimir y hasta aniquilar a dirigentes para el indispensable disciplinamiento del movimiento obrero, de modo de reestructurar las bases económicas, políticas y sociales de un relativo estado de bienestar en el país, con consecuencias persistentes que se proyectaron en posteriores crisis reeditadas”.

“En definitiva, la participación durante la última dictadura de la plana directiva de la empresa La Veloz del Norte en la persecución y represión de sus trabajadores y dirigentes gremiales resulta a todas luces un caso relevante de esos lazos funcionales”, concluyó.

El caso volvió a la Cámara de Casación luego de que el año pasado la Corte Suprema de Justicia revocara la sentencia de ese tribunal que, con otra composición, en 2017 había anulado la condena impuesta al empresario dueño de La Veloz del Norte, y a otros tres policías acusados del secuestro y las torturas al trabajador de la empresa Víctor Cobos.

Levín fue el primer empresario condenado por delitos de lesa humanidad, la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Carlos Mahiques, consideró que los delitos por los que había sido condenado junto con los policías Víctor Almirón, Víctor Bocos y Enrique Cardozo, no calificaban como delitos de lesa humanidad, por lo cual consideraron prescripta la acción penal y revocaron sus condenas.

Ese fallo fue revertido por la Corte Suprema.

Con información de Télam.

IG