El 5 de noviembre se convirtió en una fecha clave para redireccionar la mirada hacia quienes sostienen, día tras día, redes de cuidado vitales en hogares, comunidades y sistemas de salud. Esta efeméride reconoce tanto a cuidadores profesionales como a cuidadores familiares, muchas veces “invisibles” pese a que, sin ellos, gran parte del bienestar social y sanitario se hubiera debilitado.

La elección de esta fecha data de 2014, cuando se intensificó la campaña para visibilizar la figura del cuidador como actor clave en una sociedad que envejece y enfrenta crecientes demandas de asistencia.

La tarea de cuidar implica acompañar a personas con enfermedad, discapacidad o dependencia, satisfaciendo tanto necesidades físicas como emocionales. En muchos casos, quienes realizan estas tareas no reciben salario, formación ni un reconocimiento justo: son madres, padres, hijas, hijos, vecinos que conjugan responsabilidades laborales, familiares y de cuidado.

En Argentina, como en muchos países de Latinoamérica, buena parte de los cuidados recae en mujeres y en estructuras domésticas informales. Esto genera una doble carga: cuidar y ver cómo su propio bienestar queda en suspenso. Esta jornada invita a reflexionar sobre salarios dignos, formación, apoyo institucional y espacios de respiro para cuidadores.

Más allá del reconocimiento simbólico, el 5 de noviembre es un llamado a la acción, a invertir en la economía del cuidado, promover políticas públicas que reconozcan y apoyen la labor de cuidados y construir sociedades en las que cuidar deje de ser una tarea solitaria y oculta.

Porque cuando los cuidados no se sostienen, se resiente el tejido social, sanitario y humano. Esta efeméride nos invita a agradecer, a entender y a transformar.

NB

¿Cuidar es un derecho humano? La respuesta es un rotundo sí. El 29 de octubre fue declarado como el Día Internacional de los cuidados y apoyos por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2023, con el objetivo de hacer visible a nivel global la relevancia que tienen. Fue el inicio de una decisión de instalar la importancia del trabajo de cuidado para la sostenibilidad de la vida, de la economía y del planeta. También fue el inicio de un impulso y una promoción de las responsabilidades que tienen los Estados respecto a todo lo que implica cuidar a otras personas, resolver la vida cotidiana, de qué manera las personas son cuidadas, cómo se cuidan a ellas mismas y qué apoyos resultan imprescindibles para favorecer el ejercicio de autonomía de las personas con discapacidad. 

Desde el inicio del sistema de protección universal, con la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 en adelante, se establecieron compromisos claros al respecto. En cada Pacto y Tratado Internacional de derechos humanos, tanto del sistema de protección de Naciones Unidas como en el Interamericano, encontramos disposiciones que obligan a los Estados a respetar, proteger y garantizar el derecho que tiene cada persona a vivir una vida digna y libre, que implica el derecho a cuidar, a ser cuidada y a ejercer su autocuidado.  

Los cuidados han atravesado la historia de la humanidad pero, hasta el momento, poco se había hecho para garantizarlos y distribuirlos. Estas actividades fueron históricamente asignadas a las mujeres en los hogares. El cambio de perspectiva implica la necesidad de que sean distribuidas en toda la sociedad, de manera justa y corresponsable. Así, el cuidado debe ser resuelto igualitariamente en los hogares y en la comunidad entre sus responsables, generando también los distintos apoyos para que las personas con discapacidad puedan ejercer su propio derecho al cuidado. El Estado debe garantizarlo no sólo a través de políticas públicas, sino también instar al sector privado y los mercados a un ejercicio justo y corresponsable. 

Con ese mandato, el Estado argentino solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que esclarezca el alcance de las obligaciones en materia de cuidados, en enero de 2023. Este pedido, y su posterior admisibilidad, abrió un período de debate que incluyó la presentación de 130 escritos de amicus curiae con distintos argumentos a favor de su reconocimiento y una audiencia pública que se celebró en marzo de 2024 para exponer los distintos argumentos frente a las y los magistrados de la Corte IDH. De ese proceso participaron ocho Estados de la región (Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Uruguay); la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM); organismos especializados de Naciones Unidas (CEPAL, ONU-Mujeres, ACNUDH, el Comité y el Relator especial sobre los derechos de las personas con discapacidad); organismos de los ministerios públicos de varios países de la región; universidades latinoamericanas y europeas; organizaciones de la sociedad civil, feministas, de las diversidades sexuales y de derechos humanos; colegios de magistrados/as, de abogados/as; y un amplio número de personas interesadas en la agenda de cuidados.

En general no suele ser tan alta la participación en procesos similares en los que se han pedido opiniones consultivas de la Corte IDH, lo que muestra el interés que despierta el reconocimiento del derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Pero aún más notable resulta la contundencia de los argumentos jurídicos y políticos que sostienen la necesidad de que la Corte IDH interprete con amplitud el derecho al cuidado como un derecho autónomo y de satisfacción inmediata, reforzando la agenda de políticas públicas hoy presentes en mayor o menor medida, en cada uno de los países de la región. En efecto, cerca de 15 países de América Latina  cuentan con políticas de cuidados, sean los sistemas nacionales de cuidado, como el caso pionero de Uruguay, o experiencias locales como el sistema distrital de cuidados de Colombia, o diversas instancias en donde los Estados han avanzado en diseñar –o se encuentran haciéndolo- estrategias en base a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho humano al cuidado.   

La misma contundencia tuvo la representación de Argentina, en tanto Estado solicitante, durante las audiencias llevadas a cabo en marzo de 2024 en San José de Costa Rica, solicitando a la Corte IDH que defina estándares de cumplimiento. Sin embargo, pocos meses después, la República Argentina intentó desdecirse pidiendo a la Corte que interrumpa el proceso de debate y que retire el pedido de Opinión Consultiva. Este pedido ha sido rechazado por unanimidad por el Tribunal, exponiendo el desconocimiento del gobierno actual del funcionamiento del sistema interamericano y su intención de deslegitimar su rol a nivel regional.

Nuevamente la contundencia de la agenda de cuidados como global y parte central de derechos humanos ha sido reafirmada por la Corte IDH que seguramente en pocos meses ofrecerá un conjunto de estándares y principios jurídicos respecto al alcance del derecho a cuidar, a ser cuidados y al autocuidado y los sistemas de apoyos necesarios para su ejercicio. Confiamos nuevamente en la voluntad transformadora que tiene el sistema interamericano, que permitirá posicionar a la región como pionera en garantizar el cuidado como trabajo y como derecho humano de cada persona. En un contexto en el que nos quieren volver a convencer de que la violencia de género no existe y que el lugar natural que corresponde a las mujeres es solo el de las tareas del hogar, el Día Internacional de los cuidados y apoyos  es más relevante que nunca.  

La autora es socia fundadora y Presidenta del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desestimó esta semana un pedido que realizó el gobierno de Javier Milei y la decisión del tribunal fue celebrada por organizaciones y especialistas que habían realizado una presentación colectiva en contra de la solicitud gubernamental.

La Argentina, con La Libertad Avanza en la Casa Rosada, había pedido en julio pasado que se retirara la opinión consultiva sobre cuidados, es decir aquellas actividades y atenciones que unas personas le brindan a otras personas que las necesitan (niños, personas que sufren una enfermedad, etcétera) para garantizar su bienestar: el cuidado personal, la atención médica, el apoyo emocional y la asistencia en actividades diarias, entre otros aspectos.

El martes último, a una semana del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, la Corte IDH notificó la resolución –que había sido dictada el 2 de septiembre de 2024– por medio de la cual rechaza la solicitud de retiro planteada por el gobierno de Milei en nombre del Estado argentino.

La resolución del tribunal de rechazar el planteo del gobierno de Milei significa que continúa el proceso iniciado en enero de 2023, en que están involucrados ocho Estados de la región, más de 75 académicos e investigadores, expertos de la sociedad civil, ONG y asociaciones, 34 instituciones académicas, 7 organismos públicos, y 5 órganos regionales e internacionales. Hasta la fecha, se han enviado 130 contribuciones escritas y se han realizado 67 participaciones en audiencias públicas celebradas en marzo en San José de Costa Rica.

El tribunal fundamentó su decisión al indicar que “el Estado u órgano que solicita a la Corte una opinión consultiva no es el único titular de un interés legítimo en el resultado del procedimiento”. Anteriormente, la Corte IDH había expresado que “la facultad discrecional de retener el conocimiento de un caso reside en la Corte, aún cuando la parte demandante le notifique su intención de desistir del mismo”. Esto refuerza la capacidad del tribunal de continuar con el conocimiento de una opinión consultiva.

“Las opiniones consultivas de la Corte IDH son especialmente valiosas para fortalecer la aplicación y la vigencia de los derechos humanos, ya que interpretan y precisan el alcance de las obligaciones estatales sobre derechos que ya existen en los tratados. En el caso de la OC-31, busca delinear estándares de implementación, monitoreo y jurisprudencia para garantizar el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado en toda la región”, destacó la ONG feminista Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la ONG feminista que coordinó la presentación de un amicus colectivo que incluyó a especialistas y organizaciones.

Sostuvieron que “la decisión de la Corte representa una garantía para todos los Estados e instituciones involucradas en el proceso, que han participado de buena fe y con gran compromiso a través de producciones escritas e intervenciones orales”. “Esta resolución brinda seguridad jurídica y fortalece la vigencia de un sistema clave para la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de las democracias en toda la región”, dice el comunicado.

Las organizaciones expresaron su preocupación por la iniciativa del Estado argentino de interrumpir un proceso jurisdiccional iniciado de forma legítima, y señalaron que esto revela un profundo desconocimiento sobre el funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como una contradicción con la postura asumida por el propio Estado en las audiencias celebradas en marzo en San José de Costa Rica. En el mundo hay expectativa por la decisión final de la Corte IDH en relación con la interpretación y alcance del derecho al cuidado.

JJD

Esta efeméride se creó en el año 2014 para reconocer la labor ejercida por cuidadores profesionales y familiares que dan lo mejor de sí mismos en la atención y cuidados a personas para el mejoramiento de su calidad de vida, bien sea por enfermedad, discapacidad o por edades avanzadas.

Una persona cuidadora es aquella que brinda el apoyo requerido para el cuidado de otra persona que se encuentra en situación de dependencia, ya sea de manera transitoria o definitiva, para satisfacer sus necesidades básicas y contribuir a la mejora de su calidad de vida.

Se destacan las modalidades de cuidador profesional y cuidador familiar:

El cuidador profesional o formal es aquella persona que brinda un servicio de atención y asistencia domiciliaria remunerado, que involucra labores domésticas y de auxiliar de enfermería. Aplica conocimientos teóricos y prácticos para el apoyo y acompañamiento en la rutina diaria, así como la atención de las demandas y requerimientos de la persona que cuida.

En cambio, el cuidador familiar es ejercido por un miembro del grupo familiar, un amigo o un conocido de la persona a cuidar. No posee una capacitación formal, no percibe ninguna remuneración y no tiene un horario definido para ejercer las labores de cuidado.

Tradicionalmente la familia ha ejercido un rol relevante en el cuidado de algún miembro del grupo familiar. En algunos países, se estima que el 85% de los cuidadores familiares que se dedican de manera exclusiva al cuidado de un ser querido son mujeres.

Un cuidador profesional es aquella persona que atiende las necesidades y requerimientos de pacientes mediante atención domiciliaria, recibiendo una remuneración por sus servicios. Debe poseer estudios, conocimientos previos y experiencia acerca del cuidado de personas con una condición de dependencia, bien sea por enfermedad, edad avanzada o discapacidad. Entre sus principales funciones mencionamos las siguientes:

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