Carles Puigdemont volvió a la presidencia de Junts después de dos años en los que había preferido no disponer de cargo orgánico. El expresident aprovechó la renovación de la ejecutiva que su partido está llevando a cabo en su tercer congreso para presentarse liderando una dirección que comandará Jordi Turull, como secretario general, cargo en el que ya se ha desempeñado desde 2022. El 90,18% de la militancia avaló la candidatura, que era la única lista que se había presentado.

Además de Puigdemont y Turull, la nueva dirección estará formada por cuatro vicepresidencias, la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, el líder la formación Demòcrates, que se acaba de integrar en Junts, Antoni Castellà, el portavoz de la formación, Josep Rius y la portavoz del grupo parlamentario en el Parlament, Mònica Sales. Además la ejecutiva constará de 25 vocales. Entre estos estará Judith Toronjo como secretaria de organización y Teresa Pallarès en finanzas. Pilar Calvo será además la presidenta del Consell Nacional.

En el partido no esconden que la nueva ejecutiva es un equipo diseñado a la medida de Carles Puigdemont. El expresident decidió ahora oficializar su vuelta al voltante de Junts, aunque en la práctica Puigdemont tomó las riendas en verano de 2023 para negociar el apoyo de sus diputados a la investidura de Pedro Sánchez.

Seis años después de que el Govern de Junts y ERC convocara un referéndum fuera de la ley, de que Carles Puigdemont se fotografiara con los cinco autos del Tribunal Constitucional que iba a desobedecer y de que proclamara una independencia que se autodestruyó en ocho segundos, su partido firmó un acuerdo con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez que incluye una mención expresa y aportada por Junts al artículo 92 de la Constitución.

Si alguien quiere entenderlo como un adiós a la unilateralidad, ese fetiche conservado por el independentismo como si fuera un arma secreta, no estará muy equivocado, aunque tampoco conviene sacar el mantel de las grandes celebraciones. A fin de cuentas, sólo es un acuerdo para arrancar la legislatura.

Para terminar de aclarar las dimensiones del pacto, Puigdemont lo celebró metiéndole varios viajes a Esquerra. Llegó él a la fiesta y solucionó lo que sus torpes aliados y sin embargo enemigos no consiguieron hasta ahora. “Perdimos cuatro años fundamentales”, dijo para criticar la colaboración de ERC con los socialistas en la anterior legislatura. “Vosotros sí que sabéis, no como los botiflers de Esquerra”, le respondió irónicamente Joan Tardà, exportavoz de ERC en el Congreso.

Para confirmar que el ambiente entre las fuerzas independentistas que hicieron posible el referéndum del 1-O está por todo lo alto, Dolors Feliu, presidenta de la ANC, calificó los pactos de Junts y ERC con el PSOE de “españolización de Catalunya”.

El acuerdo se hizo público en Bruselas en el día de la patrona de la villa de Madrid, una coincidencia que sólo se le podía ocurrir a un guionista dispuesto a todo con tal de que hagan la película. En otro asunto en el que se le fue la mano estuvieron las reacciones del Partido Popular, donde hubo una auténtica carrera por aparecer ante los micros o dejar la huella en Twitter. Furia general, como era de esperar, pero también discrepancias muy básicas sobre el sistema político español.

Ya estamos en una dictadura, dijo por la mañana Isabel Díaz Ayuso ante una presentadora de Antena 3 muerta de miedo. “Somos una democracia fuerte, plural y con principios”, opinó unas horas más tarde Alberto Núñez Feijóo. Una cosa o la otra, pero las dos al mismo tiempo parece un poco complicado. No se ponen de acuerdo ni en qué país viven.

Con la amnistía en el saco, de la que sorprendentemente se sigue sin conocer su alcance, se creía que Junts presionaría para obtener algo más sobre un futuro referéndum de independencia, al menos con la intención de sacar pecho frente a ERC. Lo único que aparece en el texto es que Junts propone “un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución”. Lo de que querían otro referéndum ya lo sabíamos. Lo del artículo 92, no exactamente.

Ese breve artículo permite la convocatoria de referendos consultivos “de todos los ciudadanos”. Cada uno de ellos será “convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados”. No es extraño que en la ANC vayan a sacar el excel con la lista de botiflers para añadirle nuevas filas.

“Entramos en una etapa inédita”, aseguró Puigdemont. Ahí tiene razón. Junts ha abandonado la estrategia de confrontación permanente con todo y contra todos de los últimos cuatro años y que terminó llevándose por delante al Gobierno de coalición en la Generalitat. Los ataques que siguen dedicándose ambos partidos hacen pensar que no hay planes de resucitarlo. Sin un acuerdo político básico de ERC y Junts, cualquier estrategia para ganar la independencia está muerta antes de nacer.

Esa etapa puede llegar a ser muy corta. El acuerdo de legislatura podría calificarse de mínimos en la medida en que los firmantes se han dedicado a plasmar por escrito sus discrepancias. En el momento en que Puigdemont crea que el desgaste que sufre es mayor que los réditos, y con la amnistía ya aplicada, se pensará si merece la pena mantenerlo vivo. Al menos en esta ocasión no le caerá en toda la cara un tuit con las 155 monedas de plata. Eso que lleva ganado.

La derecha y la extrema derecha no están para tales sutilezas. Toca golpear los tambores de guerra. Tampoco es una novedad. Los indultos ya fueron un ataque al Estado de derecho y una quiebra de la separación de poderes, así que la amnistía sólo puede ser categorizada como lo mismo, pero multiplicada por cien.

Feijóo declaró que el pacto niega que “España sea un Estado de derecho” y que “los independentistas están ganando y el PSOE ha desaparecido”. Esto último ya lo dijeron en abundantes ocasiones en la campaña electoral y no les sirvió de mucho.

¿Qué dijo Pablo Casado cuando se aprobaron los indultos? “Del Partido Socialista histórico ya no quedan ni las raspas”, afirmó. El entonces líder del PP estaba convencido hace dos años de lo que iba a pasar inmediatamente después: “Los independentistas volverán a realizar un segundo procés después de que Sánchez haya debilitado al Estado”.

Aún se está esperando el segundo procés. El Estado sigue estando donde estaba. La verdad es que el argumentario del PP no se renueva mucho.

A la hora de buscar algo de originalidad en el éxtasis patrio, conviene ir sobre seguro y prestar atención a lo que diga Díaz Ayuso. Después de decir por la mañana que ha llegado la dictadura, pasó revista a todas las instituciones que, según ella, lo solucionarán todo. Tomen nota: “El rey Felipe VI, los poderes legislativo y judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas y la Unión Europea”. Los ve como el Dream Team que colaborará con la derecha, lo que en su mente quiere decir con España.

“No hay una sola coma del credo independentista más rabioso que no se asuma”, dijo. Es curioso que uno de los mayores amantes de la presidenta madrileña en la prensa –Salvador Sostres en ABC– haya escrito que es “un mal día” para el independentismo, porque Sánchez se ofrece a negociarlo todo, pero no se compromete a nada.

“Por ofensiva que resulte la impúdica desfachatez presidencial, desde el lado independentista éste es un pacto de rendición de banda que sabe que ha perdido y busca un aterrizaje en la realidad sin que se note que claudica”, escribe Sostres. Puigdemont ha hecho lo mismo que hizo Oriol Junqueras, dice. Ha obtenido una salida personal que le convierte en “una pieza más del engranaje del Estado”.

La independencia de Catalunya está tan lejos como lo estaba antes de las elecciones de julio. Si esto es una victoria rotunda de los independentistas, la verdad es que se han visto funerales más animados. Si esto es el inicio de una legislatura que durará cuatro años, habrá que verlo para creerlo.

El pacto entre el PSOE y Junts supone “abrir una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña”, según señala el documento del acuerdo al que tuvo acceso elDiario.es y que fue adelantado por el programa de televisión laSexta. Para ello, en ese pacto se establece una mesa de negociación entre ambos partidos que incluya un mecanismo para “acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue”.

En el acuerdo político firmado la pasada madrugada, el PSOE y Junts pactan los desacuerdos tras muchos días de tiras y aflojas y hacen un relato diferente de los hechos del denominado procés. Así, mientras para la formación del expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont es “legítimo el resultado y el mandato” del 1-O, los socialistas dejan claro su rechazo a la “legalidad y validez del referéndum y de la declaración de independencia”.

En esta negociación política a la que se comprometen de ahora en adelante sobre el encaje territorial de Cataluña se tratará, según el acuerdo firmado, sobre dos grandes asuntos: la “superación de los déficits y limitaciones del autogobierno” y “las relativas al reconocimiento nacional de Cataluña”. En el mismo acuerdo Junts ya hace una declaración de intenciones cuando adelanta que reclamará un referéndum pactado y un pacto fiscal para Cataluña.

En el documento firmado y que será presentado oficialmente este jueves, los socialistas y los independentistas catalanes constatan que ambas formaciones parten de “posiciones divergentes”, a pesar de lo cual se comprometen a desarrollar “una dinámica para la resolución” del conflicto “en términos diferentes a los de la última legislatura y procurar la gobernabilidad durante la XV legislatura”.

En el documento del acuerdo político, que aún no incluye los detalles de la ley de amnistía que será presentada la semana que viene, se expone que el gran ciclo de movilizaciones independentistas tiene su origen en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que tumbó el “estatut· catalán. ”La sentencia del TC del año 2010 conllevó que hoy Cataluña sea la única comunidad autónoma con un estatuto que no ha sido votado íntegramente por su ciudadanía. Como reacción, se produjo una gran manifestación de protesta y, desde 2015, se han ido repitiendo mayorías absolutas parlamentarias independentistas en el Parlament en las sucesivas elecciones autonómicas, así como movilizaciones masivas de signo independentista“, se describe.

El texto continúa señalando a los gobiernos del PP. “Lamentablemente, los gobiernos de entonces no favorecieron la negociación política”, se apunta respecto a las propuestas antes de describir los hechos ocurridos en 2017. “Tras estos hechos, las instituciones catalanas promovieron, primero, una consulta popular el 9 de noviembre de 2014 y, después, un referéndum de independencia el 1 de octubre de 2017 –ambos suspendidos y posteriormente anulados por el TC– con una participación masiva en favor de la independencia de Cataluña. El intento del Gobierno de impedir el referéndum dio lugar a unas imágenes que nos impactaron a todos dentro y fuera de nuestras fronteras”.

“Una oportunidad histórica”

En el segundo punto del documento pactado entre Junts y ERC, las formaciones lideradas por Pedro Sánchez y Carles Puigdemont vuelven a subrayar que, a pesar de “las profundas divergencias que han existido y que han dado lugar a un conflicto”, la conclusión compartida es “que solo la política en democracia puede encauzar para buscar una solución, dado que, seis años después, la cuestión de fondo sigue sin resolverse”.

“A pesar de las discrepancias estructurales que existen dada la distancia entre nuestros proyectos nacionales”, se prosigue, “estamos preparados para abrir una nueva etapa en la que, a partir del respeto y el reconocimiento del otro, se busque una solución política y negociada al conflicto”. Sobre esas vías bilaterales basadas en la negociación entre el Gobierno de España y la Generalitat y entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes, se insiste de manera reiterada en que “la resolución” del conflicto “debe ser negociada y acordada”, una renuncia implícita a la vía unilateral que caracterizó al desenlace del procés en 2017.

Sin embargo, es llamativo el encabezado del epígrafe de los “acuerdos” que registra el documento. En ese punto las dos formaciones exponen abiertamente las profundas diferencias respecto a la visión política de lo ocurrido en 2017, con un rechazo explícito de los socialistas a la vía unilateral y una mención a la ilegalidad del referéndum del 1O y la de la DUI, y una defensa encendida de ese procés por parte de Junts.

Tras semanas de negociaciones, y a falta de un relato común, el documento refleja lo siguiente: “Junts considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. Por otro lado, el PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral”. Y, sin embargo, “constatan que se pueden alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones”.

Para el proceso de negociación que ahora debe abrirse ambas partes admiten partir de una situación de “desconfianzas mutuas”, ante las cuales acuerdan un mecanismo de mediación. “PSOE y Junts han acordado dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue”.

Respecto a los contenidos específicos que serán materia de negociación de ahora en adelante, el acuerdo se centra en “la superación de los déficits y limitaciones del autogobierno y las relativas al reconocimiento nacional de Cataluña”. Y se acotan los temas a abordar en una primera reunión que ya se fija para este mismo mes de noviembre.

“Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución”. Una propuesta que el PSOE rechaza de plano: “Por su parte, el PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña”.

En el capítulo de autogobierno, queda reflejado que “Junts propondrá de entrada una modificación de la Ley Orgánica de Financiación” autonómica (LOFCA). que establezca una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña. Y, por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña“. 

A falta de cerrar un acuerdo global con el resto de formaciones que apoyarán la investidura respecto a la ley de amnistía, en el pacto entre Junts y el PSOE se defiende la medida de gracia “para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato”.

“Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos”, prosigue, antes de hacer referencia a uno de los principales escollos que han dilatado la negociación en los últimos días. “Se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.

“La ley de amnistía está acordada”, ha explicado este jueves el 'número 3' del PSOE, Santos Cerdán, en rueda de prensa desde Bruselas, donde ha matizado que antes de su registro “la tienen que ver el resto de grupos” que la van a apoyar. “Por eso no la presentamos”, ha matizado. Lo que ha sucedido durante la semana por las imputaciones por terrorismo a Carles Puigdemont ha sido determinante para obligar a las partes a hacer una relectura de la ley de amnistía. No obstante, Santos Cerdán ha asegurado que la “ley está acordada”. Ahora son “el resto de partidos” que apoyarán la investidura “los que tienen que revisarlo”, informa Irene Castro.

El acuerdo contempla, finalmente, el apoyo de Junts a la investidura de Pedro Sánchez así como “a la estabilidad de la legislatura, sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones en los dos ámbitos permanentes señalados en el punto segundo”. 

Quince semanas de negociaciones

Tal y como adelantó elDiario.es, PSOE y Junts han anunciado este jueves el pacto político que permitirá a Pedro Sánchez garantizarse la investidura en un Pleno del Congreso que se convocará para la semana que viene. La ley de amnistía, el principal pacto entre ambas fuerzas y el que más ha retrasado su cierre final, también será presentada y registrada la próxima semana.

El acuerdo se produce 15 semanas después de las elecciones y a 18 días de que expire el plazo límite –el próximo día 27–, tras el cual serían convocadas automáticamente unas nuevas elecciones generales para enero. Respecto a la amnistía, tras dilatarse las conversaciones en los últimos días a cuenta de varios escollos respecto al perímetro de la medida de gracia, los equipos negociadores desplazados en Bruselas, donde reside el expresident de la Generalitat y eurodiputado Carles Puigdemont, han rematado los flecos pendientes y han acordado que la oficialidad del pacto de investidura se produzca este mismo jueves, en mitad de una durísima ofensiva política y judicial en los últimos días, aderezada de protestas ultras violentas a las puertas de las sedes socialistas.

El pacto de hoy llega después del proceso de investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo, que fracasó en su intento de ser investido presidente el pasado 29 de septiembre, al no lograr más 'síes' que 'noes' en la votación del Congreso en la que solo obtuvo el apoyo de Vox, de Coalición Canaria y de UPN, además del de sus propios diputados.

Sánchez había lanzado este miércoles una llamada al acuerdo de investidura en plena escalada de acoso a los socialistas. “Hechos como los que estamos viviendo nos reafirman, con más fuerza si cabe, en la necesidad de sacar adelante un gobierno de coalición progresista”, dijo.

PSOE y Junts terminaron de cerrar definitivamente el acuerdo político que negocian desde hace tres meses para hacer posible la investidura de Pedro Sánchez. Según fuentes de la negociación, ese acuerdo será anunciado oficialmente este jueves. Esas mismas fuentes insisten en que la ley de amnistía sigue sin estar cerrada y que, en todo caso, será presentada la próxima semana.

Tras dilatarse las conversaciones en los últimos días a cuenta de varios escollos respecto al perímetro de la medida de gracia, los equipos negociadores desplazados en Bruselas, donde reside el expresident de la Generalitat y eurodiputado Carles Puigdemont, limaron las últimas asperezas y acordaron que la oficialidad del pacto de investidura se produzca de manera inminente.

Las fuentes al corriente de esa negociación consultadas por este periódico y que dan por cerrado el acuerdo, detallan además que el anuncio de la presentación de la ley de amnistía, que sigue negociándose, tendrá lugar ya la semana que viene, cuando también está previsto que se lleve a cabo la investidura. En los próximos días la presidenta del Congreso, Francina Armengol, debe hacer oficial esas fechas de los plenos para investir a Pedro Sánchez.

Con los trabajos ya muy adelantados desde hace semanas, una presión que arreciaba por tierra, mar y aire, y una vez Junts había dejado claro que ya había trastocado el calendario inicial de Pedro Sánchez, que contaba con que las negociaciones irían más rápido, era cuestión de horas que se formalizase el anuncio.

A la ofensiva judicial del CGPJ y de la Audiencia Nacional se ha sumado en los últimos días las protestas alentadas por Vox en las calles de Madrid y hasta una carta del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, en la que pide información al Gobierno sobre la ley de amnistía antes de que se presente. PP y Ciudadanos se han arrogado el mérito de esta inédita petición.

Ahora, una vez se oficialice el acuerdo, deberán avalarlo las bases de Junts, aunque en la dirección consideran que no debería haber problema para que lo hagan porque no solo se tratará de un pacto que ha negociado Puigdemont, el nombre con mayor ascendencia en este espacio, sino que además se ha implicado a Laura Borràs en las conversaciones y confían en que eso pueda frenar las tentaciones de desmarque de los sectores más duros del partido.

Sobre el retraso en las negociaciones durante los últimos días a cuenta de los escollos encontrados sobre la dimensión de la ley de amnistía, los independentistas insisten en que las prisas del PSOE nunca fueron las de Junts. El equipo de negociadores, con Puigdemont al frente, han insistido siempre en que, por más que se especulase con las fechas sobre la presentación de la proposición de ley sobre la amnistía o la convocatoria del pleno de investidura, la presión no les afectaba.

La foto del ministro Félix Bolaños con Oriol Junqueras, con ERC atribuyéndose avances en la ley de amnistía que Junts consideraba que los republicanos no debían apropiarse, ralentizaron las conversaciones. A la competición entre Junts y ERC se sumó un elemento no previsto: la decisión del juez Manuel García Castellón de vincular un muerto por infarto con el “terrorismo” de Tsunami Democràtic.

Pero lejos de hacer zozobrar las posibilidades de pacto, las dos partes negociadoras han mantenido intactas sus intenciones de salvaguardar las conversaciones de cualquier influencia externa para concretar ya un acuerdo que se prevé oficializar este jueves.

El propio Pedro Sánchez había lanzado este miércoles una llamada a ese acuerdo de investidura en plena escalada de acoso a los socialistas. “Hechos como los que estamos viviendo nos reafirman, con más fuerza si cabe, en la necesidad de sacar adelante un gobierno de coalición progresista”, apuntó. El mensaje, remitido en una carta a la militancia del PSOE, sirvió para reafirmar la voluntad intacta del presidente en funciones de rematar con Junts el entendimiento de cara a un acuerdo.

“Si algo demuestran estos días tan aciagos que estamos pasando es la necesidad de que salga adelante, que este país sea gobernado por el PSOE desde la razón y desde los principios que siempre hemos defendido: la libertad, la democracia y la convivencia”, les dijo también en persona a los trabajadores de la sede de la calle Ferraz, a los que quiso trasladar su apoyo ante unas “intimidaciones” que, según apuntó, “no conseguirán amedrentar a los socialistas”.