Con el CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, en el escenario, los industriales terminaron de sellar este jueves su venia a las reformas que impulsa Javier Milei en el ámbito impositivo y laboral. El magnate hizo guiños para la rebaja de gravámenes y la flexibilización laboral, aunque también se tomó un momento para reclamar “una política industrial”, ausente en los casi dos años de gestión libertaria.

Al participar de la 31 Conferencia Industrial de la UIA, el empresario dueño de una de las mayores fortunas del país -un patrimonio de 5.800 millones de dólares- dijo que “estamos entrando en un nuevo ciclo de intervención activa, en un mundo inestable” y que “como país implica volver a pensar en términos de política industrial”. “Esto significa pensar desarrollos sectoriales, áreas que hay que defender y áreas donde es necesario promover la transformación, intervención activa y proyectos de largo plazo”, señaló.

Habló de dos fases en la gestión de Milei, marcando la victoria libertaria en las urnas. Dijo que “todos nosotros podemos construir un diálogo constructivo con el Gobierno en una segunda fase, después de una primera exitosa fase de estabilización de la macro”.

Dijo que “el Gobierno está haciendo un fuerte reordenamiento de la macroeconomía” y que a esto hay que “asociarlo con una política industrial, un término que en Argentina ha sido desprestigiado por todos los abusos y falta de transparencia, intervenciones”, lo que despertó el aplauso del auditorio.

En medio del inicio de la discusión sobre las reformas impositiva y laboral que aún está confeccionando el Gobierno, Rocca pidió menos gravámenes. “La industria necesita reducir la carga impositiva, reducir la informalidad, tenemos que ampliar la base de recaudación con el principio absoluto de equilibrio fiscal y de mantener un peso del Estado acotado pero distribuir la carga sobre un sector muchísimo más amplio”, apuntó. “Esto ayudaría a reducir la carga impositiva que hoy es una piedra para todos”, remarcó.

Y abogó por la flexibilización laboral que propone la Casa Rosada. “Tema laboral es una reforma muy importante, también al corazón de esto está el tema de la informalidad”, subrayó. “Una reforma laboral debería apuntar a reducir la informalidad, reducir la litigiosidad y permitir flexibilidad que incremente la productividad”, planteó.

MC

Tras la voluntad del Poder Ejecutivo de convocar a sesiones extraordinarias, en Casa Rosada piensan en un potencial desdoblamiento de las fechas para tratar en tandas las principales reformas y proyectos de ley que aspiran a sancionar en el segundo tramo de la gestión. 

El Gobierno quiere tratar el Presupuesto 2026 durante diciembre, desde el 10 al 31 del mes, e incluir el debate por el proyecto de presunción de inocencia fiscal, presentado como “Plan de Reparación Histórica de los ahorros de los argentinos”.

En los planes, el presidente Javier Milei busca cambiar el régimen y blindar la normativa simplificada del impuesto a las Ganancias para los que tienen dólares fuera del sistema financiero los reintroduzcan sin recibir sanciones económicas ni persecuciones penales, según informa la agencia Noticias Argentinas.

Si bien el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tiene intenciones de extender las sesiones en enero, lo más probable es que durante ese mes haya un parate y la actividad se retome del 1 al 28 de febrero. 

Para el segundo mes del año, la administración libertaria apuesta a tratar las reformas de segunda generación, aún sin brindar precisiones del detalle de las mismas, y trabaja para aprobar cambios tributarios, laborales y en última instancia, previsionales.  

Otra “transformación” clave que intentarán pasar en febrero son las modificaciones al Código Penal, en las que trabajó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para endurecer las penas, combatir el narcotráfico y la corrupción, entre otros puntos. 

En los nuevos contactos con los gobernadores establecidos por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, los flamantes funcionarios receptaron la insistencia por aprobar el decreto para aplicar cambios en la reglamentación de la Ley de Glaciares, con la idea de extender las áreas habilitadas de explotación.

“Es necesario concluir con el decreto reglamentario de la Ley de Glaciares o una nueva ley que vaya al Congreso de la Nación, estableciendo que sean las provincias la autoridad de aplicación para determinar lo que es un glaciar”, reclamó Marcelo Orrego, mandatario de San Juan, a la salida de su visita a Casa Rosada.

Sin embargo, no es el único. También adhieren al pedido las autoridades de las provincias mineras de Catamarca, Salta, Jujuy y Santa Cruz.  

A la espera de la formalización del llamado a prolongar las sesiones, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la reciente electa senadora Patricia Bullrich, quien a partir del 10 de diciembre se transformará en la jefa de bloque de La Libertad Avanza, ya activan sus primeras reuniones para avanzar en la resolución del temario durante el primer tramo del año. 

Con información de agencias.

IG

El gobierno de Javier Milei propuso una reforma impositiva que será lo más peleado del debate parlamentario en la sesión de este jueves de la Cámara de Diputados, que arrancó a las 12.26 con 131 diputados sentados en sus bancas, dos más que los necesarios para que haya quórum.

La Cámara baja podrá aceptar los cambios que le realizó el Senado, como cámara revisora, al paquete fiscal y a la ley de Bases, o bien insistir en la redacción de la media sanción del 30 de abril. La Casa Rosada, y particularmente al Palacio de Hacienda, que conduce Luis Caputo, están especialmente interesados en el paquete fiscal porque la suerte que definan los diputados incidirá directamente en las arcas públicas, en un contexto en que plata no sobra y las variables macroeconómicas, así como los tipos de cambio “libres” y el riesgo país, están empeorando.

Además del proyecto de ley de Bases (privatizaciones, reforma laboral, facultades especiales para el Presidente, RIGI, etcétera), el dictamen del paquete fiscal tendrá en el recinto de la Cámara baja cuatro votaciones en total, empezando por el artículo 111, sobre gastos tributarios, que busca eliminar los regímenes especiales de provincias como Tierra del Fuego (aunque es casi imposible que se logre avanzar ya que este artículo fue rechazado en la Cámara alta con las dos terceras partes de los votos y Diputados debería insistir con la misma mayoría para restablecer la redacción original).

La segunda votación en particular será la del impuesto a las Ganancias y seguidamente se pondrá en votación Bienes Personales. La última votación será para el resto del articulado de la ley Fiscal en su conjunto.

Más allá de cuál sea el formato final que adopten las iniciativas de Bases y Fiscal, Javier Milei tendrá al cabo de la sesión su primer par de leyes aprobadas. Pero el contenido de ambas leyes —y especialmente del paquete fiscal— es algo a lo que se deberá prestar atención.

Ganancias

La restitución del impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría, propuesta por el Gobierno, significa que volverán a pagar este impuesto los trabajadores asalariados cuyos ingresos mensuales sean de a partir de $1,8 millones en bruto en el caso de los solteros y de a partir de $2,2 millones en bruto para los casados con dos hijos.

Este es un punto clave en términos fiscales ya que, de concretarse, la recaudación se incrementaría en un 0,5% del PBI —y además es un impuesto coparticipable, por lo cual la mayoría de los gobernadores está especialmente interesada en que se apruebe, es decir que Diputados insista en su media sanción, ya que el Senado directamente rechazó esta parte del paquete fiscal—.

La base de apoyos que sustenta la expectativa oficial es similar a la conseguida en la media sanción de fines de abril, cuando se consiguieron 132 votos afirmativos.

Bienes Personales

A su vez, la disminución en las alícuotas de Bienes Personales y el aumento del piso tienen como objetivo principal incentivar el blanqueo de capitales aprobado en el Senado. En el proyecto original, el piso a partir del cual se debería pagar el impuesto a los Bienes Personales subía a $100 millones (desde los $27 millones) y se proponía una baja de alícuotas a un rango que va del 0,5% a 1,5% (hoy llega al 1,75%).

También eliminaban las diferencias entre bienes locales y en el exterior, que hoy pagan una alícuota que llega al 2,25%, además de un programa de beneficios para pagos adelantados que aspiraba a sumar recaudación en el corto plazo. 

Nueva moratoria impositiva

El denominado Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social facilita el pago voluntario de deudas fiscales, aduaneras y de seguridad social, ofreciendo beneficios según el tipo de deuda y modalidad de adhesión. Los contribuyentes pueden acogerse al régimen para deudas vencidas hasta el 31 de marzo de 2024.

Blanqueo de capitales

El Régimen de Regularización de Activos es un sistema que permite a los residentes fiscales en Argentina al 31 de diciembre de 2023 regularizar sus activos, incluyendo moneda, inmuebles, acciones, títulos, bienes muebles e intangibles, tanto en Argentina como en el exterior. El proceso se divide en tres etapas con diferentes plazos y alícuotas (5%, 10%, 15%) aplicables, y se establece un umbral de US$100.000, por debajo del cual no se aplica la alícuota. La adhesión implica presentar una declaración jurada con los bienes regularizados y pagar el impuesto especial correspondiente.

Cambios en el monotributo

El paquete fiscal establece modificación al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). Introduce medidas para actualizar los importes máximos de facturación y otros parámetros del régimen simplificado, facilitando la reincorporación de pequeños contribuyentes excluidos desde enero de 2024.

Los nuevos montos de facturación van desde $6.450.000 para la categoría A hasta $68.000.000 para la categoría K, y los valores mensuales del impuesto integrado a ingresar varían desde $3.000 para la categoría A hasta $735.000 para la categoría K en prestaciones de servicios y $245.000 para la venta de cosas muebles. Además, se actualizan los parámetros de ingresos, superficie y consumo energético para cada categoría.

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor

Obliga a los comerciantes a discriminar el IVA en las facturas a consumidores finales, a partir de enero de 2025. Se busca mejorar la claridad y transparencia en la aplicación del impuesto al valor agregado, facilitando al consumidor final la comprensión del componente impositivo de sus compras.

Otras Medidas Fiscales

Incluye disposiciones adicionales para la regulación de honorarios en deudas en discusión administrativa o judicial y mecanismos para solicitar el archivo de actuaciones judiciales una vez regularizada la deuda. También se establecen condiciones específicas para la apertura de cuentas especiales para la regularización de activos. Se busca ofrecer herramientas adicionales para la gestión y el pago de deudas fiscales, asegurando un marco normativo que facilite el cumplimiento y regularización de obligaciones por parte de los contribuyentes.

IV/JJD

Guillermo Francos se mostró confiado en que el Senado avanzará entre y hoy mañana con el dictamen de comisiones al proyecto de ley de Bases y al paquete fiscal, de modo que ambos expedientes queden listos para ser debatidos en el recinto entre el miércoles 5 y el jueves 6 de junio. “Creo que hemos llegado a un consenso”, dijo el empoderado jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, en el Congreso, adonde fue por la mañana a mantener una reunión con funcionarios, senadores y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, en su despacho.

Las declaraciones de Francos se produjeron en la previa de la reunión del plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, otra más para seguir discutiendo ambas iniciativas de la Casa Rosada, que están en trámite en la Cámara alta desde hace un mes y que, en caso de que sean aprobadas, como serán modificadas respecto de las redacciones aprobadas en Diputados, deberán volver a esta cámara de origen para que sean ley.

Francos se reunió con senadores dialoguistas, los que contribuirán a que el proyecto de ley de Bases y la reforma impositiva sean aprobados (porque La Libertad Avanza tiene apenas 7 de los 72 senadores). Del encuentro participaron, además de Villarruel, el secretario ejecutivo de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi; y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Ibarzabal Murphy.

Estuvieron los senadores Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado y presidente del plenario de comisiones; el jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche; y los dialoguistas Juan Carlos Romero, Carlos Arce, Carlos Espínola, Luis Juez y Eduardo Vischi; además del secretario parlamentario Agustín Giustiniani.

“Hay un dictamen de comisión que se va a circular, en el que hay acuerdos aparentemente suficientes como para aprobarlo”, dijo Francos a periodistas antes de volver a su despacho en la Casa Rosada, y agregó que “los senadores resolverán si lo circulan mañana para su tratamiento”.

“Venimos teniendo reuniones, hubo encuentros en las que se han tomado muchos puntos que plantearon los senadores, muchos puntos que fueron planteados también por las distintas entidades que vinieron al Senado durante todo este mes. Y me parece que hemos llegado a una posición ya avanzado el periodo de tratamiento, con bastante consenso como para emitir dictamen”, agregó el funcionario, que fue ministro del Interior desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el lunes último.

Agitación en la calle

Mientras los senadores seguían debatiendo los dos proyectos de Milei en el Senado, afuera del Palacio del Congreso se produjeron disturbios. elDiarioAR pudo registrar un momento en que la Policía intentó dispersar a manifestantes en la plaza con un camión hidrante. La televisión, además, mostró imágenes de manifestantes siendo reprimidos por policías en Callao al 100, a la vuelta del Congreso.

Fue una marcha organizada por la izquierda y, en particular, por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna). La policía se llevó detenida a una persona.

El portal Prensa Obrera, además, reportó que la policía disparó balas de goma y que la diputada Romina Del Plá, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, resultó herida.

JJD

El proyecto de ley Bases y el paquete fiscal están a la deriva. Tras el entusiasmo de La Libertad Avanza por la media sanción de Diputados del 30 de abril último, los expedientes chocaron en el Senado con una distribución de fuerzas menos favorable a los planes del Gobierno y una mirada más fina a la letra, con duras críticas al blanqueo y al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Además, al parecer el cabildeo del oficialismo se concentró en el primer tiempo del partido y se desinfló en el segundo. Javier Milei, así las cosas, está en camino a pasar su primer medio año como Presidente sin haber logrado que el Congreso le apruebe sus leyes fundacionales, las que todo gobierno por lo general consigue en su primer mes de gestión.

La idea del oficialismo era que esta segunda versión de la ley Bases (la primera fracasó en febrero en el recinto de Diputados por falta de consenso) y el paquete fiscal (que había sido retirado días antes por el ministro de Economía, Luis Caputo) fueran convertidos en ley por el Senado hoy, jueves 16 de mayo. Pero no: esta es la segunda semana consecutiva de reuniones del plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales que termina sin dictamen.

“Hoy, políticamente no tienen dictamen, no tienen el número”, dijo a elDiarioAR un senador clave de la oposición. El argumento del oficialismo es distinto: “El dictamen se bajó por las demoras del plenario. No hay dictamen, al menos hoy”, afirmaron, en alusión a la larga ronda de invitados expositores que pasaron por el plenario del Senado a pedido del kirchnerismo.

Como sea, el trámite legislativo se postergará, entonces, al menos una semana más en el Senado; con lo cual si el jueves próximo juntaran el número, se podría abrir el recinto recién el jueves 30 —porque en la Cámara alta cumplen el reglamento que establece un gap de siete días entre dictamen y sesión—; y como además se le realizarían modificaciones a ambos proyectos, deberían volver a la Cámara baja, donde por supuesto el futuro es aún más incierto, porque no saben qué les devolverán.

“Tiren la ley Bases, vamos a lograr todo a pesar de la política”, lanzó Milei en abril, temerario, como si lo único que tuviera verdaderamente relevancia es la política económica. Sin embargo, el posible fracaso, por segunda vez, de su ley ómnibus —ahora en el Senado— podría ser interpretado como una señal alarmante para los inversores, porque evidenciaría la incapacidad de su gobierno para establecer fundamentos robustos que impulsen una verdadera transformación de la Argentina, como promete.

Milei pretendía que la ley Bases y el paquete fiscal estuvieran vigentes para ser los laureles del “Pacto de Mayo”, como denominó al acuerdo que llamó a los gobernadores a firmar con él el 25 de mayo próximo, en Córdoba. Pero al ser informado de que esa coincidencia no sería posible, relativizó la importancia de realizar ese acuerdo federal el mismo 25 de mayo, como había fechado el 1 de marzo último, y dijo que a lo mejor podría hacerse “en junio o en julio”. Por estas horas, de hecho, nadie sabe si efectivamente el “Pacto de Mayo” se realizará o no la semana que viene, porque la Casa Rosada arroja versiones contradictorias al respecto.

Milei convocó al “Pacto de Mayo” —al que de movida no asistirán ya unos seis gobernadores— después del estrepitoso fracaso de su primera ley ómnibus, en la sesión de Diputados del 6 de febrero, con el objetivo de ganar tiempo político y otorgarles margen a sus diputados y senadores, y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, para que con sus funcionarios pudieran avanzar en negociaciones con la oposición dialoguista y, por fin, sacar adelante ese proyecto y la reforma impositiva. El tiempo pasó y el objetivo sigue sin cumplirse.

Al mediodía de este jueves, mientras se desarrollaba otra reunión del plenario de comisiones con invitados, la vicepresidenta Villarruel recibió al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y al ministro del Interior, Guillermo Francos, en su despacho del primer piso de la Cámara alta. De ese encuentro se hizo saber que el deseo del oficialismo es que se firmen los dictámenes la semana próxima para poder llamar a sesión el miércoles 29 o el jueves 30. Por lo pronto, el plenario continuará el próximo martes a las 14, con más invitados y sin certezas.

JJD

“Hay acuerdo y se está avanzando con la redacción. Pero no dan los tiempos para apurarlo hoy”. El diagnóstico que salió de un despacho importante de La Libertad Avanza en el Congreso marca el tono con el que el oficialismo encabezará este jueves otra vez la cuesta arriba de buscar tener dictamen para la ley Bases y el paquete fiscal de Javier Milei. La agenda oficial plantea para hoy el último tramo de expositores invitados que darán su opinión sobre las iniciativas, pero no hay certezas entre los libertarios de que el Gobierno conseguirá el ansiado despacho en las comisiones para ir a sesionar la semana que viene. Esto hace que, con suerte, el Senado le pueda dar sanción a ambas propuestas recién en la última semana del mes, post “Pacto de Mayo” --o la deriva narrativa que encuentre la Casa Rosada para el sábado 25--. Con todo, las reformas que desregulan la economía recién podrían ser ley en junio, ya no este mes, porque deberían volver a Diputados para ser ratificados los cambios de la Cámara alta.

El paso de ayer del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, por el recinto de la Cámara alta no aceleró las negociaciones con los opositores aliados (el PRO, la UCR, los bloques federales y provinciales). Una fuente parlamentaria que lo cruzó aseguró que en los pocos minutos que hubo de receso cerca de las 13, el funcionario “fue solamente al baño”. Sí estuvo con otra ímpetu recorriendo los pasillos del Palacio su segundo, José Rolandi. Es el encargado del poroteo y de juntar los apoyos, reconocieron al lado de la vicepresidente Victoria Villarruel, ahora desdibujada en la negociación.

En el oficialismo reconocen que aún “hay trabas” en blanqueo de capitales que incluye el paquete fiscal. Y también en el RIGI, el régimen para inversiones de más de US$ 200 millones que contempla una gran cantidad de perdones impositivos durante tres décadas. Habría habido algunos avances en la cuestión de la reforma previsional y ajustes en la reforma laboral, aunque los detalles de las negociaciones se mantienen bajo siete llaves. El oficialismo sí acercó posiciones tácticas con el radicalismo al asegurar el presupuesto de las universidades, aunque en la UCR afirmaron a este medio que eso no estaría dentro de la ley Bases. También en La Libertad Avanza dijeron haber tenido conversiones auspiciosas con algunos bloques federales, como el que conduce el entrerriano Edgardo Kueider. Con la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri también hubo contactos y ayer ella tendió la mano: le dijo a Posse que quería ser una “oposición constructiva”.

“Va a haber acuerdos si la ley corrige las asimetrías que tiene de origen y si en el proyecto final se tiene en cuenta la situación de la clase media con deducciones; si hay reformas al blanqueo; si el RIGI protege la industria nacional; si incorporamos una recomposición de los haberes para los jubilados y los pensionados, que fueron los que más han perdido en este periodo; si hay financiamiento para las universidades”, dijo anoche en TN el radical Maximiliano Abad, que tiene un juego autónomo del jefe del partido y también senador, Martín Lousteau.

En la misma pantalla, el senador libertario Francisco Paoltroni (Formosa) defendió el blanqueo e hizo una llamativa analogía con la tragedia de Los Andes de 1972: “Si nosotros nos vamos a poner a juzgar a todos los que comieron carne humana en la cordillera... Bueno, acá, ¿sabes qué? Quedaban todos muertos”. El oficialista dijo que “los argentinos que necesitan blanquear son supervivientes” y indicó que ellos son “los empresarios”.

Los tiempos mileístas

Ya pasó la primera quincena de mayo y los senadores no sólo no han firmado los dictámenes para ambas iniciativas sino que les introducirán una gran cantidad de cambios. Esto significará que, en caso de conseguir el número para su aprobación en general —y también al articulado—, ambos proyectos deberán ser devueltos a la Cámara baja, que según la Constitución podrá aceptarlos o insistir en su redacción orginal por la misma mayoría con que fueron aprobados en el Senado.

Javier Milei asumió como presidente de la Nación hace cinco meses y seis días y todavía no tiene aprobada su ley ómnibus, esa ley fundacional de cada gobierno nuevo, que en su caso se da en llamar Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Ni esa iniciativa ni la reforma impositiva, que el ministro de Economía, Luis Caputo, bautizó como paquete fiscal. Todo sigue empantanado en el Congreso, donde los planes del Poder Ejecutivo chocan no solamente contra su propia situación de hiperminoridad (La Libertad Avanza tiene menos del 15% de los diputados y menos del 10% de los senadores) sino también con la resistencia de una oposición variopinta a la que, más allá de sus diversos intereses, tampoco le gusta que todas las semanas desde un atril los traten de “coimeros” y “delincuentes”.

La Cámara baja le dio media sanción a los dos proyectos el 29 de abril, después de que el 6 de febrero la primera versión del proyecto Bases fuera devuelto a comisiones por falta de consenso, en plena sesión. El objetivo del Gobierno era que el Senado les diera sanción definitiva en la primera quincena de mayo para que las dos leyes sean la ofrenda floral del “Pacto de Mayo”, ese acuerdo federal al que con pompa y circunstancia convocó el presidente Milei el 1 de marzo pasado, ante la Asamblea Legislativa, un decálogo de 10 compromisos para ser suscripto con los gobernadores. Pero el cronograma falló.

En ese contexto, después de la media sanción de la Cámara de Diputados, contra el entusiasmo del principal negociador, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y otros funcionarios, el trámite parlamentario se trabó en el Senado, cámara donde no sólo los gobernadores tienen un mayor predicamento sino que está integrada por figuras que sin responder a ningún gobierno provincial tienen peso propio y son más difíciles de convencer. El Senado nunca es fácil. Ahora desde la Casa Rosada dejaron trascender que el evento del 25 “se hará igual” aunque sin los gobernadores y legisladores.

JJD/MC

El Gobierno abrió el paraguas por la tormenta que se le avecinaba. La intención explícita de posponer el Pacto de Mayo para después del próximo 25 –hasta el presidente Javier Milei lo deslizó ayer– buscó estratégicamente bajar la presión interna que había para que el Congreso sancionara de manera exprés la ley Bases y el paquete fiscal. Ante el escollo que le está significando la negociación de sus proyectos con los bloques aliados en el Senado, la Casa Rosada salió del laberinto por arriba.

Por eso el lunes fue a la Cámara alta el número 2 de Nicolás Posse, José Rolandi, y ayer fue su coequiper, María Ibarzabal Murphy, secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo de la Jefatura de Gabinete. Rolandi e Ibarzabal volvieron a ocupar en las últimas horas el rol de negociadores y escribas de una nueva versión de la ley Bases, como ya hicieron en Diputados en la previa a su media sanción. 

La presencia de las espadas de Posse en la Cámara alta fue sigilosa, a la par que por el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Legislación General pasaron en las últimas 48 horas muchos expositores que dieron su opinión sobre los proyectos de ley. En su mayoría fueron invitados por la oposición, y sobre todo por el ala dura de Unión por la Patria: La Libertad Avanza no aportó ni siquiera una voz para hacer olas a sus iniciativas.

El rol de los funcionarios del Ejecutivo fue recolectar en los bloques amigables su pliego de cambios a los textos para ver cómo incorporarlos en un nuevo dictamen, supo elDiarioAR. En los hechos significa que el Gobierno ya está redactando una nueva versión de la ley Bases y del paquete fiscal. Con esos cambios los proyectos deberán volver a Diputados para su sanción definitiva. Sin el deadline del 25 de mayo, ayer ya se estimaba que los dictámenes podrían firmarse incluso la semana próxima, en vez de mañana, como era el plan B cuando al oficialismo se le cayó la posibilidad de tener despachos el jueves de la semana pasada y sancionar en estos días.

Rolandi e Ibarzabal visitaron a las voces más críticas de los bloques del PRO, la UCR y las fuerzas federales y provinciales. De allí el Gobierno tiene que rascar sus apoyos porque apenas tiene 7 senadores propios de los 72 que hay en el hemiciclo (sólo el kirchnerismo tiene 33, cuatro menos que el quórum). Entre los contactos estuvieron la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri, quien la semana pasada cuestionó en muy duros términos el blanqueo y el RIGI. Fueron los mismos puntos que remarcó en contra el radical Martín Lousteau. 

Uno de los despachos visitados por el Ejecutivo ayer fue el del entrerriano Edgardo Kueider, jefe del bloque Unidad Federal, donde también militan el correntino Camau Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo. Otros apoyos codiciados por el Gobierno son los de los senadores patagónicos, que reclaman contra la imposición del impuesto a las Ganancias. Allí son clave la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell, más los legisladores que ostenta el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. Además necesita del salteño Juan Carlos Romero, que suele hacerle guiños al oficialismo.

La posibilidad de que el dictamen se conozca recién la semana próxima es una posibilidad que se pondera en la oposición. Es el panorama que ve la senadora Tagliaferri, supo elDiarioAR. “Difícil que el jueves pueda estar redactado el dictamen con modificaciones, pero eso no supone en absoluto que la ley esté en peligro”, señalaron en su despacho. Los “peros” que puso la legisladora son llamativos porque rompió el alineamiento irrestricto que tuvo el PRO con LLA en Diputados. Sin embargo su voto es clave porque el bloque amarillos apenas tiene 6 senadores y está conducido por un extrapartidario: el cordobés Luis Juez.

El radicalismo también está inmerso en una discusión interna para alinear su posicionamiento hacia las leyes del Gobierno. El ruido que generó Lousteau obligaron al ministro Guillermo Francos y a Lule Menem, mano derecha de Karina Milei, a acercarse el viernes pasado al Senado. A su vez se generó una tensión puertas adentro con el jefe del bloque Eduardo Vischi. Por eso ayer la UCR tuvo una reunión de bloque para limar asperezas y darle un feedback concreto a la Rosada. “Se está trabajando sobre algunos puntos para llegar a una posición unificada como bloque”, comentaron desde la bancada radical a este medio.

“Está todo muy verde. A ninguno de los tres les gusta cómo vinieron las leyes”, se recogió en el bloque de Unidad Federal. “Ibarzabal se llevó nuestros reclamos pero hasta ahora no nos trajeron respuestas”, completaron en ese espacio. 

Antes que abroquelar los apoyos para la votación en el recinto, el oficialismo necesita generar los apoyos para el dictamen, porque allí también tiene muy poco volumen político. Apenas tres firmas de casi 30. “Siguen las negociaciones y avanzan con la redacción de dictamen con modificaciones solicitadas”, aseguró a elDiarioAR una fuente libertaria muy al tanto de las conversaciones con la oposición cercana. La tarea de recolectar las firmas llamativamente no tiene como protagonista a la Victoria Villarruel, en otro episodio que genera ruido entre la vice y la Casa Rosada. Sí están involucrados el presidente provisional Bartolomé Abdala y el jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche.  

Al desanudar Milei discursivamente la sanción de la ley Bases y el paquete fiscal del Pacto de Mayo, entre los libertarios respiraron con alivio: “No vamos a apurar el dictamen. Apenas estén las firmas, sale el dictamen. Estamos cerca”, se confió el operador consultado. Y explicitó el ánimo interno: “Si no es el jueves (por mañana), será la semana que viene. Total ya se sacaron la presión del Pacto de Mayo”.

MC/JJD

La Cámara de Diputados le dio media sanción a un paquete fiscal, que tiene principalmente cinco grandes reformas impositivas: una moratoria, un blanqueo de capitales, modificaciones al impuesto a las Ganancias, a los Bienes Personales y al monotributo.

El sesgo de la propuesta del Ejecutivo, según especialistas, resulta muy claro: otorga enormes beneficios impositivos para quienes incumplieron las normas tributarias y para quienes mayor patrimonio tienen mientras que aumenta la presión impositiva a los sectores de mitad de tabla para abajo. El resultado sería, de completarse la aprobación en el Senado, un sistema tributario más regresivo.

En esta nota, todos los puntos principales, en detalles.

Impuesto a las Ganancias

• Se restablece el impuesto para la cuarta categoría, con un nuevo piso de $1.800.000 para solteros y $2.200.000 para casados con hijos. Con esta modificación, quienes cobren más de $1,8 millones bruto por mes volverían a tributar el impuesto, que fue eliminado para los trabajadores que de mejores ingresos (una medida que pedía la CGT) en septiembre de 2023, gracias a una reforma del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, que estaba en plena campaña electoral presidencial.

Además, las deducciones personales y las escalas de alícuotas se actualizarán semestralmente. Y se elimina la exención de horas extras y de bonos por productividad.

Monotributo

El texto aprobado por Diputados elimina el monotributo social. Esta categoría fue creada para promover la formalización de los sectores de menores ingresos permitiéndoles facturar y acceder a ciertos derechos afrontando un pago mínimo de $3.200. Son algo más de 600.000 trabajadores que facturan menos de $175.000 mensuales. Si este proyecto llegara a aprobarse, pasarían a abonar $26.600: 8 veces más. Un incremento muy oneroso para un sector vulnerable que lo condenaría a recurrir a la informalidad. 

Para el resto de los monotributistas, se incrementan las escalas de facturación, pero también los importes a pagar por mes: para la categoría A, el aumento del impuesto integrado sería de 119%.

Además, se incrementan los topes de facturación hasta un 300%; se agregan tres nuevas categorías para prestadores de servicios, permitiendo facturar hasta $68 millones anualmente, y se elimina la excepción de ingresar el impuesto integrado para las categorías A y B.

Bienes Personales

Es considerada la zanahoria para que los ricos saquen los dólares de abajo del colchón –o de las cajas de seguridad–: se reducen las alícuotas del impuesto a los Bienes Personales: no sólo no abonarán nada si depositan los dólares en el banco sino que anualmente pagarán por esa tenencia cada vez menos.

Actualmente, al impuesto a los Bienes Personales lo pagan solamente algo más de 400.000 contribuyentes, menos del 1% de la población total del país, con alícuotas que van de 0,5% a 1,75% para bienes en Argentina, con una penalidad de 0,5 puntos porcentuales extra para los bienes radicados en el exterior. 

Según los datos provistos por el secretario de Hacienda, sólo 125.000 contribuyentes pagan la alícuota máxima de 2,25%. Sin embargo, en el nuevo esquema propuesto, es a este sector al que más se lo beneficia: para 2023 la alícuota máxima baja a 1,5% (0,75 puntos porcentuales menos que lo vigente), con reducciones graduales hasta llegar al año 2027 con una alícuota única de 0,25%. 

El proyecto prevé un Régimen de “pago anticipado” del impuesto por 5 períodos fiscales: se paga por el patrimonio actual (y no por lo que vaya a aumentar en los próximos años), sólo se tributa 0,45% por año, es decir, 2,25% total. También les ofrecen estabilidad fiscal hasta 2038: el Estado no podrá cobrar una alícuota superior al 0,25%, limitando así la capacidad de futuros gobiernos de gravar el patrimonio. Todo ello sin beneficio aparente: no se resigna recaudación para impulsar algún sector económico, una inversión productiva o una región determinada, es solamente una transferencia de ingresos a un reducido grupo de mayores ingresos.

Se modifica el mínimo no imponible a $100.000.000; se unifica la alícuota para bienes en el país y en el exterior, eliminando el tratamiento diferencial, y se establece un beneficio para contribuyentes cumplidores con una reducción del 0,25% en la alícuota.

Blanqueo de Capitales

En cuarto lugar, el proyecto contempla una “Regularización de activos”, es decir, un “blanqueo de capitales” a una tasa irrisoria. Hasta US$100.000 el impuesto a pagar es cero y por el excedente se cobra una alícuota de 5, 10 o 15% según el período temporal en el que se ingrese al blanqueo, sin importar los montos declarados.

Para el efectivo que sea depositado en entidades financieras o en sociedades de bolsa, el costo del blanqueo también es cero si no retiran el dinero hasta el 31 de diciembre de 2025. Este beneficio no presenta ningún tope: es decir, es sin cargo tanto para quien blanquea US$10.000 como para quien blanquea US$100.000 o US$1 millón. 

Se podrán regularizar activos en el exterior sin penalidades y con alícuota 0% hasta US$ 100.0008 y se ofrecen beneficios significativos, incluyendo la exoneración de acciones civiles y penales por delitos tributarios.

Moratoria Fiscal

Este “Régimen de Regularización Excepcional” es una moratoria para deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social, que permitiría mediante condonación de intereses y planes de pago regularizar la situación ante el fisco. 

Se permitirá pagar obligaciones impositivas y de la seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2024 en hasta 84 cuotas y se condonará la totalidad de las multas y hasta el 70% de los intereses.

JJD

“Tiren la ley Bases, vamos a lograr todo a pesar de la política”, lanzó Javier Milei la semana pasada, temerario, como si no le importara lo que pase en el Congreso, como si lo único que tuviera verdaderamente relevancia es la política económica. Aunque su desprecio por la política en general y por la dinámica legislativa en particular pareciera inquebrantable, el posible fracaso, por segunda vez, de su ley ómnibus podría ser interpretado como una señal alarmante para los inversores, porque evidenciaría la incapacidad de su gobierno para establecer fundamentos robustos que impulsen una verdadera transformación de la Argentina, como promete. Por caso, cuatro meses y medio ya han transcurrido bajo la gestión libertaria y aún no se aprobó ninguna ley.

Por eso hoy, a partir de las 11, se volverá a poner a prueba la capacidad del gobierno de Milei para llevar adelante sus reformas, con una sesión en la Cámara de Diputados que se espera que sea maratónica (podría durar dos días o más) y en cuyo temario figuran un nuevo proyecto de ley Bases, acotado y mucho más negociado que el anterior, y un paquete de reformas impositivas.

La expectativa es alta pero también lo es la preocupación: la Argentina transita una confrontación entre el modelo económico libertario como “solución” al estancamiento de la economía y una realidad política y social que demanda mayores consensos y una protección a los más vulnerables, con una pobreza que se estima que ya supera el 50%, y a una muy castigada clase media.

El jueves, el presidente de la Cámara de Diputados, el riojano Martín Menem, convocó a la sesión especial tras confirmarse que, después de intensas semanas de discusiones y tensiones políticas, el oficialismo y los sectores de la oposición más dialoguistas (el PRO; la UCR; Hacemos Coalición Federal, el bloque que conduce Miguel Pichetto, e Innovación Federal, una bancada que responde a algunos gobernadores) alcanzaron por fin un acuerdo sobre un texto consensuado para la ley Bases y para el paquete fiscal.

Este acuerdo se materializó en un dictamen al proyecto Bases que el jueves último, en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, recogió 61 firmas, aunque varias de estas se expresan disidencia, lo que sugiere posibles dificultades para la aprobación de ciertos artículos del proyecto.

La resistencia a varios puntos de la redacción es, precisamente, lo que llevó a que la propuesta original, enviada el 27 de diciembre por la Casa Rosada, fuera aprobada en general durante la sesión del pasado 6 de febrero, pero luego remitida nuevamente a comisiones, porque varios artículos venían siendo rechazado y así la ley corría el riesgo de convertirse en una “cáscara vacía”.

El fracaso de la primera versión de la propuesta fundacional de la gestión libertaria fue un claro indicio de su incapacidad para articular un acuerdo sólido con la oposición: dejó en evidencia la situación de hiperminoridad en que se encuentra el oficialismo y que, por lo tanto, la negociación política es su gran desafío para la gobernabilidad, a pesar de la postura combativa del presidente Milei, quien no duda en calificar a los opositores que eventualmente apoyarán la ley con términos despectivos como “delincuentes”, “parásitos” y “coimeros”.

Privatizaciones y reformas laboral e impositiva

La nueva redacción de la ley Bases incluye facultades especiales para el Presidente y privatizaciones. Durante su campaña, Milei prometió privatizar todas las empresas estatales excepto Aerolíneas Argentinas, argumentando que nadie la compraría y que sería entregada a los empleados. Sin embargo, tras asumir el cargo, incluyó a Aerolíneas en la lista de 41 empresas estatales a privatizar. A lo largo de las discusiones parlamentarias, la lista se redujo a 11 empresas, con diferentes modalidades de privatización, no todas completas. Al final, se decidió vender completamente sólo cuatro empresas: Aerolíneas, Enarsa, Intercargo, y Radio y Televisión Argentina (RTA), que comprende a Radio Nacional y la Televisión Pública. Además, se concesionarán cinco empresas más y se venderá parcialmente, manteniendo el control estatal, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

Por otro lado, el Gobierno tuvo que abandonar sus planes de privatizar el Banco Nación y cerró la agencia de noticias Télam. Tampoco serán privatizadas Arsat, BICE, Casa de Moneda e YPF, entre otras.

A su vez, la reforma laboral que incluye la ley Bases establece la eliminación de multas adicionales en indemnizaciones por despido de trabajadores no registrados, la extensión del periodo de prueba hasta un año dependiendo del tamaño de la empresa, y la creación de la figura de “trabajador independiente con colaboradores”, permitiendo hasta cinco colaboradores sin relación de dependencia. Además, se permite a los sectores empresariales y sindicatos reemplazar las indemnizaciones por despidos con un fondo de desempleo a través de convenios colectivos.

La reforma excluyó medidas previas como la posibilidad de despedir sin indemnización a empleados involucrados en bloqueos o tomas, y no incluyó la declaración de la educación como servicio esencial. La UCR falló en su intento de incluir un mínimo no imponible para cargas patronales y eliminar la cuota solidaria obligatoria a sindicatos.

Por separado de la ley Bases, el paquete fiscal que también se debatirá en el recinto a partir de este lunes incluye, entre otras iniciativas, una modificación a la ley del Impuesto a las Ganancias, que busca que los trabajadores con ingresos más elevados vuelvan a estar sujetos a este tributo.

Entre las medidas más destacadas también se encuentra la modificación del monotributo, la implementación de un nuevo blanqueo de capitales, una moratoria y reducciones en el Impuesto a los Bienes Personales. Estas medidas han generado controversia, especialmente por la postura del Presidente respecto a la evasión fiscal: recientemente, en una conferencia que brindó ante empresarios, llamó “héroes” a quienes fugan capitales del país.

Dado que se debatirán dos paquetes legislativos de gran envergadura, se anticipa que la sesión del lunes se prolongará al menos hasta el día siguiente, y no se descarta que pueda extenderse hasta el miércoles, con cuartos intermedios.

Durante los primeros cuatro meses y medio del mandato del presidente Milei, el Congreso no ha logrado sancionar ninguna ley, lo que pone de manifiesto la importancia y la urgencia de alcanzar resultados legislativos.

La sesión de la Cámara de Diputados de este lunes es decisiva: la capacidad del gobierno de Milei para transitar el estrecho sendero entre la audacia reformista y la necesidad de consenso democrático será puesta a prueba.

JJD

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) reclamó la rápida implementación de “reformas integrales y de profunda transformación” para que el país sea “viable”.

“AmCham Argentina resalta la necesidad de introducir rápidamente reformas integrales y de profunda transformación, para hacer de Argentina un país viable”, señaló la entidad a través de un comunicado.

Asimismo, afirmaron que “estas medidas deberán establecer un marco propicio para el incentivo a la inversión privada, el incremento de la producción y los servicios, el aumento del empleo privado formal, la disminución progresiva de los niveles de pobreza y la integración de nuestra sociedad”.

El documento difundido contiene 10 propuestas a las que consideró de imprescindible cumplimiento:

1. Un modelo de país con reglas de juego estables, predecibles y consistentes en el tiempo. Con políticas de Estado que promuevan la inversión, mejoren la competitividad para aumentar el empleo, terminen con la pobreza y la exclusión social y encaminen a la Argentina en la senda del desarrollo sostenible.

  2. Reconstrucción del funcionamiento de una sociedad basada en valores y en los principios de honestidad y de integridad. Una ética republicana del Estado focalizada en observar el cumplimiento de la ley, respetar la división de poderes garantizando la independencia y autarquía económica del Poder Judicial, rendir cuentas de la gestión, y en establecer mecanismos de plena transparencia y acceso a la información pública, garantizando la libertad de prensa.

  3. Rol de un Estado eficiente y centrado en respetar la forma representativa republicana y federal de gobierno, resguardando la seguridad de los habitantes, su libertad y sus bienes. Proveer a la prosperidad del país, a su progreso económico y humano, intervenir en la modernización de su infraestructura, asegurar la soberanía monetaria y en desarrollar y potenciar al sector privado, promoviendo el funcionamiento de mercados transparentes, y la libre decisión empresarial evitando así intervenciones distorsivas e innecesarias.

  4. Implementación de un plan de estabilización macroeconómica, que mitigue la volatilidad de los mercados, restablezca el equilibrio de los precios relativos de la economía, implemente políticas fiscales y monetarias para reducir la inflación y contengan la emisión monetaria, y presupuestos que garanticen el superávit fiscal. Es necesario reestablecer las condiciones para normalizar el stock de créditos comerciales y financieros, la reinserción financiera internacional y la sustentabilidad de la deuda pública interna y externa. En resumen, implementar políticas de responsabilidad fiscal y de reglas monetarios sustentables.

  5. Una reforma impositiva y laboral a nivel nacional, provincial y municipal, con el objetivo de equiparar derechos y obligaciones, simplificar procesos, eliminar impuestos y gravámenes distorsivos, y adecuar la regulación a los modelos laborales del siglo XXI; creando un entorno basado en los principios de equidad y progresividad.

  6. Medidas concretas para reducir la informalidad laboral e impositiva, a través de controles sistémicos y efectivos. En simultáneo, reducir la abrumadora carga fiscal que pesa sobre el sector formalizado de la economía, en particular la pequeña y mediana empresa. El ejercicio de controles eficaces, combinados con esquemas laborales e impositivos flexibles, simples y equitativos, permitirá aumentar los recursos fiscales del Estado, mejorar la competitividad del sector privado y fortalecer el crecimiento de la actividad económica y del empleo.

  7. Revisión de los esquemas de incentivos y promoción al comercio exterior, focalizados en aquellos productos o servicios innovadores y con claras ventajas competitivas. Apertura e integración inteligente a un mundo globalizado e interconectado, mediante la implementación de nuevos acuerdos comerciales sustentables.

  8. Eliminación inmediata de los esquemas que encarecen, restringen o prohíben las exportaciones, así como las importaciones de nuestros insumos o productos, preservando el respeto a la propiedad privada y el ámbito propio de las empresas. Es fundamental que exista un esquema económico que permita que los precios de los bienes y servicios de nuestra economía se construyan sin injerencias arbitrarias del Gobierno y en un marco empresarial competitivo.

  9. Preservación del derecho a la salud de todos los habitantes, pero a través de una reforma integral del Sistema sanitario, que permita potenciar la red pública de atención, dando máxima prioridad a la atención primaria y estableciendo medidas concretas para garantizar la sostenibilidad en la atención de las enfermedades crónicas. Que articule jurisdicciones basado en el concepto federal de gobierno y promueva incentivos para integrar eficazmente los sistemas públicos con los privados, maximizando recursos y haciéndolos económica y financieramente viables y sustentables.

  10. Mejorar fuertemente la calidad educativa según estándares internacionales, garantizar una sólida formación cívica realizando la evaluación sistemática y periódica del funcionamiento del sistema educativo, de la capacitación y las prácticas docentes y de los aprendizajes alcanzados por los alumnos, condiciones indispensables para la inserción plena de los educandos en la sociedad del conocimiento y su integración social. Asimismo, promover una fuerte vinculación entre educación y actividad productiva. Esto supone, dotar de recursos al sistema educativo para que desarrolle una infraestructura y una gestión eficiente, permitiendo remunerar dignamente a sus maestros y profesores.

Convencidos de las propuestas

“Estamos convencidos que estas propuestas garantizarán el desarrollo sostenible del país para nuestras futuras generaciones, en especial para los sectores más vulnerables”, afirmó AmCham.

La Cámara subrayó que “para que un país pueda progresar y desarrollarse, es esencial que todos los actores de su sociedad, públicos y privados, cada uno desde su lugar, hagan sus aportes sobre los que se construyan un proyecto común de sociedad”.

“Desde AmCham Argentina solicitamos al próximo Gobierno que priorice las iniciativas aquí propuestas y se aboque a la búsqueda de consensos para resolver los problemas estructurales que hoy afectan a todos”, agregó el comunicado.

Para finalizar añadió que: “Una vez más insistimos en que una eficiente articulación entre el sector público y privado es la única manera de alcanzarlo, y por ende estamos dispuestos a contribuir en la construcción de políticas de Estado que puedan concretar la transformación social y económica que nuestro país se merece”.

Con información de NA.

IG