El gobierno de Pedro Sánchez trata de impedir que el PP y Vox logren imponer en Jumilla (Murcia) un veto al rezo musulmán en espacios públicos. Como ya ocurrió antes con otras administraciones en temas como el derecho al aborto o las leyes de memoria, el Ejecutivo central pone en marcha su maquinaria institucional para garantizar “los principios constitucionales de libertad religiosa, igualdad y neutralidad administrativa” que, a su juicio, vulnera la moción municipal impulsada. Por eso, este lunes anunció un requerimiento al Ayuntamiento de la localidad murciana en el que insta directamente a la anulación de la medida.

“Desde el Gobierno de España, enviamos un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia, para que anule la moción que impide la celebración de actos que la comunidad musulmana venía realizando desde hace años. El requerimiento se ha enviado esta mañana, con informe jurídico del ministerio de Política Territorial”, señaló el ministro Ángel Víctor Torres, que avisó de que los populares ponen en peligro un derecho constitucional. “Ante la intolerancia no hay medias tintas. PP y Vox no pueden decidir para quién sí hay libertad de culto y para quién no”.

La moción aprobada el pasado 28 de julio, que ha generado un gran revuelo y ha contado incluso con el rechazo explícito de Conferencia Episcopal, prohíbe el uso de las instalaciones municipales deportivas para actos de la comunidad musulmana de la localidad. Un paso que el Gobierno entiende que atenta “contra la libertad religiosa”. El requerimiento, coordinado con los ministerios de Justicia y Política Territorial, sostiene que la normativa sí permite la utilización del polideportivo para actividades socioculturales y defiende que “las razones objetivas esgrimidas no se sustentan”.

Para el Ejecutivo, de hecho, “se restringe de forma arbitraria” una celebración que se venía realizando desde hace años, vulnerando el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana. “La verdadera intención discriminatoria del acuerdo se puede observar tanto en el texto original como en las declaraciones del portavoz de Vox, que se ha jactado de prohibir festividades musulmanas”, explica el Gobierno.

Por tanto, Moncloa considera evidente que lo ocurrido es “una nueva vulneración de derechos y libertades fundamentales por parte de gobiernos locales y autonómicos de la derecha y la ultraderecha donde tiene que intervenir el Gobierno de España en favor de la Constitución”. Y por eso advierte al PP y a Vox de que está dispuesto a recorrer la senda de un nuevo choque institucional en los tribunales. “Frente a la deriva extremista de PP y Vox, defendemos la Constitución, los derechos y la libertad religiosa. Frenaremos sus medidas ultras, como hicimos ante trabas al aborto en Castilla y León o la censura en Murcia”, avisó en sus redes el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Tras un final de curso especialmente turbulento para el Ejecutivo, la escalada antinmigración del PP en tándem con Vox le ha supuesto una oportunidad para pasar a la ofensiva. Y por eso entra al choque frontal con los de Feijóo. “Combatiremos política y jurídicamente cualquier iniciativa que intente ir minando los derechos y libertades e introducir a España en una dinámica autoritaria, en línea con otros países donde la ultraderecha ha ocupado posiciones de gobierno”, explican desde el Gobierno.

En rueda de prensa, la Delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, explicó que ahora el ayuntamiento tiene un mes para contestar al requerimiento del Gobierno. En el caso de que el consistorio no atienda la petición, “el próximo paso será lo que nos determinarán los servicios jurídicos y la abogacía del Estado”.

Mientras, la dirección del Partido Popular intenta sacudirse una polémica que genera debate incluso entre sus propias filas. Desde la dirección de la calle Génova aseguran defender “la libertad de culto” y expresan su “máximo respeto a todas las confesiones religiosas”, un discurso que compatibilizan con evitar criticar la moción aprobada por la propia formación en Jumilla. A pesar de que la moción llevaba en el titular el rechazo a la llamada “fiesta del cordero” y a que fue inicialmente impulsada por Vox con claras alusiones al veto islámico, el PP asegura ahora que con la redacción final “no veta absolutamente nada” porque “no se habla de confesiones”.

Sin embargo, el texto aprobado, que finalmente fue una enmienda del PP al presentado por la extrema derecha, sí utiliza términos claramente excluyentes. El primer punto habla de una supuesta “identidad” española, sin especificar a qué se refiere, y dice respetar únicamente la religión “tradicional” del país que, aunque no se concreta en la iniciativa, se refiere a la católica. Lo que pide literalmente es lo siguiente: “Instar al equipo de gobierno a promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosas tradicionales en nuestro país”.

Ahora, el Ejecutivo espera una respuesta formal del Ayuntamiento de Jumilla al requerimiento presentado este lunes. En caso de que el PP decida mantener la moción en vigor, el paso previsto es un recurso que abra la vía de lo contencioso-administrativo entre el Ayuntamiento de Jumilla y el Gobierno central.

En Jumilla, un municipio de poco más de 25.000 habitantes en el altiplano murciano, España, el Ayuntamiento —gobernado por el Partido Popular— aprobó recientemente una medida que prohíbe la celebración de festividades religiosas en espacios públicos. Aunque la norma afecta en teoría a todas las confesiones, su aplicación fue selectiva: las dos grandes festividades del calendario islámico, el Eid al-Fitr y el Eid al-Adha, la Fiesta del Cordero y el fin del Ramadán, fueron vetadas en instalaciones municipales como el pabellón polideportivo. La decisión, inédita hasta la fecha en la Región de Murcia, fue interpretada por numerosos colectivos como un gesto de islamofobia institucional.

El contexto no es neutro. Jumilla ha sido escenario de una escalada de tensión en las últimas semanas, en paralelo a lo sucedido en Torre Pacheco, donde se han producido disturbios, agresiones y discursos de odio dirigidos contra la población musulmana tras la propagación de bulos racistas en redes sociales. La alarma ha llegado hasta la comunidad islámica en su conjunto, que denuncia una deriva peligrosa hacia la exclusión y el señalamiento político.

Para entender el alcance de esta situación, hablamos con Mounir Benjelloun, presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI). Benjelloun denuncia la falta de recursos, la ausencia de canales institucionales reales de representación y una islamofobia que -en sus palabras- ya no se disimula: “Estamos viviendo una persecución planificada”, asegura.

–¿Cómo están viviendo en la Comunidad Islámica los acontecimientos de las últimas semanas?

–Para nosotros es lamentable que se esté dando un cambio tan grande en la clase política y en la administración pública, y también en una parte de la sociedad, que se está inclinando a un discurso tan peligroso, ya no solo para los musulmanes, sino para todo el país, es un paso atrás en el ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales, entre ellos la libertad religiosa.

–¿Cree que esto se va a ir replicando en más municipios?

–Bueno, por algo se empieza. La ideología ultraderechista no tiene otro fin que arremeter contra toda cuestión que tenga que ver con el islam y con los musulmanes de este país. Han emprendido un camino que nos pone a todos en peligro. Lo que pasa en Jumilla y lo que ha pasado en Pacheco es lo que define a esta gente, solo quieren borrar del mapa español todo lo que tenga que ver con el islam y los musulmanes. Algo que, por cierto, es muy difícil, porque el legado musulmán español es extensísimo y está por todas partes. El islam ha estado aquí durante 850 años, Murcia es una ciudad con nombre árabe fundada en una época en la que la España musulmana era la única luz en una Europa apagada por la Edad Media. Todo el desarrollo científico, social y cultural que se produjo aquí es de herencia islámica. Creo que todo esto va a ir a más.

–¿Se ha acelerado la islamofobia en los últimos meses?

–Por eso digo que la cosa va a ir a más, porque se está empezando a normalizar el odio, y el problema es que no se está haciendo gran cosa para impedirlo. No vemos una intervención muy urgente por parte del Estado cuando hablamos de islamofobia o delitos de odio. No hay más que mirar lo que ha ocurrido en Torre Pacheco. Eso es simple y llanamente terrorismo, porque el terrorismo consiste en aterrorizar a las personas con fines políticos, y no se ha actuado como se debería. Todo esto atenta contra los principios de este gran país. A nivel de Fiscalía no vemos que haya nada que esté dispuesto a frenar esto.

–¿Qué margen deja la vía jurídica para que puedan defenderse? ¿Han previsto acciones legales para revertir la decisión?

–De momento, nada, porque no recibimos subvenciones ni un solo euro por parte de nadie, cosa que limita nuestro acceso a un derecho como es el asesoramiento jurídico, poner pleitos y hacer demandas. Todo eso cuesta mucho dinero, los abogados tienen que cobrar sus honorarios y no podemos afrontar, como comunidad, el ejercicio al derecho a la defensa. No disponemos de medios económicos como sí tienen otras confesiones religiosas. Por eso recurrimos al trabajo de abogados que se ofrecen a ayudar, pero no tenemos recursos para enfrentarnos a esto.

En ese sentido, la situación de los musulmanes en España es dramática. Todas las confesiones tienen derecho a recibir dinero de la casilla de la Renta para mantener sus infraestructuras, pero los musulmanes no tenemos; somos la fe más desfavorecida; sociológicamente también lo somos, y es que ahora, políticamente, también. Se está dando una persecución planificada y a veces nos sentimos muy desamparados.

La fe musulmana en España se profesa gracias a los obreros que se levantan a las 6 de la mañana y vuelven a las 8 y pagan su cuota mensual para mantener el templo.

–¿Cree que es necesario que los musulmanes en España tengan representación política?

En absoluto. Nosotros no queremos mezclar política y religión; cada ciudadano musulmán debe tener la ideología que mejor le parezca. Pero una representación, digamos más institucional, como la Conferencia Episcopal, que tiene su estructura, sus presupuestos, sus mecanismos… El teléfono al que me está llamando usted ahora lo pago yo todos los meses, es mi teléfono personal, y represento a más de quinientas comunidades islámicas en toda España. Es verdad que no queremos una representación política como tal, pero qué menos que haya un teléfono al que poder llamar.

¡Con las mezquitas pasa lo mismo! Muchas veces son espacios que cede algún vecino para que los demás las podamos usar. La fe musulmana en España se profesa gracias a los obreros que se levantan a las 6 de la mañana y vuelven a las 8 y pagan su cuota mensual para mantener el templo.

–Ante esta prohibición de Jumilla, y tratándose de fiestas tan, entre comillas, multitudinarias, ¿se hace imposible su celebración al no poder utilizar el espacio público?

–Fíjese la que se ha montado por solicitar utilizar un polideportivo dos veces al año durante cuarenta y cinco minutos. Estamos hablando de las dos fiestas más grandes del mundo musulmán, nadie podría imaginar que en un país de derechos democráticos como este puedan ocurrir este tipo de cosas.

–Y, en su opinión, ¿qué cree que distingue la aconfesionalidad de un país con la exclusión religiosa? ¿Dónde se dibuja la línea entre el laicismo y la discriminación?

–España tiene un modelo aconfesional muy bueno. Nosotros, cuando viajamos al extranjero, hacemos congresos y hablamos fuera de aquí, hablamos muy bien de este país porque goza de un sistema que garantiza la libertad religiosa de sus ciudadanos. Consideramos que esta forma de Estado es mejor que el laicismo porque sí que discrimina más a las personas con una confesión religiosa en general, pero este modelo era el que daba a credibilidad a España como país garante de las libertades y como un modelo de convivencia entre religiones que se lleva dando desde los tiempos de Al Andalus.

El problema creo que no está en el modelo, los padres de la Constitución supieron hacer muy bien este planteamiento, pero ahora, de repente, quieren cambiarlo. Y esto perjudica la imagen de España internacionalmente, ya hasta The Guardian ha publicado al respecto. No solo nos perjudica a los musulmanes, ¿eh? Esto nos perjudica a todos como sociedad.

–¿Desde el Ayuntamiento de Jumilla se han puesto en contacto con ustedes? ¿Existe alguna línea de diálogo? Porque ha sido el propio PP quien ha propuesto el veto, no Vox.

–Para nada. Absolutamente nadie se ha puesto en contacto con la comunidad de Jumilla ni con la comunidad islámica española. Para mí, Vox es como el PP pero un poco más radical, nada más. El nacimiento de Vox se veía venir desde la era de Aznar donde se ponía muy difícil la vida al ciudadano extranjero que venía a aportar a este país. El patriotismo es un concepto que quieren vender y que poco tiene que ver con el patriotismo de verdad, que es levantarse temprano para ir a trabajar y pagar impuestos y no causa problemas.

–¿Está fallando la pedagogía social con respecto al islam?

–Es por lo que le digo que este contexto es una cosa planificada. El objetivo de todo esto, no nos despistemos, es conseguir votos para la ultraderecha. Y si para ello tienen que criminalizar a una población entera, si tienen que generar odio, si tienen que mentir y hacer imposible la convivencia, si tienen que decir que esto es una “invasión”, lo van a hacer. Llevo treinta años viviendo aquí y nunca he sentido miedo, pero es la primera vez que me siento, que nos sentimos todos nosotros, perseguidos. Todo por un puñado de votos. A costa del miedo de los ciudadanos, a costa de la imagen de España en el mundo entero y a costa de defraudar a quienes propusieron en su día un modelo estable para España que garantizaban una serie de derechos que hoy quieren hacer desaparecer.

Conocido por su característico peinado rubio platino y su agresiva retórica contra el islam y la inmigración, Geert Wilders se vio catapultado por las elecciones en Países Bajos al lugar que más le gusta ocupar: el centro de atención.

En un terremoto político, el partido de la Libertad (PVV) de Wilders se convierte en la primera fuerza del Parlamento con 37 escaños (20 más que en las elecciones de 2021) –la mayoría absoluta está en 76–. Los resultados abren el camino para que el político desempeñe un papel clave en la formación del próximo gobierno tras unas elecciones dominadas por el debate sobre la inmigración.

Desde que describió el islam como “una ideología de una cultura retrasada” y llamó “escoria” a los marroquíes, Wilders, a quien a menudo se compara con el expresidente estadounidense Donald Trump por su retórica incendiaria y su uso de las redes sociales, fue durante mucho tiempo un elemento destacado en el panorama de la extrema derecha europea.

Nacido en 1963 en el sur de Venlo, cerca de la frontera alemana, Wilders creció en una familia católica con su hermano y dos hermanas. Entró en política como miembro del Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), pero lo abandonó por lo que consideraba una postura suave del partido ante el islam y la inmigración.

En 2004 fundó el Partido de la Libertad (PVV), cuyo núcleo son las políticas contra el islam. Wilders declaró que su desdén por esa religión se vio alimentado por el asesinato del cineasta radical Theo van Gogh en 2004 y su estancia en Israel en un kibutz.

A pesar de ser un político mediático, la estrella de Wilders parecía haberse desvanecido en los últimos años ante la aparición de figuras más jóvenes de extrema derecha en Países Bajos, como Thierry Baudet, cuyo nacionalista Foro para la Democracia se situó como primera fuerza con un 15% en las elecciones regionales de 2019.

Pero la presencia constante de Wilders en la política neerlandesa –así como el debate cada vez más acalorado sobre la inmigración en Países Bajos– parece haber tocado finalmente la fibra sensible de un grupo más amplio.

En el período previo a las elecciones, Wilders también ha tratado de suavizar parte de su retórica islamófoba más divisiva, insinuando que podría retirar su propuesta de prohibición de las mezquitas y el Corán, una medida que sus críticos tacharon de oportunista.

En su lugar, se centró en las crecientes preocupaciones económicas, prometiendo resolver la crisis inmobiliaria y atajar la inflación, al tiempo que retrataba la acción climática como una nueva forma de tiranía por parte de La Haya.

Aun así, algunas de las medidas más extremas que propone –como restablecer el control de las fronteras, detener y deportar a los inmigrantes ilegales y reintroducir los permisos de trabajo para los trabajadores intracomunitarios– cambiarían radicalmente el ADN de Países Bajos.

En Kiev, que se enfrenta a una creciente fatiga bélica occidental, los resultados serán recibidos con preocupación. Al igual que otros líderes de extrema derecha del continente, Wilders ha elogiado al Gobierno de Vladímir Putin, alzándose contra lo que ha descrito como “rusofobia histérica” en Europa.

Cuatro años después de que Rusia se anexionara la península de Crimea, Wilders viajó a Moscú y se reunió con altos cargos rusos en la Duma, un viaje que fue ferozmente condenado por los familiares de las víctimas holandesas del derribo del vuelo MH17, que le culparon de ignorar el papel de Moscú en la catástrofe.

Desde la invasión rusa de Ucrania, Wilders se ha distanciado un poco del Kremlin, calificando la invasión de error.

Pero es improbable que un gobierno presidido por Wilders desempeñe el mismo papel en la ayuda a Ucrania que el que desempeñó durante mucho tiempo el primer ministro Mark Rutte, que lideró los esfuerzos para entregar aviones de combate F-16 a Kiev.

En uno de los últimos debates previos a las elecciones, Wilders dijo que no apoyaría el envío de más armas a Ucrania, una declaración que causará escalofríos en el país, pues la ayuda militar ya parece estar flaqueando.

Mucho dependerá ahora de lo que probablemente será un prolongado proceso de formación de coaliciones, ya que tanto el líder de GroenLinks-PvdA, Frans Timmermans, como la jefa de la formación conservadora Partido Popular por la Libertad y la Democracia, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, han descartado un gobierno de Wilders.

Pero en un triunfo temprano de Wilders, Pieter Omtzigt, líder del partido centrista NSC, indicó que estaba abierto a trabajar con el PVV.

Lo que parece seguro es que, tras seis elecciones, Wilders está más cerca que nunca del poder. “Será un trabajo duro, pero estamos preparados para gobernar”, dijo al conocerse los primeros resultados. “Es el día más bonito de mi vida política”.

Traducción de Javier Biosca