Miguel Ángel Calvete, acusado de ser el vínculo de las presuntas coimas de las droguerías al ex jefe de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, no sólo tenía a su hija Ornella trabajando tanto en su red delictiva, según consta en sus cuadernos, como también en el Ministerio de Economía. Su hermana Susana Carmen Calvete también figura en su estructura de supuestos sobornos y a la vez es contratada del Palacio de Hacienda. Es más, hasta febrero pasado dependía de la Secretaría de Industria. A diferencia de su sobrina, que renunció tras conocerse el escándalo, la abogada Susana Calvete sigue en su cargo.

En total, cuatro de los mencionados en sus cuadernos por Miguel Calvete en su grupo apodado “Tuco” han sido funcionarios de la Secretaría de Coordinación de la Producción, a cargo de Pablo Lavigne dentro de Economía. Una es su hermana Susana. Otra es su hija Ornella, exdirectora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial. Otro es su yerno, pareja de Ornella, y actual subsecretario de Gestión Productiva, Javier Cardini. El cuarto es Mariano Gaibisso, asesor en la Subsecretaria de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, a quien Lavigne le pidió la renuncia este jueves. Los cuatro aparecen en la extensa lista, fueron identificados por el diputado peronista Rodolfo Tailhade y sus contratos fueron confirmados por elDiarioAR.

En las huestes de Lavigne se intentaron desligar del caso: “A Cardini no lo puso él. Lo conocimos acá en diciembre de 2023. A Susana Calvete y a Gaibisso no los conoce. Ellos y Ornella reportaban a Cardini”. En el gobierno de Mauricio Macri, Lavigne había sido subsecretario de Facilitación del Comercio; y Gaibisso, director del programa El Mercado En Tu Barrio, de la Secretaría de Comercio. Patricia Canavesi, secretaria de Miguel Calvete e integrante de Tuco, también había trabajado en la Secretaría de Industria en el era Macri.

En aquel gobierno, Miguel Calvete era concejal de Cambiemos en el municipio de La Matanza. Fue en ese tiempo cuando la Justicia lo empezó a investigar por explotación sexual, dado que tenía una red de departamentos que funcionaban como prostíbulos. Su hermana Susana fue señalada en ese causa como la encargada de cobrar los alquileres. Él está preso ahora, no por la causa Andis, por la que hasta Spagnuolo sigue libre, sino por aquel caso.

La mala fama de Calvete tiene larga data. Así lo cuentan sus compañeros en los 90 del Movimiento por la Dignidad y la Independencia (Modin), el partido del carapintada Aldo Rico, que se había levantado contra el gobierno de Raúl Alfonsín para frenar los juicios por los crímenes de la última dictadura.

Ya en ese entonces se desconfiaba de sus manejos. Por esas casualidades de la vida estaba en la esquina de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) cuando la volaron en 1994. Y trabajó como asesor del concejal porteño del Modin Alejandro Montiel, que después de una noche con Calvete terminó extorsionado con fotos comprometedoras para votar a favor del menemismo. Montiel se negó y terminó divorciado.

También despertó recelos en los 2000 cuando se recicló como presidente de una de las dos cámaras empresariales en las que estaba dividido el supermercadismo chino. Por aquellos años llegó a comprarse los minimercados Eki, donde tuvo como empleado a Gaibisso. Por entonces supo cultivar buenos vínculos con la prensa y como tal aparecía en su rol de representante de los almaceneros asiáticos o más tarde como consultor de consumo masivo. Incluso algunos periodistas figuran en su listado Tuco.

Pero el nombre más comprometedor de los cuadernos de Calvete es que el resume con dos letras: KM. Un par de siglas que haría referencia a Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, que según esos escritos y los presuntos audios de Spagnuolo se quedaría con el 3% de los supuestos sobornos.

AR/MC

Las bajadas de línea de las autoridades a los empresarios industriales repiten el mismo discurso que en los gobiernos de Carlos Menem –ahora homenajeado por Javier Milei–, Fernando de la Rúa o Mauricio Macri. “Ahora depende de ustedes”, les dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, a unos productores de alimentos que ven caer sus ventas y sus márgenes, dado que lo que venden son sus segundas marcas, ya no las líderes. “Nos mandan a pelear los costos con nuestros proveedores, pero ellos tampoco pueden bajarlos. En abril no aumentamos los precios”, cuenta uno de los interlocutores del jefe del Palacio de Hacienda que este jueves lo volvió a ver en el almuerzo de Javier Milei con el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).

En la cola para acreditarse para la comida del Cicyp, bajo una calefacción agobiante en el Alvear Palace Hotel, donde no parece que el alza del 1.300% del gas haga mella, el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), Martín Rappallini, recibía elogios de colegas por un artículo que había publicado ese día en el diario La Nación pidiendo una política fabril que consista en menos impuestos, flexibilización laboral, simplificación de la vida de las pymes, más financiamiento, educación, infraestructura de transporte y energía, seguridad jurídica e inversión en ciencia y tecnología. Pero la rebaja tributaria vendrá cuando rebote la economía, les dijo Milei minutos después. Vaya a saber cuándo. ¿2025?

La reforma laboral incluida en la ley Bases votada en la Cámara de Diputados le pareció insuficiente al presidente del Cicyp, el ruralista Marcos Pereda. El crédito hipotecario o al consumo reaparece, pero para quienes mantienen ingresos medios altos y no para la producción, advertía un empresario farmacéutico. El costo del servicio portuario supera nueve veces al de Chile, pero Milei no quiere obras públicas y le pide que las haga un sector privado sin fondos, advertía un ejecutivo de la alimentación. Rappalini le contestó que espera que la economía empiece a recuperarse por la cosecha del campo, pero su interlocutor le señaló que eso no derrama. Y el presidente de la Uipba le retrucó que es peor no tenerla, como sucedió en 2023, y que confían en que al renacer de los préstamos se les sume el impacto de las paritarias, que al menos pusieron un piso a la caída salarial del inicio del gobierno libertario, y una reactivación de las obras públicas.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, que asistió al almuerzo, comentó a elDiarioAR y otros medios que la idea es terminar obras que ya tenían un elevado grado de avance. En las huestes del ministro del Interior, Guillermo Francos, que también compareció, aclaran que son las que tienen alguna fuente de financiamiento y que la lista fue elaborada por los gobernadores pero sin que fuera condicionante para la aprobación del proyecto de ley Bases en el Congreso. Quirno también reconoció que le pidió al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que redestinara un préstamo de US$650 millones aprobado en 2017 para renovar el tren San Martín, donde ahora ocurrió el accidente con 90 heridos, para usarla en la emergencia ferroviaria que ahora se declaró tras el choque. La alemana Siemens puso el grito en el cielo porque era la que iba a reformar el San Martín, pero Quirno culpó a los dos anteriores gobiernos por no haber ejecutado esa obra.

Quizás de este asunto se hable si Milei acepta la invitación que le extendió su par alemán, Olaf Scholz, para fines de junio en Berlín. El vocero presidencial, Manuel Adorni, negó a este cronista que vayan a verse. En un principio, el economista libertario no iba a ir a ver al abogado socialdemócrata sino que solo viajaría a Alemania para recibir la medalla anual que entre la Sociedad Friedrich Von Hayek, una asociación a favor de las ideas radicales de mercado de ese economista austríaco (1899-1992) de la que se han marchado varios referentes del Partido Liberal Demócrata (FDP, según sus siglas en alemán), que integra la coalición de gobierno de Scholz, porque fue copada por los ultraderechistas de Alternativa por Alemania (AfD). El crecimiento de la AfD preocupa al canciller (jefe de gobierno) alemán y a todos los que recuerda el pasado nazi en este país. No por nada Scholz quiere ver a Milei.

Otro en la cola de acreditación al almuerzo del Cicyp se mostraba mucho más optimista que Rappallini: Gabriel Martino, fundador del fondo de inversión BFLinvest y ex CEO local del banco británico HSBC, que acaba de irse de la Argentina tras vender su filial al Galicia. El Pájaro, como lo llaman, augura que la oposición dialoguista “se ponga los pantalones” y apruebe la ley Bases, con su polémica Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI), y prevé que el repunte vendrá a fin de año motorizado por el campo, los hidrocarburos, la minería, la economía del conocimiento e incluso una industria, la farmacéutica, que acaba de salir de la mira de EE.UU. por supuesta violación de patentes. No tan entusiasmados se los vio escuchando a Milei a otros dos banqueros, Patricio Supervielle y José “Chicho” Pardo, dueño del Mariva, que se fue apurado apenas terminó de hablar el presidente y antes de que los mozos distribuyeran el lomo que ofició de plato principal.

El banco Supervielle y el español BBVA están en la mira del Gobierno por supuestas operaciones con bonos para defraudar el patrimonio del Banco Central, según publicó la agencia Bloomberg. “No hay nada puntual. Pidieron información, se envió y dieron el OK sobre la misma. No más que eso”, comentan fuentes en el BBVA. “La consulta del Central a varios bancos, entre ellos Supervielle, se realiza en el marco de sus atribuciones y de su dinámica diaria de su función como supervisor”, se limitan a comentar en el Supervielle. Se sumaría al caso del Grupo Financiero Galicia, que tiene a su banco y a otras dos sociedades sumariadas por lo mismo el 29 de abril por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El caso es así: el gobierno anterior, en un intento de colocar bonos a los bancos, les ofrecía pagar una prima por un put (opción de venta) que les aseguraba que el Central se los adquiriría cuando quisieran al precio de cierre del día anterior al que lo solicitaran. Serviría como resguardo. Pues el presidente del Central, Santiago Bausili, le mandó una carta al de la CNV, Roberto Silva, en la que detalló operaciones sospechosas de las tres sociedades del Galicia que se vendían y compraban los bonos, provocando un alza de la cotización, y para después exigir el put a la autoridad monetaria. Bausili calculó que así el grupo de las familias Escasany, Braun y Ayerza ganó así $23.000 millones, según expresa el sumario de la CNV.

Son fondos que deberán restituirse al Central si se confirma el fraude. Es decir, son más que los $17.000 millones que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, denunció en 14 causas de dinero que supuestamente se robó en el gobierno de Alberto Fernández por presuntos desvíos de fondos de programas sociales y de salud popular, recursos a comedores –donde ahora escasea el alimento y deben atender a más personas con aportes de los propios vecinos, provincias y municipios–, las nuevas revelaciones de extorsiones de piqueteros a beneficiarios de planes, guardapolvos no adquiridos, compras de medicamentos sospechadas de irregulares –que sirvieron como excusa para dejar de repartirlos a enfermos graves–, transferencias de subsidios sin rendición y beneficios aparentemente ilegítimos a organizaciones sociales.

Por todas partes los medios difundieron los nombres de los sátrapas, sobre todo del Polo Obrero, que extorsionaban a los beneficiarios del Potenciar Trabajo con quitarles ayuda si no asistían a las marchas. Pero en pocas se recogieron los nombres de los ejecutivos del Galicia sumariados por cifras mucho mayores: Pablo León –que renunció al grupo tras el escándalo–, Gastón Bourdieu, Tomás Braun, María Elena Casasnovas, Rodolfo Christophersen, Javier Ezquerra, Antonio Garcés, José Luis Gentile, Juan Carlos L'Afflitto, Guillermo Pando, Miguel Ángel Peña, Ignacio Sagues, María Fernanda Saliou, Raúl Seoane y Omar Severini. El Banco Galicia respondió con un comunicado: “(Se) inició una investigación interna para analizar las operaciones cuestionadas y los procesos de control y responderá a la CNV en los plazos previstos”.

Pero volvamos al almuerzo de Milei con los empresarios. En la mesa principal lo celebraban Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy (PAE), que advierte que sin RIGI no habrá inversión para exportar gas de Vaca Muerta por barco al mundo y que es de los pocos empresarios que le aceptó a Caputo el bono con quita para saldar la deuda que este gobierno acumuló con petroleras y eléctricas. También lo festejó Eduardo Eurnekian, exempleador del presidente en Corporación América, que bromeó, como siempre, pidiéndole “que se ponga las bolas y dirija al país”, pero que está harto de que le pidan que invierta cuando lo hace y además no muda su residencia fiscal al extranjero, como otros millonarios.

Lo aplaudieron el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, y Cristiano Rattazzi, dueño del grupo Modena, de venta de autos y alquiler de helicópteros. También Mario Grinman, jefe de la Cámara de Comercio, que viaja este viernes a México de escuchar interesados en invertir en minería, hidrocarburos y campo, aunque también oyó del director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez, que las ventas allí cayeron 12% en abril, o a otro comensal de las prepagas que habían pasado de la ilusión desregulatoria a la bronca por la marcha atrás con los aumentos. Similar sentimiento comparten la mayoría de las empresas de energía por el bono y por la dilación del segundo tarifazo.

Pero más enojados están los industriales. Se quejan de la depresión económica las pymes metalúrgicas o las grandes empresas de alimentos y bebidas que señalan que hasta se vende menos Manaos. Un fabricante de materiales de la construcción, en cambio, es optimista, el discurso promercado lo entusiasma, pero admite que no sabe cómo aguantar hasta 2025.

En una mesa alejada de la principal en el Alvear, un fabricante de motos comentaba a los demás comensales que un funcionario del Gobierno le dijo que no le preocupaba que toda la industria del sector despidiera a sus 4.000 operarios si no podían sobrevivir a la recesión y la apertura a la importación. No muy distinto fue el discurso que escucharon otros empresarios fabriles que visitaron hace dos semanas al secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne: “Hay que ordenar la macro, va a llevar un tiempo. Hay que convivir con este ordenamiento, que genera recesión e inflación a la baja. Se tienen que acostumbrar a que el Estado debe ordenar la economía para generar condiciones de inversión”.

Uno de los hombres de negocios le contestó que el Gobierno estaba deprimiendo el mercado interno por el deterioro de los salarios y el alza del 2% mensual del dólar oficial, mucho menor a la inflación, cerraba la opción de exportar. “Esto vino para quedarse”, le contestó Lavigne. En otro encuentro hace un mes y medio, el secretario recibió a la Cámara de Indumentaria y el fabricante de camisetas de Boca y River le advirtió que para la temporada 2025 las importará en lugar de producirlas locamente. “No vamos a cambiar la economia para conservar los 1.200 puestos de trabajo que tenés”, le contestó. Fin.

AR/DTC

A 9 días de que Javier Milei asuma como presidente de la Nación y en pleno armado de gabinete, trascendió que Pablo Lavigne sería el próximo Secretario de Comercio. Aunque resta la confirmación oficial, desde el entorno del libertario dejaron saber ese nombre como reemplazo de Matías Tombolini.

Lavigne estudió Economía en la Universidad Católica Argentina, es Magister y Doctorando en Economía de la Universidad del CEMA, fue profesor de micro y macroeconomía en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) y profesor adjunto de Desarrollo Económico y de Análisis Político en la Universidad del CEMA.

Además, fue uno de los coordinadores de macroeconomía de la Fundación Pensar, asesor financiero y de presupuesto en el Ministerio de Desarrollo Urbano y en el Ministerio de Desarrollo Económico en la Ciudad de Buenos Aires. También se desempeñó como economista jefe en la consultora Datarisk y economista asociado de Empiria Consultores. Ha trabajado en consultoría para organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y la Poste. Actualmente es el encargado del desarrollo de negocios en la región de la consultora ABECEB.

La función de la Secretaría de Comercio en la gestión Milei

El presidente electo Javier Milei dijo ayer que la regulación de precios es “una aberración” y que en su gestión la Secretaría de Comercio dejará de existir “en el sentido que le han dado históricamente los gobiernos” anteriores. “No tienen que estar haciendo eso de regular precios, a mi me parece una aberración eso”, dijo Milei en declaraciones a radio El Observador.

Acerca de si liberará los precios de la economía, Milei respondió que “todos los que pueda, hay algunos que todavía no puedo hacerlo por las características de las bombas que dejó plantadas el Gobierno”.

Explicó que “con algunos tipos de instrumentos indexados a dólar, la liberación del cepo puede generar un problema muchísimo más grande que cuando se salió del cepo con Macri, con el dólar futuro; bueno ese problema es chiquito al lado del que están dejando ahora”.

“Las Leliqs es un primer elemento, el problema central del cepo es que te entorpece la economía, te la traba y no te deja expandirte, entonces tenés que abrir el cepo pero tiene que estar hecho en un contexto donde no tengas un cambio de portafolio que implique una brutal caída de la demanda de pesos que te dispare la hiper”, enfatizó el presidente electo.

Alertó que en este momento “están sentadas las bases para una hiperinflación que la de Alfonsín sería un porotito”. “La inflación en noviembre va a estar en torno al 15´%, en diciembre en torno al 20; vencen un montón de acuerdos de precios en enero, con la estacionalidad podemos tener números estrafalarios, entonces qué quieren más billetes? quieren que sigamos haciendo trampa”, cuestionó.

Actualmente, la Secretaría de Comercio funciona dentro del organigrama del Ministerio de Economía, a cargo de Matías Tombolini, y es el organismo que lleva adelante los acuerdos denominados Precios Justos, que se negocian con las empresas de consumo masivo y distintos sectores de la economía, entre otras cuestiones.

Según información oficial, la Secretaría de Comercio trabaja en la formulación y ejecución de la política comercial e implementa medidas comerciales tendientes a mejorar la organización de los mercados de bienes y servicios públicos y privados. Asimismo, diseña políticas de defensa de los consumidores y consumidoras y de defensa de la competencia y supervisamos la gestión del comercio exterior en coordinación con otras áreas competentes.

Durante el gobierno de Alberto Fernández estuvieron a cargo de esta secretaría Paula Español, Roberto Feletti, Guillermo Hang, Martín Pollera y Matías Tombolini.

MM

Con información de Agencia Télam